De confirmarse las encuestas, habrá un cambio rotundo en el Gobierno de España. Después del 20-N, el PP podría concentrar más poder que ningún otro partido en la historia de la democracia española y una hegemonía política superior, incluso, a la del PSOE en 1982.
Grandes expectativas y riesgos mayores. La euforia del PP debería moderarse. Su idea de que la confianza que generará el nuevo gobierno será la base para la solución de todos los males parece sacada de un libro de autoayuda. La realidad económica es la más adversa que ha tenido un gobierno en muchas décadas y no hay apenas margen de maniobra La autonomía política real de España es escasa. Estamos atados de pies y manos por Merkel (el BCE y Sarkozy), como afirmó Mariano Rajoy el pasado 14 de septiembre en un encuentro con empresarios. Así las cosas, el efecto de la confianza será limitado. Dependemos, y mucho, de factores externos para superar la crisis.
Con todo, si el PP gobierna España, será a ojos de los ciudadanos el principal responsable de la gestión de la segunda fase de la crisis. En el horizonte, el peligro de la recesión y del retroceso social en los países occidentales, sobre todo en el sur europeo. Además estará obligado a reducir la deuda y a tomar decisiones difíciles, algunas de ellas sin precedentes en la memoria reciente del país y para las que la ciudadanía está poco preparada.
Existe el riesgo de que, como ha ocurrido históricamente en todas las crisis económicas largas y profundas, el malestar social aumente, sobre todo en las debilitadas clases medias, y acabe por alterar el sistema político, además de precipitar el desgaste del gobierno y del partido que lo sustenta en España y en la Comunidad Valenciana.
EL PODER Y LA DEUDA
En la Comunidad Valenciana, el PP gobierna la Generalitat, las diputaciones y, en los ayuntamientos, al 79,6% de la población. Una enorme concentración de poder que debería corresponderse con políticas activas y coordinadas contra la actual realidad económica. Por desgracia, no ha sido así hasta ahora. En los últimos años, las administraciones valencianas no han estado a la altura de las circunstancias.
El inicio de la crisis en la Comunidad Valenciana coincide en el tiempo con un Camps exultante, preocupado por su posición en el PP estatal y dedicado a hacer posible el triunfo de Rajoy en el Congreso de Valencia. Era junio de 2008. Poco después, Camps cayó en los infiernos del caso Gürtel hasta su dimisión y la acción de gobierno pasó a un segundo plano. La mayor parte de la legislatura pasada fue un tiempo perdido, sin liderazgo ni iniciativa del gobierno y del PP para hacer frente a la crisis. Mientras tanto, el endeudamiento de todas las administraciones valencianas no dejó de aumentar.
Sin contar la parte proporcional de deuda del Gobierno central que nos corresponde en función de la población (en torno a 40.000 millones de euros), el problema de la deuda en las instituciones valencianas es grave. En parte por una inadecuada financiación de la Generalitat y los ayuntamientos, pero también por errores en la gestión, despilfarro y una inadecuada y tardía respuesta a la crisis. La Generalitat debe 20.547 millones (Banco de España, junio de 2011). Más que el resto de comunidades autónomas en términos de PIB regional. Mientras los ayuntamientos adeudan 3.011,5 millones, las diputaciones provinciales, 449,8, y las mancomunidades y entes locales un total de 42,5, según los informes, ya desfasados, del Ministerio de Hacienda para diciembre de 2010.
La deuda global de las administraciones valencianas es de 24.041,8 millones, el 23,3% del PIB. Teniendo en cuenta la distribución del poder político en la Comunidad Valenciana, el 97,71% de la gestión de la deuda (23.491 millones) corresponde al PP, por el 1,65% (396,9 millones) de los ayuntamientos del PSPV-PSOE, el 0,28% (63,9 millones de los de Compromís, el 0,02% (4,4 millones) de EU y el 0,34% (85,6 millones) de las agrupaciones electorales locales.
LA LUCHA INTERNA EN EL PP VALENCIANO FRENTE A LA ACCIÓN DE GOBIERNO
Esta semana han acabado las comparecencias de los consellers en las Corts Valencianes para explicar las políticas de sus departamentos. Verdeguer y Vela acapararon la atención, hablaron de nuevos recortes del gasto y volvieron a mostrar que sus propósitos son razonables y que tienen un buen conocimiento de la situación. Sin embargo, sus intervenciones fueron un tanto decepcionantes. Todos los miembros del Consell repitieron el mantra de la austeridad, pero quedó la sensación de que cada consellería actúa con un criterio propio. Se echa en falta un plan que implique, en serio, a todo el Consell. Y, además, se intuyen dificultades para aplicar medidas más rigurosas, especialmente en los organismos y fundaciones públicos.
Hay otra impresión de fondo. A un gobierno eminentemente técnico y con algunos de sus componentes marcados por la provisionalidad, la batalla por la jerarquía en el PP valenciano de las últimas semanas le afecta negativamente.
La nueva agenda de Alberto Fabra trata de romper tabúes y prejuicios del campismo, pero se abre paso con dificultad, y no cuenta todavía con una estrategia y unos apoyos claros en su partido. Al presidente Fabra le costará ser el referente principal e indiscutible del PP valenciano. En río revuelto, todos quieren ser pescadores. Barberá se propone aumentar su poder orgánico, Rus también intenta incrementar su influencia. En Alicante el PP busca, sin líderes claros, rehacer las redes de poder tras el final de la guerra entre zaplanistas y campistas. En Castellón, Carlos Fabra trata de mantener cuotas de poder y dificulta que surjan nuevos referentes provinciales.
Alberto Fabra sufre el acoso de todos aquellos que quieren tutelarle, condicionarle o ganar a su lado. Necesita tiempo. Su liderazgo está construyéndose, pero el partido anda inquieto y los movimientos se multiplican. Son conflictos menores. Ni de lejos recuerdan a lo que vivió su compañero de partido Cristòfor Soler, presidente de Baleares durante 370 días (de junio de 1995 a junio de 1996), después de que Aznar obligara a dimitir a Gabriel Cañellas por estar acusado de prevaricación y antes de que el PP balear, encabezado por Jaume Matas, forzase su abandono. No estamos ahí; pero el ruido interno del PP bloquea y entorpece la acción de gobierno. Y eso no es bueno.
SIN UN PLAN GENERAL
La necesidad de ganar tiempo del presidente Fabra, el avispero interno del PP valenciano, la provisionalidad de parte del Consell y la proximidad de las elecciones generales pueden explicar, pero no justifican, que no exista un plan general para racionalizar y disminuir el gasto de la Generalitat. Más aún, el temor a tomar medidas drásticas en las empresas y fundaciones públicas, como ha hecho Cospedal en Castilla-La Mancha, se entendería también, pero no se justificaría, por la prudencia de Fabra a la hora de poner orden en el ámbito del gobierno menos trasparente y en el que el clientelismo político y los intereses de las familias internas del PP están más extendidos.
Pero el tiempo se agota y la deuda no deja de crecer. La Generalitat tiene dos obligaciones básicas ante el cambio de Gobierno en España. Deberá ser firme frente a Rajoy en la exigencia de una financiación que tenga en cuenta nuestra realidad demográfica y que evite, como hasta ahora, que los servicios públicos valencianos tengan una financiación inferior en más de un 15% a la que les correspondería. Y, del mismo modo, tendrá que controlar el gasto y reducir la deuda, eliminando todo lo superfluo, incluidos instituciones estatutarias innecesarias.
No basta con medidas parciales, por muy adecuadas que estas sean, ni con el recurso a la retórica de la austeridad. Es necesario un plan general, coherente y ambicioso para todo el Gobierno Valenciano que tenga bien definidas las prioridades y sea socialmente equitativo. Es más, habida cuenta que el PP tendrá la responsabilidad de gestionar el 97,7% de la deuda pública valenciana y el 100% de la central debería impulsar planes similares en todas y cada una de las administraciones.
Las distintas administraciones públicas, aunque las gobierne la misma fuerza política, siguen lógicas distintas, muchas de ellas contradictorias y superficiales. El propio Consell da la impresión de estar inmerso en dinámicas diferentes según las consellerías. Es urgente que Alberto Fabra asiente un liderazgo sólido en su partido y en el gobierno. De no ser así, quizás no se cuestione su presidencia de la Generalitat y del PP valenciano, pero las interferencias de su partido actuarán como un elemento de bloqueo de la acción de gobierno y del mismo Partido Popular. Si el PP va a tener todo el poder, también debe asumir toda la responsabilidad y la deuda.
article publicat a Valencia Plaza el 25 de setembre de 2011 http://www.valenciaplaza.com/ver/32877/-Para-el-PP--todo-el-poder-y----la-deuda-.html
