Ni California, ni Florida

9 de Octubre. Día de la Comunidad Valenciana. Rituales cívicos e institucionales. Discursos gubernamentales, críticas de la oposición, manifiestos en la calle y cierta indiferencia ciudadana. Escaparate de líderes políticos y de la sociedad civil. Una oportunidad para evaluar el liderazgo en el seno de la sociedad valenciana y su proyección exterior.

La Comunidad Valenciana no se ha caracterizado por su capacidad de influencia en los centros de poder españoles o, desde 1986, europeos. Pocos políticos, intelectuales, empresarios, sindicalistas u otros miembros de las elites, en sentido amplio, han tenido una posición influyente. Tampoco hay tradición de lobbies propios estables y eficaces. Históricamente, los valencianos que han hecho carrera en Madrid se han comportado como madrileños de origen valenciano y de su posición política, económica o intelectual no se ha generado ningún beneficio singular para la Comunidad Valenciana.

La constatación de este hecho, junto con una cierta idealización del autogobierno foral y la reacción contra el proceso de despersonalización de la sociedad valenciana, llevó a que, en los ambientes intelectuales valencianistas, durante los años sesenta del siglo pasado, se abriese un debate sobre las características de la burguesía valenciana como grupo socialmente dominante y su capacidad para liderar y estructurar la sociedad.

En un primer momento, se afirmó que la sociedad valenciana carecía de liderazgo y de política propia por no tener una burguesía propiamente dicha. Los estudios posteriores evidenciaron la existencia histórica de una burguesía que, obviamente, además de querer defender y conservar su posición social, no vacilaba a la hora de controlar los instrumentos locales del poder político para impulsar lo que entendían políticas favorables a sus intereses y a su modelo de sociedad.

No obstante, se dudaba, y la duda en cierto modo llega hasta el momento presente, de que su dominio social se correspondiera con una capacidad moderna de liderazgo y de proponer proyectos avanzados para la sociedad valenciana. Se concluía, en consecuencia, que la modernización de la sociedad comportaba tener autonomía política y que estaría protagonizada por la izquierda y los sectores más progresistas y abiertos de la burguesía.

Durante la transición, buena parte de la izquierda valenciana asumió este análisis y consideró que los grupos predominantes en la burguesía valenciana tenían un carácter inmovilista. Reforzaba esta idea, el hecho de que, tras la caída del franquismo, la derecha política valenciana vivió un proceso de fragmentación y acabó marginando a los grupos más liberales y apoyándose en los más conservadores y menos proclives a que la Comunidad Valenciana tuviera una autonomía amplia. El empresariado valenciano, que en aquellos años hacia frente a una profunda crisis económica y estaba poco organizado, asumía la democracia y veía en el horizonte la entrada en la UE como una gran oportunidad, pero en su mayor parte desconfiaba de la izquierda emergente y del control que ésta podía tener del nuevo poder político autonómico. 

Los gobiernos autonómicos: ni California, ni Florida

Con la constitución del gobierno autonómico, en 1983, el PSPV-PSOE, dirigido por Joan Lerma y con una mayoría política indiscutible, impulsó un proceso de modernización social y económica, asentó las instituciones autonómicas y puso las bases del Estado del Bienestar. Sin embargo, no fue capaz de establecer un liderazgo nuevo en la sociedad valenciana, en parte porque no contó con apoyos suficientes en el mundo empresarial.

Como modelo de desarrollo económico, el sueño socialista afirmaba la voluntad de hacer de la Comunidad Valenciana la California europea. Se trataba de aprovechar la capacidad emprendedora valenciana para, con apoyo público, crear empresas innovadoras, vinculadas a las nuevas tecnologías, exportadoras y con empleos de calidad. Su proyecto trató de modernizar y dinamizar los sectores industriales tradicionales y el turismo. La creciente globalización económica y la crisis de 1993 evidenciaron las limitaciones de este sueño. Con todo, la colaboración socialista con sectores del empresariado valenciano fue continua y normal; aunque sus relaciones con las organizaciones y parte de las elites empresariales fueran siempre difíciles y, a menudo, tensas, sobre todo, en los últimos años de gobierno de Lerma.

La derecha valenciana, liderada por un PP presidido por Eduardo Zaplana, llegó al poder de la Generalitat en 1995. Quedaban atrás casi dos décadas en la oposición, divisiones internas y sus reticencias contra las nuevas instituciones autonómicas. El pacto político entre UV y el PP, que permitió la llegada de Zaplana a la presidencia del Consell, fue favorecido por las organizaciones empresariales y se cerró en el despacho de Federico Félix, presidente de AVE.

Zaplana demostró, muy pronto, una notable capacidad para liderar a la mayor parte del empresariado valenciano. El proyecto económico del PP marcó muy pronto diferencias notables con el que habían tratado de impulsar de un modo un tanto voluntarista los socialistas y embarcó a la práctica totalidad del empresariado, sin reticencias importantes, a diferencia de lo que había ocurrido con las políticas socialistas.

El análisis zaplanista de la realidad valenciana concluía que era inviable hacer de la Comunidad Valenciana un centro de innovación empresarial y económica en los términos que apuntaban los socialistas en los años ochenta. Nunca íbamos a ser la California europea. Sin embargo, podíamos convertirnos en la Florida de Europa, el lugar donde millones de personas quisieran pasar sus vacaciones. Una tierra de servicios y negocios vinculados al desarrollo turístico y al ocio. A partir de ahí, se desarrolla una política de crecimiento urbanístico, parques temáticos y grandes eventos, que avanza en paralelo a una coyuntura internacional favorable, con un flujo constante de crédito fácil por parte de los bancos y cajas, especialmente de Bancaja y la CAM, y un endeudamiento creciente de la Generalitat tanto en los ocho años de mandato de Zaplana, como, sobre todo, durante el gobierno de Camps.

El espejo del presente

Si la globalización y la crisis de 1993 señalaron los límites del modelo económico de desarrollo del PSPV-PSOE, la crisis de 2008 ha puesto fin al sueño del PP y muestra muchas de las limitaciones del proyecto político conservador y de la apuesta política del grueso del empresariado valenciano en las dos últimas décadas.

Ahora, si somos capaces de mirarnos en el espejo para comprobar qué es lo que realmente somos, cuáles son nuestras debilidades y qué fortalezas tenemos, no deberíamos evitar una mirada autocrítica para entender porqué estamos donde estamos y tratar de no volver a repetir los errores cometidos. Sin embargo, si entre la clase política la autocrítica es escasa, aún parece menor en las organizaciones empresariales (y del resto de la sociedad civil).

Pero alguna cosa habremos hecho mal cuando las viviendas de nueva construcción por vender en la Comunidad Valenciana, puestas juntas y en un mismo lugar, darían forma a una ciudad más grande que Alicante completamente desierta, o cuando la deuda privada imprudente es enorme y la deuda de la Generalitat es de las más altas de España.

Alguna responsabilidad tendrán el partido en el gobierno y los grupos sociales y empresariales que le han apoyado sin fisuras durante años cuando hemos perdido las dos cajas de ahorro valencianas por culpa de una gestión irresponsable y recompensada con sueldos millonarios. O cuando la productividad de nuestra economía es baja, y el valor añadido de mucho de lo que producimos escaso, mientras los sectores económicos industriales y más innovadores de nuestra economía han perdido fuerza, tenemos unas tasas de paro más elevadas que la media española y un nivel de economía sumergida y de fraude fiscal insoportable. No se trata de ser catastrofista, pero es evidente que algo hemos hecho mal. La autocrítica y el análisis de los errores son ejercicios necesarios si queremos afrontar el futuro con garantías.

Retos de futuro

Los años de crisis que tenemos por delante van a ser largos y decisivos. Si tienen razón los historiadores de la economía, nos espera una década de dificultades. Teniendo en cuenta que la izquierda valenciana es débil, tiene un nivel de gobierno marginal en una minoría de ayuntamientos, está fragmentada, carece de líderes y de relato para constituirse en alternativa política y social en los próximos años, al PP le corresponde el liderazgo político, social y ético de la sociedad valenciana. La responsabilidad de la gestión de la crisis es de la derecha política valenciana y, por extensión, del sector que se reclama más dinámico de la sociedad civil, el empresariado valenciano.

La agenda política es urgente. El PP valenciano y el presidente Alberto Fabra deberán hacer frente, en los próximos meses, retos básicos para determinar el futuro de la sociedad valenciana y su fortaleza en España y en Europa. Desde la reducción de la deuda hasta determinar qué Estado de Bienestar público se quiere desarrollar y definir un modelo de crecimiento económico que deje atrás los sueños de californias y floridas imaginarias, permita un desarrollo económico con bases sólidas y reduzca la lacra de la economía sumergida y el fraude.

Paralelamente tendrá que defender con claridad un modelo valenciano de financiación autonómica que sea justo con la Comunidad Valenciana y no ahogue nuestra economía. Dentro de unas semanas, ya no bastará con acusar al PSOE de todos los males de la Comunidad Valenciana, incluida la insuficiente financiación valenciana, como acaba de hacer el presidente Fabra, e ignorar, a la vez, que la mala financiación es producto de un sistema aprobado en 2002 y reformado en 2009 con la aquiescencia, cuando no el protagonismo, de Zaplana y de Camps.

La colaboración entre los gobiernos y los empresarios, como con los agentes sociales, es esencial para el éxito de las políticas económicas y la cohesión social, pero la adhesión acrítica es contraproducente. Resulta paradójico que sectores industriales, financieros y de servicios del empresariado valenciano, no siempre minoritarios, hayan resultado más perjudicados que beneficiados por las políticas del PP valenciano y que, sin embargo, no hayan expresado críticas de ningún tipo a las políticas económicas valencianas de los últimos 16 años.

Es posible que parte de ese apoyo se deba a la cercanía social e ideológica o al hecho más prosaico de que el PP controlaba los mecanismos de financiación de la mayor parte de las empresas valencianas a través de las cajas de ahorro y de las subvenciones y contrataciones públicas. Con todo, sorprende la impotencia política y la subordinación de sectores importantes del empresariado valenciano hacia políticas que eran contradictorias con sus intereses inmediatos.

Hay que superar las lógicas de los últimos años. El PP tendría que comprender que, con todo el poder en sus manos, es el momento de un nuevo liderazgo, de políticas menos sectarias y con más sentido de la proporción y la responsabilidad. Al empresariado valenciano le corresponde asumir que no es un grupo social homogéneo y que su realidad es demasiado compleja, plural y dinámica como para subordinarse de manera acrítica al poder político. 

article publicat a  Valencia Plaza el 9 d'octubre de 2011 http://www.valenciaplaza.com/ver/33699/-Ni-California--ni-Florida--28-a%C3%B1os-de-liderazgo-social-y-autonom%C3%ADa.html

Recortes en el Estado del Bienestar vs clientelisme

Como Hamlet en su monólogo, el Consell parece paralizado ante un dilema al que no da respuesta: o pone fin a buena parte de lo que han sido sus políticas en los últimos años y desmantela tramas clientelares, o lleva a cabo una socialización asimétrica y no equitativa de la deuda. Las consecuencias son imprevisibles. En ambos casos.

La forma en la que las distintas administraciones afrontan las políticas de recortes es poco ejemplar y alimentan algunas de las visiones más pesimitas sobre la clase política. Afirmaciones contradictorias, anuncios y rectificaciones, argumentos oportunistas y mezquinos contra el adversario, demagogia contra los trabajadores públicos, sistemas de prioridades confusos y cambiantes, decisiones improvisadas. Y, sobre todo, la impresión de que cada Administración, en los distintos niveles de gobierno (ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Gobierno central), aunque esté dirigida por un mismo partido, toma sus decisiones con una lógica propia, una intensidad distinta y unas prioridades diferentes. No existe una hoja de ruta común.

¿El debate político al margen de la realidad?

Se toman las decisiones de manera reactiva, obligados por la necesidad, pero ni en la Comunidad Valenciana ni en España, nadie, ningún partido ni institución política, ha hecho un análisis detallado y público de la realidad. Nadie ha hecho una evaluación profunda de todas las áreas de gasto y ha propuesto su racionalización y una priorización ordenada de lo que se debe recortar de forma definitiva o transitoria. Lejos del debate político que sería necesario, los principales partidos siguen funcionando con la inercia de unas formas convencionales y poco constructivas de confrontación política, aunque no se correspondan con la gravedad de la situación social y económica de nuestro país en estos momentos. Ritos del pasado.

Esta semana, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba se han prodigado en promesas a pensionistas y funcionarios y sus partidos han competido en acusaciones al rival sobre quien desmantela con más intensidad el Estado del Bienestar. Y, mientras ocurría esto, en Europa, Jean Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, afirmaba que no duda que "la formación política que dirigirá España dentro de unas semanas continuará los esfuerzos de consolidación en marcha".

En otras palabras, gobierne quien gobierne, y prometa lo que prometa en la campaña electoral, deberá aplicar la receta europea para combatir la crisis: recortes y austeridad. Paradójicamente, aunque el marco general de nuestra política lo marca Europa, ningún partido discute políticamente el sentido y la bondad de las decisiones europeas. Es más, ni tan siquiera hay debate sobre las estrategias para la aplicación, sin discutir, de las recomendaciones europeas.

Del mismo modo, en la Comunidad Valenciana, el tiempo pasa y cada vez es más desesperante la falta de decisión del Consell. Alberto Fabra fue saludado como un soplo de aire nuevo después de unos años políticamente agónicos, pero hasta el momento sólo parece querer ganar tiempo y hacerse fuerte. Para ello, explota su principal capital político: la debilidad de la oposición y que, con su llegada, el PP valenciano ha salido del desgaste y la deriva personalista de Camps. Su oferta de diálogo con la oposición es genérica en todos los aspectos propuestos y está más cerca de ser un juego de distracción que una iniciativa hecha para llegar a acuerdos. Entre tanto, se sigue sin saber cómo plasmará su gobierno en medidas concretas las cada vez más numerosas (y contradictorias) declaraciones de sus consellers. Más ruido que nueces.

Tampoco la oposición reacciona. Jorge Alarte, privado del recurso fácil y de nulo rendimiento electoral del caso Gürtel, recurre al argumentario oficial de su partido sobre los recortes al Estado del Bienestar del PP, pero ni encuentra el tono de expresión adecuado ni crece como líder de una alternativa política. Morera y Sanz se acomodan en una oposición de recorrido secundario y sin aspiraciones a tener responsabilidades de gobierno.

Sin explicación ni sistema de prioridades

En un ambiente social dominado por la preocupación y el miedo a que lo que pueda venir sea peor que lo que estamos viviendo, se echa en falta que nuestros responsables políticos expliquen porqué hacen lo que hacen. Porqué se toman unas medidas y se ignoran otras. Porqué, por ejemplo, en estos momentos, Lola Johnson anuncia que se mantendrá la Fórmula 1, o porqué los altos cargos de la Generalitat no se han reducido en las cifras anunciadas y muchos de ellos cobran bastante más que el president de la Generalitat, mientras no se puede pagar a los proveedores. El recurso al eslogan y a los lugares comunes ya no vale. Hace falta altura política, capacidad pedagógica, transparencia y explicación clara de lo que se hace y su porqué.

En todos los partidos y niveles de gobierno de España, se dice que no tocarán los servicios sociales básicos (pensiones, dependencia, educación y sanidad) y que antes se recortará en otras cosas. Gastos superfluos, infraestructuras, eventos... Pero los servicios públicos básicos ya se han visto afectados por las primeras medidas y lo serán aún más si los recortes se multiplican. Sólo hay que ver lo hecho en el último año por Zapatero, Esperanza Aguirre o Artur Mas, por poner sólo unos ejemplos. Lo cierto es que no existe un programa general que ordene qué recortes son los primeros y cuáles deben ser evitados a toda costa. Y tampoco nadie ha considerado que para reducir la deuda, además de controlar el gasto, se deben aumentar los ingresos y que es urgente una reforma que haga más equitativo nuestro sistema fiscal o perseguir el fraude.

Debilitar el clientelismo o socializar de manera asimétrica y no equitativa el pago de la deuda

Aún más, de momento, en las comunidades autónomas, la lógica de comportamiento que parece dominar es que, donde el partido en el gobierno es el mismo de los últimos años, los intereses del partido frenan las decisiones más ambiciosas del gobierno. Por el contrario, donde un partido acaba de llegar al poder, no le tiembla la mano para desmantelar empresas, instituciones y todo lo considere innecesario.

Eso explica que el PP actúe de manera diferente en Castilla-La Mancha, Baleares y la Comunidad Valenciana. O que el conseller José Manuel Vela diga que tiene que convencer, aunque no será fácil, a los políticos del PP de la necesidad de dejar de financiar tantos grandes eventos y proyectos de dudosa rentabilidad. Vela, sin duda, es un buen conocedor de la situación de las arcas de la Generalitat, fue alto cargo del Consell y corresponsable en los años de alegría en el gasto y endeudamiento fácil. Sabe porqué estamos como estamos y ahora vive las dificultades para encontrar ingresos y pagar las facturas. Quizás por eso es consciente de que decisiones coherentes y drásticas para recortar el gasto afectarían negativamente a los intereses y las clientelas que alimentan al PP valenciano. Algo que también teme Fabra.

Pero más pronto que tarde habrá que actuar y responder al dilema de cómo reducir la deuda. No hay muchas alternativas. O se establecen unos criterios claros y socialmente equitativos sobre el orden de prioridades para reducir el gasto y aumentar los ingresos, aunque eso implique romper redes clientelares o se socializa la reducción de la deuda entre los sectores social o políticamente más frágiles. Las dos opciones tienen costes políticos, pero no tienen el mismo coste social.

Dicho de otro modo, es necesario saber si el Consell optará, cuando algún día tome medidas de calado, por replantearse -radicalmente y sin que le tiemble la mano- RTVV, la Fórmula 1, los eventos, los edificios caros y poco rentables, las infraestructuras e instalaciones social y económicamente deficitarias, las fundaciones y las empresas públicas de utilidad discutible, los centenares de asesores políticos, los sueldos millonarios de directivos amigos y todos los privilegios asociados a los cargos públicos (teléfonos móviles, coches oficiales, comidas, dietas, viajes y demás prebendas).

O, por el contrario, sus prioridades se orientarán hacia lo más fácil: socializar la deuda. Reducir el sueldo y el número de funcionarios (médicos, profesores, policías, trabajadores en oficinas oficiales, bomberos), retrasar los pagos a las empresas suministradoras de bienes a la Administración pública, y recortar los servicios públicos de Bienestar, reforzando indirecta o directamente a los privados.

¿Qué más tiene que pasar en la Comunidad Valenciana para que el Consell (y la oposición) entiendan que no se puede seguir perdiendo tiempo? Hay que dejar de responder a esta crisis con lógicas del pasado porque la realidad está cambiando y las ideas, instituciones, políticas, sistemas de intereses y formas de actuación que hasta ahora han funcionado están también en crisis. Todos, Gobierno y oposición, parecen ignorar que nadie ha vivido una situación como ésta. Cuanto más tiempo perdamos y más nos condicionen los intereses partidistas y las ideas del pasado más tardaremos en salir de la crisis y peor lo haremos.

article publicat a Valencia Plaza el 2 d'octubre de 2011http://www.valenciaplaza.com/ver/33279/-Qu%C3%A9-m%C3%A1s-debe-pasar-para-que-dejen-de-perder-el-tiempo-.html

Para el PP, todo el poder y... la deuda

De confirmarse las encuestas, habrá un cambio rotundo en el Gobierno de España. Después del 20-N, el PP podría concentrar más poder que ningún otro partido en la historia de la democracia española y una hegemonía política superior, incluso, a la del PSOE en 1982.

Grandes expectativas y riesgos mayores. La euforia del PP debería moderarse. Su idea de que la confianza que generará el nuevo gobierno será la base para la solución de todos los males parece sacada de un libro de autoayuda. La realidad económica es la más adversa que ha tenido un gobierno en muchas décadas y no hay apenas margen de maniobra La autonomía política real de España es escasa. Estamos atados de pies y manos por Merkel (el BCE y Sarkozy), como afirmó Mariano Rajoy el pasado 14 de septiembre en un encuentro con empresarios. Así las cosas, el efecto de la confianza será limitado. Dependemos, y mucho, de factores externos para superar la crisis.

Con todo, si el PP gobierna España, será a ojos de los ciudadanos el principal responsable de la gestión de la segunda fase de la crisis. En el horizonte, el peligro de la recesión y del retroceso social en los países occidentales, sobre todo en el sur europeo. Además estará obligado a reducir la deuda y a tomar decisiones difíciles, algunas de ellas sin precedentes en la memoria reciente del país y para las que la ciudadanía está poco preparada.

Existe el riesgo de que, como ha ocurrido históricamente en todas las crisis económicas largas y profundas, el malestar social aumente, sobre todo en las debilitadas clases medias, y acabe por alterar el sistema político, además de precipitar el desgaste del gobierno y del partido que lo sustenta en España y en la Comunidad Valenciana.

EL PODER Y LA DEUDA

En la Comunidad Valenciana, el PP gobierna la Generalitat, las diputaciones y, en los ayuntamientos, al 79,6% de la población. Una enorme concentración de poder que debería corresponderse con políticas activas y coordinadas contra la actual realidad económica. Por desgracia, no ha sido así hasta ahora. En los últimos años, las administraciones valencianas no han estado a la altura de las circunstancias.

El inicio de la crisis en la Comunidad Valenciana coincide en el tiempo con un Camps exultante, preocupado por su posición en el PP estatal y dedicado a hacer posible el triunfo de Rajoy en el Congreso de Valencia. Era junio de 2008. Poco después, Camps cayó en los infiernos del caso Gürtel hasta su dimisión y la acción de gobierno pasó a un segundo plano. La mayor parte de la legislatura pasada fue un tiempo perdido, sin liderazgo ni iniciativa del gobierno y del PP para hacer frente a la crisis. Mientras tanto, el endeudamiento de todas las administraciones valencianas no dejó de aumentar.

Sin contar la parte proporcional de deuda del Gobierno central que nos corresponde en función de la población (en torno a 40.000 millones de euros), el problema de la deuda en las instituciones valencianas es grave. En parte por una inadecuada financiación de la Generalitat y los ayuntamientos, pero también por errores en la gestión, despilfarro y una inadecuada y tardía respuesta a la crisis. La Generalitat debe 20.547 millones (Banco de España, junio de 2011). Más que el resto de comunidades autónomas en términos de PIB regional. Mientras los ayuntamientos adeudan 3.011,5 millones, las diputaciones provinciales, 449,8, y las mancomunidades y entes locales un total de 42,5, según los informes, ya desfasados, del Ministerio de Hacienda para diciembre de 2010.

La deuda global de las administraciones valencianas es de 24.041,8 millones, el 23,3% del PIB. Teniendo en cuenta la distribución del poder político en la Comunidad Valenciana, el 97,71% de la gestión de la deuda (23.491 millones) corresponde al PP, por el 1,65% (396,9 millones) de los ayuntamientos del PSPV-PSOE, el 0,28% (63,9 millones de los de Compromís, el 0,02% (4,4 millones) de EU y el 0,34% (85,6 millones) de las agrupaciones electorales locales.

LA LUCHA INTERNA EN EL PP VALENCIANO FRENTE A LA ACCIÓN DE GOBIERNO

Esta semana han acabado las comparecencias de los consellers en las Corts Valencianes para explicar las políticas de sus departamentos. Verdeguer y Vela acapararon la atención, hablaron de nuevos recortes del gasto y volvieron a mostrar que sus propósitos son razonables y que tienen un buen conocimiento de la situación. Sin embargo, sus intervenciones fueron un tanto decepcionantes. Todos los miembros del Consell repitieron el mantra de la austeridad, pero quedó la sensación de que cada consellería actúa con un criterio propio. Se echa en falta un plan que implique, en serio, a todo el Consell. Y, además, se intuyen dificultades para aplicar medidas más rigurosas, especialmente en los organismos y fundaciones públicos.

Hay otra impresión de fondo. A un gobierno eminentemente técnico y con algunos de sus componentes marcados por la provisionalidad, la batalla por la jerarquía en el PP valenciano de las últimas semanas le afecta negativamente.

La nueva agenda de Alberto Fabra trata de romper tabúes y prejuicios del campismo, pero se abre paso con dificultad, y no cuenta todavía con una estrategia y unos apoyos claros en su partido. Al presidente Fabra le costará ser el referente principal e indiscutible del PP valenciano. En río revuelto, todos quieren ser pescadores. Barberá se propone aumentar su poder orgánico, Rus también intenta incrementar su influencia. En Alicante el PP busca, sin líderes claros, rehacer las redes de poder tras el final de la guerra entre zaplanistas y campistas. En Castellón, Carlos Fabra trata de mantener cuotas de poder y dificulta que surjan nuevos referentes provinciales.

Alberto Fabra sufre el acoso de todos aquellos que quieren tutelarle, condicionarle o ganar a su lado. Necesita tiempo. Su liderazgo está construyéndose, pero el partido anda inquieto y los movimientos se multiplican. Son conflictos menores. Ni de lejos recuerdan a lo que vivió su compañero de partido Cristòfor Soler, presidente de Baleares durante 370 días (de junio de 1995 a junio de 1996), después de que Aznar obligara a dimitir a Gabriel Cañellas por estar acusado de prevaricación y antes de que el PP balear, encabezado por Jaume Matas, forzase su abandono. No estamos ahí; pero el ruido interno del PP bloquea y entorpece la acción de gobierno. Y eso no es bueno.

SIN UN PLAN GENERAL

La necesidad de ganar tiempo del presidente Fabra, el avispero interno del PP valenciano, la provisionalidad de parte del Consell y la proximidad de las elecciones generales pueden explicar, pero no justifican, que no exista un plan general para racionalizar y disminuir el gasto de la Generalitat. Más aún, el temor a tomar medidas drásticas en las empresas y fundaciones públicas, como ha hecho Cospedal en Castilla-La Mancha, se entendería también, pero no se justificaría, por la prudencia de Fabra a la hora de poner orden en el ámbito del gobierno menos trasparente y en el que el clientelismo político y los intereses de las familias internas del PP están más extendidos.

Pero el tiempo se agota y la deuda no deja de crecer. La Generalitat tiene dos obligaciones básicas ante el cambio de Gobierno en España. Deberá ser firme frente a Rajoy en la exigencia de una financiación que tenga en cuenta nuestra realidad demográfica y que evite, como hasta ahora, que los servicios públicos valencianos tengan una financiación inferior en más de un 15% a la que les correspondería. Y, del mismo modo, tendrá que controlar el gasto y reducir la deuda, eliminando todo lo superfluo, incluidos instituciones estatutarias innecesarias.

No basta con medidas parciales, por muy adecuadas que estas sean, ni con el recurso a la retórica de la austeridad. Es necesario un plan general, coherente y ambicioso para todo el Gobierno Valenciano que tenga bien definidas las prioridades y sea socialmente equitativo. Es más, habida cuenta que el PP tendrá la responsabilidad de gestionar el 97,7% de la deuda pública valenciana y el 100% de la central debería impulsar planes similares en todas y cada una de las administraciones.

Las distintas administraciones públicas, aunque las gobierne la misma fuerza política, siguen lógicas distintas, muchas de ellas contradictorias y superficiales. El propio Consell da la impresión de estar inmerso en dinámicas diferentes según las consellerías. Es urgente que Alberto Fabra asiente un liderazgo sólido en su partido y en el gobierno. De no ser así, quizás no se cuestione su presidencia de la Generalitat y del PP valenciano, pero las interferencias de su partido actuarán como un elemento de bloqueo de la acción de gobierno y del mismo Partido Popular. Si el PP va a tener todo el poder, también debe asumir toda la responsabilidad y la deuda.

article publicat a Valencia Plaza el 25 de setembre de 2011 http://www.valenciaplaza.com/ver/32877/-Para-el-PP--todo-el-poder-y----la-deuda-.html

Esperando a Fabra

Después de las elecciones autonómicas, parecía que se iba a poner fin a la ausencia de gobierno de los últimos años. Sin embargo, en el último mes se ha detenido, de nuevo, el tiempo de las decisiones y las iniciativas políticas concretas. Ocurre en el Gobierno y, más aún, en la oposición. Camps es un recuerdo del pasado. Las propuestas de Vela y Verdeguer han pasado a un segundo plano después de haber concentrado la atención en el mes de julio y el resto de miembros del Consell son poco relevantes de momento. El nuevo presidente acapara toda la atención. De Fabra llegan buenas palabras y un discurso sensato. Sin solución de continuidad hemos pasado del mundo feliz de Camps a mostrar una realidad cada vez más cruda y cierta. Es un avance importante, aunque insuficiente. 

Berlín, Madrid, Valencia

Contrasta la relativa quietud de la política valenciana con las tensiones vividas en España y en Europa, donde en las últimas semanas se han tomado decisiones de consecuencias poco predecibles. Berlín (y París) evidenciaron, una vez más, que las instituciones europeas no tienen capacidad suficiente para hacer frente a la crisis y que ellos son el poder europeo real. Decidieron socorrer a la deuda soberana española, que durante unos días vivió al borde del desastre. España, país tutelado desde el 10 de mayo de 2010, está ahora semiintervenido.

En Madrid también ha sido un verano difícil y extraño. Por un lado, desde que a mediados de julio Alfredo Pérez Rubalcaba abandonó el Gobierno y se convirtió en candidato oficial del PSOE, Zapatero ha empezado a actuar como expresidente y quizás por eso se ha reunido discretamente en La Moncloa con Aznar para hablar de España, de Europa y de Rajoy. Por otro lado, como contrapartida al apoyo de Berlín para salvar a la deuda española, Zapatero impulsa una reforma substancial de la Constitución, mediante un procedimiento de urgencia que, independientemente de su contenido, está siendo aprobada con poco entusiasmo y un consenso preocupantemente inferior al de 1978.

Mientras tanto, en la periferia valenciana, la realidad financiera de la Generalitat es cada día que pasa un poco más difícil. Las malas noticias se multiplican. Hay problemas para pagar a los proveedores. La deuda de las fundaciones y organismos públicos aumenta. RTVV es una ruina. Lo que se paga por los intereses de la deuda no deja de crecer. Lo perdido por las reducciones de impuestos de la última década se echa en falta en estos momentos. El Consell tiene dificultades para conseguir crédito. Las facturas de los alegres años de Zaplana, Olivas y Camps vencen ahora y no hay dinero. Mal momento para ser conseller de Hacienda o de Economía.

Fuera de la Administración pública, la realidad no es mejor. La crisis está afectando con especial intensidad a la sociedad valenciana. Se ha llevado ya por delante a miles de empresas, tejido industrial, emprendedores e inversiones. Tenemos cerca de 600.000 parados, casi uno de cada cuatro trabajadores potenciales. Hemos perdido las principales entidades financieras valencianas (Bancaja y la CAM). Se ha reducido el nivel de riqueza general. El estallido de la burbuja urbanística ha generado miles de residencias vacías. El sistema productivo está desestructurado y carece de políticas públicas de la Generalitat que ayuden a reactivarlo. Además, no hay que olvidar que la crisis está en la base de un malestar social y político cada vez más intenso. El deterioro de unos servicios públicos del Estado del Bienestar empieza a debilitar su función de cohesión social, mientras las encuestas señalan un incremento de la desafección democrática y el populismo se abre paso.

Los recortes de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana

El pasado 1 de septiembre el presidente Fabra habló de un futuro plan para reorganizar la Administración que generaría un ahorro anual de 400 millones de euros. Pero este plan, como otros que se han sugerido, está por concretar y habrá que esperar a que se conozcan los detalles. De momento, cabe recordar que la reducción de altos cargos del pasado mes de junio se anunció del 30% y luego fue inferior a lo publicitado: se quedó en el 21% en los miembros del Consell, un 17% en los altos cargos del gobierno y en el 20% en los asesores políticos.

En cualquier caso, lo que propone la Generalitat Valenciana no se parece todavía a las decisiones y debates en torno a la deuda autonómica de Cataluña y, sobre todo, de Castilla-La Mancha, las dos comunidades con las que compartimos el dudoso honor de ser los más endeudados con respecto al PIB regional, según los informes del Banco de España para el primer trimestre de 2011. La Comunidad Valenciana tiene una deuda de 17.895 millones, el 17,4% del PIB valenciano y un 130,5% del presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2011. La deuda de Cataluña es de 34.323 millones, el 17,2% del PIB catalán y un 106,1% de su presupuesto para 2011. Mientras que Castilla-La Mancha tiene una deuda oficial de 6.106 millones (el nuevo Gobierno del PP la eleva a cifras de momento inconcretas entre los 7.000 y los 10.000 millones), el 16,9% del PIB castellano-manchego y un 70,9% de presupuesto regional para 2011.

En Castilla-La Mancha, Cospedal ha anunciado el plan de recortes más general y proporcionalmente más grande de todas las comunidades autónomas. Pretende conseguir un ahorro de 1.800 millones hasta diciembre de 2012. Cerca de 200 millones con cargo a los presupuestos de 2011 y el resto en los de 2012. Se pasaría de 8.600 millones de presupuesto en 2011 a unos 7.000 para el próximo año. Una recorte cercano al 20%. Según el plan anunciado, se aumentarán los ingresos de la Junta de Castilla-La Mancha en 100 millones de euros por venta de patrimonio, y habrá reducciones de 300 millones en gasto de personal, 400 en subvenciones a empresas, 250 en infraestructuras, 400 en sanidad o 150 para empresas agrícolas. Se suprimen 19 organismos públicos e instituciones como el defensor de pueblo autonómico. Se persigue, además, la reducción en un 40% del número de asesores políticos y habrá 500 liberados sindicales menos.

Si se hiciera algo parecido en la Comunidad Valenciana, aplicando los mismos porcentajes que en Castilla-La Mancha, el recorte con respecto a los presupuestos de 2011 tendría que ser cercano a los 2.750 millones, mientras si el cálculo se hiciese en función del peso de la deuda en el PIB valenciano, llegaría a superar los 4.500 millones en 2012. Cifras considerablemente superiores a las que de momento utiliza públicamente el Consell a falta de un plan global, detallado y concreto.

Se dice que María Dolores de Cospedal debía actuar rápidamente y con energía para marcar diferencias claras con el anterior gobierno, teniendo en cuenta que ha accedido a una institución gobernada por el PSOE durante décadas. Por eso, muchas de las medidas que ha tomado, además de reducir la deuda, debilitan las redes de favores del partido anteriormente en el gobierno. Puede que sea así, pero es una explicación insuficiente.

El tiempo no es igual para el presidente Fabra y para la Comunidad Valenciana

Alberto Fabra, en el mes y medio al frente de la Generalitat, ofrece la sensación de ser una persona con voluntad de gobernar sin el autoritarismo de su antecesor y de hacer frente a los problemas con una perspectiva nueva. Hay que desear que no sea una impresión equivocada. Salimos de la agotadora y, en demasiados aspectos, improductiva época de Camps, que en los últimos años sólo ha generado crispación, incapacidad para ver la realidad y tiempo perdido.

A diferencia de Cospedal, el presidente Fabra lleva menos semanas en el cargo, su equipo de gobierno fue nombrado por su antecesor y el partido gobernante es el mismo y tiene asentadas unas redes de favores sólidas. Son diferencias importantes con Castilla-La Mancha. Quizás por eso da la impresión de querer ganar tiempo hasta el 20 de noviembre y evitar, entre tanto, decisiones contundentes en el entramado de los organismos públicos que funcionan en paralelo a la Administración general de la Generalitat y que han generado el grueso de la deuda valenciana. De momento, se mueve con pies de plomo para no herir sensibilidades ni dentro ni fuera de su partido.

Quiere ganar aliados y hacerse fuerte. Luego podrá contar con equipos propios y definir sus objetivos de gobierno. Necesita tiempo. Por desgracia para él, ni las finanzas de la Generalitat, ni la realidad económica y social de la Comunidad Valenciana pueden concederle demasiado. No es momento de planes y proyectos genéricos que nunca se ejecutan, como en la etapa de Camps. Ahora hacen falta decisiones concretas, iniciativas bien definidas y voluntad de llevarlas adelante. Es necesario recuperar el tejido productivo y social valenciano. No se puede esperar más. Es tiempo de decisiones.

Article publicat a VALENCIA PLAZA el 4 de setembre de 2011. http://www.valenciaplaza.com/ver/31731/Esperando-a-Fabra.html

Último verano con Zapatero

Agosto es mes de vacaciones. Incluso con la crisis. Aunque se viaje más cerca, menos días o no quede más remedio que quedarse en casa. No suele ser momento de grandes decisiones. Los políticos, como el resto de los ciudadanos, tienen algunas semanas de vacaciones. Este año no ha sido así. Al menos, para el presidente Zapatero.

A vueltas con los mercados

El mes comenzó con tormentas en los mercados. El mal acuerdo presupuestario del Congreso de los Estados Unidos, la rebaja de la calificación de la deuda de EE.UU. hecha por Standard & Poor's, los ataques a las deudas soberanas de España, Italia e, incluso, Francia, hundieron las bolsas del mundo occidental.

Zapatero tuvo que retrasar y reducir sus vacaciones, el resto de líderes europeos también. El Banco Central Europeo compró deuda italiana y española, la prima de riesgo española se redujo y, días después, el martes 16 de agosto, quienes dirigen Europa sin que los europeos les hayamos votado, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, se reúnen y acuerdan impulsar un gobierno económico de Europa, aumentar los impuestos del sector financiero y ordenar a todos los países de la zona euro que incorporen a sus respectivas constituciones, antes de un año, la obligación del equilibrio presupuestario y, consecuentemente, del control del déficit.

Reforma exprés de la Constitución

El mes se acaba con el anuncio de Rodríguez Zapatero, en el pleno extraordinario del Congreso del martes 23, sobre la necesidad de una reforma urgente e inmediata de la tantas veces intocable Constitución Española para cumplir con la obligación establecida por Merkel (y Sarkozy). Alemania lo ordena y nosotros, alumnos aplicados, corremos a abrazar el dogma neoliberal de déficit cero, sin debates y sin resistencias significativas, más allá de las críticas de la izquierda comunista y de los nacionalismos periféricos que temen que se reduzca, más todavía, la autonomía financiera de las comunidades autónomas.

Rajoy rompió el largo descanso estival para manifestar su entusiasmo ante esta reforma. Dos días y medio después, en la madrugada del 26 de agosto, PP y el PSOE llegan a un acuerdo que viene a decir que, en materia de déficit y de buena parte de la política económica, España hará lo que diga la Unión Europea; es decir, Alemania.

Sorprende, en cualquier caso, el apresuramiento del PP y el PSOE para llevar a cabo esta reforma impuesta desde fuera y la desgana o incapacidad demostrada durante años para modificar la Constitución de 1978 en sus aspectos más chirriantes (sucesión al trono, Senado o elementos de la estructura territorial del Estado). Poco ha importado, además, que una reforma tan precipitada devalúe la Constitución Española como marco legal estable no sujeto a vaivenes repentinos ni a ingerencias externas. Una alteración de aspectos importantes de la Carta Magna, como es el caso, no debería producirse sin una discusión extensa sobre su oportunidad y beneficios, tendría que buscar un consenso político amplio que fuese más allá de las dos principales formaciones de la partitocracia española, y necesitaría del refrendo popular. Si no es así, la Constitución y la democracia española pierden valor.

Visita del Papa

A mitad de mes, el mismo día que Merkel y Sarkozy se reunían en París, comenzaba en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud. El evento ha movilizado durante más de diez días a cientos de miles de jóvenes de todas partes del mundo y ha sido el mayor éxito del Vaticano en España en muchos años. La Jornada, además, ha constituido un cierto desaire para la Conferencia Episcopal Española y un nuevo golpe para un zapaterismo que, en el final de sus días, parece desbordado en todos los frentes y sin relato.

La mano del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Valera, se ha visto en detalles como el acto de los fundamentalistas kikos, fuera de programa, al día siguiente de que el Papa abandonara Madrid, o en el hecho de que el presidente y candidato del PP, Mariano Rajoy, fuera invitado a un breve encuentro con el Papa y no se hiciera lo mismo con Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato del PSOE.

Sin embargo, el discurso del Papa y la diplomacia vaticana han huido de las estrategias de la confrontación con el Gobierno Zapatero que protagonizó la Iglesia española en la anterior legislatura y que tanto contribuyeron a la movilización de una parte del voto izquierdista en las elecciones generales de 2008. Benedicto XVI fue elegido Papa en 2005, pasó dos años haciendo cambios en la estructura de poder del Vaticano y, desde 2008, junto con Tarsicio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, el colaborador más directo del Papa, ha buscado disminuir el nivel de enfrentamiento con el Gobierno de España sin dejar de defender los intereses y posiciones de la Iglesia Católica.

Bertone visitó España en febrero de 2009 y abre personalmente, por encima y al margen de la Conferencia Episcopal Española, una vía de diálogo y entendimiento con el Gobierno de España. La Iglesia Católica evitaría la confrontación y el Gobierno no modificaría los acuerdos con la Santa Sede y moderaría sus iniciativas laicistas. Dos meses después, Federico Jiménez Losantos era despedido de la COPE. El Gobierno evitó cualquier alusión a una posible revisión de los acuerdos con el Vaticano, pero mantuvo parte de las iniciativas que podían generar conflictos con la Iglesia Católica.

La reforma de la regulación del aborto se presentó el mismo 2009. Los proyectos de futuras leyes de la Muerte Digna y, sobre todo, de Libertad Religiosa, seguían adelante con María Teresa Fernández de la Vega como principal valedora. Los estrategas socialistas que buscaban la movilización electoral favoreciendo la diferenciación en el ámbito de los valores entre la derecha y la izquierda, también recomendaban estas iniciativas. En mayo de 2010, Zapatero tuvo que modificar su política económica y social por imposición de Merkel (y Sarkozy). Luego, se hundió en las encuestas. En septiembre de 2010, Fernández de la Vega salía del Gobierno.

Ramón Jauregui, católico, y proscrito por el zapaterismo por haber discrepado públicamente de la política de la dirección del PSOE con la Iglesia Católica, ocupaba el Ministerio de la Presidencia de la mano de Rubalcaba. Once meses después, suavizada la Ley de la Muerte Digna y aparcada definitivamente la Ley de Libertad Religiosa, el Gobierno se vuelca económicamente en el éxito de la visita del Papa durante la Jornada Mundial de la Juventud. Imágenes finales del zapaterismo.

Últimos días del zapaterismo

Zapatero llegó a La Moncloa con la virtud esencial de no ser Aznar y con un programa de gobierno profundamente reformista que tenía seis ejes básicos: la construcción de la España plural, el cambio del modelo productivo, el reconocimiento de derechos civiles, la ampliación del Estado del Bienestar, la reforma constitucional, y la recuperación de valores republicanos, la memoria histórica y el avance hacia una sociedad laica.

El indefinido proyecto de la España plural murió la noche del 21 de enero de 2006 cuando Zapatero pactó con Artur Mas una versión del Estatuto de Cataluña al margen del PSC, a cambio del apoyo estable de CiU y de que Mas, y no Montilla, fuese el futuro presidente catalán. Nada fue como se pactó aquella noche, pero la España plural se diluyó en la aventura desproporcionada de estatuto catalán y las incoherencias socialistas.

El cambio de modelo productivo nunca se intentó, se dejó crecer la burbuja inmobiliaria y ni siquiera se modificó la Ley del Suelo del PP. El sueño del crecimiento económico y del enriquecimiento fácil se alargó hasta principios de 2008. El despertar ha sido muy duro y, en estos momentos, nadie sabe cuándo podremos superar la crisis, en qué condiciones lo haremos y con qué modelo productivo saldremos adelante.

La ampliación de derechos civiles tiene como componentes principales el reconocimiento del matrimonio homosexual y la Ley de Igualdad. Es, sin duda, el ámbito de las políticas públicas que más se identifica con la acción de gobierno de Zapatero.

La ampliación del Estado del Bienestar no se materializó en algo progresivo, igualitario y coherente en las materias clásicas de Seguridad Social, Sanidad o Educación. España apenas ha aumentado el porcentaje de PIB destinado a estas políticas, aunque se hayan incrementado las pensiones más bajas o impulsado reformas educativas y leyes para mejorar la salud de los ciudadanos. La escisión del sistema educativo español entre los centros públicos, los concertados y los privados ha continuado y no se han ampliado las prestaciones ni se ha mejorado significativamente la financiación y calidad de los servicios sanitarios públicos.

Si bien, hay que recordar que la ejecución de las políticas educativas y sanitarias son responsabilidad de las comunidades autónomas. La iniciativa principal de Zapatero para ampliar el Estado del Bienestar fue la Ley de Dependencia de 2006. Una propuesta importante y positiva, pero demasiado voluntarista en los plazos de ejecución e insuficientemente financiada, lo que está dificultando su aplicación efectiva por las comunidades autónomas.

La reforma constitucional nunca se intentó ni en lo referente al Senado, ni al mecanismo de sucesión de la monarquía, ni a ningún otro aspecto. La Ley de Memoria Histórica fue un paso adelante, pero siguió cerrando mal algunas heridas abiertas por la guerra civil y, especialmente, el mínimo respeto, por razones simplemente humanitarias, que merecen los muertos republicanos que todavía hoy se encuentran en fosas comunes y cunetas. Las iniciativas laicistas se han ido evaporando desde septiembre de 2010 y la Iglesia Católica acaba de hacer su mayor demostración de fuerza en décadas.

De hecho, tanto la iniciativa de la reforma constitucional actualmente en marcha como la financiación pública del viaje del máximo representante la Iglesia Católica, ponen de manifiesto el ocaso del zapaterismo y de una estrategia política que trató de asentarse en dos pilares. Primero, el establecimiento de una alianza estable con los dos principales sindicatos para fortalecer el flanco de una izquierda de tradición obrerista y socialdemócrata, hoy en decadencia, sin explicar nunca suficientemente las políticas sociales que se promovían, lo cual no deja de ser paradójico. Segundo, la movilización política en el ámbito de los valores, impulsando políticas cercanas a los movimientos de la nueva izquierda postmaterialista (ecologistas, feministas, gays y lesbianas) y provocando la contramovilización de los sectores más tradicionales de la Iglesia Católica y la derecha más ultramontana.

El primer pilar se rompió en mayo de 2010 a causa del cambio sin explicaciones de política económica y social realizado por Zapatero. El segundo, evidenció que estaba resquebrajado con las movilizaciones del 15-M y se ha venido abajo con la visita del Papa y la actuación de la Policía Nacional, el pasado 17 de agosto, durante la manifestación en protesta por la financiación pública de la iniciativa vaticana.

Inactividad e hiperactividad

Mientras el gobierno de Zapatero vive sus últimos días con pocos momentos de tranquilidad. Los otros dos personajes principales de la escena política española, Rajoy y Rubalcaba, han tenido veranos contrapuestos. El primero ha permanecido en una larga vacación pública desde finales del mes de julio, de la que sólo ha salido para saludar al Papa y aplaudir la reforma de la Constitución que ordena Alemania. El silencio de Rajoy es tan clamoroso que el semanario The Economist, en el reportaje que dedicaba a la política española el 6 de agosto, lo calificaba crudamente como "el hombre que no tiene nada que decir". 

El segundo, Rubalcaba, sin espacio propio, parece obligado a generar titulares y debates para captar la atención de los medios de comunicación bien sea a cuenta de la reforma de la ley electoral, del escaño 351, la supresión de las diputaciones, la elección de Elena Valenciano como número dos por Madrid o las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Todo ello, mientras aparecen voces en el PSOE que critican la reforma constitucional emprendida y aumenta el ruido por las listas electorales socialistas. Mucho trabajo por delante para reconstruir el relato y la estrategia socialista, tras el final del zapaterismo.

Article publicat a Valencia Plaza el 28 d'agost de 2011.http://www.valenciaplaza.com/ver/31376/-%C3%9Altimo-verano-con-el-presidente-Zapatero-.html

Mensajes desde Cataluña

Desde la Comunidad Valenciana se mira poco hacia Cataluña. Existe desconfianza. El anticatalanismo y el pancatalanismo hicieron y hacen mucho daño. Ambos desvirtúan la realidad y crean estereotipos ideologizados y quiméricos. Distorsiones de lo que de común, similar y diferente tienen las realidades valenciana y catalana.

En juego, el corredor valenciano

Lo peor de estas imágenes falsas es que tienen consecuencias negativas para la Comunidad Valenciana. Dificultan relaciones normales y la asunción y defensa de los intereses propios. El corredor mediterráneo es un ejemplo.

Hay datos elocuentes. Cataluña es la comunidad española que más productos valencianos compra y nuestra principal proveedora. Las comunicaciones terrestres por y carretera son y serán las predominantes en el transporte de bienes y personas. Para llegar de la manera más rápida, desde la Comunidad Valenciana, al resto de Europa (excepto Portugal) hay que pasar por Cataluña. Y, más aún, nuestro principal eje de comunicaciones es el que recorre la Comunidad Valenciana de sur a norte. Así de simple. El corredor mediterráneo es el eje valenciano básico de comunicaciones.

Quizás, de haber mirado la geografía mejor o de haber estado menos acomplejados ante el poder central, no se habría perdido una década y el corredor mediterráneo de las redes transeuropeas de transporte sería prioritario desde 2003, como lo es el eje central. Quizás tendríamos, desde hace años, alianzas con otras comunidades y regiones europeas y podríamos, ahora, hacer frente con más fuerza al lobby central (Cospedal, Rudi y Aguirre) que recrudece sus presiones al ministro Blanco. Pero nos falta sentido del poder y de sumar alianzas. Quedan pocas semanas para que la UE tome una decisión. El PP valenciano da síntomas de temer enfrentarse a la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Los empresarios valencianos consiguen del presidente catalán, Artur Mas, un apoyo explícito para el corredor. Es un paso adelante; pero sólo eso. Para Cataluña el proyecto es importante. Para la Comunidad Valenciana es esencial. Nosotros nos jugamos mucho más.

Estructura del poder territorial en España

La estructura del poder territorial en España tiene disfunciones desde sus inicios. Nació para integrar a los nacionalismos vasco y catalán, pero pronto se convirtió en un sistema generalizado de distribución territorial del poder estatal. Se quedó a medio camino entre un federalismo con asimetrías y una elevada descentralización política. Siempre irritó al nacionalismo español más uniformista. Siempre fue insuficiente para los soberanismos periféricos. Superados los órdagos de la antigua Loapa o del Pacto de Lizarra/Estella y el Plan Ibarretxe, durante 30 años ha funcionado sin grandes sobresaltos y ha contado con un consenso y una fortaleza envidiables.

Ahora la crisis la pone seriamente en cuestión. En las encuestas, en sólo cinco años, se ha reducido del 68% al 48% quienes creen que el estado autonómico es positivo y ha aumentado la valoración negativa desde el 15% al 26%. Se multiplican las voces que hablan del despilfarro y déficit autonómicos, y se propone como solución la recentralización del estado, siguiendo la estela ideológica de la Fundación FAES. La propuesta goza de defensores en la derecha valenciana.

La alternativa de reformar el modelo autonómico, profundizando en el espíritu federal de la Constitución, parece haber decaído después del fiasco de la España Plural de Zapatero. Pero avanzar hacia un sistema similar a la estructura federal alemana es una solución mucho más efectiva para España que cualquier recentralización. Separar la distribución territorial del poder del estado de los debates identitarios, establecer un sistema de competencias bien delimitado siguiendo criterios de eficiencia y clara separación de funciones entre administraciones, convertir al Senado en una verdadera cámara territorial, fijar mecanismos rigurosos de responsabilidad en la gestión y garantizar la autonomía y la solvencia financiera de las comunidades autónomas, serían soluciones eficaces a los problemas del actual estado autonómico. Sin embargo, de momento, la financiación y la deuda son los debates dominantes.

Insuficiente financiación

Las comunidades autónomas concentran el porcentaje más elevado del gasto público en España (cerca del 40%), por delante de la Seguridad Social (30%), la administración central (20%) y la administración local (algo más del 10%). El grueso del gasto corresponde a las políticas de bienestar social (Sanidad, Educación, Dependencia y servicios sociales generales). De hecho, menos en la Seguridad Social, la gestión básica del Estado del Bienestar español es autonómica. Sin embargo, dejando aparte a Navarra y Euskadi, las comunidades autónomas tienen un nivel de autofinanciación relativamente bajo y casi dos terceras partes de sus recursos son transferencias del gobierno central. En otras palabras, la autonomía del gasto es más elevada que la de países federales como Alemania o Austria, y, sin embargo, en los ingresos el mecanismo es dominantemente centralista, a diferencia de los países centroeuropeos.

En 2008, el Ministerio de Economía y Hacienda publicó las balanzas fiscales a petición de Cataluña. No son el único instrumento para determinar los flujos económicos interregionales; pero ponían de manifiesto que tanto la Comunidad Valenciana como Cataluña tenían saldos negativos, aportaban más que recibían. Eso sería lo normal en un sistema de solidaridad interautonómica. Lo que se denunció, entonces, es que la Comunidad Valenciana tenía un saldo negativo cuando comunidades con un PIB superior al nuestro presentaban un saldo positivo. Un hecho que no parecía razonable y que reforzaba la idea de que la financiación actual es injusta tanto para la Comunidad Valenciana como para Cataluña.

La reforma del estatuto catalán de 2006, más allá de lo que tuvo de error de cálculo y estrategia política, pretendía blindar las competencias catalanas y garantizarse una financiación más adecuada. Pero, a pesar del nuevo Estatuto, el problema sigue abierto. Ahora, CiU espera que, tras las elecciones generales, haya un gobierno en minoría en Madrid. Su apoyo parlamentario sería a cambio de un pacto fiscal y una financiación suficiente de los servicios públicos catalanes. Según parece, su propuesta se orienta a un sistema de casi soberanía fiscal como el vasconavarro.

La Comunidad Valenciana tampoco tiene una financiación justa de sus servicios. Pero hay serias dudas de que contemos con una propuesta propia y fuerza suficiente para conseguirla. El Consell lleva años protestando porque la Comunidad Valenciana norecibe lo que le corresponde. Pero el argumento es oportunista. Las denuncias por la mala financiación únicamente se retrotraen en el tiempo a la llegada de Zapatero a La Moncloa. El problema es anterior, tiene su origen en los primeros momentos de la autonomía y no ha dejado de aumentar. No depende de quien gobierne en Madrid, sino del sistema de financiación que ha predominado hasta ahora. Por eso, está por ver, si, en el caso de que Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno de España, el Consell va a ser capaz de reclamar una financiación suficiente y adecuada. La actual debilidad del PP valenciano frente a la dirección central de su partido, no permite esperar grandes alardes.

Sin dinero, recortes

Mientras tanto, Cataluña aparece en los informes del Banco de España como la comunidad autónoma más endeudada (34.323 millones de euros) y la Comunidad Valenciana como la segunda (17.895 millones). Insuficiente financiación. Pero también mala gestión. La situación es grave y sólo hay dos vías para mantener los servicios y reducir la deuda. O aumentan los ingresos o disminuye el gasto. Pero mientras no se recupere la actividad económica no habrá ingresos por tributos asociados a la economía y tampoco habrá mayores transferencias del gobierno central. Sólo queda aumentar tasas e impuestos. Eso explicaría que miembros significados del Consell, como Vela o Cabré, apunten nuevas figuras impositivas en Justicia o Sanidad. El president Fabra dice que es prematuro. La propuesta se aplaza en el tiempo, pero no se abandona.

En Cataluña, a la espera del pacto fiscal, no se propone el incremento de la presión impositiva. Al contrario, se ha suprimido el impuesto de sucesiones. Todas las medidas para reducir la deuda se orientan a recortar el gasto corriente, suprimir organismos, frenar inversiones y reducir las prestaciones en servicios de seguridad, educación y, sobre todo, sanidad. Son los primeros pasos. Si no hay pacto fiscal, vendrán más.

Son mensajes desde Cataluña. Después del 20-N, la Generalitat Valenciana tendrá que enfrentarse al problema. Hasta ahora, el Consell sólo anuncia reducciones del gasto corriente y supresión de organismos y altos cargos. Algo positivo. Más pronto que tarde, habrá de eliminar grandes eventos, parques temáticos ruinosos e iniciativas sin rentabilidad social y económica por muy vistosas que parezcan. Después, deberá recortar las inversiones en infraestructuras, algunas tan inexplicables como el Aeropuerto de Castellón. Y, finalmente, tendrá que entrar en los servicios de un Estado del Bienestar ya bastante debilitado en la Comunidad Valenciana. Ahí empezarán los problemas serios y la deslegitimación social de la propia Generalitat Valenciana.

Article publicat a VALENCIA PLAZA el 14 d'agost de 2011. http://www.valenciaplaza.com/ver/30866/Mensajes-desde-Catalu%C3%B1a.html

Pequeñas mentiras con importancia

Los primeros pasos del conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela, son positivos y merecen ser elogiados, a la espera de su evolución posterior. En las pocas semanas que lleva en su cargo ha expresado su voluntad para controlar la desbocada deuda de la Generalitat, para que el Consell pague regularmente a sus proveedores, para reducir el gasto público manteniendo los servicios básicos, para revisar la sobredimensión de empresas y organismos, frenar el descontrol de personal al servicio de la Generalitat y ajustar a lo imprescindible el gasto más ordinario de los altos cargos y de las dependencias públicas. Una declaración de intenciones seria y difícil. El futuro dirá si se queda en eso, meras intenciones, o si estas primeras iniciativas estructuran la gestión de la hacienda de la Generalitat en los próximos años. 

Llama la atención que, entre las medidas para reducir el gasto ordinario de los altos cargos y de las dependencias públicas, el conseller Vela haya establecido limitar a tres el número de comidas oficiales en una semana con cargo a la caja pública, o concrete los restaurantes a donde ir y los precios (entre 20 y 25 euros por persona) de los menús, a la vez que impulsa medidas para controlar el gasto en coches oficiales, y en luz y teléfono de los servios públicos de su conselleria. Se ha dicho que el ahorro que producirán estas medidas será como el chocolate del loro, algo ínfimo dentro del gasto total de la Generalitat. Incluso hay quien considera que son medidas de cara a la galería.

Ciertamente, si las iniciativas quedan restringidas a una conselleria y a un puñado de cargos públicos, el ahorro será escaso e irrelevante. Quedarán como una anécdota o una excentricidad de un responsable público. Algo parecido a lo que, en su día, le ocurrió al exministro Jesús Caldera y su obsesión personal por reducir a la mínima expresión los gastos superfluos del Ministerio, que acabó por ser un hecho aislado y sin la menor transcendencia. Ahora bien, si las medidas de Vela van en serio y acaban por extenderse a todos los organismos vinculados al Consell, las cifras se multiplicarían y supondrían una reducción del gasto que no puede ser despreciada.

Hagamos un esfuerzo. Sumemos lo que se gasta innecesariamente en teléfonos móviles, teléfono convencional, luz, alquileres, coches oficiales usados en exceso, edición de libros por los organismos públicos sin un criterio y sentido definidos, publicidad fatua, merchandising de lo más diverso y curioso (desde la producción de relojes hasta toallas, anoraks, chubasqueros y prendas de ropa de todo tipo con logos oficiales sin venir a cuento, en esto las Corts son emblemáticas), o la financiación de espectáculos sin público y el regalo, a veces generalizado, de entradas. Sumémoslo y añadamos algunas otras cosas superfluas, como los 3 millones de euros que cuesta mantener al año el Consell Valencià de Cultura. Con el ahorro obtenido no nos llega para solucionar la deuda de la Generalitat, pero seguro que se consiguen recursos para que puedan funcionar con normalidad algunos servicios básicos que ahora tienen dificultades o para poder pagar a parte de los proveedores y evitar el cierre de alguna empresa.

No está de más recordar que los responsables públicos tienen dos sueldos por su cargo. El que reciben por su trabajo y que es conocido públicamente, y aquel que se deriva de la suma de todo lo que dejan de pagar (desplazamientos, asistencia a espectáculos y, por encima de todo, teléfono móvil y restaurantes; por no hablar de regalos institucionales). No son infrecuentes los políticos dados a hablar profusamente por teléfono que gastan más de 400 euros al mes (cerca de 5.000 euros al año) y una parte importante del gasto no se justifica por su responsabilidad pública.

También son muy comunes quienes comen y cenan con cargo a la caja pública, y habitualmente no lo hacen solos. Una comida o cena de trabajo puede costar unos 40 o 50 euros por persona, como mínimo; pongamos que un responsable público hace sólo unas cuatro ingestas a la semana con cargo al presupuesto público, todas con únicamente una persona más, tendríamos en total unos 300 o 400 euros a la semana, 1.300-1.600 al mes y entre 16.000 y 19.000 al año.

Sumemos y multipliquemos y obtendremos cifras más que respetables. Piénsese que hablamos sólo de altos cargos de la Generalitat; pero la contención del gasto se podría ampliar a diputados en las Corts, en las diputaciones provinciales o a los concejales y asesores del generoso Ayuntamiento de Valencia, tanto del partido en el Gobierno como de la oposición. Cierto que no todos los políticos gastan tanto y que se conocen casos que prácticamente no gastan nada en este tipo de actividades, pero los hay que sobrepasan con creces las cifras indicadas. Si se redujeran estos gastos de representación a lo mínimo, siguiendo las recomendaciones y limitaciones que ha establecido Vela en su conselleria, el ahorro sería notable y el ejemplo también.

Porque, con ser importante suprimir todos los denominados chocolates del loro que gastan las administraciones, organismos e instituciones públicas, lo principal de la reducción del gasto de representación y suntuoso a la mínima expresión no es el ahorro que generaría. Lo esencial, si se consolidaran estos mecanismos para limitar gastos superfluos, sería empezar a cambiar la actitud y la forma de trabajar y afrontar la administración de los recursos públicos. Pasar de la alegría, en ocasiones desmedida, a la austeridad y el rigor como valores en la gestión. Llevar a cabo un cambio ético que ponga fin al descontrol de los años en que todo parecía una fiesta, el crédito fluía y se despilfarraba dinero público.

La crisis económica, en la que estamos y de la que nos costará salir, tiene, entre otras causas, como recuerda el estudio dirigido por Anton Costas (La crisis del 2008. De la economía a la política y más allá), una intangible: el hundimiento del valor de la ética del esfuerzo y el control del capitalismo tradicional que fue substituida por un comportamiento amoral basado en el todo vale para conseguir dinero, lo que condujo a una gestión irresponsable y obscena de los recursos financieros y públicos -que además no eran de quienes los gestionaban- con el único fin de enriquecerse personalmente y de la manera más rápida posible. Recuperar esa dimensión ética, austera y responsable en la gestión pública, también es algo urgente en nuestras administraciones, en la dimensión más pequeña del gasto y en las grandes inversiones.

La semana se cierra con las consecuencias provocadas por un hecho relacionado con el segundo sueldo de los políticos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana juzgará al president de la Generalitat, Francisco Camps, para determinar si el regalo de unos trajes por valor de 12.783 euros por parte de Álvaro Pérez, 'el Bigotes', es cohecho impropio por parte del president. La oposición pide que Camps dimita, como si ser juzgado fuera sinónimo de estar condenado. Si la Comunidad Valenciana fuera un país anglosajón, Camps ya hace tiempo que habría dimitido, no porque vaya a ser juzgado, sino porque negó conocer a Álvaro Pérez y afirmó haber pagado personalmente los trajes. Pequeñas mentiras con importancia.

Quizás el error de Camps deriva de que el sistema político español ha asimilado que ese segundo sueldo descontrolado de los políticos es algo normal. Y no lo es, ni puede serlo. Seguramente ahí, en una concepción equivocada, no consciente y bastante generalizada de lo que es el segundo sueldo de los políticos, empezó el largo vía crucis particular del president de la Generalitat, que ya dura tres años y que contribuye a paralizar la acción política y económica del Consell. 

Article publicat a VALENCIA PLAZA http://www.valenciaplaza.com/ver/29754/Peque%C3%B1as-mentiras-con-importancia.html

Una democracia con más pompa que circunstancia

El president de la Generalitat anunció que el número de altos cargos y miembros del Consell se reduciría en un 30%. La noticia fue bien recibida. Mostraba -se decía- una voluntad de reducir y controlar el gasto público. Luego nombró un nuevo Consell con menos altos cargos y consellers. Buena parte de los medios de comunicación destacaba en titulares que la reducción era, efectivamente, del 30% prometido por Camps, pero los datos que publicaban no se correspondían con los titulares. Las matemáticas fallaban. 

El Consell lo forman ahora 11 personas, incluido el mismo president, tres menos que hace un mes. La reducción es del 21,5%. Rozaríamos lo prometido con un conseller menos. Los altos cargos del Consell (secretarios autonómicos, subsecretarios, directores generales y directores de organismos públicos) han pasado de aproximadamente 120 a unos 100. La disminución se acerca al 17%: para cumplir lo anunciado, deberían haberse suprimido 16 altos cargos más. Los asesores de confianza (no se han dado cifras concretas) deben haberse reducido, por lógica organizativa, en cifras cercanas al 20%. Por tanto, el recorte del Gobierno y altos cargos del Consell ha sido inferior a lo anunciado por el president.

Mejor con menos organismos, empresas públicas y fundaciones

Además, la reducción del Gobierno parece agotarse ahí. Pero, si el Consell quiere reducir gastos, debería reconsiderar, en serio, la gestión y la misma existencia de 70 empresas y fundaciones dependientes de la Generalitat, y que actúan en paralelo a la acción ordinaria del Consell. Tendría que racionalizar el número y funciones de los consejos asesores de todo tipo que pueblan las consellerías y hacer frente, de una vez por todas, al agujero negro de RTVV y algunos de los grandes proyectos. No sobra administración y servicios públicos.

Sobran organismos y mala gestión. Si Verdeguer y Vela quieren, de verdad, reorientar la política económica del Consell y controlar la desbocada deuda de la Generalitat tendrán que podar el entramado de organismos paralelos creados en la última década, explicar más y mejor el porqué de las decisiones públicas que se adoptan y gestionar de una manera más transparente de como hasta ahora ha venido haciéndolo el Consell. Mucho trabajo por delante.

¿Por qué no suprimir instituciones dudosamente útiles?

La recientemente elegida presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha anunciado que suprimirá instituciones autonómicas inútiles. Ha puesto como ejemplo el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, algo similar al Síndic de Greuges valenciano. Nuestro Estatuto de Autonomía establece la existencia de seis instituciones derivadas o vinculadas a las Corts Valencianes, a saber: el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Comité Econòmic i Social, el Consell Valencià de Cultura y la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Instituciones todas ellas con más pompa que circunstancia, lo que suele significar poco control, menos transparencia, sueldos y dietas más que generosos, y presupuesto excesivo. Con su funcionamiento actual, suponen un despilfarro de los recursos públicos, habida cuenta de que los beneficios colectivos que generan, aunque sea injusto generalizar, son más bien escasos.

Si realmente queremos reducir el entramado gubernativo, institucional y administrativo para aumentar la eficiencia de las administraciones públicas valencianas deberíamos preguntarnos decididamente sobre el sentido de mantener el Consell Valencià de Cultura, que ha perdido el sentido que tuvo cuando se creo hace 30 años, o el Síndic de Greuges, que nunca ha conseguido tener un mínimo prestigio, y alimentar la sobredimensión del resto de instituciones estatutarias.

Aprovechando los debates que abre la crisis, deberíamos ser valientes y suprimir las instituciones que no aportan nada en especial desde hace años. El sentido y el prestigio de las instituciones sólo pueden medirse por el trabajo y beneficio colectivo que generan. Si pierden su razón de ser, no deberíamos mantenerlas.

Pero, ya se sabe, las instituciones estatutarias están vinculadas a las Corts y, en el Palau de Benicarló, siempre se dispara con pólvora de rey. Sueldos altos, valor social escaso. Cuesta entender que el presidente de las Corts cobre 113.608 euros al año, que el director de Gabinete del presidente de las Corts gane 97.000 euros al año y los asesores de dicho Gabinete 78.000 euros, cuando el president de la Generalitat gana 67.615. ¿Acaso su responsabilidad y relevancia pública es mayor? No lo parece. El president de la Generalitat es la primera y principal institución valenciana, y, por su parte, las Corts Valencianes no son una institución especialmente eficiente ni como cámara de control al ejecutivo y como eje del debate político legislativo, en sus breves períodos de sesiones.

Si la partitocracia gana, la democracia pierde

La asunción de cargos y responsabilidades en política es un juego de suma cero. Si una persona ocupa una posición, el resto de personas no. Esto explica la dureza de la lucha por el poder. Por eso no son una cuestión menor, ni mucho menos, las características de los responsables de las instituciones. Si se exige un mínimo prestigio intelectual para formar parte de una institución, por seguir con el Consell Valencià de Cultura, no debe ser convertido en un asilo de políticos sin oficio, por muy válidos que sean en otras materias. Si se hace, alimentamos la descalificación, progresivamente menos demagógica, de que los políticos son cada vez más ni-ni, están cada vez más ensimismados y viven encerrados en una lógica perversa por ocupar el poder y vivir del presupuesto público. Y eso no es bueno.

Vivimos una época dominada por la inmediatez de la última noticia. Lo ocurrido ayer nos parece pasado remoto. Creemos que si una realidad no se ve, no existe. Pero no es cierto. Cuando los últimos campamentos y grupúsculos del 15M están regresando a casa, los políticos, incluso los que antes de las elecciones eran enemigos que no se soportaban, como Camps y Alarte, llegan a acuerdos a velocidad deslumbrante para aumentar la financiación de los partidos a través de la subvención por votos recibidos en las elecciones a las Corts Valencianas, encuentran formas de subirse el sueldo y recolocan a los suyos en todo tipo de instituciones, tenga o no sentido.

Si alguien había imaginado que la partitocracia valenciana iba a intentar entender algo de las movilizaciones del 15M y cambiar sus comportamientos más obtusos y degradados, está claro que se ha equivocado. En consecuencia, si la crisis continua o si la recuperación es demasiado lenta y se prolonga en el tiempo, el malestar social no dejará de aumentar, los 15M (con ese u otro nombre) se repetirán, tendrán un componente más antipartidista, cuestionarán con más intensidad la democracia representativa (la única real), a los políticos y a las instituciones y tendrán un populismo más agresivo. 

Lo que fortalece el malestar populista no tienen su origen exclusivamente en los grandes partidos, pero éstos no dejan de acrecentarlo. El problema empieza a ser grave, aunque en la periferia valenciana no lo parezca. Nuestra casta política debería empezar a ser consciente de que, si la partitocracia en la que viven gana, la democracia pierde, y actuar en consecuencia. ¿Sabrán hacerlo? 

Article publicat a VALENCIA PLAZA http://www.valenciaplaza.com/ver/29356/-Una-democracia-con-m%C3%A1s-pompa-que-circunstancia-.html