Con motivo de las primarias del PSPV-PSOE, en las últimas semanas hemos asistido a un cierto debate sobre si un partido político debe denunciar activamente los casos de corrupción política que se producen en la Comunidad Valenciana, si ese debe de ser el centro de su discurso y actuación política, y, finalmente, si produce beneficios electorales para el partido denunciante. Lo planteado es de enorme interés, aunque la discusión haya quedado circunscrita a las filas socialistas y haya sido de corto recorrido.
En mi opinión, hay una respuesta distinta para cada una de las cuestiones apuntadas. A la pregunta de si un partido político debe denunciar activamente los casos de corrupción política, la respuesta, si creemos en los valores democráticos, no puede ser más que un rotundo e inequívoco sí. No se puede especular con el hecho de que hay corrupción de primer, de segundo o de tercer grado. Existe corrupción o no, y cuando existe eso es grave para el funcionamiento de una sociedad y de la democracia.
Y en el caso valenciano, aunque pueda ser legítimo tener la convicción de la ausencia de enriquecimiento personal o incluso de la honradez privada de personas implicadas en los escándalos de corrupción y financiación irregular que afectan al PP valenciano, lo cierto es que política y públicamente la mayor parte de los implicados deberían haber dimitido hace mucho de sus responsabilidades públicas. De hecho, teniendo en cuenta sólo alguna de las conversaciones publicadas, en cualquier país con una cultura democrática seria, la dimisión habría sido la salida digna y honesta a una situación como la actual que degrada las instituciones autonómicas y la imagen de la Comunidad Valenciana en el resto de España y en Europa.
Sin embargo, denunciar la corrupción, por muy grave que ésta sea y por mucho que afecte directamente a la cúpula dirigente del partido que gobierna actualmente la Generalitat, no debería ser el eje y casi la causa única de las fuerzas políticas que son oposición en la Comunidad Valenciana por dos motivos íntimamente relacionados entre sí: por razones de estrategia política y por la percepción que amplios sectores de la sociedad tienen de la política y, sobre todo, de los políticos.
Que un partido concentre su apuesta estratégica en un solo tema suele ser arriesgado y, casi siempre, en contra de la opinión de los interesados directores de marketing, un error político. Hacerlo en la corrupción política representa un riesgo doble y, por ende, una equivocación mayor. La corrupción política es un hecho éticamente deleznable y un cáncer para la salud democrática y cívica de cualquier país; pero en las sociedades mediterráneas de tradición católica (y se podría extender la consideración a las sociedades de las orillas ortodoxa y musulmana del Mediterráneo) buena parte de sus ciudadanos, sino una notable mayoría, tienen ante la corrupción política una actitud entre fatalista, sectaria y cínica.
Fatalista porque se ve el fenómeno como algo intrínseco al ejercicio de la política. SectariaCínica porque se atribuye a los políticos, de manera genérica y sin la más mínima prueba, la idea de que son gente corrupta o más fácilmente maleable y después se mira hacia otro lado cuando se conocen corruptelas en los respectivos ámbitos de relación o trabajo, sobre todo cuando se creen o se sienten beneficiados por la situación. Todo ello agravado, en la sociedad española, por el hecho de que quien se considera de derechas castiga menos la corrupción de sus filas, y quien se autodefine de izquierdas tiende a castigar a los suyos tanto por la corrupción propia como por la ajena. porque tienden a valorar de manera distinta la que se produce entre quienes son más próximos políticamente, que se suele ignorar o justificar, y aquella que se da en los otros partidos, que mueve a la irritación y a la crítica inclemente.
Este hecho entra en relación con la tercera de las cuestiones planteadas en el debate: si la denuncia de los casos de corrupción puede o no producir beneficios electorales al partido denunciante y si, en consecuencia, los electores castigan a los políticos corruptos. La respuesta es que no necesariamente. En primer lugar, la denuncia en el ámbito jurídico, o en términos morales y basándose en los valores democráticos, tiene un recorrido político generalmente muy corto.
Además de que jurídicamente tardan demasiado tiempo en sustanciarse, para la mayor parte de la población estas denuncias son interpretadas como peleas entre políticos. Y los políticos en nuestro país, vale la pena recordarlo, son vistos por los ciudadanos cada vez con mayor desafección y como una élite cerrada y con intereses propios independientemente de los partidos en liza.
Para que la corrupción política sea vista como un problema que afecta directamente a los ciudadanos, un partido político deberá saber explicar de que manera este comportamiento está en la base de las deficiencias y carencias que tienen los servicios educativos, la gestión de la dependencia, la sanidad, las infraestructuras o la economía en la Comunidad Valenciana, por no hablar del elevado déficit público que padecemos los valencianos y que nos lastra como sociedad. Algo que, me temo, no ha ocurrido suficientemente hasta el momento.
Los estudios más exhaustivos sobre corrupción política y comportamiento electoral en España, aunque no son concluyentes y se refieren sobre todo al ámbito local, apuntan tres comportamientos básicos: incremento del voto favorable al político acusado de corrupción, apoyo tibio al denunciado y malos resultados de la oposición, y, por último, victoria de la fuerza política denunciante y castigo electoral a los acusados o denunciados por corrupción política.
El incremento, a veces masivo, del voto a los políticos denunciados por corrupción, se da en aquellas situaciones en que prácticamente no existe oposición política y la mayor parte de la población considera correctas o beneficiosas para los habitantes de la localidad afectada las políticas del denunciado, que suelen ser personas con un fuerte carisma, con discursos populistas y que gobiernan pequeñas localidades cohesionadas contra lo que consideran ataques desde el exterior.
El apoyo tibio al denunciado, con altos niveles de abstención y malos resultados de la oposición, se da en aquellos casos en que una parte considerable de los ciudadanos pueden desaprobar los comportamientos de los gobernantes, pero los consideran los menos malos y, sobretodo, no ven una alternativa política clara en la oposición. Finalmente, los políticos denunciados por corrupción son castigados electoralmente en aquellas ocasiones en las que la oposición es percibida como alternativa política y un porcentaje notable de la población considera que la corrupción denunciada o el mal gobierno le afectan negativamente y de manera directa.
O dicho de otro modo, la corrupción política difícilmente es castigada en las urnas si no hay alternativa política con un discurso claro, global y coherente. Cuando eso ocurre, lo peor es que la política pierde sentido colectivo y democrático y la corrupción se extiende, degrada a la sociedad y la hace más pobre y envilecida. En la Comunidad Valenciana, deberíamos tomar nota.
Article publicat a Valencia Plaza el 21 de setembre de 2010 http://www.valenciaplaza.com/ver/7686/Esc%C3%A1ndalos--corrupci%C3%B3n-y-votos.html
