Para el PP, todo el poder y... la deuda

De confirmarse las encuestas, habrá un cambio rotundo en el Gobierno de España. Después del 20-N, el PP podría concentrar más poder que ningún otro partido en la historia de la democracia española y una hegemonía política superior, incluso, a la del PSOE en 1982.

Grandes expectativas y riesgos mayores. La euforia del PP debería moderarse. Su idea de que la confianza que generará el nuevo gobierno será la base para la solución de todos los males parece sacada de un libro de autoayuda. La realidad económica es la más adversa que ha tenido un gobierno en muchas décadas y no hay apenas margen de maniobra La autonomía política real de España es escasa. Estamos atados de pies y manos por Merkel (el BCE y Sarkozy), como afirmó Mariano Rajoy el pasado 14 de septiembre en un encuentro con empresarios. Así las cosas, el efecto de la confianza será limitado. Dependemos, y mucho, de factores externos para superar la crisis.

Con todo, si el PP gobierna España, será a ojos de los ciudadanos el principal responsable de la gestión de la segunda fase de la crisis. En el horizonte, el peligro de la recesión y del retroceso social en los países occidentales, sobre todo en el sur europeo. Además estará obligado a reducir la deuda y a tomar decisiones difíciles, algunas de ellas sin precedentes en la memoria reciente del país y para las que la ciudadanía está poco preparada.

Existe el riesgo de que, como ha ocurrido históricamente en todas las crisis económicas largas y profundas, el malestar social aumente, sobre todo en las debilitadas clases medias, y acabe por alterar el sistema político, además de precipitar el desgaste del gobierno y del partido que lo sustenta en España y en la Comunidad Valenciana.

EL PODER Y LA DEUDA

En la Comunidad Valenciana, el PP gobierna la Generalitat, las diputaciones y, en los ayuntamientos, al 79,6% de la población. Una enorme concentración de poder que debería corresponderse con políticas activas y coordinadas contra la actual realidad económica. Por desgracia, no ha sido así hasta ahora. En los últimos años, las administraciones valencianas no han estado a la altura de las circunstancias.

El inicio de la crisis en la Comunidad Valenciana coincide en el tiempo con un Camps exultante, preocupado por su posición en el PP estatal y dedicado a hacer posible el triunfo de Rajoy en el Congreso de Valencia. Era junio de 2008. Poco después, Camps cayó en los infiernos del caso Gürtel hasta su dimisión y la acción de gobierno pasó a un segundo plano. La mayor parte de la legislatura pasada fue un tiempo perdido, sin liderazgo ni iniciativa del gobierno y del PP para hacer frente a la crisis. Mientras tanto, el endeudamiento de todas las administraciones valencianas no dejó de aumentar.

Sin contar la parte proporcional de deuda del Gobierno central que nos corresponde en función de la población (en torno a 40.000 millones de euros), el problema de la deuda en las instituciones valencianas es grave. En parte por una inadecuada financiación de la Generalitat y los ayuntamientos, pero también por errores en la gestión, despilfarro y una inadecuada y tardía respuesta a la crisis. La Generalitat debe 20.547 millones (Banco de España, junio de 2011). Más que el resto de comunidades autónomas en términos de PIB regional. Mientras los ayuntamientos adeudan 3.011,5 millones, las diputaciones provinciales, 449,8, y las mancomunidades y entes locales un total de 42,5, según los informes, ya desfasados, del Ministerio de Hacienda para diciembre de 2010.

La deuda global de las administraciones valencianas es de 24.041,8 millones, el 23,3% del PIB. Teniendo en cuenta la distribución del poder político en la Comunidad Valenciana, el 97,71% de la gestión de la deuda (23.491 millones) corresponde al PP, por el 1,65% (396,9 millones) de los ayuntamientos del PSPV-PSOE, el 0,28% (63,9 millones de los de Compromís, el 0,02% (4,4 millones) de EU y el 0,34% (85,6 millones) de las agrupaciones electorales locales.

LA LUCHA INTERNA EN EL PP VALENCIANO FRENTE A LA ACCIÓN DE GOBIERNO

Esta semana han acabado las comparecencias de los consellers en las Corts Valencianes para explicar las políticas de sus departamentos. Verdeguer y Vela acapararon la atención, hablaron de nuevos recortes del gasto y volvieron a mostrar que sus propósitos son razonables y que tienen un buen conocimiento de la situación. Sin embargo, sus intervenciones fueron un tanto decepcionantes. Todos los miembros del Consell repitieron el mantra de la austeridad, pero quedó la sensación de que cada consellería actúa con un criterio propio. Se echa en falta un plan que implique, en serio, a todo el Consell. Y, además, se intuyen dificultades para aplicar medidas más rigurosas, especialmente en los organismos y fundaciones públicos.

Hay otra impresión de fondo. A un gobierno eminentemente técnico y con algunos de sus componentes marcados por la provisionalidad, la batalla por la jerarquía en el PP valenciano de las últimas semanas le afecta negativamente.

La nueva agenda de Alberto Fabra trata de romper tabúes y prejuicios del campismo, pero se abre paso con dificultad, y no cuenta todavía con una estrategia y unos apoyos claros en su partido. Al presidente Fabra le costará ser el referente principal e indiscutible del PP valenciano. En río revuelto, todos quieren ser pescadores. Barberá se propone aumentar su poder orgánico, Rus también intenta incrementar su influencia. En Alicante el PP busca, sin líderes claros, rehacer las redes de poder tras el final de la guerra entre zaplanistas y campistas. En Castellón, Carlos Fabra trata de mantener cuotas de poder y dificulta que surjan nuevos referentes provinciales.

Alberto Fabra sufre el acoso de todos aquellos que quieren tutelarle, condicionarle o ganar a su lado. Necesita tiempo. Su liderazgo está construyéndose, pero el partido anda inquieto y los movimientos se multiplican. Son conflictos menores. Ni de lejos recuerdan a lo que vivió su compañero de partido Cristòfor Soler, presidente de Baleares durante 370 días (de junio de 1995 a junio de 1996), después de que Aznar obligara a dimitir a Gabriel Cañellas por estar acusado de prevaricación y antes de que el PP balear, encabezado por Jaume Matas, forzase su abandono. No estamos ahí; pero el ruido interno del PP bloquea y entorpece la acción de gobierno. Y eso no es bueno.

SIN UN PLAN GENERAL

La necesidad de ganar tiempo del presidente Fabra, el avispero interno del PP valenciano, la provisionalidad de parte del Consell y la proximidad de las elecciones generales pueden explicar, pero no justifican, que no exista un plan general para racionalizar y disminuir el gasto de la Generalitat. Más aún, el temor a tomar medidas drásticas en las empresas y fundaciones públicas, como ha hecho Cospedal en Castilla-La Mancha, se entendería también, pero no se justificaría, por la prudencia de Fabra a la hora de poner orden en el ámbito del gobierno menos trasparente y en el que el clientelismo político y los intereses de las familias internas del PP están más extendidos.

Pero el tiempo se agota y la deuda no deja de crecer. La Generalitat tiene dos obligaciones básicas ante el cambio de Gobierno en España. Deberá ser firme frente a Rajoy en la exigencia de una financiación que tenga en cuenta nuestra realidad demográfica y que evite, como hasta ahora, que los servicios públicos valencianos tengan una financiación inferior en más de un 15% a la que les correspondería. Y, del mismo modo, tendrá que controlar el gasto y reducir la deuda, eliminando todo lo superfluo, incluidos instituciones estatutarias innecesarias.

No basta con medidas parciales, por muy adecuadas que estas sean, ni con el recurso a la retórica de la austeridad. Es necesario un plan general, coherente y ambicioso para todo el Gobierno Valenciano que tenga bien definidas las prioridades y sea socialmente equitativo. Es más, habida cuenta que el PP tendrá la responsabilidad de gestionar el 97,7% de la deuda pública valenciana y el 100% de la central debería impulsar planes similares en todas y cada una de las administraciones.

Las distintas administraciones públicas, aunque las gobierne la misma fuerza política, siguen lógicas distintas, muchas de ellas contradictorias y superficiales. El propio Consell da la impresión de estar inmerso en dinámicas diferentes según las consellerías. Es urgente que Alberto Fabra asiente un liderazgo sólido en su partido y en el gobierno. De no ser así, quizás no se cuestione su presidencia de la Generalitat y del PP valenciano, pero las interferencias de su partido actuarán como un elemento de bloqueo de la acción de gobierno y del mismo Partido Popular. Si el PP va a tener todo el poder, también debe asumir toda la responsabilidad y la deuda.

article publicat a Valencia Plaza el 25 de setembre de 2011 http://www.valenciaplaza.com/ver/32877/-Para-el-PP--todo-el-poder-y----la-deuda-.html

Rita Barberá, más allá del tango

Desde que en 1840 se pusieran las bases de los ayuntamientos contemporáneos, sólo cuatro alcaldes han gobernado Valencia más de cuatro años. En el franquismo, Adolfo Rincón de Arellano (1958-1969) y Miguel Ramón Izquierdo (1973-1979). En democracia, Ricard Pérez Casado (1979-1989). Nadie, como Rita Barberá, lo ha hecho durante veinte años y dando la impresión de ser inmune al desgaste político. Tres factores explicarían su éxito: la fortaleza electoral, la proyección de la ciudad, y la ausencia de oposición significativa.

Fortaleza electoral

Rita Barberá se convirtió en alcaldesa en 1991, con el apoyo de UV y teniendo su partido sólo el 27,5% de los votos. Sin embargo, en las elecciones posteriores, el PP ha conseguido mayorías absolutas, con más del 50% de los votos en las cuatro últimas.

Partiendo de este hecho, se afirma que Barberá es un valor electoral indiscutible de su partido. La aseveración es cierta, pero debe ser ponderada. Lidera con eficacia y sin disensiones una amplia coalición social conservadora, se ha convertido en un icono más de la ciudad, es un ninot habitual en las fallas lo que supone una magnífica promoción de su imagen, es sin duda la figura política valenciana más reconocible dentro y fuera de la Comunidad Valenciana, y su campechanía le permite un contacto empático con muchos ciudadanos, aunque no la voten. Todo eso son activos electorales.

Ahora bien, a diferencia de políticos como José Bono -por poner un ejemplo paradigmático, no se puede afirmar que Barberá tenga un voto propio relevante. Bono, en sus tres últimas elecciones autonómicas (1995, 1999 y 2003), consiguió vincular a su persona entre 15.000 y 30.000 votantes que, el mismo día, votaban PP en las elecciones locales y PSOE en las autonómicas. Un hecho que le permitió vencer, ajustadamente, en 1995 por sólo 14.761 votos.

Barberá aglutina sin fisuras el voto de su partido, pero no parece haber conseguido nunca votos izquierdistas a su persona. Así, la cifra de votantes al PP en Valencia en las elecciones locales ha sido similar a la de las autonómicas del mismo día. Comparados los resultados sobre censo electoral, ha obtenido menos votos que el candidato  del PP a las autonómicas en tres ocasiones (1991, 1999 y 2007) y lo ha superado en otras tres (1995, 2003 y 2011). Las diferencias nunca han sido significativas.

Proyección de la ciudad

Dos ideas se han asentado bajo el mandato de Rita Barberá y apenas han sido cuestionadas en lo básico: Valencia está más bonita y la ciudad es un centro de atracción turística creciente. Ambas cosas son ciertas, con todas las salvedades que se quiera. El centro histórico y la Valencia decimonónica han mejorado su imagen, como el cauce del río o la línea de costa. Se ha difundido la marca Valencia. La ciudad ha mejorado sus infraestructuras. El Metro, el Paseo Marítimo, la ampliación del Puerto, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, las rondas, el AVE o el Palacio de Congresos son logros evidentes.

Se puede afirmar que las principales inversiones han sido por iniciativa y con recursos del Gobierno de España y de la Generalitat, pero eso no niega el tesón de Rita Barberá para acelerar la materialización, ni su habilidad para capitalizarlas y hacerlas suyas. Tampoco escapará a este destino el futuro Parque Central si alguna vez se hace realidad.

Se ha criticado que su modelo de gestión ha impulsado un crecimiento de la ciudad desestructurado, donde los intereses urbanísticos han tenido un peso excesivo. O que ha faltado un proyecto de futuro que potencie los sectores productivos más innovadores y el empleo cualificado, y también que ha habido desequilibrios importantes en las inversiones por barrios o que ha carecido de capacidad de diálogo en conflictos como el de El Cabanyal. Se la responsabiliza, además, de una deuda municipal creciente y descontrolada, que ya es de 890 millones de euros y supone un lastre para Valencia.

Con todo, muchas de estas críticas, siendo fundamentadas, han venido del ámbito académico o civil, y, cuando las ha utilizado la oposición, lo ha hecho de forma dispersa. De manera que el PP y Barberá no se han enfrentado a un contramodelo estructurado, estable en el tiempo y políticamente alternativo. La oposición siempre ha sido débil.

Ausencia de oposición

Los socialistas han presentado un candidato distinto en cada elección (Clementina Ródenas en 1991, Aurelio Martínez en 1995, Ana Noguera en 1999, Rafael Rubio en 2003, Carmen Alborch en 2007 y Joan Calabuig en 2011). No han consolidado líderes, equipos, discurso ni estrategia. A menudo, sus preocupaciones se han limitado a los asuntos internos del partido y a luchas por los sueldos de concejal o asesor. Barberá apenas se ha zafado en el día a día con ellos. Esa función la han protagonizado otros concejales populares. Ella se ha situado por encima de los problemas cotidianos del ayuntamiento, buscando ser identificada como la representante única y exclusiva de los intereses de Valencia.

Los socialistas, salvo contadas excepciones, han limitado su actuación política a una sucesión de denuncias de expedientes administrativos concretos y a declaraciones públicas convencionales. En todos estos años, no han estructurado un proyecto de Valencia diferente al que Rita Barberá representa. Todo el esfuerzo realizado, cuando ha existido, ha sido baldío y frustrante hasta ahora.

Respecto a los pequeños partidos, UV fue un socio molesto entre 1991 y 1995 con Vicente González Lizondo, luego acabó fagocitada por los populares. EU ha acostumbrado a realizar una oposición ideologizada, dirigida a sectores izquierdistas de la sociedad, pero de vocación minoritaria. Está por ver si Compromís, a pesar de su escasa militancia y poca presencia en la sociedad civil, será capaz de dinamizar a la oposición o reproducirá lo hecho por las otras fuerzas de izquierda durante dos décadas.

¿Final de etapa, rebelión o llamada de atención?

El 13 de septiembre, José Antonio Monago, presidente de Extremadura, ironizaba sobre la creación de una 'Secretaría del Amor' en el PP, comentando las declaraciones de Barberá sobre la falta de atención de Génova a Camps y al PPCV. ¿Cómo es posible que una persona que acaba de llegar a un cargo institucional de relevancia estatal ironice sobre Rita Barberá, promotora y cofundadora de AP en 1976, diputada de las Corts Valencianes desde 1983, alcaldesa de Valencia durante 20 años, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias entre 1995 y 2003, y miembro del Comité Nacional del PP desde 1983 de manera ininterrumpida, además de referente del PP en toda España?

La impertinencia de Monago hubiese sido impensable hace un tiempo y, en lo esencial, pone de manifiesto que el PPCV ha perdido prestigio, poder e influencia en el PP español. Por tres razones. En primer lugar, porque, desde el congreso de Valencia, en 2008, en el que el PPCV fue decisivo para evitar la caída de Mariano Rajoy, las encuestas no han dejado de ser favorables al PP y eso ha permitido a Rajoy controlar su partido sin necesidad de apoyos específicos. Pero también, porque el caso Gürtel y las mentiras y contradicciones de Camps han afectado negativamente a la imagen de la Comunidad Valenciana y del PPCV en el conjunto de España, dentro y fuera de su partido. Y, finalmente, a consecuencia de que el valor electoral de la Comunidad Valenciana ha disminuido en términos relativos. El PP puede aumentar el número de votos y ganar algún diputado más aquí; pero el beneficio será proporcionalmente menor al que se espera obtener en Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón o Cataluña.

Los motivos de la inaudita queja de Barberá contra Génova son difíciles de entender. Hay algo de rebelión primaria en defensa de Camps y de quienes en el PP de la provincia de Valencia no simpatizan con los modos de Alfonso Rus. Quizás una primera muestra de cansancio por tanto tiempo en el ayuntamiento y el deseo de orientar el final de su carrera política hacia una responsabilidad en Madrid.

En cualquier caso, se ha hecho oír por Fabra y Rajoy. Ha sido un modo de conseguir atención política y pedir un trato de favor. Vienen años que estarán dominados por recortes impopulares. El Ayuntamiento de Valencia tiene una deuda demasiado elevada y deberá reducir gastos y servicios. No será posible, como hasta ahora, echar la culpa al Gobierno central de los errores propios.

Quienes están al frente de los ayuntamientos lo tendrán más difícil por ser las instituciones con peor sistema de financiación, tener deudas excesivas y ser las de mayor proximidad con una ciudadanía cada vez más cansada, más irritada y más imprevisible. Barberá no podrá escapar a las dificultades si la crisis arrecia, por mucho que, durante veinte años, no haya sufrido apenas desgaste electoral y haya carecido de una oposición política sólida. Históricamente, las crisis profundas, y ésta lo es, acaban arrasando mucho de lo que parece más inamovible y estable. 

article publicat a Valencia Plaza el 18 de setembre de 2011 http://www.valenciaplaza.com/ver/32480/-Rita-Barber%C3%A1--m%C3%A1s-all%C3%A1-del-tango-.html

Candidato (Rubalcaba) contra Partido (PP)

Faltan 70 días para las elecciones generales. Primeros escarceos significativos de la campaña electoral. Aprobada con más pena que gloria la reforma constitucional, la directora de campaña del PSOE, Elena Valenciano, se apresura a afirmar que los socialistas la han pactado con el PP por sentido de la responsabilidad, pero que ese es el único punto en común con los populares. En el resto de materias, divergencia absoluta. Escenificada la ruptura con los sindicatos en Rodiezmo, Rubalcaba trata de aproximarse al difuso universo del 15-M y necesita desmarcarse del PP y, paradójicamente, de Zapatero. 

El mismo día, Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP, en unas declaraciones un tanto frívolas afirmaba que el Partido Popular generaría tres millones y medio de puestos de trabajo en los próximos cuatro años. La aseveración era desmentida por otros dirigentes populares y desconcertaba a un PP empeñado desde hace meses en una larga estrategia de desgaste al Gobierno y al PSOE, sin concretar políticas futuras.

Ruido de campaña. Ni el desencuentro entre el PP y el PSOE es tan grande, ni el PP va a crear más de 73.000 puestos de trabajo cada mes en los próximos años. Campaña atípica, con la amenaza de fondo de unos mercados convulsos.

Mapa postelectoral del Congreso de los Diputados

Después de la victoria del PP en las elecciones de mayo, los interrogantes a despejar el próximo 20-N son tres. La magnitud del triunfo del PP, el grado de retroceso del PSOE y el peso del bipartidismo.

Se acostumbra a afirmar que el partido que gana las elecciones locales, vence las siguientes generales. No siempre es así. La correlación entre los resultados de PP y PSOE en las dos elecciones es de otra índole. Desde 1995, cuando se consolida el actual ciclo electoral, el PP obtiene entre un 4% y un 5% más de votos en las generales que en las locales inmediatamente anteriores. El incremento del PSOE es mayor, entre un 7% y un 9%. De repetirse esta lógica el próximo 20-N, el PP conseguiría en torno al 43% de los votos y el PSOE alrededor del 36%. El Partido Popular se situaría al borde de la mayoría absoluta y superaría al PSOE en 30 ó 40 diputados.

Hubo una excepción; las generales del 2000. El PSOE ganó las elecciones locales de 1999 superando al PP en un 0,26% de los votos y, sin embargo, en las generales de un año después no mejoró su porcentaje de votos, mientras el PP aumentaba el suyo en más de diez puntos. Ese resultado condujo a la primera y única mayoría absoluta del PP, con 58 diputados más que el PSOE. Si ahora se diese una situación parecida, el PSOE no sobrepasaría el 30% de los votos y el PP conseguiría más del 45%, obteniendo una mayoría absoluta clara y superando a los socialistas en más de 60 diputados.

En otro orden de cosas, los sondeos de opinión apuntan a una reducción del voto y la representación de PP y PSOE sumados. En 1996, estos dos partidos contaban con 297 diputados, habían recibido el 77,2% de los votos y eran el 85% del Congreso; IU tenía 21 diputados (6% de la cámara, con el 10,6% de los votos) y era el único partido de ámbito estatal al margen de PP y PSOE; mientras, los partidos regionalistas y nacionalistas periféricos obtenían un 11% de los votos y el 9% de representación parlamentaria (32 diputados). Desde entonces, el peso del bipartidismo no ha dejado de crecer en cada elección, sumando PP y PSOE, en 2008, 323 diputados, el 92% de la cámara, con el 86,7% de los votos. Los terceros partidos estatales (IU y UPyD) sólo tenían un 1% de los diputados (3) y el 5% de los votos. Los otros 24 diputados eran de partidos no estatales, con el 7,5% de los votos y el 7% del Congreso.

Vistas las últimas elecciones locales, la suma de diputados de los dos grandes partidos después del 20-N, probablemente se reducirá por debajo de 310 y los pequeños partidos aumentarán su representación. Ahora bien, los pequeños partidos de ámbito estatal (IU y UPyD) difícilmente incrementarán demasiado su representación. Los principales beneficiarios del retroceso del bipartidismo serán los pequeños partidos de ámbito no estatal y, más específicamente, CiU, Bildu-Aralar, Foro Asturias y, quizás, Compromís. Aunque todo depende del grado de polarización de la campaña entre Rubalcaba y el PP.

Sin PSOE y con poco Rajoy

Pero, más allá de los posibles cambios en el mapa del Congreso de los Diputados tras el 20-N, en esta campaña se da el hecho singular de un candidato (Rubalcaba) que trata de ocultar a su partido, y un partido (PP) que apenas expone a su candidato. Rubalcaba sería la principal fortaleza de un debilitado PSOE y Rajoy la mayor debilidad de un PP fortalecido.

En consecuencia, la estrategia socialista consiste en acumular propuestas y personalizar al máximo la campaña con la esperanza de que pueda llegar a convertirse en un pulso entre Rubalcaba y Rajoy. Creen que de ese modo podría tener éxito el discurso de que el primero es más solvente y tiene un programa repleto de propuestas, y el segundo es peor gestor y no explica lo que quiere hacer. El PSOE desea una elección personal y concreta: de un lado, Rubalcaba y sus propuestas; de otro, Rajoy y sus generalidades.

El PP, por el contrario, actúa como un actor colectivo y resalta la necesidad de un cambio taumatúrgico que ponga fin al Gobierno actual. Conscientes de que la valoración general de Rajoy es bastante inferior a la de Rubalcaba, el protagonismo de su candidato es sólo ligeramente superior al del resto de voces del PP e insisten en el valor colectivo del PP, partido al que en los sondeos se atribuye una mayor capacidad para la gestión económica. Por eso se evitan las concreciones programáticas. Los populares quieren una elección entre dos imágenes genéricas: el partido en el Gobierno, culpable de la evolución de la crisis, o el partido que gestiona bien la economía y sacará a España de la negativa situación actual.

¿Quién tiene más posibilidades de hacer valer su estrategia? Sin duda, el PP. La crisis ha maltrecho la imagen del PSOE, ha roto sus alianzas sociales y ha destrozado su discurso. Pero, además, en las elecciones generales españolas desde 1977, el tándem partido fuerte y candidato relativamente débil es siempre más importante que el de partido débil y candidato fuerte. La sobreexposición mediática y la concentración de poder en manos de los líderes tiende a presentarlos como seres situados muy por encima de la fortaleza de sus partidos.

Pero sin partido, sin redes de personas distribuidas por todo el territorio y ámbitos de la sociedad civil, sin equipos capaces y flexibles, sin relato y sin una buena organización y objetivos claros, es imposible ganar unas elecciones generales. En España no ha ocurrido nunca desde 1977. Y, en estos momentos, el PP es un partido más numeroso, con equipos más integrados, con más poder institucional, con mejor relato y con mayor capacidad operativa que el PSOE.

El espacio político valenciano

Ecos periféricos en la Comunidad Valenciana de la campaña. Los partidos fijan sus metas electorales y preparan las listas. El PP quiere conseguir más de un millón y medio de votos y algún diputado más. Objetivos posibles, sobre todo el primero. El PSOE se conformaría con estar cerca del millón de votos y no perder escaños. Algo nada fácil, sobre todo lo segundo. Compromís y EU aspiran a un escaño por Valencia. Un propósito factible, sobre todo para Compromís. Juegan en contra dos factores; la pobre movilización de esta formación en las elecciones generales y su escasa actividad política pública desde su éxito relativo en las elecciones locales y autonómicas de mayo.

Los dos grandes partidos elaboran listas con lógicas internas. Saben que los ciudadanos votamos a un partido y no a unos diputados concretos. En el PP, Rita Barberá planta cara a Rus y parece pugnar por ser cabeza de cartel. La capital contra la ruralía. En el mortecino PSOE, en cuyas listas proliferan los jefes de los grupúsculos internos, la candidata por Valencia y secretaria general del Ministerio de Fomento, Inmaculada Rodríguez Piñero, desconcierta a Alarte al afirmar que España puede tener más de un eje ferroviario transeuropeo. Algo cierto, pero que se desvía de la cuestión esencial. Lo importante ahora es saber cuál de los dos será prioritario para la UE y, por lo tanto, tendrá apoyo financiero europeo inmediato.

El PP y el PSOE valencianos siguen sin ofrecer resistencia a llevar en sus listas a personas que nada tienen que ver con la Comunidad Valenciana. El PSOE substituye en esa función a María Teresa Fernández de la Vega por Ángel Gabilondo y el PP mantiene a Federico Trillo y Nacho Uriarte. Nadie entiende que haya un problema de representación; pero la sociedad valenciana se merece otra cosa. 

Article publicat a Valencia Plaza l'11 de setembre de 2011. http://www.valenciaplaza.com/ver/32123/-Se-abre-el-tel%C3%B3n-candidatos-vs--partido-amores-que-duelen-.html

Esperando a Fabra

Después de las elecciones autonómicas, parecía que se iba a poner fin a la ausencia de gobierno de los últimos años. Sin embargo, en el último mes se ha detenido, de nuevo, el tiempo de las decisiones y las iniciativas políticas concretas. Ocurre en el Gobierno y, más aún, en la oposición. Camps es un recuerdo del pasado. Las propuestas de Vela y Verdeguer han pasado a un segundo plano después de haber concentrado la atención en el mes de julio y el resto de miembros del Consell son poco relevantes de momento. El nuevo presidente acapara toda la atención. De Fabra llegan buenas palabras y un discurso sensato. Sin solución de continuidad hemos pasado del mundo feliz de Camps a mostrar una realidad cada vez más cruda y cierta. Es un avance importante, aunque insuficiente. 

Berlín, Madrid, Valencia

Contrasta la relativa quietud de la política valenciana con las tensiones vividas en España y en Europa, donde en las últimas semanas se han tomado decisiones de consecuencias poco predecibles. Berlín (y París) evidenciaron, una vez más, que las instituciones europeas no tienen capacidad suficiente para hacer frente a la crisis y que ellos son el poder europeo real. Decidieron socorrer a la deuda soberana española, que durante unos días vivió al borde del desastre. España, país tutelado desde el 10 de mayo de 2010, está ahora semiintervenido.

En Madrid también ha sido un verano difícil y extraño. Por un lado, desde que a mediados de julio Alfredo Pérez Rubalcaba abandonó el Gobierno y se convirtió en candidato oficial del PSOE, Zapatero ha empezado a actuar como expresidente y quizás por eso se ha reunido discretamente en La Moncloa con Aznar para hablar de España, de Europa y de Rajoy. Por otro lado, como contrapartida al apoyo de Berlín para salvar a la deuda española, Zapatero impulsa una reforma substancial de la Constitución, mediante un procedimiento de urgencia que, independientemente de su contenido, está siendo aprobada con poco entusiasmo y un consenso preocupantemente inferior al de 1978.

Mientras tanto, en la periferia valenciana, la realidad financiera de la Generalitat es cada día que pasa un poco más difícil. Las malas noticias se multiplican. Hay problemas para pagar a los proveedores. La deuda de las fundaciones y organismos públicos aumenta. RTVV es una ruina. Lo que se paga por los intereses de la deuda no deja de crecer. Lo perdido por las reducciones de impuestos de la última década se echa en falta en estos momentos. El Consell tiene dificultades para conseguir crédito. Las facturas de los alegres años de Zaplana, Olivas y Camps vencen ahora y no hay dinero. Mal momento para ser conseller de Hacienda o de Economía.

Fuera de la Administración pública, la realidad no es mejor. La crisis está afectando con especial intensidad a la sociedad valenciana. Se ha llevado ya por delante a miles de empresas, tejido industrial, emprendedores e inversiones. Tenemos cerca de 600.000 parados, casi uno de cada cuatro trabajadores potenciales. Hemos perdido las principales entidades financieras valencianas (Bancaja y la CAM). Se ha reducido el nivel de riqueza general. El estallido de la burbuja urbanística ha generado miles de residencias vacías. El sistema productivo está desestructurado y carece de políticas públicas de la Generalitat que ayuden a reactivarlo. Además, no hay que olvidar que la crisis está en la base de un malestar social y político cada vez más intenso. El deterioro de unos servicios públicos del Estado del Bienestar empieza a debilitar su función de cohesión social, mientras las encuestas señalan un incremento de la desafección democrática y el populismo se abre paso.

Los recortes de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana

El pasado 1 de septiembre el presidente Fabra habló de un futuro plan para reorganizar la Administración que generaría un ahorro anual de 400 millones de euros. Pero este plan, como otros que se han sugerido, está por concretar y habrá que esperar a que se conozcan los detalles. De momento, cabe recordar que la reducción de altos cargos del pasado mes de junio se anunció del 30% y luego fue inferior a lo publicitado: se quedó en el 21% en los miembros del Consell, un 17% en los altos cargos del gobierno y en el 20% en los asesores políticos.

En cualquier caso, lo que propone la Generalitat Valenciana no se parece todavía a las decisiones y debates en torno a la deuda autonómica de Cataluña y, sobre todo, de Castilla-La Mancha, las dos comunidades con las que compartimos el dudoso honor de ser los más endeudados con respecto al PIB regional, según los informes del Banco de España para el primer trimestre de 2011. La Comunidad Valenciana tiene una deuda de 17.895 millones, el 17,4% del PIB valenciano y un 130,5% del presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2011. La deuda de Cataluña es de 34.323 millones, el 17,2% del PIB catalán y un 106,1% de su presupuesto para 2011. Mientras que Castilla-La Mancha tiene una deuda oficial de 6.106 millones (el nuevo Gobierno del PP la eleva a cifras de momento inconcretas entre los 7.000 y los 10.000 millones), el 16,9% del PIB castellano-manchego y un 70,9% de presupuesto regional para 2011.

En Castilla-La Mancha, Cospedal ha anunciado el plan de recortes más general y proporcionalmente más grande de todas las comunidades autónomas. Pretende conseguir un ahorro de 1.800 millones hasta diciembre de 2012. Cerca de 200 millones con cargo a los presupuestos de 2011 y el resto en los de 2012. Se pasaría de 8.600 millones de presupuesto en 2011 a unos 7.000 para el próximo año. Una recorte cercano al 20%. Según el plan anunciado, se aumentarán los ingresos de la Junta de Castilla-La Mancha en 100 millones de euros por venta de patrimonio, y habrá reducciones de 300 millones en gasto de personal, 400 en subvenciones a empresas, 250 en infraestructuras, 400 en sanidad o 150 para empresas agrícolas. Se suprimen 19 organismos públicos e instituciones como el defensor de pueblo autonómico. Se persigue, además, la reducción en un 40% del número de asesores políticos y habrá 500 liberados sindicales menos.

Si se hiciera algo parecido en la Comunidad Valenciana, aplicando los mismos porcentajes que en Castilla-La Mancha, el recorte con respecto a los presupuestos de 2011 tendría que ser cercano a los 2.750 millones, mientras si el cálculo se hiciese en función del peso de la deuda en el PIB valenciano, llegaría a superar los 4.500 millones en 2012. Cifras considerablemente superiores a las que de momento utiliza públicamente el Consell a falta de un plan global, detallado y concreto.

Se dice que María Dolores de Cospedal debía actuar rápidamente y con energía para marcar diferencias claras con el anterior gobierno, teniendo en cuenta que ha accedido a una institución gobernada por el PSOE durante décadas. Por eso, muchas de las medidas que ha tomado, además de reducir la deuda, debilitan las redes de favores del partido anteriormente en el gobierno. Puede que sea así, pero es una explicación insuficiente.

El tiempo no es igual para el presidente Fabra y para la Comunidad Valenciana

Alberto Fabra, en el mes y medio al frente de la Generalitat, ofrece la sensación de ser una persona con voluntad de gobernar sin el autoritarismo de su antecesor y de hacer frente a los problemas con una perspectiva nueva. Hay que desear que no sea una impresión equivocada. Salimos de la agotadora y, en demasiados aspectos, improductiva época de Camps, que en los últimos años sólo ha generado crispación, incapacidad para ver la realidad y tiempo perdido.

A diferencia de Cospedal, el presidente Fabra lleva menos semanas en el cargo, su equipo de gobierno fue nombrado por su antecesor y el partido gobernante es el mismo y tiene asentadas unas redes de favores sólidas. Son diferencias importantes con Castilla-La Mancha. Quizás por eso da la impresión de querer ganar tiempo hasta el 20 de noviembre y evitar, entre tanto, decisiones contundentes en el entramado de los organismos públicos que funcionan en paralelo a la Administración general de la Generalitat y que han generado el grueso de la deuda valenciana. De momento, se mueve con pies de plomo para no herir sensibilidades ni dentro ni fuera de su partido.

Quiere ganar aliados y hacerse fuerte. Luego podrá contar con equipos propios y definir sus objetivos de gobierno. Necesita tiempo. Por desgracia para él, ni las finanzas de la Generalitat, ni la realidad económica y social de la Comunidad Valenciana pueden concederle demasiado. No es momento de planes y proyectos genéricos que nunca se ejecutan, como en la etapa de Camps. Ahora hacen falta decisiones concretas, iniciativas bien definidas y voluntad de llevarlas adelante. Es necesario recuperar el tejido productivo y social valenciano. No se puede esperar más. Es tiempo de decisiones.

Article publicat a VALENCIA PLAZA el 4 de setembre de 2011. http://www.valenciaplaza.com/ver/31731/Esperando-a-Fabra.html