Madrid nos mata

Madrid es una ciudad de poder. Ministerios, instituciones, embajadas, universidades, fundaciones, centros de análisis, bancos y empresas privadas, partidos políticos, sindicatos o principales medios de comunicación. El número de personas que, en un sentido amplio, trabajan en los espacios madrileños del poder tomando decisiones o produciendo opinión e ideología resulta abrumador. Como es abrumador el peso de la tradición y de la visión radial y centralista de España. Madrid, villa y corte. Centro, modelo y referencia. Es un sueño antiguo. Omnipresente en el Madrid oficial y del poder. 

Si se habla del desastre de las cajas de ahorro (las valencianas han demostrado un nivel vergonzoso), los compradores vendrán del centro salvador. Si lo que está en juego es el modelo de Estado o el déficit público, de nuevo el centro es ejemplar y las autonomías son derrochadoras. Si se dibuja el mapa del AVE o las comunicaciones, ahí está el centro, punto de origen y destino de todos los caminos, exactamente como dispuso Felipe V por real decreto hace tres siglos.

Madrid contra la Comunidad Valenciana: eje central y eje mediterráneo

Los valencianos contamos poco en Madrid. Pasó en la época de Lerma y sus ministros valencianos, con el poder valenciano de Zaplana y con la combinación de victimismo y capacidad para salvar a Rajoy de Camps. Flores de un día. En unas semanas, la UE decidirá cual será el eje ferroviario prioritario en España y al que se destinarán recursos europeos. La batalla es entre el eje central, con Madrid como punto nuclear, o el mediterráneo, con Valencia y Alicante como referentes. Esta semana las presidentas del eje central (Rudí, Aguirre y Cospedal) han hecho una demostración de fuerza. La consellera Bonig ha reaccionado correctamente. Mas, Fabra y Valcárcel han callado. Deberíamos preocuparnos. En España, si Madrid juega, casi siempre gana. Sentido del poder.

Hace 10 años, Zaplana se distraía hablando de un hipotético eje ibérico (Valencia-Madrid-Lisboa) mientras en España gobernaba Aznar y Loyola de Palacio era comisaria europea. Ninguno de los tres trabajó para que el eje mediterráneo estuviera en los planes de la UE sobre sistemas de comunicación transeuropea en su parte española. Entonces, Madrid empezó a ganar. Casi nadie en la Comunidad Valenciana dijo nada. Se repitieron los silencios cuando Camps decía impulsar un supuesto eje de la prosperidad con Aguirre o Matas.

Todo menos buscar alianzas con Cataluña. Tuvo que ser la sociedad civil, a través de grupos de empresarios, quien sumara voluntades a favor del eje mediterráneo con una década de retraso. Los errores políticos, la pobreza de miras y el anticatalanismo se pagan. Ahora, si no se consigue financiación para el eje mediterráneo, la Comunidad Valenciana será una zona más periférica y con menos oportunidades dentro de Europa.

El 15-M, centralista

Está tan arraigada la idea centralista, que hasta las recientes marchas de los indignados han seguido las vías de la España radial, reforzando la lógica de concentración geográfica de poder de quienes dicen combatir. Siete rutas desde la periferia al centro. Marchas del Norte, Noroeste, Noreste, Este, Sur, Oeste y Sureste. Un nacionalista español radicalmente uniformista no se habría atrevido a eliminar de manera tan taxativa toda referencia a los nombres de las molestas nacionalidades y regiones para convertirlos en meras referencias geográficas que sólo tienen sentido si se miran desde el centro. Madrid, lugar también del contrapoder de los indignados.

Seguramente no es un accidente. El 15-M es la manifestación de un malestar de fondo en la sociedad, plantea problemas importantes. Pero, en este movimiento, además de una deriva asambleísta, un gusto por el anonimato y un discurso, a menudo, redentorista y populista, cosas todas ellas poco democráticas; late un alma jacobina y centralista. Recordemos que su primera reivindicación concreta, la reforma de la ley electoral, apunta a la creación de un distrito único español y que, en sus debates, las comunidades autónomas y la diversidad española son ignoradas o consideradas hechos secundarios por los indignados.

Las elecciones generales, en noviembre

En Madrid, siempre hay algún debate obsesivo. Uno de los últimos ha sido el que pretendía el adelanto de las elecciones generales. Empezó a mediados de 2009. El PP comenzaba a superar en las encuestas al PSOE. La prensa de derechas y el propio PP alegaban que adelantar las elecciones y cambiar el partido en el Gobierno facilitaría la salida de la crisis. Las sucesivas crisis del euro, la caída del prestigio de Zapatero o el nombramiento de Rubalcaba como candidato socialista lo han avivado. En las últimas semanas, hasta los medios cercanos al PSOE, como El País, pedían el adelanto electoral. Zapatero, al final, ha cedido y habrá elecciones el 20 de noviembre.

Probablemente, serán las elecciones generales del actual período democrático con menor competencia entre programas políticos diferenciados y mayor componente de mera batalla por el poder. Un panorama desconcertante habida cuenta del grado de crispación entre los dos principales partidos. El PP cuenta con una posición favorable, las encuestas le dan una ventaja clara y tiene a su electorado galvanizado; pero ni su líder genera suficiente confianza ni el partido ofrece la sensación de ser alternativa y se desconoce lo que pretende hacer en el gobierno. Cuenta, además, como todo partido en la oposición, con tres facciones definidas en función de su forma de entender el poder: quienes tienen ganas de revancha, quienes desean un cargo, y quienes, con sentido de la responsabilidad, temen lo que se les viene encima. Si llega al gobierno, Rajoy debería apoyarse en éstos últimos.

Más singular es el caso del PSOE, que afronta las elecciones con una realidad esquizofrénica. Por un lado, el PSOE de Zapatero. Por otro, el del candidato Rubalcaba, hasta ayer vicepresidente, obligado a redefinir a marchas forzadas al PSOE como fuerza de izquierdas diferenciada de las políticas del Gobierno en los últimos años. Una apuesta endiablada y desesperada, pero con posibilidades. Si el PSOE obtiene el 20-N un resultado digno o incluso bueno, podría intentar formar una nueva dirección del PSOE que llevase a cabo una reestructuración controlada del partido en todas partes, tratando de incorporar al PSOE algo más que profesionales de la política formados en las Juventudes Socialistas. Pero si los socialistas sufren un nuevo batacazo electoral, todo puede saltar por los aires: el zapaterismo, los restos de la vieja guardia de la época de Felipe González que encarna Rubalcaba y las estructuras de poder de las distintas federaciones. La zozobra socialista sería profunda.

Las elecciones y los partidos valencianos

Los partidos valencianos cuentan poco en estas elecciones. Los posibles beneficios electorales, en términos de escaños, de PP y PSOE respecto al 2008 son escasos comparados con los que se pueden obtener en otras comunidades. Con todo, si el PP gana, asistiremos al cambio del actual discurso victimista por otro que destaque la colaboración y buena sintonía entre la Generalitat y el Gobierno de España. Y poco más. Mientras dure la crisis, no llegarán recursos. Además, para el PP, ahora que gobierna en casi todas partes, la Comunidad Valenciana tiene menos valor político que en el pasado y se asocia a problemas y corrupción. Madrid, las dos Castillas, Cataluña, Galicia o Andalucía son más importantes. Fabra tiene mucho trabajo que hacer para sacar el PP valenciano del agujero y lavar su imagen.

Para la actual dirección socialista valenciana, los escenarios después de las elecciones son difíciles. Malos si los resultados son catastróficos para su partido y complicados si son dignos y se promueve una regeneración interna. Su mejor baza es que el PSOE central ignore a la Comunidad Valenciana. Al fin y al cabo, el PSPV-PSOE siempre ha contado poco en el universo socialista español, y no parece que eso vaya a cambiar en un futuro inmediato.

Los otros partidos valencianos simplemente no existen en Madrid y no será fácil que tengan un lugar en las Cortes Generales después del 20-N.

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Después de la caída

Camps, antisistema

El discurso de Francisco Camps la tarde de su dimisión fue políticamente pobre. Se puede disculpar porque lo hacía una persona herida y que había tomado una decisión muy dura. Pero demasiadas cosas sonaban equivocadas en su despedida. Sorprendía, incluso, que el eje central del discurso tuviera una lógica antisistema. En su intento de argumentar porqué dimitía, sin explicar las causas reales, reiteró que todo lo que ocurría se debía a que él era víctima de un sistema brutal que lo había perseguido durante más de dos años de una manera infame. Todo era producto de una enorme conspiración en su contra.

La contracultura americana de los años sesenta del siglo XX dejó en sectores importantes de nuestra sociedad la idea mágica de que existe un sistema que trata de controlarlo todo y condiciona nuestras vidas. El sistema es una abstracción, algo inconcreto, la imagen de nuestros odios y la explicación simplista de nuestros problemas. No es comprensible que Camps combinara en su discurso final como president de la Generalitat la idea del sistema opresor que le persigue y una visión conspirativa de los motivos que mueven a quienes le han criticado. Son formas de ver el mundo propias de grupúsculos antisistema, no de un demócrata.

El sujeto del sistema para Camps es el PSOE y sus colaboradores, mientras que para los antisistema, extremistas e integristas suele ser el capitalismo, los mercados, el materialismo u Occidente; pero la lógica del discurso en esencia es la misma: lo que nos ocurre no es culpa de nuestros errores o circunstancias, sino porque padecemos el ataque conspirativo de un sistema brutal. En tal caso, quizás fuera el Sistema quien presentó Álvaro Pérez, el Bigotes, a Camps, y fue el Sistema quien hizo que su gobierno contratara por cifras millonarias y procedimientos no siempre claros a Orange Market, o que el mismo Álvaro Pérez le ofreciera trajes y regalos, y fue el Sistema quien hizo que Camps negara conocer a Pérez y no recordara cómo consiguió los trajes. La dimisión de un president de la Generalitat es un hecho triste, pero la causa se encuentra en los errores del expresidente y no en la conspiración de ningún sistema.

Aclaremos una cosa, Camps puede ser inocente del delito de cohecho impropio por haber recibido el regalo de unos trajes. Además, no hay ningún indicio de que personalmente se haya enriquecido de manera espúrea. En unos meses, cuando se celebre el juicio, no es impensable que sea absuelto, y que su partido reivindique su figura y lo recupere para alguna responsabilidad. Eso puede pasar. Pero, la cuestión de los trajes es un tema relativamente menor, que no le hubiera ocurrido a un político con más cintura y desparpajo. Lo esencial y por lo que Camps debería haber dimitido hace tiempo es que mintió reiteradamente a los ciudadanos y que tiene la responsabilidad política de que bajo su gobierno y gracias a su persona Orange Market hizo negocio de manera oscura a costa del dinero público de todos los valencianos.

Euforia en la cuarta planta

En la cuarta planta del número 4 de la calle Blanqueries, centro de la dirección del PSPV, fue una tarde larga y feliz. De la sorpresa inicial se pasó a la euforia. Se celebraba la salida del president de la Generalitat del cargo. Pronto se asentó la idea de que este hecho allanaba el camino para los socialistas y ayudada a asentar el liderazgo de su secretario general. Quien discutía estas aseveraciones era un agorero o, peor aún, un derrotista. El lugar se llenó de gente, todo eran parabienes, y, al final, hasta se abrieron botellas de cava. Era el 24 de julio de 2002. Aznar acababa de nombrar a Eduardo Zaplana ministro de Trabajo, José Luis Olivas era el nuevo presidente de la Generalitat y Francisco Camps pasaba a ser el candidato del PP a las elecciones autonómicas de 2003. La izquierda y, especialmente el PSPV, consideraron una buena noticia la candidatura de Camps, lo veían con poca energía y sin la cintura y desparpajo de Zaplana. Era un candidato más débil. Después, con Camps al frente, el PP derrotó en tres ocasiones a la izquierda y al PSPV-PSOE. En 2007 y, sobre todo, en 2011 de manera humillante. 

El 20 de julio de 2011 se han vivido escenas parecidas en la sede socialista. Los protagonistas eran otros. Las conclusiones similares: la caída de Camps es un triunfo propio, Alberto Fabra es una persona con menos energía, apoyos y capacidad política que Camps, y su nombramiento facilita el camino al PSPV, mejora la posición socialista y refuerza el liderazgo de su secretario general. El mantra puede funcionar. Los partidos son organizaciones con más consignas que pensamiento. Pero, acabado el tema de los trajes (lo único de lo que han hablado los socialistas en los últimos años), el PSPV deberá encontrar una nueva estrategia de oposición más allá del recurso monotemático a la corrupción. Tendrán que hacer oposición de verdad, fortalecer a su partido y ofrecer alternativas. Y no será fácil. Salvo excepciones, no están acostumbrados, y muchos, simplemente, no saben. Además, el calendario político socialista de los próximos meses es duro y no está claro quien sobrevivirá a los vaivenes que se avecinan. Finalmente, deberían aprender de lo ocurrido en 2002 y evitar infravalorar a Alberto Fabra y al PP valenciano.

Compromís, la oposición

Desde que ha empezado esta legislatura, Compromís parece tener como objetivo marcar la agenda política, cuanto menos por lo que a la oposición se refiere. De momento, demuestran mayor capacidad de iniciativa que EU y el PSPV. Su desafío es serio. Quizás por eso amagan con presentar candidato en la investidura de Fabra. Un gesto para marcar territorio. Compromís entiende, con parte de razón, que actualmente es una formación más dinámica, con mejor presencia en las redes sociales y con más potencial de atracción que el resto de las fuerzas de oposición al PP. Consideran que EU carece de espacio definido y que el PSPV vive una crisis estructural, se encuentra paralizado y la principal preocupación socialista es hacer frente a las próximas elecciones generales y los subsiguientes congresos internos en el ámbito estatal y valenciano.

Retos excesivos para la actual dirección socialista y que pueden conducir, en su opinión, a una crisis socialista aún mayor. Saben que el éxito relativo de las últimas elecciones autonómicas tiene mucho de coyuntural y demérito socialista. Intuyen que las tensiones entre los distintos sectores del BNV, Els Verds e IPV pueden generarles problemas internos, a menos que su espacio político siga creciendo. Pero, como les ocurre a los socialistas, sin Camps de presidente, parte de su discurso y acción política, junto con las camisetas de Oltra, pierden valor. También tendrán que aprender a hacer oposición, si aspiran a liderarla, y eso es algo más que ir a la contra. Significa tener alternativas, presencia social, voluntad de gobierno y, por lo tanto, propuestas realistas y globales.

Manda Madrid

Desde que en junio de 2004, apenas unas semanas después de que Zapatero fuese elegido presidente del Gobierno de España, Camps pusiera en marcha un discurso victimista que se ha mantenido machaconamente en el tiempo, el sentido de la autonomía valenciana y del autogobierno se ha ido degradando progresivamente. En demasiadas ocasiones, el Consell, con su presidente al frente, ha renunciado a ser un órgano de liderazgo social y afirmación de políticas públicas propias y ha preferido comportarse como un altavoz de quejas contra el perverso gobierno central socialista. El discurso ha sido maniqueo y falso, pero ha funcionado socialmente y, por eso, se ha mantenido hasta ahora. Sin embargo, de ese modo, el sentido de tener un gobierno propio y autónomo se desvanecía, de ese modo el Gobierno Valenciano dejaba de gobernar en muchas ocasiones y subordinaba la iniciativa política del Consell al interés y las lógicas del PP estatal. De ese modo, la Comunidad Valenciana salía perdiendo.

No sorprende, por lo tanto, que desde la calle Génova de Madrid se enviase a Federico Trillo de emisario para solucionar el problema de los trajes en Valencia, que se impusiera una solución deshonrosa para el president de la Generalitat como era la de aceptar su culpabilidad y pagar una multa, o, lo que es peor, que Camps dijera en su dimisión como presidente de los valencianos que lo hacia para ayudar al PP estatal y a Mariano Rajoy a ganar las elecciones. Poco importaba que de ese modo se degradase el sentido del autogobierno valenciano. El PP central ya había forzado la dimisión de Camps al no garantizarle su apoyo y había decidido el nombramiento de Alberto Fabra como nuevo president de la Generalitat y del PP valenciano, sin consultar a los órganos internos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Madrid manda, sobre todo en los partidos con vocación centralista, y las autonomías son consideradas como un asunto secundario o un problema.

De nuevo, un Consell provisional

En lo inmediato, lo más significativo de la dimisión de Camps, es que el Consell nombrado hace menos de un mes pasa a tener un carácter provisional. Nombrado el pasado 22 de junio por Camps con un perfil tecnocrático y con personas de su absoluta confianza, el equipo se ha envejecido de repente y se encuentra en estos momentos descolocado. Cuando los nuevos objetivos y lógicas de decisión estaban empezando a establecerse, se cambia al presidente. En consecuencia, el Consell tiene que volver a confirmar sus prioridades políticas, y debe reconsiderar la posición, jerarquía y autoridad de cada miembro del Consell, sobre todo de Sánchez de León o de Johnson. Eso requiere tiempo y no hay mucho margen. De hecho, desde que estalla el asunto de los trajes, mientras la crisis económica va a más y la deuda de la Generalitat no deja de crecer, el Consell ha estado en un estado de semiparálisis. Y ya son dos años y medio.

Vela y Verdeguer parecían dispuestos a encabezar una nueva agenda política hacia la austeridad, el control de la deuda y el apoyo a los sectores productivos. Está por ver como se adecuará esta agenda incipiente al cambio de presidente. Hay que pensar que, aunque de momento Madrid haya impuesto un respeto escrupuloso de Fabra hacia el equipo de su antecesor, en los próximos meses se vayan produciendo cambios. Primero, en los equipos de asesores de Presidencia y en alguna dirección general. Después, cuando pasen las elecciones generales, Fabra ajustará el Consell y nombrará un equipo propio. Mientras tanto, seguiremos con una incierta provisionalidad.

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Pequeñas mentiras con importancia

Los primeros pasos del conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela, son positivos y merecen ser elogiados, a la espera de su evolución posterior. En las pocas semanas que lleva en su cargo ha expresado su voluntad para controlar la desbocada deuda de la Generalitat, para que el Consell pague regularmente a sus proveedores, para reducir el gasto público manteniendo los servicios básicos, para revisar la sobredimensión de empresas y organismos, frenar el descontrol de personal al servicio de la Generalitat y ajustar a lo imprescindible el gasto más ordinario de los altos cargos y de las dependencias públicas. Una declaración de intenciones seria y difícil. El futuro dirá si se queda en eso, meras intenciones, o si estas primeras iniciativas estructuran la gestión de la hacienda de la Generalitat en los próximos años. 

Llama la atención que, entre las medidas para reducir el gasto ordinario de los altos cargos y de las dependencias públicas, el conseller Vela haya establecido limitar a tres el número de comidas oficiales en una semana con cargo a la caja pública, o concrete los restaurantes a donde ir y los precios (entre 20 y 25 euros por persona) de los menús, a la vez que impulsa medidas para controlar el gasto en coches oficiales, y en luz y teléfono de los servios públicos de su conselleria. Se ha dicho que el ahorro que producirán estas medidas será como el chocolate del loro, algo ínfimo dentro del gasto total de la Generalitat. Incluso hay quien considera que son medidas de cara a la galería.

Ciertamente, si las iniciativas quedan restringidas a una conselleria y a un puñado de cargos públicos, el ahorro será escaso e irrelevante. Quedarán como una anécdota o una excentricidad de un responsable público. Algo parecido a lo que, en su día, le ocurrió al exministro Jesús Caldera y su obsesión personal por reducir a la mínima expresión los gastos superfluos del Ministerio, que acabó por ser un hecho aislado y sin la menor transcendencia. Ahora bien, si las medidas de Vela van en serio y acaban por extenderse a todos los organismos vinculados al Consell, las cifras se multiplicarían y supondrían una reducción del gasto que no puede ser despreciada.

Hagamos un esfuerzo. Sumemos lo que se gasta innecesariamente en teléfonos móviles, teléfono convencional, luz, alquileres, coches oficiales usados en exceso, edición de libros por los organismos públicos sin un criterio y sentido definidos, publicidad fatua, merchandising de lo más diverso y curioso (desde la producción de relojes hasta toallas, anoraks, chubasqueros y prendas de ropa de todo tipo con logos oficiales sin venir a cuento, en esto las Corts son emblemáticas), o la financiación de espectáculos sin público y el regalo, a veces generalizado, de entradas. Sumémoslo y añadamos algunas otras cosas superfluas, como los 3 millones de euros que cuesta mantener al año el Consell Valencià de Cultura. Con el ahorro obtenido no nos llega para solucionar la deuda de la Generalitat, pero seguro que se consiguen recursos para que puedan funcionar con normalidad algunos servicios básicos que ahora tienen dificultades o para poder pagar a parte de los proveedores y evitar el cierre de alguna empresa.

No está de más recordar que los responsables públicos tienen dos sueldos por su cargo. El que reciben por su trabajo y que es conocido públicamente, y aquel que se deriva de la suma de todo lo que dejan de pagar (desplazamientos, asistencia a espectáculos y, por encima de todo, teléfono móvil y restaurantes; por no hablar de regalos institucionales). No son infrecuentes los políticos dados a hablar profusamente por teléfono que gastan más de 400 euros al mes (cerca de 5.000 euros al año) y una parte importante del gasto no se justifica por su responsabilidad pública.

También son muy comunes quienes comen y cenan con cargo a la caja pública, y habitualmente no lo hacen solos. Una comida o cena de trabajo puede costar unos 40 o 50 euros por persona, como mínimo; pongamos que un responsable público hace sólo unas cuatro ingestas a la semana con cargo al presupuesto público, todas con únicamente una persona más, tendríamos en total unos 300 o 400 euros a la semana, 1.300-1.600 al mes y entre 16.000 y 19.000 al año.

Sumemos y multipliquemos y obtendremos cifras más que respetables. Piénsese que hablamos sólo de altos cargos de la Generalitat; pero la contención del gasto se podría ampliar a diputados en las Corts, en las diputaciones provinciales o a los concejales y asesores del generoso Ayuntamiento de Valencia, tanto del partido en el Gobierno como de la oposición. Cierto que no todos los políticos gastan tanto y que se conocen casos que prácticamente no gastan nada en este tipo de actividades, pero los hay que sobrepasan con creces las cifras indicadas. Si se redujeran estos gastos de representación a lo mínimo, siguiendo las recomendaciones y limitaciones que ha establecido Vela en su conselleria, el ahorro sería notable y el ejemplo también.

Porque, con ser importante suprimir todos los denominados chocolates del loro que gastan las administraciones, organismos e instituciones públicas, lo principal de la reducción del gasto de representación y suntuoso a la mínima expresión no es el ahorro que generaría. Lo esencial, si se consolidaran estos mecanismos para limitar gastos superfluos, sería empezar a cambiar la actitud y la forma de trabajar y afrontar la administración de los recursos públicos. Pasar de la alegría, en ocasiones desmedida, a la austeridad y el rigor como valores en la gestión. Llevar a cabo un cambio ético que ponga fin al descontrol de los años en que todo parecía una fiesta, el crédito fluía y se despilfarraba dinero público.

La crisis económica, en la que estamos y de la que nos costará salir, tiene, entre otras causas, como recuerda el estudio dirigido por Anton Costas (La crisis del 2008. De la economía a la política y más allá), una intangible: el hundimiento del valor de la ética del esfuerzo y el control del capitalismo tradicional que fue substituida por un comportamiento amoral basado en el todo vale para conseguir dinero, lo que condujo a una gestión irresponsable y obscena de los recursos financieros y públicos -que además no eran de quienes los gestionaban- con el único fin de enriquecerse personalmente y de la manera más rápida posible. Recuperar esa dimensión ética, austera y responsable en la gestión pública, también es algo urgente en nuestras administraciones, en la dimensión más pequeña del gasto y en las grandes inversiones.

La semana se cierra con las consecuencias provocadas por un hecho relacionado con el segundo sueldo de los políticos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana juzgará al president de la Generalitat, Francisco Camps, para determinar si el regalo de unos trajes por valor de 12.783 euros por parte de Álvaro Pérez, 'el Bigotes', es cohecho impropio por parte del president. La oposición pide que Camps dimita, como si ser juzgado fuera sinónimo de estar condenado. Si la Comunidad Valenciana fuera un país anglosajón, Camps ya hace tiempo que habría dimitido, no porque vaya a ser juzgado, sino porque negó conocer a Álvaro Pérez y afirmó haber pagado personalmente los trajes. Pequeñas mentiras con importancia.

Quizás el error de Camps deriva de que el sistema político español ha asimilado que ese segundo sueldo descontrolado de los políticos es algo normal. Y no lo es, ni puede serlo. Seguramente ahí, en una concepción equivocada, no consciente y bastante generalizada de lo que es el segundo sueldo de los políticos, empezó el largo vía crucis particular del president de la Generalitat, que ya dura tres años y que contribuye a paralizar la acción política y económica del Consell. 

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Una democracia con más pompa que circunstancia

El president de la Generalitat anunció que el número de altos cargos y miembros del Consell se reduciría en un 30%. La noticia fue bien recibida. Mostraba -se decía- una voluntad de reducir y controlar el gasto público. Luego nombró un nuevo Consell con menos altos cargos y consellers. Buena parte de los medios de comunicación destacaba en titulares que la reducción era, efectivamente, del 30% prometido por Camps, pero los datos que publicaban no se correspondían con los titulares. Las matemáticas fallaban. 

El Consell lo forman ahora 11 personas, incluido el mismo president, tres menos que hace un mes. La reducción es del 21,5%. Rozaríamos lo prometido con un conseller menos. Los altos cargos del Consell (secretarios autonómicos, subsecretarios, directores generales y directores de organismos públicos) han pasado de aproximadamente 120 a unos 100. La disminución se acerca al 17%: para cumplir lo anunciado, deberían haberse suprimido 16 altos cargos más. Los asesores de confianza (no se han dado cifras concretas) deben haberse reducido, por lógica organizativa, en cifras cercanas al 20%. Por tanto, el recorte del Gobierno y altos cargos del Consell ha sido inferior a lo anunciado por el president.

Mejor con menos organismos, empresas públicas y fundaciones

Además, la reducción del Gobierno parece agotarse ahí. Pero, si el Consell quiere reducir gastos, debería reconsiderar, en serio, la gestión y la misma existencia de 70 empresas y fundaciones dependientes de la Generalitat, y que actúan en paralelo a la acción ordinaria del Consell. Tendría que racionalizar el número y funciones de los consejos asesores de todo tipo que pueblan las consellerías y hacer frente, de una vez por todas, al agujero negro de RTVV y algunos de los grandes proyectos. No sobra administración y servicios públicos.

Sobran organismos y mala gestión. Si Verdeguer y Vela quieren, de verdad, reorientar la política económica del Consell y controlar la desbocada deuda de la Generalitat tendrán que podar el entramado de organismos paralelos creados en la última década, explicar más y mejor el porqué de las decisiones públicas que se adoptan y gestionar de una manera más transparente de como hasta ahora ha venido haciéndolo el Consell. Mucho trabajo por delante.

¿Por qué no suprimir instituciones dudosamente útiles?

La recientemente elegida presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha anunciado que suprimirá instituciones autonómicas inútiles. Ha puesto como ejemplo el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, algo similar al Síndic de Greuges valenciano. Nuestro Estatuto de Autonomía establece la existencia de seis instituciones derivadas o vinculadas a las Corts Valencianes, a saber: el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Comité Econòmic i Social, el Consell Valencià de Cultura y la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Instituciones todas ellas con más pompa que circunstancia, lo que suele significar poco control, menos transparencia, sueldos y dietas más que generosos, y presupuesto excesivo. Con su funcionamiento actual, suponen un despilfarro de los recursos públicos, habida cuenta de que los beneficios colectivos que generan, aunque sea injusto generalizar, son más bien escasos.

Si realmente queremos reducir el entramado gubernativo, institucional y administrativo para aumentar la eficiencia de las administraciones públicas valencianas deberíamos preguntarnos decididamente sobre el sentido de mantener el Consell Valencià de Cultura, que ha perdido el sentido que tuvo cuando se creo hace 30 años, o el Síndic de Greuges, que nunca ha conseguido tener un mínimo prestigio, y alimentar la sobredimensión del resto de instituciones estatutarias.

Aprovechando los debates que abre la crisis, deberíamos ser valientes y suprimir las instituciones que no aportan nada en especial desde hace años. El sentido y el prestigio de las instituciones sólo pueden medirse por el trabajo y beneficio colectivo que generan. Si pierden su razón de ser, no deberíamos mantenerlas.

Pero, ya se sabe, las instituciones estatutarias están vinculadas a las Corts y, en el Palau de Benicarló, siempre se dispara con pólvora de rey. Sueldos altos, valor social escaso. Cuesta entender que el presidente de las Corts cobre 113.608 euros al año, que el director de Gabinete del presidente de las Corts gane 97.000 euros al año y los asesores de dicho Gabinete 78.000 euros, cuando el president de la Generalitat gana 67.615. ¿Acaso su responsabilidad y relevancia pública es mayor? No lo parece. El president de la Generalitat es la primera y principal institución valenciana, y, por su parte, las Corts Valencianes no son una institución especialmente eficiente ni como cámara de control al ejecutivo y como eje del debate político legislativo, en sus breves períodos de sesiones.

Si la partitocracia gana, la democracia pierde

La asunción de cargos y responsabilidades en política es un juego de suma cero. Si una persona ocupa una posición, el resto de personas no. Esto explica la dureza de la lucha por el poder. Por eso no son una cuestión menor, ni mucho menos, las características de los responsables de las instituciones. Si se exige un mínimo prestigio intelectual para formar parte de una institución, por seguir con el Consell Valencià de Cultura, no debe ser convertido en un asilo de políticos sin oficio, por muy válidos que sean en otras materias. Si se hace, alimentamos la descalificación, progresivamente menos demagógica, de que los políticos son cada vez más ni-ni, están cada vez más ensimismados y viven encerrados en una lógica perversa por ocupar el poder y vivir del presupuesto público. Y eso no es bueno.

Vivimos una época dominada por la inmediatez de la última noticia. Lo ocurrido ayer nos parece pasado remoto. Creemos que si una realidad no se ve, no existe. Pero no es cierto. Cuando los últimos campamentos y grupúsculos del 15M están regresando a casa, los políticos, incluso los que antes de las elecciones eran enemigos que no se soportaban, como Camps y Alarte, llegan a acuerdos a velocidad deslumbrante para aumentar la financiación de los partidos a través de la subvención por votos recibidos en las elecciones a las Corts Valencianas, encuentran formas de subirse el sueldo y recolocan a los suyos en todo tipo de instituciones, tenga o no sentido.

Si alguien había imaginado que la partitocracia valenciana iba a intentar entender algo de las movilizaciones del 15M y cambiar sus comportamientos más obtusos y degradados, está claro que se ha equivocado. En consecuencia, si la crisis continua o si la recuperación es demasiado lenta y se prolonga en el tiempo, el malestar social no dejará de aumentar, los 15M (con ese u otro nombre) se repetirán, tendrán un componente más antipartidista, cuestionarán con más intensidad la democracia representativa (la única real), a los políticos y a las instituciones y tendrán un populismo más agresivo. 

Lo que fortalece el malestar populista no tienen su origen exclusivamente en los grandes partidos, pero éstos no dejan de acrecentarlo. El problema empieza a ser grave, aunque en la periferia valenciana no lo parezca. Nuestra casta política debería empezar a ser consciente de que, si la partitocracia en la que viven gana, la democracia pierde, y actuar en consecuencia. ¿Sabrán hacerlo? 

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Historias de trenes, petróleo y expresidentes

En diciembre de 2010, mientras llegaba a Valencia el tren de alta velocidad, echaba a andar el AVE manchego (Toledo-Cuenca-Albacete). España se convertía en el país con más kilómetros de alta velocidad de Europa y el segundo del mundo después de China. Algo increíble, pero cierto. Esta semana, apenas seis meses después de su entrada en servicio, el AVE manchego ha sido suprimido. Diariamente, costaba mantenerlo 18.000 euros y sólo transportaba 15 viajeros. En total se han despilfarrado 3.250.000 euros desde su inauguración, a los que hay que añadir la inversión realizada para ponerlo en marcha.

El responsable de Renfe que anunció la supresión del servicio, Enrique Urkijo, preguntado por los posibles fallos en los estudios de viabilidad, explicaba que muchas líneas y paradas se deciden por presiones de alcaldes y presidentes autonómicos, convencidos éstos de que puesto el tren se generan los usuarios. Sueños y quimeras. El AVE manchego estaba condenado a fracasar antes de ponerse en marcha, le sobraba voluntarismo y le faltaba rigor. Nadie ha asumido ni exigido responsabilidad alguna. ¿Cuántas infraestructuras, aeropuertos, eventos y grandes proyectos valencianos obedecen a la misma lógica y tienen rendimiento similar?

Más sobre trenes: el centro domina al mediterráneo

Los programas de los partidos se cumplen mucho más de lo que comunmente se cree. En los documentos del PP, cuando gobernaba Aznar y Arias Salgado era ministro de Fomento, hay más de una alusión a la necesidad de priorizar la estructura radial de comunicaciones con centro en Madrid para vertebrar España. Quizás por eso los ministros de Aznar y Loyola de Palacio, comisaria europea de Transporte y Energía entre 1999 y 2004, no apoyaron que el corredor mediterráneo fuera uno de los ejes prioritarios de la UE para el transporte de mercancías por ferrocarril.

Tampoco la Generalitat de Zaplana, que presumía entonces de liderar el Arco Mediterráneo, hizo mucho. Los informes de la Comisión Europea se inclinaron porque los ejes transeuropeos conectasen la Península Ibérica siguiendo la línea Burdeos-Irún-Valladolid-Madrid-Algeciras, y la vía Perpiñan-Barcelona-Tarragona-Zaragoza-Madrid-Algeciras. Ambos trayectos tenían a Madrid como nudo central. La Comunidad Valenciana quedaba al margen.

Cuando los socialistas llegan al poder en 2004, los documentos estratégicos de este partido mantenían la tendencia a potenciar los sistemas radiales en el transporte por ferrocarril, sobre todo en el AVE. El corredor mediterráneo era algo secundario. Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, ignoró este eje y a sus defensores. Hubo que esperar a la llegada de José Blanco a Fomento para que el lobby favorable al corredor mediterráneo (Ferrmed) fuese tenido mínimamente en cuenta por Gobierno central.

Esta semana, se ha sabido que un informe de la consultora PricewaterhouseCoopers propone una confluencia de las redes transeuropeas en Zaragoza, para desde ahí seguir hacia Madrid y Algeciras. El informe desestima el corredor mediterráneo, entre otros motivos, porque sus vías están saturadas al combinar tráfico de personas y mercancías, mientras que donde el tráfico de personas se ha derivado en parte al AVE, es mucho más fácil desarrollar sistemas paneuropeos de transporte de mercancías. La decisión de la UE será en septiembre, pero el informe ha disparado todas las alarmas. Las perspectivas no son buenas.

La economía valenciana se resentiría demasiado si, para ir a Europa y a Algeciras, sus mercancías deben pasar primero por Madrid, porque los costes de los productos se encarecerán. Visto lo visto, quizás, tendríamos que preguntarnos si, cuando se creó el grupo de presión empresarial para conseguir el AVE, no se equivocaron las prioridades y no se debería haber antepuesto la conexión hacia Francia por Tarragona, dejando para después Madrid.

Los valencianos no queremos tener petróleo

También esta semana, durante la selección por las Cortes Valencianas de los senadores no elegidos por la ciudadanía, el expresidente Joan Lerma ha declarado que defendía que se hicieran prospecciones petrolíferas en la Comunidad Valenciana. Se ha echado en contra a todos los partidos. El PP considera que, siendo una iniciativa del Gobierno socialista, perjudica al turismo y al medio marino. El PSPV-PSOE afirma que ellos también defienden los intereses valencianos como el PP. EU valora negativamente las palabras de Lerma, y los eufóricos diputados de Compromís hablan de la necesidad de energías alternativas y califican a Lerma de político antiguo. El asunto ya había surgido durante la pasada campaña electoral. El PP lo puso en valor y fijó los términos del debate sin más objetivo que alimentar el victimismo y afirmar que el Gobierno de Zapatero ataca a la Comunidad Valenciana. Los demás partidos se rindieron al marco establecido por el PP.

El debate es falso. Primero, porque no está claro qué tipo de perjuicio medioambiental o turístico ocasionan las prospecciones. Segundo, porque en lugares con una industria turística potente y un medio natural frágil, como Canarias, el Gobierno del PP y Coalición Canaria ha sido favorable a este tipo de iniciativas y ha instado a su realización y a que se delimite la frontera marítima entre Marruecos y Canarias para evitar problemas en el futuro si se encontrase petróleo. Tercero, porque prospecciones como éstas ya fueron autorizadas en su día por el Gobierno de Aznar sin que nadie protestara y, en unos meses, cuando las autorice Rajoy, el PP pasará a defenderlas y el PSPV-PSOE hará lo mismo. Cuarto y último, porque si mañana, algo poco probable, se descubriese una bolsa de petróleo similar a la del mar del Norte en aguas valencianas todas las críticas cesarían y hasta los nacionalistas valencianos se armarían de razones para, si se permite la broma, proponer la independencia de la Comunidad Valenciana, a la manera de lo que ocurre en Escocia con el Partido Nacionalista Escocés (SNP).

Tres historias menores de esta semana. La atención mediática estaba en hechos más relevantes: Grecia, el debate del Estado de la Nación o el nuevo Consell y sus primeros pasos. Pero juntas dibujan la lógica de algunas decisiones estratégicas y de muchos de los debates públicos. Muestran la falta de rigor y el aventurismo con el que, demasiado a menudo, se gastan los recursos públicos. Ilustran sobre la elección de prioridades y sus consecuencias, o sobre los intereses contradictorios entre distintos sectores del empresariado valenciano. Y, finalmente, expresan mucho del cinismo oportunista que envuelve la política en nuestro país, la ofuscación que produce substituir los argumentos por la proclamación de consignas, y la falta de discusión abierta sobre cuáles deberían ser los ejes estratégicos de los valencianos.

Una nota final, durante décadas, los países escandinavos no tuvieron las infraestructuras entre sus prioridades. Lo primero era un buen sistema público de educación y una sanidad y servicios sociales de calidad, luego llegaron las autopistas. Trenes de alta velocidad como los españoles no los tienen todavía. Pero la fortaleza de sus economías, la capacidad de sus empresas, la calidad de su educación y el nivel de vida de que disfrutan ya lo quisiéramos para nosotros. Formas distintas de hacer política. Cuestión de prioridades.

Article publicat a VALENCIA PLAZA http://www.valenciaplaza.com/ver/28958/Historias-de-trenes--petr%C3%B3leo-y-expresidentes-.html