Doce claves de los resultados electorales del 20N

Las encuestas y tendencias de fondo anunciaban lo ocurrido. Tras el 20-N, el PP es el partido hegemónico y la oposición está más débil y fragmentada, especialmente en la Comunidad Valenciana.

Hundimiento y mayoría absoluta 

Con los votos del 20-N, el PP habría perdido las elecciones de 2004 y 2008. El mejor resultado del PP en su historia y la mayoría absoluta más contundente no tiene su origen en la mayor capacidad del PP para aumentar sus apoyos sociales. Se debe al hundimiento del PSOE y a la ruptura de la compleja coalición electoral que aglutinó Zapatero. La hegemonía política e ideológica del PP puede ir para largo; pero será por la precaria situación de la izquierda. Algo en lo que la Comunidad Valenciana es pionera. Fuera de esta fotografía, Cataluña, el País Vasco y, en parte, Navarra.

La desafección va por barrios

Aunque el fenómeno es anterior, desde que comenzó la crisis los índices de desafección política se han disparado. Sin embargo, no afecta por igual a los dos bloques electorales básicos. Entre los votantes conservadores predomina el voto de adhesión, con una carga crítica en las urnas escasa y sin apenas consecuencias. Desde 1996, el PP tiene una estabilidad de voto sobre censo electoral envidiable, situada en torno al 29,5% en España y al 38% en la Comunidad Valenciana, con oscilaciones que no superan los dos puntos cuando aumenta o pierde apoyos. Es, en la izquierda, donde la desafección tiene consecuencias electorales, lo que explica que el voto socialista en los momentos depresivos (2000 y 2011) descienda hasta el 20% (19,5%, en 2011) y sobrepase el 30% cuando la movilización es alta (32,2%, en 2008).

Pierde fuerza el bipartidismo

La suma de PP y PSOE desciende. En España, pasa del 84,7% de los votos (323 diputados) al 73,3% (296 diputados). En la Comunidad Valenciana, del 93,3% de los votos y los 33 diputados en 2008, al 80,9% (30 diputados) actual. Ahora bien, la caída del bipartidismo por la debacle socialista, no supone un multipartidismo equilibrado. Hemos pasado del bipartidismo a un sistema de partido hegemónico que concentra todo el poder. Se sale de la sartén para caer en las brasas.

A vueltas con la Ley Electoral

El crecimiento electoral de UPyD y de IU ha sido mayor en votos que en escaños. Los dos partidos han arremetido contra una Ley Electoral que los castiga y que en, su opinión, beneficia a los nacionalismos periféricos. Lo primero es cierto; lo segundo, no. Nuestro sistema electoral, con circunscripciones muy pequeñas, castiga a los pequeños partidos estatales, beneficia a las dos grandes formaciones estatales, especialmente al PP, y genera una representación bastante proporcional de las fuerzas periféricas.

Un ejemplo. Si el pasado 20-N hubiésemos votado en una única circunscripción y sin barreras electorales, como parecen defender estos partidos, el PP hubiera obtenido 156 diputados (30 menos de los conseguidos), el PSOE 101 (9 menos), IU 24 (13 más), UPyD 17 (12 más), CiU hubiera tenido uno menos, Amaiur dos menos, ERC, BNG y Compromís uno más cada uno, el resto igual y en el Congreso habría 9 partidos más, desde Equo hasta el Partido Pirata, pasando por Plataforma por Cataluña.

Exclusión electoral y voto de castigo

Considerando la totalidad de la Comunidad Valenciana, el voto a candidaturas que no han obtenido representación se reduce, con la entrada de EU, UPyD y Compromís, a un escaso 3,1%. Muy pocas personas han votado por opciones políticas que no han conseguido diputados. Sin embargo, analizando aisladamente las provincias de Alicante y Castellón, las cifras de voto sin representación son muy altas: superiores al 17,5%. Si, en vez de votar en cada provincia lo hubiéramos hecho en una única circunscripción autonómica, la exclusión electoral se habría reducido al mínimo, aunque el PP tendría dos diputados menos, el PSOE uno, y EU, UPyD y Compromís habrían conseguido dos diputados respectivamente.

La abstención al Congreso ha aumentado en más de tres puntos, del 21,2% al 24,5% respecto a 2008. Con todo, el fenómeno más destacable se ha dado en la votación al Senado. Aquí la abstención ha sido más alta que en el Congreso, pasando del 21,2% de 2008 al 25,1%, y se ha multiplicado el número de votos nulos (de 0,7% al 3,9%) y en blanco (del 0,8% al 5%). Ha habido un elevado voto de castigo contra la inutilidad actual del Senado y la partitocracia debería darse por aludida.

Madrid y la Comunidad Valenciana, vidas electorales paralelas

El comportamiento de los principales partidos de Madrid y la Comunidad Valenciana presenta notables coincidencias en las últimas décadas. El 20-N también ha sido así. Cinco semejanzas. 1) La abstención y el porcentaje de votantes son similares. 2) El nivel de votos al PP y al PSOE es parejo, aunque ligeramente superior en la Comunidad Valenciana. 3) Son las únicas comunidades en las que UPyD consigue diputados. 4) El grado de retroceso relativo de PP sobre censo electoral (en Madrid del 1,7% y en la Comunidad Valenciana del 1,9%) y del PSOE (en Madrid del 37,6% y en la Comunidad Valenciana del 38,1%) es parecido. 5) Las mayores pérdidas de votos se producen en las ciudades de Madrid y Valencia. Coincidencias que probablemente señalan una alta vinculación del imaginario político valenciano con la dinámica madrileña y estatal.

Más (escaños) con menos (votos)

El PP no ha conseguido los 1.500.000 votos que se tenía como objetivo. Pero, como en las autonómicas, ha obtenido más escaños y ha reforzado su hegemonía política e ideológica aunque, paradójicamente, retrocede electoralmente: 27.000 votos menos. La pérdida de votos se concentra en la provincia de Valencia (27.500 votos menos) y, sobretodo, en la ciudad de Valencia. En Alicante y Castellón las cifras son similares a 2008. El enésimo hundimiento socialista, la ausencia de un discurso político alternativo que compita con el de los populares y la fragmentación de la oposición fortalece la posición dominante del PP.

¿Si estamos en la media no hay que asumir errores?

La pérdida de votantes del PSPV-PSOE es muy grave (38,1% sobre 2008: más de 430.000 votos), pero igual a la producida en el conjunto de España (38,2%) e inferior a la de Cataluña (45,5%), Asturias (43,9%), el País Vasco (41%) y otros lugares. En consecuencia, Alarte, su inocua ejecutiva y las familias que fagocitan el PSPV, con el lermismo como paralizador principal, hablarán de errores genéricos e inconcretos y de que los resultados son similares a los del resto del PSOE. Entenderán que el mal de muchos evita asumir los errores propios. De ese modo, tratarán de mantener la actual estructura del poder interno frente a las amenazas que la cuestionan. No en vano, los aparatos dominantes ya dicen de Romeu que fracasó en Silla, que ha vivido a la sombra de Ciscar y de Blanco y no tiene recorrido propio, y de Mata que es alguien demasiado frívolo e inconsistente para asumir la secretaria general del PSPV.

Crecer, pero menos

EU es la tercera fuerza. Un éxito. Como siempre que el PSPV cae, EU crece; sólo que, en esta ocasión, poco. Apenas si consigue uno de cada cinco votos que los socialistas pierden. Su espacio político sigue siendo subsidiario y subordinado al de los socialistas. Y ni su estructura organizativa, ni su presencia social y territorial, ni sus líderes, discurso y proyecto político parecen tener capacidad, por el momento, para condicionar e influir en la acción política de los gobiernos o capitalizar a la izquierda desencantada con el PSOE.

Multiplicando votos
 

UPyD ha sido el partido que mejor comportamiento electoral relativo ha tenido. Multiplica por 2,4 sus resultados en las pasadas autonómicas, por más de 4 los de las locales y por 7,5 los de las generales de 2008. Ha conseguido un escaño, el único de este partido españolista fuera de Madrid, y la Comunidad Valenciana es, con diferencia, el espacio donde UPyD tiene un aumento más espectacular de votos. Si estos resultados se hubieran dado en las autonómicas, tendrían grupo propio en las Corts Valencianes.

Dentro y fuera  

También Compromís ha conseguido un éxito indudable. Por vez primera el nacionalismo progresista consigue un escaño en el Congreso. Un hecho histórico. Dos observaciones. Primera, respecto a las elecciones autonómicas pierde 51.000 votos y sobre las locales, 73.000. Segunda, con estos resultados no entraría en las Corts Valencianas, pues sólo ha obtenido el 4,8%. A pesar de sus avances en 2011, Compromís tiene por delante mucho trabajo si se quiere consolidar como fuerza política estable con representación parlamentaria y vocación de alternativa política.

¿Cuándo gobernará el Consell a pleno rendimiento?

Pasado el 20-N, sin oposición y con Alberto Fabra reforzado en su condición de president de la Generalitat, el Consell debería activar todos sus recursos para establecer una estrategia frente a la crisis. Sin embargo, seguiremos esperando. Ahora al gobierno de Rajoy que quizás se lleve a uno los mejores activos, el conseller Verdeguer. Y, después, al congreso del PP valenciano y la posterior remodelación del Consell. Mientras tanto, el Centro de Investigación Príncipe Felipe pierde más de 100 investigadores y 14 líneas de investigación por la reducción de la financiación del Gobierno Valenciano en casi 5 millones y la Generalitat asume la deuda generada por los organizadores de la Fórmula 1, cerca de 30 millones. Cuestión de prioridades. 

article publicat a VALENCIA PLAZA el 28 de novembre de 2011 http://www.valenciaplaza.com/ver/43469/doce-claves-para-entender-los-resultados-electorales.html

 

17 escaños en un 'parque jurásico'

Hay un viejo chiste, que recoge Woody Allen en Annie Hall. Dos mujeres comiendo en un hotel de montaña, una de ellas dice: "La comida de este restaurante es horrible", a lo que la otra responde: "Sí, y las raciones son poco abundantes". Así es el Senado español. Una institución prescindible, donde los valencianos están poco representados. 

El Senado tiene su origen en el siglo XIX. Segunda asamblea parlamentaria, de carácter conservador y aristocrático, cuya función era frenar los "excesos" democratizadores del Congreso. La Constitución de 1978 lo define como cámara de representación territorial, pero limita sus competencias y funcionamiento a repetir el trabajo del Congreso de los Diputados. Una especie de parque jurásico institucional, un recuerdo decimonónico.

Hay 264 senadores. 208 elegidos en las elecciones generales y 56 por los parlamentos autonómicos. La representación valenciana se limita a 17; aunque, por población, deberían ser 29. Volviendo al chiste, nuestra ración de Senado es escasa. Los valencianos eligen cuatro senadores en cada provincia por el sistema de listas abiertas, sin que ningún partido pueda presentar más de tres candidatos. Mientras que los otros cinco son designados por las Corts Valencianes. En la última legislatura, el PP tenía 12 senadores (tres electos en cada una de las provincias y otros tres por las Corts) y el PSOE cinco (uno por cada provincia y dos por las Corts). Como ha habido cuatro renuncias, los políticos que han ocupado los escaños valencianos han sido 21.

Ex, segundas filas y sagas familiares

La mayor parte de los senadores tienen la categoría de ex o son cuadros secundarios de sus partidos para los que el Senado constituye un lugar institucionalmente relevante, políticamente poco exigente y bien remunerado. Entre los valencianos, durante la última legislatura, 12 tenían la categoría de ex. Expresidentes de la Generalitat (Joan Lerma, PSOE), del PP valenciano (Pedro Agramunt), de las Corts Valencianes (Julio de España, PP) o de UV (José María Chiquillo, PP), exministras (Carmen Alborch, PSOE), exconsellers (Gerardo Camps, PP), exalcaldes (Pascual Azorín de Elda, PSOE; Miguel Ortiz de Altea, PP; Gustavo Ferrada de Burriana, PP, y Andrés Perelló de Buñol, PSOE), exdirigentes de UCD (Juan Antonio Rodríguez, PP) e, incluso, una exjudoca (Miriam Blasco, PP).

Además, dos alcaldes (María Ángeles Crespo de Carlet, PP, y José María Ángel de L'Eliana, PSOE), tres personas leales a Carlos Fabra (el juez Manuel Altava, el agente de la propiedad inmobiliaria Juan José Ortiz y la concejala de L'Alcora Araceli Peris, PP) y Juan Bautista Cardona, cuadro del PSOE castellonense.

Atención especial merece la presencia de dos de las sagas políticas de Benidorm. Los Barceló y los Pajín. Miguel Barceló, suegro de Eduardo Zaplana, renunció al acta de senador en octubre de 2008, después de 22 años, y fue reemplazado por Agustín Almodóbar Barceló, dirigente de Nuevas Generaciones, su nieto e hijo de la diputada en las Corts Valencianes, Ángeles Barceló.

Leire Pajín es hija del dirigente del socialismo alicantino, José María Pajín, y de la exconcejala de Benidorm, Maite Iraola. Se convirtió en senadora después de un largo proceso. Elegida diputada en marzo de 2008; renuncia, un mes después, al ser nombrada secretaria de estado. En julio de 2008, es elegida secretaria de Organización del PSOE, dimite como secretaría de estado e intenta recuperar la condición de aforada, ahora como senadora de designación territorial. En mayo de 2009, Andrés Perelló cesa como senador elegido por las Corts para ser eurodiputado y el PSPV propone que Pajín ocupe su escaño. El PP dificulta su elección hasta noviembre de ese año. En junio de 2011, tras las Elecciones Autonómicas, cesa como senadora y es substituida por José María Ángel, el mismo día que Gerardo Camps reemplazaba a Juan Antonio Rodríguez.

Tras el 20-N, más ex y nuevos dirigentes secundarios

Si no hay cambios de última hora en las listas y en las encuestas, habrá siete cambios con respecto a los 17 senadores que acabaron la pasada legislatura. En el PP, Miriam Blasco pasa al Congreso y su lugar es ocupado por la secretaria general del PP de Elda y concejala, Virginia Romero. También en Alicante, Miguel Campoy, expresidente de la Autoridad Portuaria, substituye a Miguel Ortiz. En Castellón, Vicente Aparicio, exalcalde de La Vall d'Uixò, ocupa el lugar de Juan José Ortiz, y en Valencia María Ángeles Crespo cede su puesto a Carla Ripoll, portavoz del Ayuntamiento de Gandia. En el PSOE, salen Pascual Azorín en Alicante y Juan Bautista Cardona en Castellón, y son substituidos por la exsubdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, y por el exalcalde de Onda, Enrique Navarro.

A falta de saber quien ocupará el escaño de Gerardo Camps, futuro diputado en el Congreso por Alicante, entre los 16 políticos valencianos que serán senadores la noche del próximo 20-N habrá diez ex responsables institucionales, y seis cuadros y dirigentes de significación comarcal o provincial en el PP y el PSOE.

Ni Irlanda, ni Alemania: Partitocracia

Volvamos al principio. El Senado, en su configuración actual, carece de sentido y los más de 55 millones de euros que cuesta anualmente tendrían mejor uso destinados a otra actividad. Las alternativas lógicas son dos. O se suprime o se reforma. O se sigue el camino que ha iniciado Irlanda o nos acercamos al modelo alemán.

Si se cumplen las previsiones del Gobierno de Irlanda, en 2012, los irlandeses votarán en referéndum la supresión o el mantenimiento de su Senado. De acuerdo con los sondeos, lo más probable es que sea abolido.

En Alemania, el Bundesrat, lo más parecido a nuestro Senado, está formado por 69 representantes de los 16 estados federales. Cada estado tiene un número de representantes proporcional a su población, que suelen ser miembros de sus gobiernos. La función del Bundesrat no es hacer una segunda lectura de lo que ya ha aprobado el Parlamento, sino analizar, aprobar o rechazar la legislación que pueda afectar a las competencias de los estados federados. El Bundesrat es un instrumento eficaz para la gobernación federal de Alemania sin generar grandes gastos ni instituciones redundantes.

En España, todos los partidos, en algún momento, han hablado de la necesidad de reformar el Senado para que sea realmente una cámara de representación territorial, acercándolo al modelo alemán. Pero las declaraciones nunca se han concretado en nada. En el fondo, nadie quiere su reforma. Los principales partidos estatales tienen alma centralista y no desean cámaras territoriales que consoliden formas de participación de las comunidades autónomas en la gobernación de España. Los partidos nacionalistas prefieren el diálogo singular de sus gobiernos autónomos con el poder central. Además, en su configuración actual, aunque caro e inútil, es un cómodo alimento para la partitocracia.

article publicat a Valencia Plaza el 16 d'octubre de 2011 http://www.valenciaplaza.com/ver/37220/17-esca%C3%B1os-en-un-parque-jur%C3%A1sico.html

Ni California, ni Florida

9 de Octubre. Día de la Comunidad Valenciana. Rituales cívicos e institucionales. Discursos gubernamentales, críticas de la oposición, manifiestos en la calle y cierta indiferencia ciudadana. Escaparate de líderes políticos y de la sociedad civil. Una oportunidad para evaluar el liderazgo en el seno de la sociedad valenciana y su proyección exterior.

La Comunidad Valenciana no se ha caracterizado por su capacidad de influencia en los centros de poder españoles o, desde 1986, europeos. Pocos políticos, intelectuales, empresarios, sindicalistas u otros miembros de las elites, en sentido amplio, han tenido una posición influyente. Tampoco hay tradición de lobbies propios estables y eficaces. Históricamente, los valencianos que han hecho carrera en Madrid se han comportado como madrileños de origen valenciano y de su posición política, económica o intelectual no se ha generado ningún beneficio singular para la Comunidad Valenciana.

La constatación de este hecho, junto con una cierta idealización del autogobierno foral y la reacción contra el proceso de despersonalización de la sociedad valenciana, llevó a que, en los ambientes intelectuales valencianistas, durante los años sesenta del siglo pasado, se abriese un debate sobre las características de la burguesía valenciana como grupo socialmente dominante y su capacidad para liderar y estructurar la sociedad.

En un primer momento, se afirmó que la sociedad valenciana carecía de liderazgo y de política propia por no tener una burguesía propiamente dicha. Los estudios posteriores evidenciaron la existencia histórica de una burguesía que, obviamente, además de querer defender y conservar su posición social, no vacilaba a la hora de controlar los instrumentos locales del poder político para impulsar lo que entendían políticas favorables a sus intereses y a su modelo de sociedad.

No obstante, se dudaba, y la duda en cierto modo llega hasta el momento presente, de que su dominio social se correspondiera con una capacidad moderna de liderazgo y de proponer proyectos avanzados para la sociedad valenciana. Se concluía, en consecuencia, que la modernización de la sociedad comportaba tener autonomía política y que estaría protagonizada por la izquierda y los sectores más progresistas y abiertos de la burguesía.

Durante la transición, buena parte de la izquierda valenciana asumió este análisis y consideró que los grupos predominantes en la burguesía valenciana tenían un carácter inmovilista. Reforzaba esta idea, el hecho de que, tras la caída del franquismo, la derecha política valenciana vivió un proceso de fragmentación y acabó marginando a los grupos más liberales y apoyándose en los más conservadores y menos proclives a que la Comunidad Valenciana tuviera una autonomía amplia. El empresariado valenciano, que en aquellos años hacia frente a una profunda crisis económica y estaba poco organizado, asumía la democracia y veía en el horizonte la entrada en la UE como una gran oportunidad, pero en su mayor parte desconfiaba de la izquierda emergente y del control que ésta podía tener del nuevo poder político autonómico. 

Los gobiernos autonómicos: ni California, ni Florida

Con la constitución del gobierno autonómico, en 1983, el PSPV-PSOE, dirigido por Joan Lerma y con una mayoría política indiscutible, impulsó un proceso de modernización social y económica, asentó las instituciones autonómicas y puso las bases del Estado del Bienestar. Sin embargo, no fue capaz de establecer un liderazgo nuevo en la sociedad valenciana, en parte porque no contó con apoyos suficientes en el mundo empresarial.

Como modelo de desarrollo económico, el sueño socialista afirmaba la voluntad de hacer de la Comunidad Valenciana la California europea. Se trataba de aprovechar la capacidad emprendedora valenciana para, con apoyo público, crear empresas innovadoras, vinculadas a las nuevas tecnologías, exportadoras y con empleos de calidad. Su proyecto trató de modernizar y dinamizar los sectores industriales tradicionales y el turismo. La creciente globalización económica y la crisis de 1993 evidenciaron las limitaciones de este sueño. Con todo, la colaboración socialista con sectores del empresariado valenciano fue continua y normal; aunque sus relaciones con las organizaciones y parte de las elites empresariales fueran siempre difíciles y, a menudo, tensas, sobre todo, en los últimos años de gobierno de Lerma.

La derecha valenciana, liderada por un PP presidido por Eduardo Zaplana, llegó al poder de la Generalitat en 1995. Quedaban atrás casi dos décadas en la oposición, divisiones internas y sus reticencias contra las nuevas instituciones autonómicas. El pacto político entre UV y el PP, que permitió la llegada de Zaplana a la presidencia del Consell, fue favorecido por las organizaciones empresariales y se cerró en el despacho de Federico Félix, presidente de AVE.

Zaplana demostró, muy pronto, una notable capacidad para liderar a la mayor parte del empresariado valenciano. El proyecto económico del PP marcó muy pronto diferencias notables con el que habían tratado de impulsar de un modo un tanto voluntarista los socialistas y embarcó a la práctica totalidad del empresariado, sin reticencias importantes, a diferencia de lo que había ocurrido con las políticas socialistas.

El análisis zaplanista de la realidad valenciana concluía que era inviable hacer de la Comunidad Valenciana un centro de innovación empresarial y económica en los términos que apuntaban los socialistas en los años ochenta. Nunca íbamos a ser la California europea. Sin embargo, podíamos convertirnos en la Florida de Europa, el lugar donde millones de personas quisieran pasar sus vacaciones. Una tierra de servicios y negocios vinculados al desarrollo turístico y al ocio. A partir de ahí, se desarrolla una política de crecimiento urbanístico, parques temáticos y grandes eventos, que avanza en paralelo a una coyuntura internacional favorable, con un flujo constante de crédito fácil por parte de los bancos y cajas, especialmente de Bancaja y la CAM, y un endeudamiento creciente de la Generalitat tanto en los ocho años de mandato de Zaplana, como, sobre todo, durante el gobierno de Camps.

El espejo del presente

Si la globalización y la crisis de 1993 señalaron los límites del modelo económico de desarrollo del PSPV-PSOE, la crisis de 2008 ha puesto fin al sueño del PP y muestra muchas de las limitaciones del proyecto político conservador y de la apuesta política del grueso del empresariado valenciano en las dos últimas décadas.

Ahora, si somos capaces de mirarnos en el espejo para comprobar qué es lo que realmente somos, cuáles son nuestras debilidades y qué fortalezas tenemos, no deberíamos evitar una mirada autocrítica para entender porqué estamos donde estamos y tratar de no volver a repetir los errores cometidos. Sin embargo, si entre la clase política la autocrítica es escasa, aún parece menor en las organizaciones empresariales (y del resto de la sociedad civil).

Pero alguna cosa habremos hecho mal cuando las viviendas de nueva construcción por vender en la Comunidad Valenciana, puestas juntas y en un mismo lugar, darían forma a una ciudad más grande que Alicante completamente desierta, o cuando la deuda privada imprudente es enorme y la deuda de la Generalitat es de las más altas de España.

Alguna responsabilidad tendrán el partido en el gobierno y los grupos sociales y empresariales que le han apoyado sin fisuras durante años cuando hemos perdido las dos cajas de ahorro valencianas por culpa de una gestión irresponsable y recompensada con sueldos millonarios. O cuando la productividad de nuestra economía es baja, y el valor añadido de mucho de lo que producimos escaso, mientras los sectores económicos industriales y más innovadores de nuestra economía han perdido fuerza, tenemos unas tasas de paro más elevadas que la media española y un nivel de economía sumergida y de fraude fiscal insoportable. No se trata de ser catastrofista, pero es evidente que algo hemos hecho mal. La autocrítica y el análisis de los errores son ejercicios necesarios si queremos afrontar el futuro con garantías.

Retos de futuro

Los años de crisis que tenemos por delante van a ser largos y decisivos. Si tienen razón los historiadores de la economía, nos espera una década de dificultades. Teniendo en cuenta que la izquierda valenciana es débil, tiene un nivel de gobierno marginal en una minoría de ayuntamientos, está fragmentada, carece de líderes y de relato para constituirse en alternativa política y social en los próximos años, al PP le corresponde el liderazgo político, social y ético de la sociedad valenciana. La responsabilidad de la gestión de la crisis es de la derecha política valenciana y, por extensión, del sector que se reclama más dinámico de la sociedad civil, el empresariado valenciano.

La agenda política es urgente. El PP valenciano y el presidente Alberto Fabra deberán hacer frente, en los próximos meses, retos básicos para determinar el futuro de la sociedad valenciana y su fortaleza en España y en Europa. Desde la reducción de la deuda hasta determinar qué Estado de Bienestar público se quiere desarrollar y definir un modelo de crecimiento económico que deje atrás los sueños de californias y floridas imaginarias, permita un desarrollo económico con bases sólidas y reduzca la lacra de la economía sumergida y el fraude.

Paralelamente tendrá que defender con claridad un modelo valenciano de financiación autonómica que sea justo con la Comunidad Valenciana y no ahogue nuestra economía. Dentro de unas semanas, ya no bastará con acusar al PSOE de todos los males de la Comunidad Valenciana, incluida la insuficiente financiación valenciana, como acaba de hacer el presidente Fabra, e ignorar, a la vez, que la mala financiación es producto de un sistema aprobado en 2002 y reformado en 2009 con la aquiescencia, cuando no el protagonismo, de Zaplana y de Camps.

La colaboración entre los gobiernos y los empresarios, como con los agentes sociales, es esencial para el éxito de las políticas económicas y la cohesión social, pero la adhesión acrítica es contraproducente. Resulta paradójico que sectores industriales, financieros y de servicios del empresariado valenciano, no siempre minoritarios, hayan resultado más perjudicados que beneficiados por las políticas del PP valenciano y que, sin embargo, no hayan expresado críticas de ningún tipo a las políticas económicas valencianas de los últimos 16 años.

Es posible que parte de ese apoyo se deba a la cercanía social e ideológica o al hecho más prosaico de que el PP controlaba los mecanismos de financiación de la mayor parte de las empresas valencianas a través de las cajas de ahorro y de las subvenciones y contrataciones públicas. Con todo, sorprende la impotencia política y la subordinación de sectores importantes del empresariado valenciano hacia políticas que eran contradictorias con sus intereses inmediatos.

Hay que superar las lógicas de los últimos años. El PP tendría que comprender que, con todo el poder en sus manos, es el momento de un nuevo liderazgo, de políticas menos sectarias y con más sentido de la proporción y la responsabilidad. Al empresariado valenciano le corresponde asumir que no es un grupo social homogéneo y que su realidad es demasiado compleja, plural y dinámica como para subordinarse de manera acrítica al poder político. 

article publicat a  Valencia Plaza el 9 d'octubre de 2011 http://www.valenciaplaza.com/ver/33699/-Ni-California--ni-Florida--28-a%C3%B1os-de-liderazgo-social-y-autonom%C3%ADa.html

Recortes en el Estado del Bienestar vs clientelisme

Como Hamlet en su monólogo, el Consell parece paralizado ante un dilema al que no da respuesta: o pone fin a buena parte de lo que han sido sus políticas en los últimos años y desmantela tramas clientelares, o lleva a cabo una socialización asimétrica y no equitativa de la deuda. Las consecuencias son imprevisibles. En ambos casos.

La forma en la que las distintas administraciones afrontan las políticas de recortes es poco ejemplar y alimentan algunas de las visiones más pesimitas sobre la clase política. Afirmaciones contradictorias, anuncios y rectificaciones, argumentos oportunistas y mezquinos contra el adversario, demagogia contra los trabajadores públicos, sistemas de prioridades confusos y cambiantes, decisiones improvisadas. Y, sobre todo, la impresión de que cada Administración, en los distintos niveles de gobierno (ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Gobierno central), aunque esté dirigida por un mismo partido, toma sus decisiones con una lógica propia, una intensidad distinta y unas prioridades diferentes. No existe una hoja de ruta común.

¿El debate político al margen de la realidad?

Se toman las decisiones de manera reactiva, obligados por la necesidad, pero ni en la Comunidad Valenciana ni en España, nadie, ningún partido ni institución política, ha hecho un análisis detallado y público de la realidad. Nadie ha hecho una evaluación profunda de todas las áreas de gasto y ha propuesto su racionalización y una priorización ordenada de lo que se debe recortar de forma definitiva o transitoria. Lejos del debate político que sería necesario, los principales partidos siguen funcionando con la inercia de unas formas convencionales y poco constructivas de confrontación política, aunque no se correspondan con la gravedad de la situación social y económica de nuestro país en estos momentos. Ritos del pasado.

Esta semana, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba se han prodigado en promesas a pensionistas y funcionarios y sus partidos han competido en acusaciones al rival sobre quien desmantela con más intensidad el Estado del Bienestar. Y, mientras ocurría esto, en Europa, Jean Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, afirmaba que no duda que "la formación política que dirigirá España dentro de unas semanas continuará los esfuerzos de consolidación en marcha".

En otras palabras, gobierne quien gobierne, y prometa lo que prometa en la campaña electoral, deberá aplicar la receta europea para combatir la crisis: recortes y austeridad. Paradójicamente, aunque el marco general de nuestra política lo marca Europa, ningún partido discute políticamente el sentido y la bondad de las decisiones europeas. Es más, ni tan siquiera hay debate sobre las estrategias para la aplicación, sin discutir, de las recomendaciones europeas.

Del mismo modo, en la Comunidad Valenciana, el tiempo pasa y cada vez es más desesperante la falta de decisión del Consell. Alberto Fabra fue saludado como un soplo de aire nuevo después de unos años políticamente agónicos, pero hasta el momento sólo parece querer ganar tiempo y hacerse fuerte. Para ello, explota su principal capital político: la debilidad de la oposición y que, con su llegada, el PP valenciano ha salido del desgaste y la deriva personalista de Camps. Su oferta de diálogo con la oposición es genérica en todos los aspectos propuestos y está más cerca de ser un juego de distracción que una iniciativa hecha para llegar a acuerdos. Entre tanto, se sigue sin saber cómo plasmará su gobierno en medidas concretas las cada vez más numerosas (y contradictorias) declaraciones de sus consellers. Más ruido que nueces.

Tampoco la oposición reacciona. Jorge Alarte, privado del recurso fácil y de nulo rendimiento electoral del caso Gürtel, recurre al argumentario oficial de su partido sobre los recortes al Estado del Bienestar del PP, pero ni encuentra el tono de expresión adecuado ni crece como líder de una alternativa política. Morera y Sanz se acomodan en una oposición de recorrido secundario y sin aspiraciones a tener responsabilidades de gobierno.

Sin explicación ni sistema de prioridades

En un ambiente social dominado por la preocupación y el miedo a que lo que pueda venir sea peor que lo que estamos viviendo, se echa en falta que nuestros responsables políticos expliquen porqué hacen lo que hacen. Porqué se toman unas medidas y se ignoran otras. Porqué, por ejemplo, en estos momentos, Lola Johnson anuncia que se mantendrá la Fórmula 1, o porqué los altos cargos de la Generalitat no se han reducido en las cifras anunciadas y muchos de ellos cobran bastante más que el president de la Generalitat, mientras no se puede pagar a los proveedores. El recurso al eslogan y a los lugares comunes ya no vale. Hace falta altura política, capacidad pedagógica, transparencia y explicación clara de lo que se hace y su porqué.

En todos los partidos y niveles de gobierno de España, se dice que no tocarán los servicios sociales básicos (pensiones, dependencia, educación y sanidad) y que antes se recortará en otras cosas. Gastos superfluos, infraestructuras, eventos... Pero los servicios públicos básicos ya se han visto afectados por las primeras medidas y lo serán aún más si los recortes se multiplican. Sólo hay que ver lo hecho en el último año por Zapatero, Esperanza Aguirre o Artur Mas, por poner sólo unos ejemplos. Lo cierto es que no existe un programa general que ordene qué recortes son los primeros y cuáles deben ser evitados a toda costa. Y tampoco nadie ha considerado que para reducir la deuda, además de controlar el gasto, se deben aumentar los ingresos y que es urgente una reforma que haga más equitativo nuestro sistema fiscal o perseguir el fraude.

Debilitar el clientelismo o socializar de manera asimétrica y no equitativa el pago de la deuda

Aún más, de momento, en las comunidades autónomas, la lógica de comportamiento que parece dominar es que, donde el partido en el gobierno es el mismo de los últimos años, los intereses del partido frenan las decisiones más ambiciosas del gobierno. Por el contrario, donde un partido acaba de llegar al poder, no le tiembla la mano para desmantelar empresas, instituciones y todo lo considere innecesario.

Eso explica que el PP actúe de manera diferente en Castilla-La Mancha, Baleares y la Comunidad Valenciana. O que el conseller José Manuel Vela diga que tiene que convencer, aunque no será fácil, a los políticos del PP de la necesidad de dejar de financiar tantos grandes eventos y proyectos de dudosa rentabilidad. Vela, sin duda, es un buen conocedor de la situación de las arcas de la Generalitat, fue alto cargo del Consell y corresponsable en los años de alegría en el gasto y endeudamiento fácil. Sabe porqué estamos como estamos y ahora vive las dificultades para encontrar ingresos y pagar las facturas. Quizás por eso es consciente de que decisiones coherentes y drásticas para recortar el gasto afectarían negativamente a los intereses y las clientelas que alimentan al PP valenciano. Algo que también teme Fabra.

Pero más pronto que tarde habrá que actuar y responder al dilema de cómo reducir la deuda. No hay muchas alternativas. O se establecen unos criterios claros y socialmente equitativos sobre el orden de prioridades para reducir el gasto y aumentar los ingresos, aunque eso implique romper redes clientelares o se socializa la reducción de la deuda entre los sectores social o políticamente más frágiles. Las dos opciones tienen costes políticos, pero no tienen el mismo coste social.

Dicho de otro modo, es necesario saber si el Consell optará, cuando algún día tome medidas de calado, por replantearse -radicalmente y sin que le tiemble la mano- RTVV, la Fórmula 1, los eventos, los edificios caros y poco rentables, las infraestructuras e instalaciones social y económicamente deficitarias, las fundaciones y las empresas públicas de utilidad discutible, los centenares de asesores políticos, los sueldos millonarios de directivos amigos y todos los privilegios asociados a los cargos públicos (teléfonos móviles, coches oficiales, comidas, dietas, viajes y demás prebendas).

O, por el contrario, sus prioridades se orientarán hacia lo más fácil: socializar la deuda. Reducir el sueldo y el número de funcionarios (médicos, profesores, policías, trabajadores en oficinas oficiales, bomberos), retrasar los pagos a las empresas suministradoras de bienes a la Administración pública, y recortar los servicios públicos de Bienestar, reforzando indirecta o directamente a los privados.

¿Qué más tiene que pasar en la Comunidad Valenciana para que el Consell (y la oposición) entiendan que no se puede seguir perdiendo tiempo? Hay que dejar de responder a esta crisis con lógicas del pasado porque la realidad está cambiando y las ideas, instituciones, políticas, sistemas de intereses y formas de actuación que hasta ahora han funcionado están también en crisis. Todos, Gobierno y oposición, parecen ignorar que nadie ha vivido una situación como ésta. Cuanto más tiempo perdamos y más nos condicionen los intereses partidistas y las ideas del pasado más tardaremos en salir de la crisis y peor lo haremos.

article publicat a Valencia Plaza el 2 d'octubre de 2011http://www.valenciaplaza.com/ver/33279/-Qu%C3%A9-m%C3%A1s-debe-pasar-para-que-dejen-de-perder-el-tiempo-.html

Para el PP, todo el poder y... la deuda

De confirmarse las encuestas, habrá un cambio rotundo en el Gobierno de España. Después del 20-N, el PP podría concentrar más poder que ningún otro partido en la historia de la democracia española y una hegemonía política superior, incluso, a la del PSOE en 1982.

Grandes expectativas y riesgos mayores. La euforia del PP debería moderarse. Su idea de que la confianza que generará el nuevo gobierno será la base para la solución de todos los males parece sacada de un libro de autoayuda. La realidad económica es la más adversa que ha tenido un gobierno en muchas décadas y no hay apenas margen de maniobra La autonomía política real de España es escasa. Estamos atados de pies y manos por Merkel (el BCE y Sarkozy), como afirmó Mariano Rajoy el pasado 14 de septiembre en un encuentro con empresarios. Así las cosas, el efecto de la confianza será limitado. Dependemos, y mucho, de factores externos para superar la crisis.

Con todo, si el PP gobierna España, será a ojos de los ciudadanos el principal responsable de la gestión de la segunda fase de la crisis. En el horizonte, el peligro de la recesión y del retroceso social en los países occidentales, sobre todo en el sur europeo. Además estará obligado a reducir la deuda y a tomar decisiones difíciles, algunas de ellas sin precedentes en la memoria reciente del país y para las que la ciudadanía está poco preparada.

Existe el riesgo de que, como ha ocurrido históricamente en todas las crisis económicas largas y profundas, el malestar social aumente, sobre todo en las debilitadas clases medias, y acabe por alterar el sistema político, además de precipitar el desgaste del gobierno y del partido que lo sustenta en España y en la Comunidad Valenciana.

EL PODER Y LA DEUDA

En la Comunidad Valenciana, el PP gobierna la Generalitat, las diputaciones y, en los ayuntamientos, al 79,6% de la población. Una enorme concentración de poder que debería corresponderse con políticas activas y coordinadas contra la actual realidad económica. Por desgracia, no ha sido así hasta ahora. En los últimos años, las administraciones valencianas no han estado a la altura de las circunstancias.

El inicio de la crisis en la Comunidad Valenciana coincide en el tiempo con un Camps exultante, preocupado por su posición en el PP estatal y dedicado a hacer posible el triunfo de Rajoy en el Congreso de Valencia. Era junio de 2008. Poco después, Camps cayó en los infiernos del caso Gürtel hasta su dimisión y la acción de gobierno pasó a un segundo plano. La mayor parte de la legislatura pasada fue un tiempo perdido, sin liderazgo ni iniciativa del gobierno y del PP para hacer frente a la crisis. Mientras tanto, el endeudamiento de todas las administraciones valencianas no dejó de aumentar.

Sin contar la parte proporcional de deuda del Gobierno central que nos corresponde en función de la población (en torno a 40.000 millones de euros), el problema de la deuda en las instituciones valencianas es grave. En parte por una inadecuada financiación de la Generalitat y los ayuntamientos, pero también por errores en la gestión, despilfarro y una inadecuada y tardía respuesta a la crisis. La Generalitat debe 20.547 millones (Banco de España, junio de 2011). Más que el resto de comunidades autónomas en términos de PIB regional. Mientras los ayuntamientos adeudan 3.011,5 millones, las diputaciones provinciales, 449,8, y las mancomunidades y entes locales un total de 42,5, según los informes, ya desfasados, del Ministerio de Hacienda para diciembre de 2010.

La deuda global de las administraciones valencianas es de 24.041,8 millones, el 23,3% del PIB. Teniendo en cuenta la distribución del poder político en la Comunidad Valenciana, el 97,71% de la gestión de la deuda (23.491 millones) corresponde al PP, por el 1,65% (396,9 millones) de los ayuntamientos del PSPV-PSOE, el 0,28% (63,9 millones de los de Compromís, el 0,02% (4,4 millones) de EU y el 0,34% (85,6 millones) de las agrupaciones electorales locales.

LA LUCHA INTERNA EN EL PP VALENCIANO FRENTE A LA ACCIÓN DE GOBIERNO

Esta semana han acabado las comparecencias de los consellers en las Corts Valencianes para explicar las políticas de sus departamentos. Verdeguer y Vela acapararon la atención, hablaron de nuevos recortes del gasto y volvieron a mostrar que sus propósitos son razonables y que tienen un buen conocimiento de la situación. Sin embargo, sus intervenciones fueron un tanto decepcionantes. Todos los miembros del Consell repitieron el mantra de la austeridad, pero quedó la sensación de que cada consellería actúa con un criterio propio. Se echa en falta un plan que implique, en serio, a todo el Consell. Y, además, se intuyen dificultades para aplicar medidas más rigurosas, especialmente en los organismos y fundaciones públicos.

Hay otra impresión de fondo. A un gobierno eminentemente técnico y con algunos de sus componentes marcados por la provisionalidad, la batalla por la jerarquía en el PP valenciano de las últimas semanas le afecta negativamente.

La nueva agenda de Alberto Fabra trata de romper tabúes y prejuicios del campismo, pero se abre paso con dificultad, y no cuenta todavía con una estrategia y unos apoyos claros en su partido. Al presidente Fabra le costará ser el referente principal e indiscutible del PP valenciano. En río revuelto, todos quieren ser pescadores. Barberá se propone aumentar su poder orgánico, Rus también intenta incrementar su influencia. En Alicante el PP busca, sin líderes claros, rehacer las redes de poder tras el final de la guerra entre zaplanistas y campistas. En Castellón, Carlos Fabra trata de mantener cuotas de poder y dificulta que surjan nuevos referentes provinciales.

Alberto Fabra sufre el acoso de todos aquellos que quieren tutelarle, condicionarle o ganar a su lado. Necesita tiempo. Su liderazgo está construyéndose, pero el partido anda inquieto y los movimientos se multiplican. Son conflictos menores. Ni de lejos recuerdan a lo que vivió su compañero de partido Cristòfor Soler, presidente de Baleares durante 370 días (de junio de 1995 a junio de 1996), después de que Aznar obligara a dimitir a Gabriel Cañellas por estar acusado de prevaricación y antes de que el PP balear, encabezado por Jaume Matas, forzase su abandono. No estamos ahí; pero el ruido interno del PP bloquea y entorpece la acción de gobierno. Y eso no es bueno.

SIN UN PLAN GENERAL

La necesidad de ganar tiempo del presidente Fabra, el avispero interno del PP valenciano, la provisionalidad de parte del Consell y la proximidad de las elecciones generales pueden explicar, pero no justifican, que no exista un plan general para racionalizar y disminuir el gasto de la Generalitat. Más aún, el temor a tomar medidas drásticas en las empresas y fundaciones públicas, como ha hecho Cospedal en Castilla-La Mancha, se entendería también, pero no se justificaría, por la prudencia de Fabra a la hora de poner orden en el ámbito del gobierno menos trasparente y en el que el clientelismo político y los intereses de las familias internas del PP están más extendidos.

Pero el tiempo se agota y la deuda no deja de crecer. La Generalitat tiene dos obligaciones básicas ante el cambio de Gobierno en España. Deberá ser firme frente a Rajoy en la exigencia de una financiación que tenga en cuenta nuestra realidad demográfica y que evite, como hasta ahora, que los servicios públicos valencianos tengan una financiación inferior en más de un 15% a la que les correspondería. Y, del mismo modo, tendrá que controlar el gasto y reducir la deuda, eliminando todo lo superfluo, incluidos instituciones estatutarias innecesarias.

No basta con medidas parciales, por muy adecuadas que estas sean, ni con el recurso a la retórica de la austeridad. Es necesario un plan general, coherente y ambicioso para todo el Gobierno Valenciano que tenga bien definidas las prioridades y sea socialmente equitativo. Es más, habida cuenta que el PP tendrá la responsabilidad de gestionar el 97,7% de la deuda pública valenciana y el 100% de la central debería impulsar planes similares en todas y cada una de las administraciones.

Las distintas administraciones públicas, aunque las gobierne la misma fuerza política, siguen lógicas distintas, muchas de ellas contradictorias y superficiales. El propio Consell da la impresión de estar inmerso en dinámicas diferentes según las consellerías. Es urgente que Alberto Fabra asiente un liderazgo sólido en su partido y en el gobierno. De no ser así, quizás no se cuestione su presidencia de la Generalitat y del PP valenciano, pero las interferencias de su partido actuarán como un elemento de bloqueo de la acción de gobierno y del mismo Partido Popular. Si el PP va a tener todo el poder, también debe asumir toda la responsabilidad y la deuda.

article publicat a Valencia Plaza el 25 de setembre de 2011 http://www.valenciaplaza.com/ver/32877/-Para-el-PP--todo-el-poder-y----la-deuda-.html

Rita Barberá, más allá del tango

Desde que en 1840 se pusieran las bases de los ayuntamientos contemporáneos, sólo cuatro alcaldes han gobernado Valencia más de cuatro años. En el franquismo, Adolfo Rincón de Arellano (1958-1969) y Miguel Ramón Izquierdo (1973-1979). En democracia, Ricard Pérez Casado (1979-1989). Nadie, como Rita Barberá, lo ha hecho durante veinte años y dando la impresión de ser inmune al desgaste político. Tres factores explicarían su éxito: la fortaleza electoral, la proyección de la ciudad, y la ausencia de oposición significativa.

Fortaleza electoral

Rita Barberá se convirtió en alcaldesa en 1991, con el apoyo de UV y teniendo su partido sólo el 27,5% de los votos. Sin embargo, en las elecciones posteriores, el PP ha conseguido mayorías absolutas, con más del 50% de los votos en las cuatro últimas.

Partiendo de este hecho, se afirma que Barberá es un valor electoral indiscutible de su partido. La aseveración es cierta, pero debe ser ponderada. Lidera con eficacia y sin disensiones una amplia coalición social conservadora, se ha convertido en un icono más de la ciudad, es un ninot habitual en las fallas lo que supone una magnífica promoción de su imagen, es sin duda la figura política valenciana más reconocible dentro y fuera de la Comunidad Valenciana, y su campechanía le permite un contacto empático con muchos ciudadanos, aunque no la voten. Todo eso son activos electorales.

Ahora bien, a diferencia de políticos como José Bono -por poner un ejemplo paradigmático, no se puede afirmar que Barberá tenga un voto propio relevante. Bono, en sus tres últimas elecciones autonómicas (1995, 1999 y 2003), consiguió vincular a su persona entre 15.000 y 30.000 votantes que, el mismo día, votaban PP en las elecciones locales y PSOE en las autonómicas. Un hecho que le permitió vencer, ajustadamente, en 1995 por sólo 14.761 votos.

Barberá aglutina sin fisuras el voto de su partido, pero no parece haber conseguido nunca votos izquierdistas a su persona. Así, la cifra de votantes al PP en Valencia en las elecciones locales ha sido similar a la de las autonómicas del mismo día. Comparados los resultados sobre censo electoral, ha obtenido menos votos que el candidato  del PP a las autonómicas en tres ocasiones (1991, 1999 y 2007) y lo ha superado en otras tres (1995, 2003 y 2011). Las diferencias nunca han sido significativas.

Proyección de la ciudad

Dos ideas se han asentado bajo el mandato de Rita Barberá y apenas han sido cuestionadas en lo básico: Valencia está más bonita y la ciudad es un centro de atracción turística creciente. Ambas cosas son ciertas, con todas las salvedades que se quiera. El centro histórico y la Valencia decimonónica han mejorado su imagen, como el cauce del río o la línea de costa. Se ha difundido la marca Valencia. La ciudad ha mejorado sus infraestructuras. El Metro, el Paseo Marítimo, la ampliación del Puerto, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, las rondas, el AVE o el Palacio de Congresos son logros evidentes.

Se puede afirmar que las principales inversiones han sido por iniciativa y con recursos del Gobierno de España y de la Generalitat, pero eso no niega el tesón de Rita Barberá para acelerar la materialización, ni su habilidad para capitalizarlas y hacerlas suyas. Tampoco escapará a este destino el futuro Parque Central si alguna vez se hace realidad.

Se ha criticado que su modelo de gestión ha impulsado un crecimiento de la ciudad desestructurado, donde los intereses urbanísticos han tenido un peso excesivo. O que ha faltado un proyecto de futuro que potencie los sectores productivos más innovadores y el empleo cualificado, y también que ha habido desequilibrios importantes en las inversiones por barrios o que ha carecido de capacidad de diálogo en conflictos como el de El Cabanyal. Se la responsabiliza, además, de una deuda municipal creciente y descontrolada, que ya es de 890 millones de euros y supone un lastre para Valencia.

Con todo, muchas de estas críticas, siendo fundamentadas, han venido del ámbito académico o civil, y, cuando las ha utilizado la oposición, lo ha hecho de forma dispersa. De manera que el PP y Barberá no se han enfrentado a un contramodelo estructurado, estable en el tiempo y políticamente alternativo. La oposición siempre ha sido débil.

Ausencia de oposición

Los socialistas han presentado un candidato distinto en cada elección (Clementina Ródenas en 1991, Aurelio Martínez en 1995, Ana Noguera en 1999, Rafael Rubio en 2003, Carmen Alborch en 2007 y Joan Calabuig en 2011). No han consolidado líderes, equipos, discurso ni estrategia. A menudo, sus preocupaciones se han limitado a los asuntos internos del partido y a luchas por los sueldos de concejal o asesor. Barberá apenas se ha zafado en el día a día con ellos. Esa función la han protagonizado otros concejales populares. Ella se ha situado por encima de los problemas cotidianos del ayuntamiento, buscando ser identificada como la representante única y exclusiva de los intereses de Valencia.

Los socialistas, salvo contadas excepciones, han limitado su actuación política a una sucesión de denuncias de expedientes administrativos concretos y a declaraciones públicas convencionales. En todos estos años, no han estructurado un proyecto de Valencia diferente al que Rita Barberá representa. Todo el esfuerzo realizado, cuando ha existido, ha sido baldío y frustrante hasta ahora.

Respecto a los pequeños partidos, UV fue un socio molesto entre 1991 y 1995 con Vicente González Lizondo, luego acabó fagocitada por los populares. EU ha acostumbrado a realizar una oposición ideologizada, dirigida a sectores izquierdistas de la sociedad, pero de vocación minoritaria. Está por ver si Compromís, a pesar de su escasa militancia y poca presencia en la sociedad civil, será capaz de dinamizar a la oposición o reproducirá lo hecho por las otras fuerzas de izquierda durante dos décadas.

¿Final de etapa, rebelión o llamada de atención?

El 13 de septiembre, José Antonio Monago, presidente de Extremadura, ironizaba sobre la creación de una 'Secretaría del Amor' en el PP, comentando las declaraciones de Barberá sobre la falta de atención de Génova a Camps y al PPCV. ¿Cómo es posible que una persona que acaba de llegar a un cargo institucional de relevancia estatal ironice sobre Rita Barberá, promotora y cofundadora de AP en 1976, diputada de las Corts Valencianes desde 1983, alcaldesa de Valencia durante 20 años, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias entre 1995 y 2003, y miembro del Comité Nacional del PP desde 1983 de manera ininterrumpida, además de referente del PP en toda España?

La impertinencia de Monago hubiese sido impensable hace un tiempo y, en lo esencial, pone de manifiesto que el PPCV ha perdido prestigio, poder e influencia en el PP español. Por tres razones. En primer lugar, porque, desde el congreso de Valencia, en 2008, en el que el PPCV fue decisivo para evitar la caída de Mariano Rajoy, las encuestas no han dejado de ser favorables al PP y eso ha permitido a Rajoy controlar su partido sin necesidad de apoyos específicos. Pero también, porque el caso Gürtel y las mentiras y contradicciones de Camps han afectado negativamente a la imagen de la Comunidad Valenciana y del PPCV en el conjunto de España, dentro y fuera de su partido. Y, finalmente, a consecuencia de que el valor electoral de la Comunidad Valenciana ha disminuido en términos relativos. El PP puede aumentar el número de votos y ganar algún diputado más aquí; pero el beneficio será proporcionalmente menor al que se espera obtener en Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón o Cataluña.

Los motivos de la inaudita queja de Barberá contra Génova son difíciles de entender. Hay algo de rebelión primaria en defensa de Camps y de quienes en el PP de la provincia de Valencia no simpatizan con los modos de Alfonso Rus. Quizás una primera muestra de cansancio por tanto tiempo en el ayuntamiento y el deseo de orientar el final de su carrera política hacia una responsabilidad en Madrid.

En cualquier caso, se ha hecho oír por Fabra y Rajoy. Ha sido un modo de conseguir atención política y pedir un trato de favor. Vienen años que estarán dominados por recortes impopulares. El Ayuntamiento de Valencia tiene una deuda demasiado elevada y deberá reducir gastos y servicios. No será posible, como hasta ahora, echar la culpa al Gobierno central de los errores propios.

Quienes están al frente de los ayuntamientos lo tendrán más difícil por ser las instituciones con peor sistema de financiación, tener deudas excesivas y ser las de mayor proximidad con una ciudadanía cada vez más cansada, más irritada y más imprevisible. Barberá no podrá escapar a las dificultades si la crisis arrecia, por mucho que, durante veinte años, no haya sufrido apenas desgaste electoral y haya carecido de una oposición política sólida. Históricamente, las crisis profundas, y ésta lo es, acaban arrasando mucho de lo que parece más inamovible y estable. 

article publicat a Valencia Plaza el 18 de setembre de 2011 http://www.valenciaplaza.com/ver/32480/-Rita-Barber%C3%A1--m%C3%A1s-all%C3%A1-del-tango-.html

Candidato (Rubalcaba) contra Partido (PP)

Faltan 70 días para las elecciones generales. Primeros escarceos significativos de la campaña electoral. Aprobada con más pena que gloria la reforma constitucional, la directora de campaña del PSOE, Elena Valenciano, se apresura a afirmar que los socialistas la han pactado con el PP por sentido de la responsabilidad, pero que ese es el único punto en común con los populares. En el resto de materias, divergencia absoluta. Escenificada la ruptura con los sindicatos en Rodiezmo, Rubalcaba trata de aproximarse al difuso universo del 15-M y necesita desmarcarse del PP y, paradójicamente, de Zapatero. 

El mismo día, Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP, en unas declaraciones un tanto frívolas afirmaba que el Partido Popular generaría tres millones y medio de puestos de trabajo en los próximos cuatro años. La aseveración era desmentida por otros dirigentes populares y desconcertaba a un PP empeñado desde hace meses en una larga estrategia de desgaste al Gobierno y al PSOE, sin concretar políticas futuras.

Ruido de campaña. Ni el desencuentro entre el PP y el PSOE es tan grande, ni el PP va a crear más de 73.000 puestos de trabajo cada mes en los próximos años. Campaña atípica, con la amenaza de fondo de unos mercados convulsos.

Mapa postelectoral del Congreso de los Diputados

Después de la victoria del PP en las elecciones de mayo, los interrogantes a despejar el próximo 20-N son tres. La magnitud del triunfo del PP, el grado de retroceso del PSOE y el peso del bipartidismo.

Se acostumbra a afirmar que el partido que gana las elecciones locales, vence las siguientes generales. No siempre es así. La correlación entre los resultados de PP y PSOE en las dos elecciones es de otra índole. Desde 1995, cuando se consolida el actual ciclo electoral, el PP obtiene entre un 4% y un 5% más de votos en las generales que en las locales inmediatamente anteriores. El incremento del PSOE es mayor, entre un 7% y un 9%. De repetirse esta lógica el próximo 20-N, el PP conseguiría en torno al 43% de los votos y el PSOE alrededor del 36%. El Partido Popular se situaría al borde de la mayoría absoluta y superaría al PSOE en 30 ó 40 diputados.

Hubo una excepción; las generales del 2000. El PSOE ganó las elecciones locales de 1999 superando al PP en un 0,26% de los votos y, sin embargo, en las generales de un año después no mejoró su porcentaje de votos, mientras el PP aumentaba el suyo en más de diez puntos. Ese resultado condujo a la primera y única mayoría absoluta del PP, con 58 diputados más que el PSOE. Si ahora se diese una situación parecida, el PSOE no sobrepasaría el 30% de los votos y el PP conseguiría más del 45%, obteniendo una mayoría absoluta clara y superando a los socialistas en más de 60 diputados.

En otro orden de cosas, los sondeos de opinión apuntan a una reducción del voto y la representación de PP y PSOE sumados. En 1996, estos dos partidos contaban con 297 diputados, habían recibido el 77,2% de los votos y eran el 85% del Congreso; IU tenía 21 diputados (6% de la cámara, con el 10,6% de los votos) y era el único partido de ámbito estatal al margen de PP y PSOE; mientras, los partidos regionalistas y nacionalistas periféricos obtenían un 11% de los votos y el 9% de representación parlamentaria (32 diputados). Desde entonces, el peso del bipartidismo no ha dejado de crecer en cada elección, sumando PP y PSOE, en 2008, 323 diputados, el 92% de la cámara, con el 86,7% de los votos. Los terceros partidos estatales (IU y UPyD) sólo tenían un 1% de los diputados (3) y el 5% de los votos. Los otros 24 diputados eran de partidos no estatales, con el 7,5% de los votos y el 7% del Congreso.

Vistas las últimas elecciones locales, la suma de diputados de los dos grandes partidos después del 20-N, probablemente se reducirá por debajo de 310 y los pequeños partidos aumentarán su representación. Ahora bien, los pequeños partidos de ámbito estatal (IU y UPyD) difícilmente incrementarán demasiado su representación. Los principales beneficiarios del retroceso del bipartidismo serán los pequeños partidos de ámbito no estatal y, más específicamente, CiU, Bildu-Aralar, Foro Asturias y, quizás, Compromís. Aunque todo depende del grado de polarización de la campaña entre Rubalcaba y el PP.

Sin PSOE y con poco Rajoy

Pero, más allá de los posibles cambios en el mapa del Congreso de los Diputados tras el 20-N, en esta campaña se da el hecho singular de un candidato (Rubalcaba) que trata de ocultar a su partido, y un partido (PP) que apenas expone a su candidato. Rubalcaba sería la principal fortaleza de un debilitado PSOE y Rajoy la mayor debilidad de un PP fortalecido.

En consecuencia, la estrategia socialista consiste en acumular propuestas y personalizar al máximo la campaña con la esperanza de que pueda llegar a convertirse en un pulso entre Rubalcaba y Rajoy. Creen que de ese modo podría tener éxito el discurso de que el primero es más solvente y tiene un programa repleto de propuestas, y el segundo es peor gestor y no explica lo que quiere hacer. El PSOE desea una elección personal y concreta: de un lado, Rubalcaba y sus propuestas; de otro, Rajoy y sus generalidades.

El PP, por el contrario, actúa como un actor colectivo y resalta la necesidad de un cambio taumatúrgico que ponga fin al Gobierno actual. Conscientes de que la valoración general de Rajoy es bastante inferior a la de Rubalcaba, el protagonismo de su candidato es sólo ligeramente superior al del resto de voces del PP e insisten en el valor colectivo del PP, partido al que en los sondeos se atribuye una mayor capacidad para la gestión económica. Por eso se evitan las concreciones programáticas. Los populares quieren una elección entre dos imágenes genéricas: el partido en el Gobierno, culpable de la evolución de la crisis, o el partido que gestiona bien la economía y sacará a España de la negativa situación actual.

¿Quién tiene más posibilidades de hacer valer su estrategia? Sin duda, el PP. La crisis ha maltrecho la imagen del PSOE, ha roto sus alianzas sociales y ha destrozado su discurso. Pero, además, en las elecciones generales españolas desde 1977, el tándem partido fuerte y candidato relativamente débil es siempre más importante que el de partido débil y candidato fuerte. La sobreexposición mediática y la concentración de poder en manos de los líderes tiende a presentarlos como seres situados muy por encima de la fortaleza de sus partidos.

Pero sin partido, sin redes de personas distribuidas por todo el territorio y ámbitos de la sociedad civil, sin equipos capaces y flexibles, sin relato y sin una buena organización y objetivos claros, es imposible ganar unas elecciones generales. En España no ha ocurrido nunca desde 1977. Y, en estos momentos, el PP es un partido más numeroso, con equipos más integrados, con más poder institucional, con mejor relato y con mayor capacidad operativa que el PSOE.

El espacio político valenciano

Ecos periféricos en la Comunidad Valenciana de la campaña. Los partidos fijan sus metas electorales y preparan las listas. El PP quiere conseguir más de un millón y medio de votos y algún diputado más. Objetivos posibles, sobre todo el primero. El PSOE se conformaría con estar cerca del millón de votos y no perder escaños. Algo nada fácil, sobre todo lo segundo. Compromís y EU aspiran a un escaño por Valencia. Un propósito factible, sobre todo para Compromís. Juegan en contra dos factores; la pobre movilización de esta formación en las elecciones generales y su escasa actividad política pública desde su éxito relativo en las elecciones locales y autonómicas de mayo.

Los dos grandes partidos elaboran listas con lógicas internas. Saben que los ciudadanos votamos a un partido y no a unos diputados concretos. En el PP, Rita Barberá planta cara a Rus y parece pugnar por ser cabeza de cartel. La capital contra la ruralía. En el mortecino PSOE, en cuyas listas proliferan los jefes de los grupúsculos internos, la candidata por Valencia y secretaria general del Ministerio de Fomento, Inmaculada Rodríguez Piñero, desconcierta a Alarte al afirmar que España puede tener más de un eje ferroviario transeuropeo. Algo cierto, pero que se desvía de la cuestión esencial. Lo importante ahora es saber cuál de los dos será prioritario para la UE y, por lo tanto, tendrá apoyo financiero europeo inmediato.

El PP y el PSOE valencianos siguen sin ofrecer resistencia a llevar en sus listas a personas que nada tienen que ver con la Comunidad Valenciana. El PSOE substituye en esa función a María Teresa Fernández de la Vega por Ángel Gabilondo y el PP mantiene a Federico Trillo y Nacho Uriarte. Nadie entiende que haya un problema de representación; pero la sociedad valenciana se merece otra cosa. 

Article publicat a Valencia Plaza l'11 de setembre de 2011. http://www.valenciaplaza.com/ver/32123/-Se-abre-el-tel%C3%B3n-candidatos-vs--partido-amores-que-duelen-.html

Esperando a Fabra

Después de las elecciones autonómicas, parecía que se iba a poner fin a la ausencia de gobierno de los últimos años. Sin embargo, en el último mes se ha detenido, de nuevo, el tiempo de las decisiones y las iniciativas políticas concretas. Ocurre en el Gobierno y, más aún, en la oposición. Camps es un recuerdo del pasado. Las propuestas de Vela y Verdeguer han pasado a un segundo plano después de haber concentrado la atención en el mes de julio y el resto de miembros del Consell son poco relevantes de momento. El nuevo presidente acapara toda la atención. De Fabra llegan buenas palabras y un discurso sensato. Sin solución de continuidad hemos pasado del mundo feliz de Camps a mostrar una realidad cada vez más cruda y cierta. Es un avance importante, aunque insuficiente. 

Berlín, Madrid, Valencia

Contrasta la relativa quietud de la política valenciana con las tensiones vividas en España y en Europa, donde en las últimas semanas se han tomado decisiones de consecuencias poco predecibles. Berlín (y París) evidenciaron, una vez más, que las instituciones europeas no tienen capacidad suficiente para hacer frente a la crisis y que ellos son el poder europeo real. Decidieron socorrer a la deuda soberana española, que durante unos días vivió al borde del desastre. España, país tutelado desde el 10 de mayo de 2010, está ahora semiintervenido.

En Madrid también ha sido un verano difícil y extraño. Por un lado, desde que a mediados de julio Alfredo Pérez Rubalcaba abandonó el Gobierno y se convirtió en candidato oficial del PSOE, Zapatero ha empezado a actuar como expresidente y quizás por eso se ha reunido discretamente en La Moncloa con Aznar para hablar de España, de Europa y de Rajoy. Por otro lado, como contrapartida al apoyo de Berlín para salvar a la deuda española, Zapatero impulsa una reforma substancial de la Constitución, mediante un procedimiento de urgencia que, independientemente de su contenido, está siendo aprobada con poco entusiasmo y un consenso preocupantemente inferior al de 1978.

Mientras tanto, en la periferia valenciana, la realidad financiera de la Generalitat es cada día que pasa un poco más difícil. Las malas noticias se multiplican. Hay problemas para pagar a los proveedores. La deuda de las fundaciones y organismos públicos aumenta. RTVV es una ruina. Lo que se paga por los intereses de la deuda no deja de crecer. Lo perdido por las reducciones de impuestos de la última década se echa en falta en estos momentos. El Consell tiene dificultades para conseguir crédito. Las facturas de los alegres años de Zaplana, Olivas y Camps vencen ahora y no hay dinero. Mal momento para ser conseller de Hacienda o de Economía.

Fuera de la Administración pública, la realidad no es mejor. La crisis está afectando con especial intensidad a la sociedad valenciana. Se ha llevado ya por delante a miles de empresas, tejido industrial, emprendedores e inversiones. Tenemos cerca de 600.000 parados, casi uno de cada cuatro trabajadores potenciales. Hemos perdido las principales entidades financieras valencianas (Bancaja y la CAM). Se ha reducido el nivel de riqueza general. El estallido de la burbuja urbanística ha generado miles de residencias vacías. El sistema productivo está desestructurado y carece de políticas públicas de la Generalitat que ayuden a reactivarlo. Además, no hay que olvidar que la crisis está en la base de un malestar social y político cada vez más intenso. El deterioro de unos servicios públicos del Estado del Bienestar empieza a debilitar su función de cohesión social, mientras las encuestas señalan un incremento de la desafección democrática y el populismo se abre paso.

Los recortes de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana

El pasado 1 de septiembre el presidente Fabra habló de un futuro plan para reorganizar la Administración que generaría un ahorro anual de 400 millones de euros. Pero este plan, como otros que se han sugerido, está por concretar y habrá que esperar a que se conozcan los detalles. De momento, cabe recordar que la reducción de altos cargos del pasado mes de junio se anunció del 30% y luego fue inferior a lo publicitado: se quedó en el 21% en los miembros del Consell, un 17% en los altos cargos del gobierno y en el 20% en los asesores políticos.

En cualquier caso, lo que propone la Generalitat Valenciana no se parece todavía a las decisiones y debates en torno a la deuda autonómica de Cataluña y, sobre todo, de Castilla-La Mancha, las dos comunidades con las que compartimos el dudoso honor de ser los más endeudados con respecto al PIB regional, según los informes del Banco de España para el primer trimestre de 2011. La Comunidad Valenciana tiene una deuda de 17.895 millones, el 17,4% del PIB valenciano y un 130,5% del presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2011. La deuda de Cataluña es de 34.323 millones, el 17,2% del PIB catalán y un 106,1% de su presupuesto para 2011. Mientras que Castilla-La Mancha tiene una deuda oficial de 6.106 millones (el nuevo Gobierno del PP la eleva a cifras de momento inconcretas entre los 7.000 y los 10.000 millones), el 16,9% del PIB castellano-manchego y un 70,9% de presupuesto regional para 2011.

En Castilla-La Mancha, Cospedal ha anunciado el plan de recortes más general y proporcionalmente más grande de todas las comunidades autónomas. Pretende conseguir un ahorro de 1.800 millones hasta diciembre de 2012. Cerca de 200 millones con cargo a los presupuestos de 2011 y el resto en los de 2012. Se pasaría de 8.600 millones de presupuesto en 2011 a unos 7.000 para el próximo año. Una recorte cercano al 20%. Según el plan anunciado, se aumentarán los ingresos de la Junta de Castilla-La Mancha en 100 millones de euros por venta de patrimonio, y habrá reducciones de 300 millones en gasto de personal, 400 en subvenciones a empresas, 250 en infraestructuras, 400 en sanidad o 150 para empresas agrícolas. Se suprimen 19 organismos públicos e instituciones como el defensor de pueblo autonómico. Se persigue, además, la reducción en un 40% del número de asesores políticos y habrá 500 liberados sindicales menos.

Si se hiciera algo parecido en la Comunidad Valenciana, aplicando los mismos porcentajes que en Castilla-La Mancha, el recorte con respecto a los presupuestos de 2011 tendría que ser cercano a los 2.750 millones, mientras si el cálculo se hiciese en función del peso de la deuda en el PIB valenciano, llegaría a superar los 4.500 millones en 2012. Cifras considerablemente superiores a las que de momento utiliza públicamente el Consell a falta de un plan global, detallado y concreto.

Se dice que María Dolores de Cospedal debía actuar rápidamente y con energía para marcar diferencias claras con el anterior gobierno, teniendo en cuenta que ha accedido a una institución gobernada por el PSOE durante décadas. Por eso, muchas de las medidas que ha tomado, además de reducir la deuda, debilitan las redes de favores del partido anteriormente en el gobierno. Puede que sea así, pero es una explicación insuficiente.

El tiempo no es igual para el presidente Fabra y para la Comunidad Valenciana

Alberto Fabra, en el mes y medio al frente de la Generalitat, ofrece la sensación de ser una persona con voluntad de gobernar sin el autoritarismo de su antecesor y de hacer frente a los problemas con una perspectiva nueva. Hay que desear que no sea una impresión equivocada. Salimos de la agotadora y, en demasiados aspectos, improductiva época de Camps, que en los últimos años sólo ha generado crispación, incapacidad para ver la realidad y tiempo perdido.

A diferencia de Cospedal, el presidente Fabra lleva menos semanas en el cargo, su equipo de gobierno fue nombrado por su antecesor y el partido gobernante es el mismo y tiene asentadas unas redes de favores sólidas. Son diferencias importantes con Castilla-La Mancha. Quizás por eso da la impresión de querer ganar tiempo hasta el 20 de noviembre y evitar, entre tanto, decisiones contundentes en el entramado de los organismos públicos que funcionan en paralelo a la Administración general de la Generalitat y que han generado el grueso de la deuda valenciana. De momento, se mueve con pies de plomo para no herir sensibilidades ni dentro ni fuera de su partido.

Quiere ganar aliados y hacerse fuerte. Luego podrá contar con equipos propios y definir sus objetivos de gobierno. Necesita tiempo. Por desgracia para él, ni las finanzas de la Generalitat, ni la realidad económica y social de la Comunidad Valenciana pueden concederle demasiado. No es momento de planes y proyectos genéricos que nunca se ejecutan, como en la etapa de Camps. Ahora hacen falta decisiones concretas, iniciativas bien definidas y voluntad de llevarlas adelante. Es necesario recuperar el tejido productivo y social valenciano. No se puede esperar más. Es tiempo de decisiones.

Article publicat a VALENCIA PLAZA el 4 de setembre de 2011. http://www.valenciaplaza.com/ver/31731/Esperando-a-Fabra.html