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16 d’oct. 2011

17 escaños en un 'parque jurásico'

Hay un viejo chiste, que recoge Woody Allen en Annie Hall. Dos mujeres comiendo en un hotel de montaña, una de ellas dice: "La comida de este restaurante es horrible", a lo que la otra responde: "Sí, y las raciones son poco abundantes". Así es el Senado español. Una institución prescindible, donde los valencianos están poco representados. 

El Senado tiene su origen en el siglo XIX. Segunda asamblea parlamentaria, de carácter conservador y aristocrático, cuya función era frenar los "excesos" democratizadores del Congreso. La Constitución de 1978 lo define como cámara de representación territorial, pero limita sus competencias y funcionamiento a repetir el trabajo del Congreso de los Diputados. Una especie de parque jurásico institucional, un recuerdo decimonónico.

Hay 264 senadores. 208 elegidos en las elecciones generales y 56 por los parlamentos autonómicos. La representación valenciana se limita a 17; aunque, por población, deberían ser 29. Volviendo al chiste, nuestra ración de Senado es escasa. Los valencianos eligen cuatro senadores en cada provincia por el sistema de listas abiertas, sin que ningún partido pueda presentar más de tres candidatos. Mientras que los otros cinco son designados por las Corts Valencianes. En la última legislatura, el PP tenía 12 senadores (tres electos en cada una de las provincias y otros tres por las Corts) y el PSOE cinco (uno por cada provincia y dos por las Corts). Como ha habido cuatro renuncias, los políticos que han ocupado los escaños valencianos han sido 21.

Ex, segundas filas y sagas familiares

La mayor parte de los senadores tienen la categoría de ex o son cuadros secundarios de sus partidos para los que el Senado constituye un lugar institucionalmente relevante, políticamente poco exigente y bien remunerado. Entre los valencianos, durante la última legislatura, 12 tenían la categoría de ex. Expresidentes de la Generalitat (Joan Lerma, PSOE), del PP valenciano (Pedro Agramunt), de las Corts Valencianes (Julio de España, PP) o de UV (José María Chiquillo, PP), exministras (Carmen Alborch, PSOE), exconsellers (Gerardo Camps, PP), exalcaldes (Pascual Azorín de Elda, PSOE; Miguel Ortiz de Altea, PP; Gustavo Ferrada de Burriana, PP, y Andrés Perelló de Buñol, PSOE), exdirigentes de UCD (Juan Antonio Rodríguez, PP) e, incluso, una exjudoca (Miriam Blasco, PP).

Además, dos alcaldes (María Ángeles Crespo de Carlet, PP, y José María Ángel de L'Eliana, PSOE), tres personas leales a Carlos Fabra (el juez Manuel Altava, el agente de la propiedad inmobiliaria Juan José Ortiz y la concejala de L'Alcora Araceli Peris, PP) y Juan Bautista Cardona, cuadro del PSOE castellonense.

Atención especial merece la presencia de dos de las sagas políticas de Benidorm. Los Barceló y los Pajín. Miguel Barceló, suegro de Eduardo Zaplana, renunció al acta de senador en octubre de 2008, después de 22 años, y fue reemplazado por Agustín Almodóbar Barceló, dirigente de Nuevas Generaciones, su nieto e hijo de la diputada en las Corts Valencianes, Ángeles Barceló.

Leire Pajín es hija del dirigente del socialismo alicantino, José María Pajín, y de la exconcejala de Benidorm, Maite Iraola. Se convirtió en senadora después de un largo proceso. Elegida diputada en marzo de 2008; renuncia, un mes después, al ser nombrada secretaria de estado. En julio de 2008, es elegida secretaria de Organización del PSOE, dimite como secretaría de estado e intenta recuperar la condición de aforada, ahora como senadora de designación territorial. En mayo de 2009, Andrés Perelló cesa como senador elegido por las Corts para ser eurodiputado y el PSPV propone que Pajín ocupe su escaño. El PP dificulta su elección hasta noviembre de ese año. En junio de 2011, tras las Elecciones Autonómicas, cesa como senadora y es substituida por José María Ángel, el mismo día que Gerardo Camps reemplazaba a Juan Antonio Rodríguez.

Tras el 20-N, más ex y nuevos dirigentes secundarios

Si no hay cambios de última hora en las listas y en las encuestas, habrá siete cambios con respecto a los 17 senadores que acabaron la pasada legislatura. En el PP, Miriam Blasco pasa al Congreso y su lugar es ocupado por la secretaria general del PP de Elda y concejala, Virginia Romero. También en Alicante, Miguel Campoy, expresidente de la Autoridad Portuaria, substituye a Miguel Ortiz. En Castellón, Vicente Aparicio, exalcalde de La Vall d'Uixò, ocupa el lugar de Juan José Ortiz, y en Valencia María Ángeles Crespo cede su puesto a Carla Ripoll, portavoz del Ayuntamiento de Gandia. En el PSOE, salen Pascual Azorín en Alicante y Juan Bautista Cardona en Castellón, y son substituidos por la exsubdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, y por el exalcalde de Onda, Enrique Navarro.

A falta de saber quien ocupará el escaño de Gerardo Camps, futuro diputado en el Congreso por Alicante, entre los 16 políticos valencianos que serán senadores la noche del próximo 20-N habrá diez ex responsables institucionales, y seis cuadros y dirigentes de significación comarcal o provincial en el PP y el PSOE.

Ni Irlanda, ni Alemania: Partitocracia

Volvamos al principio. El Senado, en su configuración actual, carece de sentido y los más de 55 millones de euros que cuesta anualmente tendrían mejor uso destinados a otra actividad. Las alternativas lógicas son dos. O se suprime o se reforma. O se sigue el camino que ha iniciado Irlanda o nos acercamos al modelo alemán.

Si se cumplen las previsiones del Gobierno de Irlanda, en 2012, los irlandeses votarán en referéndum la supresión o el mantenimiento de su Senado. De acuerdo con los sondeos, lo más probable es que sea abolido.

En Alemania, el Bundesrat, lo más parecido a nuestro Senado, está formado por 69 representantes de los 16 estados federales. Cada estado tiene un número de representantes proporcional a su población, que suelen ser miembros de sus gobiernos. La función del Bundesrat no es hacer una segunda lectura de lo que ya ha aprobado el Parlamento, sino analizar, aprobar o rechazar la legislación que pueda afectar a las competencias de los estados federados. El Bundesrat es un instrumento eficaz para la gobernación federal de Alemania sin generar grandes gastos ni instituciones redundantes.

En España, todos los partidos, en algún momento, han hablado de la necesidad de reformar el Senado para que sea realmente una cámara de representación territorial, acercándolo al modelo alemán. Pero las declaraciones nunca se han concretado en nada. En el fondo, nadie quiere su reforma. Los principales partidos estatales tienen alma centralista y no desean cámaras territoriales que consoliden formas de participación de las comunidades autónomas en la gobernación de España. Los partidos nacionalistas prefieren el diálogo singular de sus gobiernos autónomos con el poder central. Además, en su configuración actual, aunque caro e inútil, es un cómodo alimento para la partitocracia.

article publicat a Valencia Plaza el 16 d'octubre de 2011 http://www.valenciaplaza.com/ver/37220/17-esca%C3%B1os-en-un-parque-jur%C3%A1sico.html

9 d’oct. 2011

Ni California, ni Florida

9 de Octubre. Día de la Comunidad Valenciana. Rituales cívicos e institucionales. Discursos gubernamentales, críticas de la oposición, manifiestos en la calle y cierta indiferencia ciudadana. Escaparate de líderes políticos y de la sociedad civil. Una oportunidad para evaluar el liderazgo en el seno de la sociedad valenciana y su proyección exterior.

La Comunidad Valenciana no se ha caracterizado por su capacidad de influencia en los centros de poder españoles o, desde 1986, europeos. Pocos políticos, intelectuales, empresarios, sindicalistas u otros miembros de las elites, en sentido amplio, han tenido una posición influyente. Tampoco hay tradición de lobbies propios estables y eficaces. Históricamente, los valencianos que han hecho carrera en Madrid se han comportado como madrileños de origen valenciano y de su posición política, económica o intelectual no se ha generado ningún beneficio singular para la Comunidad Valenciana.

La constatación de este hecho, junto con una cierta idealización del autogobierno foral y la reacción contra el proceso de despersonalización de la sociedad valenciana, llevó a que, en los ambientes intelectuales valencianistas, durante los años sesenta del siglo pasado, se abriese un debate sobre las características de la burguesía valenciana como grupo socialmente dominante y su capacidad para liderar y estructurar la sociedad.

En un primer momento, se afirmó que la sociedad valenciana carecía de liderazgo y de política propia por no tener una burguesía propiamente dicha. Los estudios posteriores evidenciaron la existencia histórica de una burguesía que, obviamente, además de querer defender y conservar su posición social, no vacilaba a la hora de controlar los instrumentos locales del poder político para impulsar lo que entendían políticas favorables a sus intereses y a su modelo de sociedad.

No obstante, se dudaba, y la duda en cierto modo llega hasta el momento presente, de que su dominio social se correspondiera con una capacidad moderna de liderazgo y de proponer proyectos avanzados para la sociedad valenciana. Se concluía, en consecuencia, que la modernización de la sociedad comportaba tener autonomía política y que estaría protagonizada por la izquierda y los sectores más progresistas y abiertos de la burguesía.

Durante la transición, buena parte de la izquierda valenciana asumió este análisis y consideró que los grupos predominantes en la burguesía valenciana tenían un carácter inmovilista. Reforzaba esta idea, el hecho de que, tras la caída del franquismo, la derecha política valenciana vivió un proceso de fragmentación y acabó marginando a los grupos más liberales y apoyándose en los más conservadores y menos proclives a que la Comunidad Valenciana tuviera una autonomía amplia. El empresariado valenciano, que en aquellos años hacia frente a una profunda crisis económica y estaba poco organizado, asumía la democracia y veía en el horizonte la entrada en la UE como una gran oportunidad, pero en su mayor parte desconfiaba de la izquierda emergente y del control que ésta podía tener del nuevo poder político autonómico. 

Los gobiernos autonómicos: ni California, ni Florida

Con la constitución del gobierno autonómico, en 1983, el PSPV-PSOE, dirigido por Joan Lerma y con una mayoría política indiscutible, impulsó un proceso de modernización social y económica, asentó las instituciones autonómicas y puso las bases del Estado del Bienestar. Sin embargo, no fue capaz de establecer un liderazgo nuevo en la sociedad valenciana, en parte porque no contó con apoyos suficientes en el mundo empresarial.

Como modelo de desarrollo económico, el sueño socialista afirmaba la voluntad de hacer de la Comunidad Valenciana la California europea. Se trataba de aprovechar la capacidad emprendedora valenciana para, con apoyo público, crear empresas innovadoras, vinculadas a las nuevas tecnologías, exportadoras y con empleos de calidad. Su proyecto trató de modernizar y dinamizar los sectores industriales tradicionales y el turismo. La creciente globalización económica y la crisis de 1993 evidenciaron las limitaciones de este sueño. Con todo, la colaboración socialista con sectores del empresariado valenciano fue continua y normal; aunque sus relaciones con las organizaciones y parte de las elites empresariales fueran siempre difíciles y, a menudo, tensas, sobre todo, en los últimos años de gobierno de Lerma.

La derecha valenciana, liderada por un PP presidido por Eduardo Zaplana, llegó al poder de la Generalitat en 1995. Quedaban atrás casi dos décadas en la oposición, divisiones internas y sus reticencias contra las nuevas instituciones autonómicas. El pacto político entre UV y el PP, que permitió la llegada de Zaplana a la presidencia del Consell, fue favorecido por las organizaciones empresariales y se cerró en el despacho de Federico Félix, presidente de AVE.

Zaplana demostró, muy pronto, una notable capacidad para liderar a la mayor parte del empresariado valenciano. El proyecto económico del PP marcó muy pronto diferencias notables con el que habían tratado de impulsar de un modo un tanto voluntarista los socialistas y embarcó a la práctica totalidad del empresariado, sin reticencias importantes, a diferencia de lo que había ocurrido con las políticas socialistas.

El análisis zaplanista de la realidad valenciana concluía que era inviable hacer de la Comunidad Valenciana un centro de innovación empresarial y económica en los términos que apuntaban los socialistas en los años ochenta. Nunca íbamos a ser la California europea. Sin embargo, podíamos convertirnos en la Florida de Europa, el lugar donde millones de personas quisieran pasar sus vacaciones. Una tierra de servicios y negocios vinculados al desarrollo turístico y al ocio. A partir de ahí, se desarrolla una política de crecimiento urbanístico, parques temáticos y grandes eventos, que avanza en paralelo a una coyuntura internacional favorable, con un flujo constante de crédito fácil por parte de los bancos y cajas, especialmente de Bancaja y la CAM, y un endeudamiento creciente de la Generalitat tanto en los ocho años de mandato de Zaplana, como, sobre todo, durante el gobierno de Camps.

El espejo del presente

Si la globalización y la crisis de 1993 señalaron los límites del modelo económico de desarrollo del PSPV-PSOE, la crisis de 2008 ha puesto fin al sueño del PP y muestra muchas de las limitaciones del proyecto político conservador y de la apuesta política del grueso del empresariado valenciano en las dos últimas décadas.

Ahora, si somos capaces de mirarnos en el espejo para comprobar qué es lo que realmente somos, cuáles son nuestras debilidades y qué fortalezas tenemos, no deberíamos evitar una mirada autocrítica para entender porqué estamos donde estamos y tratar de no volver a repetir los errores cometidos. Sin embargo, si entre la clase política la autocrítica es escasa, aún parece menor en las organizaciones empresariales (y del resto de la sociedad civil).

Pero alguna cosa habremos hecho mal cuando las viviendas de nueva construcción por vender en la Comunidad Valenciana, puestas juntas y en un mismo lugar, darían forma a una ciudad más grande que Alicante completamente desierta, o cuando la deuda privada imprudente es enorme y la deuda de la Generalitat es de las más altas de España.

Alguna responsabilidad tendrán el partido en el gobierno y los grupos sociales y empresariales que le han apoyado sin fisuras durante años cuando hemos perdido las dos cajas de ahorro valencianas por culpa de una gestión irresponsable y recompensada con sueldos millonarios. O cuando la productividad de nuestra economía es baja, y el valor añadido de mucho de lo que producimos escaso, mientras los sectores económicos industriales y más innovadores de nuestra economía han perdido fuerza, tenemos unas tasas de paro más elevadas que la media española y un nivel de economía sumergida y de fraude fiscal insoportable. No se trata de ser catastrofista, pero es evidente que algo hemos hecho mal. La autocrítica y el análisis de los errores son ejercicios necesarios si queremos afrontar el futuro con garantías.

Retos de futuro

Los años de crisis que tenemos por delante van a ser largos y decisivos. Si tienen razón los historiadores de la economía, nos espera una década de dificultades. Teniendo en cuenta que la izquierda valenciana es débil, tiene un nivel de gobierno marginal en una minoría de ayuntamientos, está fragmentada, carece de líderes y de relato para constituirse en alternativa política y social en los próximos años, al PP le corresponde el liderazgo político, social y ético de la sociedad valenciana. La responsabilidad de la gestión de la crisis es de la derecha política valenciana y, por extensión, del sector que se reclama más dinámico de la sociedad civil, el empresariado valenciano.

La agenda política es urgente. El PP valenciano y el presidente Alberto Fabra deberán hacer frente, en los próximos meses, retos básicos para determinar el futuro de la sociedad valenciana y su fortaleza en España y en Europa. Desde la reducción de la deuda hasta determinar qué Estado de Bienestar público se quiere desarrollar y definir un modelo de crecimiento económico que deje atrás los sueños de californias y floridas imaginarias, permita un desarrollo económico con bases sólidas y reduzca la lacra de la economía sumergida y el fraude.

Paralelamente tendrá que defender con claridad un modelo valenciano de financiación autonómica que sea justo con la Comunidad Valenciana y no ahogue nuestra economía. Dentro de unas semanas, ya no bastará con acusar al PSOE de todos los males de la Comunidad Valenciana, incluida la insuficiente financiación valenciana, como acaba de hacer el presidente Fabra, e ignorar, a la vez, que la mala financiación es producto de un sistema aprobado en 2002 y reformado en 2009 con la aquiescencia, cuando no el protagonismo, de Zaplana y de Camps.

La colaboración entre los gobiernos y los empresarios, como con los agentes sociales, es esencial para el éxito de las políticas económicas y la cohesión social, pero la adhesión acrítica es contraproducente. Resulta paradójico que sectores industriales, financieros y de servicios del empresariado valenciano, no siempre minoritarios, hayan resultado más perjudicados que beneficiados por las políticas del PP valenciano y que, sin embargo, no hayan expresado críticas de ningún tipo a las políticas económicas valencianas de los últimos 16 años.

Es posible que parte de ese apoyo se deba a la cercanía social e ideológica o al hecho más prosaico de que el PP controlaba los mecanismos de financiación de la mayor parte de las empresas valencianas a través de las cajas de ahorro y de las subvenciones y contrataciones públicas. Con todo, sorprende la impotencia política y la subordinación de sectores importantes del empresariado valenciano hacia políticas que eran contradictorias con sus intereses inmediatos.

Hay que superar las lógicas de los últimos años. El PP tendría que comprender que, con todo el poder en sus manos, es el momento de un nuevo liderazgo, de políticas menos sectarias y con más sentido de la proporción y la responsabilidad. Al empresariado valenciano le corresponde asumir que no es un grupo social homogéneo y que su realidad es demasiado compleja, plural y dinámica como para subordinarse de manera acrítica al poder político. 

2 d’oct. 2011

Recortes en el Estado del Bienestar vs clientelisme

Como Hamlet en su monólogo, el Consell parece paralizado ante un dilema al que no da respuesta: o pone fin a buena parte de lo que han sido sus políticas en los últimos años y desmantela tramas clientelares, o lleva a cabo una socialización asimétrica y no equitativa de la deuda. Las consecuencias son imprevisibles. En ambos casos.

La forma en la que las distintas administraciones afrontan las políticas de recortes es poco ejemplar y alimentan algunas de las visiones más pesimitas sobre la clase política. Afirmaciones contradictorias, anuncios y rectificaciones, argumentos oportunistas y mezquinos contra el adversario, demagogia contra los trabajadores públicos, sistemas de prioridades confusos y cambiantes, decisiones improvisadas. Y, sobre todo, la impresión de que cada Administración, en los distintos niveles de gobierno (ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Gobierno central), aunque esté dirigida por un mismo partido, toma sus decisiones con una lógica propia, una intensidad distinta y unas prioridades diferentes. No existe una hoja de ruta común.

¿El debate político al margen de la realidad?

Se toman las decisiones de manera reactiva, obligados por la necesidad, pero ni en la Comunidad Valenciana ni en España, nadie, ningún partido ni institución política, ha hecho un análisis detallado y público de la realidad. Nadie ha hecho una evaluación profunda de todas las áreas de gasto y ha propuesto su racionalización y una priorización ordenada de lo que se debe recortar de forma definitiva o transitoria. Lejos del debate político que sería necesario, los principales partidos siguen funcionando con la inercia de unas formas convencionales y poco constructivas de confrontación política, aunque no se correspondan con la gravedad de la situación social y económica de nuestro país en estos momentos. Ritos del pasado.

Esta semana, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba se han prodigado en promesas a pensionistas y funcionarios y sus partidos han competido en acusaciones al rival sobre quien desmantela con más intensidad el Estado del Bienestar. Y, mientras ocurría esto, en Europa, Jean Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, afirmaba que no duda que "la formación política que dirigirá España dentro de unas semanas continuará los esfuerzos de consolidación en marcha".

En otras palabras, gobierne quien gobierne, y prometa lo que prometa en la campaña electoral, deberá aplicar la receta europea para combatir la crisis: recortes y austeridad. Paradójicamente, aunque el marco general de nuestra política lo marca Europa, ningún partido discute políticamente el sentido y la bondad de las decisiones europeas. Es más, ni tan siquiera hay debate sobre las estrategias para la aplicación, sin discutir, de las recomendaciones europeas.

Del mismo modo, en la Comunidad Valenciana, el tiempo pasa y cada vez es más desesperante la falta de decisión del Consell. Alberto Fabra fue saludado como un soplo de aire nuevo después de unos años políticamente agónicos, pero hasta el momento sólo parece querer ganar tiempo y hacerse fuerte. Para ello, explota su principal capital político: la debilidad de la oposición y que, con su llegada, el PP valenciano ha salido del desgaste y la deriva personalista de Camps. Su oferta de diálogo con la oposición es genérica en todos los aspectos propuestos y está más cerca de ser un juego de distracción que una iniciativa hecha para llegar a acuerdos. Entre tanto, se sigue sin saber cómo plasmará su gobierno en medidas concretas las cada vez más numerosas (y contradictorias) declaraciones de sus consellers. Más ruido que nueces.

Tampoco la oposición reacciona. Jorge Alarte, privado del recurso fácil y de nulo rendimiento electoral del caso Gürtel, recurre al argumentario oficial de su partido sobre los recortes al Estado del Bienestar del PP, pero ni encuentra el tono de expresión adecuado ni crece como líder de una alternativa política. Morera y Sanz se acomodan en una oposición de recorrido secundario y sin aspiraciones a tener responsabilidades de gobierno.

Sin explicación ni sistema de prioridades

En un ambiente social dominado por la preocupación y el miedo a que lo que pueda venir sea peor que lo que estamos viviendo, se echa en falta que nuestros responsables políticos expliquen porqué hacen lo que hacen. Porqué se toman unas medidas y se ignoran otras. Porqué, por ejemplo, en estos momentos, Lola Johnson anuncia que se mantendrá la Fórmula 1, o porqué los altos cargos de la Generalitat no se han reducido en las cifras anunciadas y muchos de ellos cobran bastante más que el president de la Generalitat, mientras no se puede pagar a los proveedores. El recurso al eslogan y a los lugares comunes ya no vale. Hace falta altura política, capacidad pedagógica, transparencia y explicación clara de lo que se hace y su porqué.

En todos los partidos y niveles de gobierno de España, se dice que no tocarán los servicios sociales básicos (pensiones, dependencia, educación y sanidad) y que antes se recortará en otras cosas. Gastos superfluos, infraestructuras, eventos... Pero los servicios públicos básicos ya se han visto afectados por las primeras medidas y lo serán aún más si los recortes se multiplican. Sólo hay que ver lo hecho en el último año por Zapatero, Esperanza Aguirre o Artur Mas, por poner sólo unos ejemplos. Lo cierto es que no existe un programa general que ordene qué recortes son los primeros y cuáles deben ser evitados a toda costa. Y tampoco nadie ha considerado que para reducir la deuda, además de controlar el gasto, se deben aumentar los ingresos y que es urgente una reforma que haga más equitativo nuestro sistema fiscal o perseguir el fraude.

Debilitar el clientelismo o socializar de manera asimétrica y no equitativa el pago de la deuda

Aún más, de momento, en las comunidades autónomas, la lógica de comportamiento que parece dominar es que, donde el partido en el gobierno es el mismo de los últimos años, los intereses del partido frenan las decisiones más ambiciosas del gobierno. Por el contrario, donde un partido acaba de llegar al poder, no le tiembla la mano para desmantelar empresas, instituciones y todo lo considere innecesario.

Eso explica que el PP actúe de manera diferente en Castilla-La Mancha, Baleares y la Comunidad Valenciana. O que el conseller José Manuel Vela diga que tiene que convencer, aunque no será fácil, a los políticos del PP de la necesidad de dejar de financiar tantos grandes eventos y proyectos de dudosa rentabilidad. Vela, sin duda, es un buen conocedor de la situación de las arcas de la Generalitat, fue alto cargo del Consell y corresponsable en los años de alegría en el gasto y endeudamiento fácil. Sabe porqué estamos como estamos y ahora vive las dificultades para encontrar ingresos y pagar las facturas. Quizás por eso es consciente de que decisiones coherentes y drásticas para recortar el gasto afectarían negativamente a los intereses y las clientelas que alimentan al PP valenciano. Algo que también teme Fabra.

Pero más pronto que tarde habrá que actuar y responder al dilema de cómo reducir la deuda. No hay muchas alternativas. O se establecen unos criterios claros y socialmente equitativos sobre el orden de prioridades para reducir el gasto y aumentar los ingresos, aunque eso implique romper redes clientelares o se socializa la reducción de la deuda entre los sectores social o políticamente más frágiles. Las dos opciones tienen costes políticos, pero no tienen el mismo coste social.

Dicho de otro modo, es necesario saber si el Consell optará, cuando algún día tome medidas de calado, por replantearse -radicalmente y sin que le tiemble la mano- RTVV, la Fórmula 1, los eventos, los edificios caros y poco rentables, las infraestructuras e instalaciones social y económicamente deficitarias, las fundaciones y las empresas públicas de utilidad discutible, los centenares de asesores políticos, los sueldos millonarios de directivos amigos y todos los privilegios asociados a los cargos públicos (teléfonos móviles, coches oficiales, comidas, dietas, viajes y demás prebendas).

O, por el contrario, sus prioridades se orientarán hacia lo más fácil: socializar la deuda. Reducir el sueldo y el número de funcionarios (médicos, profesores, policías, trabajadores en oficinas oficiales, bomberos), retrasar los pagos a las empresas suministradoras de bienes a la Administración pública, y recortar los servicios públicos de Bienestar, reforzando indirecta o directamente a los privados.

¿Qué más tiene que pasar en la Comunidad Valenciana para que el Consell (y la oposición) entiendan que no se puede seguir perdiendo tiempo? Hay que dejar de responder a esta crisis con lógicas del pasado porque la realidad está cambiando y las ideas, instituciones, políticas, sistemas de intereses y formas de actuación que hasta ahora han funcionado están también en crisis. Todos, Gobierno y oposición, parecen ignorar que nadie ha vivido una situación como ésta. Cuanto más tiempo perdamos y más nos condicionen los intereses partidistas y las ideas del pasado más tardaremos en salir de la crisis y peor lo haremos.

18 de set. 2011

Rita Barberá, más allá del tango

Desde que en 1840 se pusieran las bases de los ayuntamientos contemporáneos, sólo cuatro alcaldes han gobernado Valencia más de cuatro años. En el franquismo, Adolfo Rincón de Arellano (1958-1969) y Miguel Ramón Izquierdo (1973-1979). En democracia, Ricard Pérez Casado (1979-1989). Nadie, como Rita Barberá, lo ha hecho durante veinte años y dando la impresión de ser inmune al desgaste político. Tres factores explicarían su éxito: la fortaleza electoral, la proyección de la ciudad, y la ausencia de oposición significativa.

Fortaleza electoral

Rita Barberá se convirtió en alcaldesa en 1991, con el apoyo de UV y teniendo su partido sólo el 27,5% de los votos. Sin embargo, en las elecciones posteriores, el PP ha conseguido mayorías absolutas, con más del 50% de los votos en las cuatro últimas.

Partiendo de este hecho, se afirma que Barberá es un valor electoral indiscutible de su partido. La aseveración es cierta, pero debe ser ponderada. Lidera con eficacia y sin disensiones una amplia coalición social conservadora, se ha convertido en un icono más de la ciudad, es un ninot habitual en las fallas lo que supone una magnífica promoción de su imagen, es sin duda la figura política valenciana más reconocible dentro y fuera de la Comunidad Valenciana, y su campechanía le permite un contacto empático con muchos ciudadanos, aunque no la voten. Todo eso son activos electorales.

Ahora bien, a diferencia de políticos como José Bono -por poner un ejemplo paradigmático, no se puede afirmar que Barberá tenga un voto propio relevante. Bono, en sus tres últimas elecciones autonómicas (1995, 1999 y 2003), consiguió vincular a su persona entre 15.000 y 30.000 votantes que, el mismo día, votaban PP en las elecciones locales y PSOE en las autonómicas. Un hecho que le permitió vencer, ajustadamente, en 1995 por sólo 14.761 votos.

Barberá aglutina sin fisuras el voto de su partido, pero no parece haber conseguido nunca votos izquierdistas a su persona. Así, la cifra de votantes al PP en Valencia en las elecciones locales ha sido similar a la de las autonómicas del mismo día. Comparados los resultados sobre censo electoral, ha obtenido menos votos que el candidato  del PP a las autonómicas en tres ocasiones (1991, 1999 y 2007) y lo ha superado en otras tres (1995, 2003 y 2011). Las diferencias nunca han sido significativas.

Proyección de la ciudad

Dos ideas se han asentado bajo el mandato de Rita Barberá y apenas han sido cuestionadas en lo básico: Valencia está más bonita y la ciudad es un centro de atracción turística creciente. Ambas cosas son ciertas, con todas las salvedades que se quiera. El centro histórico y la Valencia decimonónica han mejorado su imagen, como el cauce del río o la línea de costa. Se ha difundido la marca Valencia. La ciudad ha mejorado sus infraestructuras. El Metro, el Paseo Marítimo, la ampliación del Puerto, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, las rondas, el AVE o el Palacio de Congresos son logros evidentes.

Se puede afirmar que las principales inversiones han sido por iniciativa y con recursos del Gobierno de España y de la Generalitat, pero eso no niega el tesón de Rita Barberá para acelerar la materialización, ni su habilidad para capitalizarlas y hacerlas suyas. Tampoco escapará a este destino el futuro Parque Central si alguna vez se hace realidad.

Se ha criticado que su modelo de gestión ha impulsado un crecimiento de la ciudad desestructurado, donde los intereses urbanísticos han tenido un peso excesivo. O que ha faltado un proyecto de futuro que potencie los sectores productivos más innovadores y el empleo cualificado, y también que ha habido desequilibrios importantes en las inversiones por barrios o que ha carecido de capacidad de diálogo en conflictos como el de El Cabanyal. Se la responsabiliza, además, de una deuda municipal creciente y descontrolada, que ya es de 890 millones de euros y supone un lastre para Valencia.

Con todo, muchas de estas críticas, siendo fundamentadas, han venido del ámbito académico o civil, y, cuando las ha utilizado la oposición, lo ha hecho de forma dispersa. De manera que el PP y Barberá no se han enfrentado a un contramodelo estructurado, estable en el tiempo y políticamente alternativo. La oposición siempre ha sido débil.

Ausencia de oposición

Los socialistas han presentado un candidato distinto en cada elección (Clementina Ródenas en 1991, Aurelio Martínez en 1995, Ana Noguera en 1999, Rafael Rubio en 2003, Carmen Alborch en 2007 y Joan Calabuig en 2011). No han consolidado líderes, equipos, discurso ni estrategia. A menudo, sus preocupaciones se han limitado a los asuntos internos del partido y a luchas por los sueldos de concejal o asesor. Barberá apenas se ha zafado en el día a día con ellos. Esa función la han protagonizado otros concejales populares. Ella se ha situado por encima de los problemas cotidianos del ayuntamiento, buscando ser identificada como la representante única y exclusiva de los intereses de Valencia.

Los socialistas, salvo contadas excepciones, han limitado su actuación política a una sucesión de denuncias de expedientes administrativos concretos y a declaraciones públicas convencionales. En todos estos años, no han estructurado un proyecto de Valencia diferente al que Rita Barberá representa. Todo el esfuerzo realizado, cuando ha existido, ha sido baldío y frustrante hasta ahora.

Respecto a los pequeños partidos, UV fue un socio molesto entre 1991 y 1995 con Vicente González Lizondo, luego acabó fagocitada por los populares. EU ha acostumbrado a realizar una oposición ideologizada, dirigida a sectores izquierdistas de la sociedad, pero de vocación minoritaria. Está por ver si Compromís, a pesar de su escasa militancia y poca presencia en la sociedad civil, será capaz de dinamizar a la oposición o reproducirá lo hecho por las otras fuerzas de izquierda durante dos décadas.

¿Final de etapa, rebelión o llamada de atención?

El 13 de septiembre, José Antonio Monago, presidente de Extremadura, ironizaba sobre la creación de una 'Secretaría del Amor' en el PP, comentando las declaraciones de Barberá sobre la falta de atención de Génova a Camps y al PPCV. ¿Cómo es posible que una persona que acaba de llegar a un cargo institucional de relevancia estatal ironice sobre Rita Barberá, promotora y cofundadora de AP en 1976, diputada de las Corts Valencianes desde 1983, alcaldesa de Valencia durante 20 años, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias entre 1995 y 2003, y miembro del Comité Nacional del PP desde 1983 de manera ininterrumpida, además de referente del PP en toda España?

La impertinencia de Monago hubiese sido impensable hace un tiempo y, en lo esencial, pone de manifiesto que el PPCV ha perdido prestigio, poder e influencia en el PP español. Por tres razones. En primer lugar, porque, desde el congreso de Valencia, en 2008, en el que el PPCV fue decisivo para evitar la caída de Mariano Rajoy, las encuestas no han dejado de ser favorables al PP y eso ha permitido a Rajoy controlar su partido sin necesidad de apoyos específicos. Pero también, porque el caso Gürtel y las mentiras y contradicciones de Camps han afectado negativamente a la imagen de la Comunidad Valenciana y del PPCV en el conjunto de España, dentro y fuera de su partido. Y, finalmente, a consecuencia de que el valor electoral de la Comunidad Valenciana ha disminuido en términos relativos. El PP puede aumentar el número de votos y ganar algún diputado más aquí; pero el beneficio será proporcionalmente menor al que se espera obtener en Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón o Cataluña.

Los motivos de la inaudita queja de Barberá contra Génova son difíciles de entender. Hay algo de rebelión primaria en defensa de Camps y de quienes en el PP de la provincia de Valencia no simpatizan con los modos de Alfonso Rus. Quizás una primera muestra de cansancio por tanto tiempo en el ayuntamiento y el deseo de orientar el final de su carrera política hacia una responsabilidad en Madrid.

En cualquier caso, se ha hecho oír por Fabra y Rajoy. Ha sido un modo de conseguir atención política y pedir un trato de favor. Vienen años que estarán dominados por recortes impopulares. El Ayuntamiento de Valencia tiene una deuda demasiado elevada y deberá reducir gastos y servicios. No será posible, como hasta ahora, echar la culpa al Gobierno central de los errores propios.

Quienes están al frente de los ayuntamientos lo tendrán más difícil por ser las instituciones con peor sistema de financiación, tener deudas excesivas y ser las de mayor proximidad con una ciudadanía cada vez más cansada, más irritada y más imprevisible. Barberá no podrá escapar a las dificultades si la crisis arrecia, por mucho que, durante veinte años, no haya sufrido apenas desgaste electoral y haya carecido de una oposición política sólida. Históricamente, las crisis profundas, y ésta lo es, acaban arrasando mucho de lo que parece más inamovible y estable. 

article publicat a Valencia Plaza el 18 de setembre de 2011 http://www.valenciaplaza.com/ver/32480/-Rita-Barber%C3%A1--m%C3%A1s-all%C3%A1-del-tango-.html

24 de jul. 2011

Después de la caída

Camps, antisistema

El discurso de Francisco Camps la tarde de su dimisión fue políticamente pobre. Se puede disculpar porque lo hacía una persona herida y que había tomado una decisión muy dura. Pero demasiadas cosas sonaban equivocadas en su despedida. Sorprendía, incluso, que el eje central del discurso tuviera una lógica antisistema. En su intento de argumentar porqué dimitía, sin explicar las causas reales, reiteró que todo lo que ocurría se debía a que él era víctima de un sistema brutal que lo había perseguido durante más de dos años de una manera infame. Todo era producto de una enorme conspiración en su contra.

La contracultura americana de los años sesenta del siglo XX dejó en sectores importantes de nuestra sociedad la idea mágica de que existe un sistema que trata de controlarlo todo y condiciona nuestras vidas. El sistema es una abstracción, algo inconcreto, la imagen de nuestros odios y la explicación simplista de nuestros problemas. No es comprensible que Camps combinara en su discurso final como president de la Generalitat la idea del sistema opresor que le persigue y una visión conspirativa de los motivos que mueven a quienes le han criticado. Son formas de ver el mundo propias de grupúsculos antisistema, no de un demócrata.

El sujeto del sistema para Camps es el PSOE y sus colaboradores, mientras que para los antisistema, extremistas e integristas suele ser el capitalismo, los mercados, el materialismo u Occidente; pero la lógica del discurso en esencia es la misma: lo que nos ocurre no es culpa de nuestros errores o circunstancias, sino porque padecemos el ataque conspirativo de un sistema brutal. En tal caso, quizás fuera el Sistema quien presentó Álvaro Pérez, el Bigotes, a Camps, y fue el Sistema quien hizo que su gobierno contratara por cifras millonarias y procedimientos no siempre claros a Orange Market, o que el mismo Álvaro Pérez le ofreciera trajes y regalos, y fue el Sistema quien hizo que Camps negara conocer a Pérez y no recordara cómo consiguió los trajes. La dimisión de un president de la Generalitat es un hecho triste, pero la causa se encuentra en los errores del expresidente y no en la conspiración de ningún sistema.

Aclaremos una cosa, Camps puede ser inocente del delito de cohecho impropio por haber recibido el regalo de unos trajes. Además, no hay ningún indicio de que personalmente se haya enriquecido de manera espúrea. En unos meses, cuando se celebre el juicio, no es impensable que sea absuelto, y que su partido reivindique su figura y lo recupere para alguna responsabilidad. Eso puede pasar. Pero, la cuestión de los trajes es un tema relativamente menor, que no le hubiera ocurrido a un político con más cintura y desparpajo. Lo esencial y por lo que Camps debería haber dimitido hace tiempo es que mintió reiteradamente a los ciudadanos y que tiene la responsabilidad política de que bajo su gobierno y gracias a su persona Orange Market hizo negocio de manera oscura a costa del dinero público de todos los valencianos.

Euforia en la cuarta planta

En la cuarta planta del número 4 de la calle Blanqueries, centro de la dirección del PSPV, fue una tarde larga y feliz. De la sorpresa inicial se pasó a la euforia. Se celebraba la salida del president de la Generalitat del cargo. Pronto se asentó la idea de que este hecho allanaba el camino para los socialistas y ayudada a asentar el liderazgo de su secretario general. Quien discutía estas aseveraciones era un agorero o, peor aún, un derrotista. El lugar se llenó de gente, todo eran parabienes, y, al final, hasta se abrieron botellas de cava. Era el 24 de julio de 2002. Aznar acababa de nombrar a Eduardo Zaplana ministro de Trabajo, José Luis Olivas era el nuevo presidente de la Generalitat y Francisco Camps pasaba a ser el candidato del PP a las elecciones autonómicas de 2003. La izquierda y, especialmente el PSPV, consideraron una buena noticia la candidatura de Camps, lo veían con poca energía y sin la cintura y desparpajo de Zaplana. Era un candidato más débil. Después, con Camps al frente, el PP derrotó en tres ocasiones a la izquierda y al PSPV-PSOE. En 2007 y, sobre todo, en 2011 de manera humillante. 

El 20 de julio de 2011 se han vivido escenas parecidas en la sede socialista. Los protagonistas eran otros. Las conclusiones similares: la caída de Camps es un triunfo propio, Alberto Fabra es una persona con menos energía, apoyos y capacidad política que Camps, y su nombramiento facilita el camino al PSPV, mejora la posición socialista y refuerza el liderazgo de su secretario general. El mantra puede funcionar. Los partidos son organizaciones con más consignas que pensamiento. Pero, acabado el tema de los trajes (lo único de lo que han hablado los socialistas en los últimos años), el PSPV deberá encontrar una nueva estrategia de oposición más allá del recurso monotemático a la corrupción. Tendrán que hacer oposición de verdad, fortalecer a su partido y ofrecer alternativas. Y no será fácil. Salvo excepciones, no están acostumbrados, y muchos, simplemente, no saben. Además, el calendario político socialista de los próximos meses es duro y no está claro quien sobrevivirá a los vaivenes que se avecinan. Finalmente, deberían aprender de lo ocurrido en 2002 y evitar infravalorar a Alberto Fabra y al PP valenciano.

Compromís, la oposición

Desde que ha empezado esta legislatura, Compromís parece tener como objetivo marcar la agenda política, cuanto menos por lo que a la oposición se refiere. De momento, demuestran mayor capacidad de iniciativa que EU y el PSPV. Su desafío es serio. Quizás por eso amagan con presentar candidato en la investidura de Fabra. Un gesto para marcar territorio. Compromís entiende, con parte de razón, que actualmente es una formación más dinámica, con mejor presencia en las redes sociales y con más potencial de atracción que el resto de las fuerzas de oposición al PP. Consideran que EU carece de espacio definido y que el PSPV vive una crisis estructural, se encuentra paralizado y la principal preocupación socialista es hacer frente a las próximas elecciones generales y los subsiguientes congresos internos en el ámbito estatal y valenciano.

Retos excesivos para la actual dirección socialista y que pueden conducir, en su opinión, a una crisis socialista aún mayor. Saben que el éxito relativo de las últimas elecciones autonómicas tiene mucho de coyuntural y demérito socialista. Intuyen que las tensiones entre los distintos sectores del BNV, Els Verds e IPV pueden generarles problemas internos, a menos que su espacio político siga creciendo. Pero, como les ocurre a los socialistas, sin Camps de presidente, parte de su discurso y acción política, junto con las camisetas de Oltra, pierden valor. También tendrán que aprender a hacer oposición, si aspiran a liderarla, y eso es algo más que ir a la contra. Significa tener alternativas, presencia social, voluntad de gobierno y, por lo tanto, propuestas realistas y globales.

Manda Madrid

Desde que en junio de 2004, apenas unas semanas después de que Zapatero fuese elegido presidente del Gobierno de España, Camps pusiera en marcha un discurso victimista que se ha mantenido machaconamente en el tiempo, el sentido de la autonomía valenciana y del autogobierno se ha ido degradando progresivamente. En demasiadas ocasiones, el Consell, con su presidente al frente, ha renunciado a ser un órgano de liderazgo social y afirmación de políticas públicas propias y ha preferido comportarse como un altavoz de quejas contra el perverso gobierno central socialista. El discurso ha sido maniqueo y falso, pero ha funcionado socialmente y, por eso, se ha mantenido hasta ahora. Sin embargo, de ese modo, el sentido de tener un gobierno propio y autónomo se desvanecía, de ese modo el Gobierno Valenciano dejaba de gobernar en muchas ocasiones y subordinaba la iniciativa política del Consell al interés y las lógicas del PP estatal. De ese modo, la Comunidad Valenciana salía perdiendo.

No sorprende, por lo tanto, que desde la calle Génova de Madrid se enviase a Federico Trillo de emisario para solucionar el problema de los trajes en Valencia, que se impusiera una solución deshonrosa para el president de la Generalitat como era la de aceptar su culpabilidad y pagar una multa, o, lo que es peor, que Camps dijera en su dimisión como presidente de los valencianos que lo hacia para ayudar al PP estatal y a Mariano Rajoy a ganar las elecciones. Poco importaba que de ese modo se degradase el sentido del autogobierno valenciano. El PP central ya había forzado la dimisión de Camps al no garantizarle su apoyo y había decidido el nombramiento de Alberto Fabra como nuevo president de la Generalitat y del PP valenciano, sin consultar a los órganos internos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Madrid manda, sobre todo en los partidos con vocación centralista, y las autonomías son consideradas como un asunto secundario o un problema.

De nuevo, un Consell provisional

En lo inmediato, lo más significativo de la dimisión de Camps, es que el Consell nombrado hace menos de un mes pasa a tener un carácter provisional. Nombrado el pasado 22 de junio por Camps con un perfil tecnocrático y con personas de su absoluta confianza, el equipo se ha envejecido de repente y se encuentra en estos momentos descolocado. Cuando los nuevos objetivos y lógicas de decisión estaban empezando a establecerse, se cambia al presidente. En consecuencia, el Consell tiene que volver a confirmar sus prioridades políticas, y debe reconsiderar la posición, jerarquía y autoridad de cada miembro del Consell, sobre todo de Sánchez de León o de Johnson. Eso requiere tiempo y no hay mucho margen. De hecho, desde que estalla el asunto de los trajes, mientras la crisis económica va a más y la deuda de la Generalitat no deja de crecer, el Consell ha estado en un estado de semiparálisis. Y ya son dos años y medio.

Vela y Verdeguer parecían dispuestos a encabezar una nueva agenda política hacia la austeridad, el control de la deuda y el apoyo a los sectores productivos. Está por ver como se adecuará esta agenda incipiente al cambio de presidente. Hay que pensar que, aunque de momento Madrid haya impuesto un respeto escrupuloso de Fabra hacia el equipo de su antecesor, en los próximos meses se vayan produciendo cambios. Primero, en los equipos de asesores de Presidencia y en alguna dirección general. Después, cuando pasen las elecciones generales, Fabra ajustará el Consell y nombrará un equipo propio. Mientras tanto, seguiremos con una incierta provisionalidad.

Article publicat a VALENCIA PLAZA http://www.valenciaplaza.com/ver/30083/Despu%C3%A9s-de-la-ca%C3%ADda.html

10 de jul. 2011

Una democracia con más pompa que circunstancia

El president de la Generalitat anunció que el número de altos cargos y miembros del Consell se reduciría en un 30%. La noticia fue bien recibida. Mostraba -se decía- una voluntad de reducir y controlar el gasto público. Luego nombró un nuevo Consell con menos altos cargos y consellers. Buena parte de los medios de comunicación destacaba en titulares que la reducción era, efectivamente, del 30% prometido por Camps, pero los datos que publicaban no se correspondían con los titulares. Las matemáticas fallaban. 

El Consell lo forman ahora 11 personas, incluido el mismo president, tres menos que hace un mes. La reducción es del 21,5%. Rozaríamos lo prometido con un conseller menos. Los altos cargos del Consell (secretarios autonómicos, subsecretarios, directores generales y directores de organismos públicos) han pasado de aproximadamente 120 a unos 100. La disminución se acerca al 17%: para cumplir lo anunciado, deberían haberse suprimido 16 altos cargos más. Los asesores de confianza (no se han dado cifras concretas) deben haberse reducido, por lógica organizativa, en cifras cercanas al 20%. Por tanto, el recorte del Gobierno y altos cargos del Consell ha sido inferior a lo anunciado por el president.

Mejor con menos organismos, empresas públicas y fundaciones

Además, la reducción del Gobierno parece agotarse ahí. Pero, si el Consell quiere reducir gastos, debería reconsiderar, en serio, la gestión y la misma existencia de 70 empresas y fundaciones dependientes de la Generalitat, y que actúan en paralelo a la acción ordinaria del Consell. Tendría que racionalizar el número y funciones de los consejos asesores de todo tipo que pueblan las consellerías y hacer frente, de una vez por todas, al agujero negro de RTVV y algunos de los grandes proyectos. No sobra administración y servicios públicos.

Sobran organismos y mala gestión. Si Verdeguer y Vela quieren, de verdad, reorientar la política económica del Consell y controlar la desbocada deuda de la Generalitat tendrán que podar el entramado de organismos paralelos creados en la última década, explicar más y mejor el porqué de las decisiones públicas que se adoptan y gestionar de una manera más transparente de como hasta ahora ha venido haciéndolo el Consell. Mucho trabajo por delante.

¿Por qué no suprimir instituciones dudosamente útiles?

La recientemente elegida presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha anunciado que suprimirá instituciones autonómicas inútiles. Ha puesto como ejemplo el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, algo similar al Síndic de Greuges valenciano. Nuestro Estatuto de Autonomía establece la existencia de seis instituciones derivadas o vinculadas a las Corts Valencianes, a saber: el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Comité Econòmic i Social, el Consell Valencià de Cultura y la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Instituciones todas ellas con más pompa que circunstancia, lo que suele significar poco control, menos transparencia, sueldos y dietas más que generosos, y presupuesto excesivo. Con su funcionamiento actual, suponen un despilfarro de los recursos públicos, habida cuenta de que los beneficios colectivos que generan, aunque sea injusto generalizar, son más bien escasos.

Si realmente queremos reducir el entramado gubernativo, institucional y administrativo para aumentar la eficiencia de las administraciones públicas valencianas deberíamos preguntarnos decididamente sobre el sentido de mantener el Consell Valencià de Cultura, que ha perdido el sentido que tuvo cuando se creo hace 30 años, o el Síndic de Greuges, que nunca ha conseguido tener un mínimo prestigio, y alimentar la sobredimensión del resto de instituciones estatutarias.

Aprovechando los debates que abre la crisis, deberíamos ser valientes y suprimir las instituciones que no aportan nada en especial desde hace años. El sentido y el prestigio de las instituciones sólo pueden medirse por el trabajo y beneficio colectivo que generan. Si pierden su razón de ser, no deberíamos mantenerlas.

Pero, ya se sabe, las instituciones estatutarias están vinculadas a las Corts y, en el Palau de Benicarló, siempre se dispara con pólvora de rey. Sueldos altos, valor social escaso. Cuesta entender que el presidente de las Corts cobre 113.608 euros al año, que el director de Gabinete del presidente de las Corts gane 97.000 euros al año y los asesores de dicho Gabinete 78.000 euros, cuando el president de la Generalitat gana 67.615. ¿Acaso su responsabilidad y relevancia pública es mayor? No lo parece. El president de la Generalitat es la primera y principal institución valenciana, y, por su parte, las Corts Valencianes no son una institución especialmente eficiente ni como cámara de control al ejecutivo y como eje del debate político legislativo, en sus breves períodos de sesiones.

Si la partitocracia gana, la democracia pierde

La asunción de cargos y responsabilidades en política es un juego de suma cero. Si una persona ocupa una posición, el resto de personas no. Esto explica la dureza de la lucha por el poder. Por eso no son una cuestión menor, ni mucho menos, las características de los responsables de las instituciones. Si se exige un mínimo prestigio intelectual para formar parte de una institución, por seguir con el Consell Valencià de Cultura, no debe ser convertido en un asilo de políticos sin oficio, por muy válidos que sean en otras materias. Si se hace, alimentamos la descalificación, progresivamente menos demagógica, de que los políticos son cada vez más ni-ni, están cada vez más ensimismados y viven encerrados en una lógica perversa por ocupar el poder y vivir del presupuesto público. Y eso no es bueno.

Vivimos una época dominada por la inmediatez de la última noticia. Lo ocurrido ayer nos parece pasado remoto. Creemos que si una realidad no se ve, no existe. Pero no es cierto. Cuando los últimos campamentos y grupúsculos del 15M están regresando a casa, los políticos, incluso los que antes de las elecciones eran enemigos que no se soportaban, como Camps y Alarte, llegan a acuerdos a velocidad deslumbrante para aumentar la financiación de los partidos a través de la subvención por votos recibidos en las elecciones a las Corts Valencianas, encuentran formas de subirse el sueldo y recolocan a los suyos en todo tipo de instituciones, tenga o no sentido.

Si alguien había imaginado que la partitocracia valenciana iba a intentar entender algo de las movilizaciones del 15M y cambiar sus comportamientos más obtusos y degradados, está claro que se ha equivocado. En consecuencia, si la crisis continua o si la recuperación es demasiado lenta y se prolonga en el tiempo, el malestar social no dejará de aumentar, los 15M (con ese u otro nombre) se repetirán, tendrán un componente más antipartidista, cuestionarán con más intensidad la democracia representativa (la única real), a los políticos y a las instituciones y tendrán un populismo más agresivo. 

Lo que fortalece el malestar populista no tienen su origen exclusivamente en los grandes partidos, pero éstos no dejan de acrecentarlo. El problema empieza a ser grave, aunque en la periferia valenciana no lo parezca. Nuestra casta política debería empezar a ser consciente de que, si la partitocracia en la que viven gana, la democracia pierde, y actuar en consecuencia. ¿Sabrán hacerlo? 

3 de jul. 2011

Historias de trenes, petróleo y expresidentes

En diciembre de 2010, mientras llegaba a Valencia el tren de alta velocidad, echaba a andar el AVE manchego (Toledo-Cuenca-Albacete). España se convertía en el país con más kilómetros de alta velocidad de Europa y el segundo del mundo después de China. Algo increíble, pero cierto. Esta semana, apenas seis meses después de su entrada en servicio, el AVE manchego ha sido suprimido. Diariamente, costaba mantenerlo 18.000 euros y sólo transportaba 15 viajeros. En total se han despilfarrado 3.250.000 euros desde su inauguración, a los que hay que añadir la inversión realizada para ponerlo en marcha.

El responsable de Renfe que anunció la supresión del servicio, Enrique Urkijo, preguntado por los posibles fallos en los estudios de viabilidad, explicaba que muchas líneas y paradas se deciden por presiones de alcaldes y presidentes autonómicos, convencidos éstos de que puesto el tren se generan los usuarios. Sueños y quimeras. El AVE manchego estaba condenado a fracasar antes de ponerse en marcha, le sobraba voluntarismo y le faltaba rigor. Nadie ha asumido ni exigido responsabilidad alguna. ¿Cuántas infraestructuras, aeropuertos, eventos y grandes proyectos valencianos obedecen a la misma lógica y tienen rendimiento similar?

Más sobre trenes: el centro domina al mediterráneo

Los programas de los partidos se cumplen mucho más de lo que comunmente se cree. En los documentos del PP, cuando gobernaba Aznar y Arias Salgado era ministro de Fomento, hay más de una alusión a la necesidad de priorizar la estructura radial de comunicaciones con centro en Madrid para vertebrar España. Quizás por eso los ministros de Aznar y Loyola de Palacio, comisaria europea de Transporte y Energía entre 1999 y 2004, no apoyaron que el corredor mediterráneo fuera uno de los ejes prioritarios de la UE para el transporte de mercancías por ferrocarril.

Tampoco la Generalitat de Zaplana, que presumía entonces de liderar el Arco Mediterráneo, hizo mucho. Los informes de la Comisión Europea se inclinaron porque los ejes transeuropeos conectasen la Península Ibérica siguiendo la línea Burdeos-Irún-Valladolid-Madrid-Algeciras, y la vía Perpiñan-Barcelona-Tarragona-Zaragoza-Madrid-Algeciras. Ambos trayectos tenían a Madrid como nudo central. La Comunidad Valenciana quedaba al margen.

Cuando los socialistas llegan al poder en 2004, los documentos estratégicos de este partido mantenían la tendencia a potenciar los sistemas radiales en el transporte por ferrocarril, sobre todo en el AVE. El corredor mediterráneo era algo secundario. Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, ignoró este eje y a sus defensores. Hubo que esperar a la llegada de José Blanco a Fomento para que el lobby favorable al corredor mediterráneo (Ferrmed) fuese tenido mínimamente en cuenta por Gobierno central.

Esta semana, se ha sabido que un informe de la consultora PricewaterhouseCoopers propone una confluencia de las redes transeuropeas en Zaragoza, para desde ahí seguir hacia Madrid y Algeciras. El informe desestima el corredor mediterráneo, entre otros motivos, porque sus vías están saturadas al combinar tráfico de personas y mercancías, mientras que donde el tráfico de personas se ha derivado en parte al AVE, es mucho más fácil desarrollar sistemas paneuropeos de transporte de mercancías. La decisión de la UE será en septiembre, pero el informe ha disparado todas las alarmas. Las perspectivas no son buenas.

La economía valenciana se resentiría demasiado si, para ir a Europa y a Algeciras, sus mercancías deben pasar primero por Madrid, porque los costes de los productos se encarecerán. Visto lo visto, quizás, tendríamos que preguntarnos si, cuando se creó el grupo de presión empresarial para conseguir el AVE, no se equivocaron las prioridades y no se debería haber antepuesto la conexión hacia Francia por Tarragona, dejando para después Madrid.

Los valencianos no queremos tener petróleo

También esta semana, durante la selección por las Cortes Valencianas de los senadores no elegidos por la ciudadanía, el expresidente Joan Lerma ha declarado que defendía que se hicieran prospecciones petrolíferas en la Comunidad Valenciana. Se ha echado en contra a todos los partidos. El PP considera que, siendo una iniciativa del Gobierno socialista, perjudica al turismo y al medio marino. El PSPV-PSOE afirma que ellos también defienden los intereses valencianos como el PP. EU valora negativamente las palabras de Lerma, y los eufóricos diputados de Compromís hablan de la necesidad de energías alternativas y califican a Lerma de político antiguo. El asunto ya había surgido durante la pasada campaña electoral. El PP lo puso en valor y fijó los términos del debate sin más objetivo que alimentar el victimismo y afirmar que el Gobierno de Zapatero ataca a la Comunidad Valenciana. Los demás partidos se rindieron al marco establecido por el PP.

El debate es falso. Primero, porque no está claro qué tipo de perjuicio medioambiental o turístico ocasionan las prospecciones. Segundo, porque en lugares con una industria turística potente y un medio natural frágil, como Canarias, el Gobierno del PP y Coalición Canaria ha sido favorable a este tipo de iniciativas y ha instado a su realización y a que se delimite la frontera marítima entre Marruecos y Canarias para evitar problemas en el futuro si se encontrase petróleo. Tercero, porque prospecciones como éstas ya fueron autorizadas en su día por el Gobierno de Aznar sin que nadie protestara y, en unos meses, cuando las autorice Rajoy, el PP pasará a defenderlas y el PSPV-PSOE hará lo mismo. Cuarto y último, porque si mañana, algo poco probable, se descubriese una bolsa de petróleo similar a la del mar del Norte en aguas valencianas todas las críticas cesarían y hasta los nacionalistas valencianos se armarían de razones para, si se permite la broma, proponer la independencia de la Comunidad Valenciana, a la manera de lo que ocurre en Escocia con el Partido Nacionalista Escocés (SNP).

Tres historias menores de esta semana. La atención mediática estaba en hechos más relevantes: Grecia, el debate del Estado de la Nación o el nuevo Consell y sus primeros pasos. Pero juntas dibujan la lógica de algunas decisiones estratégicas y de muchos de los debates públicos. Muestran la falta de rigor y el aventurismo con el que, demasiado a menudo, se gastan los recursos públicos. Ilustran sobre la elección de prioridades y sus consecuencias, o sobre los intereses contradictorios entre distintos sectores del empresariado valenciano. Y, finalmente, expresan mucho del cinismo oportunista que envuelve la política en nuestro país, la ofuscación que produce substituir los argumentos por la proclamación de consignas, y la falta de discusión abierta sobre cuáles deberían ser los ejes estratégicos de los valencianos.

Una nota final, durante décadas, los países escandinavos no tuvieron las infraestructuras entre sus prioridades. Lo primero era un buen sistema público de educación y una sanidad y servicios sociales de calidad, luego llegaron las autopistas. Trenes de alta velocidad como los españoles no los tienen todavía. Pero la fortaleza de sus economías, la capacidad de sus empresas, la calidad de su educación y el nivel de vida de que disfrutan ya lo quisiéramos para nosotros. Formas distintas de hacer política. Cuestión de prioridades.

25 de maig 2011

Diez impresiones después de la batalla

A falta de un análisis tranquilo de lo ocurrido, los resultados de las elecciones del pasado 22 de mayo generan más interrogantes que respuestas claras. Por eso, este artículo es esencialmente una serie de notas sueltas y urgentes sobre algunas cuestiones que me parecen relevantes, al menos desde la Comunidad Valenciana, y sobre las que habrá que volver en el futuro.

1. Menos bipartidismo. En los últimos 25 años, el espacio político valenciano se ha caracterizado por la creciente concentración de los votos y la representación institucional en los dos principales partidos (PP y PSOE). En estas elecciones, se rompe esa tendencia y el voto autonómico a los dos principales partidos pasa del 88,3% al 79,4% y el local se reduce también en 6 puntos. Paradójicamente, el PP ha incrementado, aún más, su poder institucional.

2. Retrocedemos victoriosamente. Los resultados autonómicos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana recuerdan a las consignas del ejército alemán en la II Guerra Mundial cuando empezaron a sufrir bajas significativa, a tener problemas para ocupar el territorio conquistado y a retroceder tácticamente: nuestras fuerzas retroceden victoriosamente, decía la propaganda alemana, y algo de eso pasa con el PP valenciano. Camps ha incrementado en un diputado su mayoría, pero ha perdido 70.000 votos y, en el ámbito local, aunque conquista bastiones importantes como Elx, Gandia, Onda o Benicàssim, se estanca en número de votos (en un momento en el que el PP crece en toda España), sólo aumenta donde gobernaba el PSOE y en Alicante, y da algunos síntomas de desgaste en sus dos primeras joyas de la Corona: Valencia y Castellón. El hundimiento socialista explica su mayor poder institucional, no sus propios méritos, salvo casos contados. Los errores en la gestión, el ruido judicial y la sombra de la corrupción han lastrado a un PP valenciano que gana con mucha claridad, pero retrocede o se estanca electoralmente.

3. Espacio local, mapa murciano. A la espera de la constitución de los nuevos ayuntamientos, el panorama local valenciano se parece cada vez más al murciano en lo que se refiere a la concentración del poder municipal en un único partido (PP) hasta niveles prácticamente absolutos en lo que se refiere al número de personas gobernadas. Todas las ciudades de más de 50.000 habitantes están gobernadas por el PP, por primera vez en la historia, como lo están también la inmensa mayoría de las localidades pequeñas y medianas. La población gobernada por alcaldes del PP sobrepasará, seguramente, el 90% del censo electoral. Algo similar a lo que ocurre en Murcia, como ya señalamos que podía pasar hace unos meses.

4. En España, marea azul. El PP crece ligeramente, el PSOE es abandonado por los votantes; resultado: en España tiene lugar una marea azul. Nada que objetar a una victoria que tiene toda la legitimidad democrática. Sin embargo, a las personas con principios liberales (abstenerse neoliberales) debería preocuparnos que un único partido gobierne en todas las esferas políticas sin ningún tipo de contrapeso. Nunca es buena tanta concentración de poder y menos en un país, como el nuestro, de frágil cultura democrática, con gobiernos poco transparentes, con un poder judicial interferido por los partidos dominantes y unas fuertes lógicas conservadoras y corporativas en su seno, y con elites económicas, sociales y mediáticas vinculadas igualmente a los grupos políticos. El poder acumulado en el tiempo y el espacio por un grupo o por una persona envenena siempre, pero el poder total y en todas las instituciones envenena absolutamente, y genera prepotencia, arrogancia y corrupción.

5. La marca salva los muebles. Como suele ocurrir cuando al PSOE le va mal, la marca de EU y su retórica de la auténtica izquierda mejora resultados. Ha vuelto a ocurrir. Pero poco. En el conjunto de España, sólo consigue 200.000 votos más en las elecciones locales, apenas un 15% de lo perdido por los socialistas, y en las elecciones autonómicas y locales valencianas se sitúa como la cuarta fuerza, retrocede en número de votos respecto a 2003 (15.000, a pesar del malestar social y de sus cantos al heterogéneo movimiento M-15) y ha conseguido únicamente algo menos del 3% del total de concejales. Si en un contexto favorable para sus intereses, como el actual, los resultados en la Comunidad Valenciana son tan discretos y con una presencia territorial tan escasa, su futuro se presenta incierto.

6. Ante un reto difícil. El éxito relativo de Compromís ha sido rotundo. Se han convertido en la tercera fuerza política y ha asentado su presencia municipal. La cuestión ahora es si esta formación puede consolidarse y hacerse fuerte. A favor: parece haber recogido buena parte del voto joven progresista y haber incorporado electorado anteriormente socialista; mientras, el socio principal de Compromís, el BNV, es la única fuerza política que ha incrementado el apoyo electoral en todas y cada una de las convocatorias de elecciones municipales desde 1991, y, por vez primera, ha entrado con fuerza en la ciudad de Valencia y en municipios del área metropolitana. En contra: la escasa y sesgada militancia y la enorme volatilidad tradicional de su voto: mayor en las elecciones locales, algo inferior en las autonómicas e irrelevante en las generales o europeas.

7. Demasiado malo para ser cierto, pero lo es. Los resultados electorales del PSPV-PSOE son los peores de su historia desde 1978. Pierden 145.000 votos en las autonómicas (casi el 20% de su electorado anterior), han conseguido resultados humillantes en las tres capitales de provincia, especialmente en Valencia, sólo van a poder gobernar en el ámbito municipal a muy poca población ya que su poder municipal se limitará a una minoría de pequeños y medianos ayuntamientos asediados por el poder omnipresente e inclemente del PP. No vale echar la culpa a la crisis, a Zapatero o a Canal 9. No bastan primarias o congresos extraordinarios. El socialismo valenciano debería refundarse de alguna manera, pero probablemente no sabrá evitar el riesgo de caer en el encastillamiento, de abrir una nueva serie de enfrentamientos entre familias, alimentar el clientelismo interno, el cortoplacismo, el adanismo, exaltar supuestos salvadores, afianzar a vividores de la política e impulsar estrategias voluntaristas o quejas al comportamiento del electorado. Si no reacciona, o si lo hace mal, puede pasar del abismo en el que se encuentra a una catástrofe sin paliativos; eso sí, viendo como avanzan discursos y partidos que competirán seriamente por su electorado desde la izquierda, pero también desde la derecha y la extrema derecha.

8. Valencia, ¿recuerdos del futuro? El comportamiento electoral urbano, y especialmente el de las capitales, suele anunciar el que se producirá en el futuro en todo el territorio. El PP ha ganado con claridad en la ciudad de Valencia. Lo ha hecho en todos los distritos. Pero pierde 26.000 votos en las municipales (más de un 10% de su voto en 2007) y 35.000 en las autonómicas. La posición del PP es cómoda y tranquila, pero su apoyo electoral ha descendido por debajo del 50% en siete de los 19 distritos y la suma de los votos de la izquierda se acerca discretamente a los del PP en nueve distritos. Con todo, el bloque de la izquierda en Valencia también ha perdido 10.000 votos respecto a 2007 y el PSOE obtiene unos resultados desastrosos (21,8% y la pérdida de casi el 30% del propio electorado), mientra que la suma de los otros dos grupos de izquierdas pasa del 4,7% de 2007 al 16,2%. Igualmente cabe destacar el aumento del voto nulo hasta el 1,3% (5.144 votos) y el del voto en blanco y a pequeñas formaciones que pasa del 4,8% al 9,5%. Síntomas de la dispersión de voto y de un malestar social y político que puede socavar, de mantenerse, la fuerza de los principales partidos.

9. El malestar va a las urnas. La participación ha sido mayor, pero no el voto el voto a los dos principales partidos. Se dice que el movimiento del M-15 ha podido influir en este comportamiento electoral, personalmente lo dudo: el malestar contra los principales partidos y la partitocracia es más profunda. El hundimiento del PSOE, el escaso crecimiento en el ámbito español del voto al PP, el estancamiento del voto local al PP valenciano o la pérdida de votantes a Camps, el incremento del voto a los pequeños partidos, la dispersión de votantes entre formaciones minúsculas, así como el aumento de los votos en blanco y de los votos nulos son síntomas de malestar. El PSOE baja hoy por sus errores al frente del Gobierno de España y también por sus limitaciones y errores políticos en la Comunidad Valenciana. El PP aumenta su poder, pero no el apoyo que recibe. La desconfianza en los políticos y en los grandes partidos de la partitocracia española (PSOE y PP) no ha dejado de aumentar en los últimos años. Hoy el PSOE ha sufrido un batacazo; mañana, cuando empiece a gobernar y a tomar medidas impopulares, le puede ocurrir lo mismo al PP. El futuro no está escrito y las tendencias de fondo muestran un disgusto creciente con el rendimiento de la política. El aumento de la participación, la dispersión del voto o el ejercicio del derecho a voto como castigo son terreno abonado para el populismo. Por cierto, el PP jugaría con fuego si lo de Badalona, en Cataluña, ha sido un ensayo en la construcción de un relato político duro y xenófobo a poner en marcha en un futuro próximo en toda España.
10. ¿Más ni-nis en la política? Ahora que las movilizaciones del M-15 y los informes europeos nos han recordado que la generación ni-ni es un mito mediático sin mayor fundamento, se puede comprobar, mirando los currículums personales (siempre hinchados) de los diputados elegidos a las Cortes Valencianas o los de los concejales de las cuatro principales ciudades valencianas que, en todos los partidos, se da una más que notable presencia de personas que no han tenido otra ocupación que la política y cuya formación académica o profesional es bastante limitada. Sin duda, en ocasiones, se tratará de personas con mérito y capacidad; pero, en general, el proceso de elección de las elites de nuestra particular partitocracia no parece el mejor para prestigiar la democracia y evitar el malestar contra los políticos y la política. 
Article publicat a Valencia Plaza el 25 de maig de 2011 http://www.valenciaplaza.com/ver/26597/Diez-impactos-despu%C3%A9s-de-la-batalla-.html