Último verano con Zapatero

Agosto es mes de vacaciones. Incluso con la crisis. Aunque se viaje más cerca, menos días o no quede más remedio que quedarse en casa. No suele ser momento de grandes decisiones. Los políticos, como el resto de los ciudadanos, tienen algunas semanas de vacaciones. Este año no ha sido así. Al menos, para el presidente Zapatero.

A vueltas con los mercados

El mes comenzó con tormentas en los mercados. El mal acuerdo presupuestario del Congreso de los Estados Unidos, la rebaja de la calificación de la deuda de EE.UU. hecha por Standard & Poor's, los ataques a las deudas soberanas de España, Italia e, incluso, Francia, hundieron las bolsas del mundo occidental.

Zapatero tuvo que retrasar y reducir sus vacaciones, el resto de líderes europeos también. El Banco Central Europeo compró deuda italiana y española, la prima de riesgo española se redujo y, días después, el martes 16 de agosto, quienes dirigen Europa sin que los europeos les hayamos votado, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, se reúnen y acuerdan impulsar un gobierno económico de Europa, aumentar los impuestos del sector financiero y ordenar a todos los países de la zona euro que incorporen a sus respectivas constituciones, antes de un año, la obligación del equilibrio presupuestario y, consecuentemente, del control del déficit.

Reforma exprés de la Constitución

El mes se acaba con el anuncio de Rodríguez Zapatero, en el pleno extraordinario del Congreso del martes 23, sobre la necesidad de una reforma urgente e inmediata de la tantas veces intocable Constitución Española para cumplir con la obligación establecida por Merkel (y Sarkozy). Alemania lo ordena y nosotros, alumnos aplicados, corremos a abrazar el dogma neoliberal de déficit cero, sin debates y sin resistencias significativas, más allá de las críticas de la izquierda comunista y de los nacionalismos periféricos que temen que se reduzca, más todavía, la autonomía financiera de las comunidades autónomas.

Rajoy rompió el largo descanso estival para manifestar su entusiasmo ante esta reforma. Dos días y medio después, en la madrugada del 26 de agosto, PP y el PSOE llegan a un acuerdo que viene a decir que, en materia de déficit y de buena parte de la política económica, España hará lo que diga la Unión Europea; es decir, Alemania.

Sorprende, en cualquier caso, el apresuramiento del PP y el PSOE para llevar a cabo esta reforma impuesta desde fuera y la desgana o incapacidad demostrada durante años para modificar la Constitución de 1978 en sus aspectos más chirriantes (sucesión al trono, Senado o elementos de la estructura territorial del Estado). Poco ha importado, además, que una reforma tan precipitada devalúe la Constitución Española como marco legal estable no sujeto a vaivenes repentinos ni a ingerencias externas. Una alteración de aspectos importantes de la Carta Magna, como es el caso, no debería producirse sin una discusión extensa sobre su oportunidad y beneficios, tendría que buscar un consenso político amplio que fuese más allá de las dos principales formaciones de la partitocracia española, y necesitaría del refrendo popular. Si no es así, la Constitución y la democracia española pierden valor.

Visita del Papa

A mitad de mes, el mismo día que Merkel y Sarkozy se reunían en París, comenzaba en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud. El evento ha movilizado durante más de diez días a cientos de miles de jóvenes de todas partes del mundo y ha sido el mayor éxito del Vaticano en España en muchos años. La Jornada, además, ha constituido un cierto desaire para la Conferencia Episcopal Española y un nuevo golpe para un zapaterismo que, en el final de sus días, parece desbordado en todos los frentes y sin relato.

La mano del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Valera, se ha visto en detalles como el acto de los fundamentalistas kikos, fuera de programa, al día siguiente de que el Papa abandonara Madrid, o en el hecho de que el presidente y candidato del PP, Mariano Rajoy, fuera invitado a un breve encuentro con el Papa y no se hiciera lo mismo con Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato del PSOE.

Sin embargo, el discurso del Papa y la diplomacia vaticana han huido de las estrategias de la confrontación con el Gobierno Zapatero que protagonizó la Iglesia española en la anterior legislatura y que tanto contribuyeron a la movilización de una parte del voto izquierdista en las elecciones generales de 2008. Benedicto XVI fue elegido Papa en 2005, pasó dos años haciendo cambios en la estructura de poder del Vaticano y, desde 2008, junto con Tarsicio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, el colaborador más directo del Papa, ha buscado disminuir el nivel de enfrentamiento con el Gobierno de España sin dejar de defender los intereses y posiciones de la Iglesia Católica.

Bertone visitó España en febrero de 2009 y abre personalmente, por encima y al margen de la Conferencia Episcopal Española, una vía de diálogo y entendimiento con el Gobierno de España. La Iglesia Católica evitaría la confrontación y el Gobierno no modificaría los acuerdos con la Santa Sede y moderaría sus iniciativas laicistas. Dos meses después, Federico Jiménez Losantos era despedido de la COPE. El Gobierno evitó cualquier alusión a una posible revisión de los acuerdos con el Vaticano, pero mantuvo parte de las iniciativas que podían generar conflictos con la Iglesia Católica.

La reforma de la regulación del aborto se presentó el mismo 2009. Los proyectos de futuras leyes de la Muerte Digna y, sobre todo, de Libertad Religiosa, seguían adelante con María Teresa Fernández de la Vega como principal valedora. Los estrategas socialistas que buscaban la movilización electoral favoreciendo la diferenciación en el ámbito de los valores entre la derecha y la izquierda, también recomendaban estas iniciativas. En mayo de 2010, Zapatero tuvo que modificar su política económica y social por imposición de Merkel (y Sarkozy). Luego, se hundió en las encuestas. En septiembre de 2010, Fernández de la Vega salía del Gobierno.

Ramón Jauregui, católico, y proscrito por el zapaterismo por haber discrepado públicamente de la política de la dirección del PSOE con la Iglesia Católica, ocupaba el Ministerio de la Presidencia de la mano de Rubalcaba. Once meses después, suavizada la Ley de la Muerte Digna y aparcada definitivamente la Ley de Libertad Religiosa, el Gobierno se vuelca económicamente en el éxito de la visita del Papa durante la Jornada Mundial de la Juventud. Imágenes finales del zapaterismo.

Últimos días del zapaterismo

Zapatero llegó a La Moncloa con la virtud esencial de no ser Aznar y con un programa de gobierno profundamente reformista que tenía seis ejes básicos: la construcción de la España plural, el cambio del modelo productivo, el reconocimiento de derechos civiles, la ampliación del Estado del Bienestar, la reforma constitucional, y la recuperación de valores republicanos, la memoria histórica y el avance hacia una sociedad laica.

El indefinido proyecto de la España plural murió la noche del 21 de enero de 2006 cuando Zapatero pactó con Artur Mas una versión del Estatuto de Cataluña al margen del PSC, a cambio del apoyo estable de CiU y de que Mas, y no Montilla, fuese el futuro presidente catalán. Nada fue como se pactó aquella noche, pero la España plural se diluyó en la aventura desproporcionada de estatuto catalán y las incoherencias socialistas.

El cambio de modelo productivo nunca se intentó, se dejó crecer la burbuja inmobiliaria y ni siquiera se modificó la Ley del Suelo del PP. El sueño del crecimiento económico y del enriquecimiento fácil se alargó hasta principios de 2008. El despertar ha sido muy duro y, en estos momentos, nadie sabe cuándo podremos superar la crisis, en qué condiciones lo haremos y con qué modelo productivo saldremos adelante.

La ampliación de derechos civiles tiene como componentes principales el reconocimiento del matrimonio homosexual y la Ley de Igualdad. Es, sin duda, el ámbito de las políticas públicas que más se identifica con la acción de gobierno de Zapatero.

La ampliación del Estado del Bienestar no se materializó en algo progresivo, igualitario y coherente en las materias clásicas de Seguridad Social, Sanidad o Educación. España apenas ha aumentado el porcentaje de PIB destinado a estas políticas, aunque se hayan incrementado las pensiones más bajas o impulsado reformas educativas y leyes para mejorar la salud de los ciudadanos. La escisión del sistema educativo español entre los centros públicos, los concertados y los privados ha continuado y no se han ampliado las prestaciones ni se ha mejorado significativamente la financiación y calidad de los servicios sanitarios públicos.

Si bien, hay que recordar que la ejecución de las políticas educativas y sanitarias son responsabilidad de las comunidades autónomas. La iniciativa principal de Zapatero para ampliar el Estado del Bienestar fue la Ley de Dependencia de 2006. Una propuesta importante y positiva, pero demasiado voluntarista en los plazos de ejecución e insuficientemente financiada, lo que está dificultando su aplicación efectiva por las comunidades autónomas.

La reforma constitucional nunca se intentó ni en lo referente al Senado, ni al mecanismo de sucesión de la monarquía, ni a ningún otro aspecto. La Ley de Memoria Histórica fue un paso adelante, pero siguió cerrando mal algunas heridas abiertas por la guerra civil y, especialmente, el mínimo respeto, por razones simplemente humanitarias, que merecen los muertos republicanos que todavía hoy se encuentran en fosas comunes y cunetas. Las iniciativas laicistas se han ido evaporando desde septiembre de 2010 y la Iglesia Católica acaba de hacer su mayor demostración de fuerza en décadas.

De hecho, tanto la iniciativa de la reforma constitucional actualmente en marcha como la financiación pública del viaje del máximo representante la Iglesia Católica, ponen de manifiesto el ocaso del zapaterismo y de una estrategia política que trató de asentarse en dos pilares. Primero, el establecimiento de una alianza estable con los dos principales sindicatos para fortalecer el flanco de una izquierda de tradición obrerista y socialdemócrata, hoy en decadencia, sin explicar nunca suficientemente las políticas sociales que se promovían, lo cual no deja de ser paradójico. Segundo, la movilización política en el ámbito de los valores, impulsando políticas cercanas a los movimientos de la nueva izquierda postmaterialista (ecologistas, feministas, gays y lesbianas) y provocando la contramovilización de los sectores más tradicionales de la Iglesia Católica y la derecha más ultramontana.

El primer pilar se rompió en mayo de 2010 a causa del cambio sin explicaciones de política económica y social realizado por Zapatero. El segundo, evidenció que estaba resquebrajado con las movilizaciones del 15-M y se ha venido abajo con la visita del Papa y la actuación de la Policía Nacional, el pasado 17 de agosto, durante la manifestación en protesta por la financiación pública de la iniciativa vaticana.

Inactividad e hiperactividad

Mientras el gobierno de Zapatero vive sus últimos días con pocos momentos de tranquilidad. Los otros dos personajes principales de la escena política española, Rajoy y Rubalcaba, han tenido veranos contrapuestos. El primero ha permanecido en una larga vacación pública desde finales del mes de julio, de la que sólo ha salido para saludar al Papa y aplaudir la reforma de la Constitución que ordena Alemania. El silencio de Rajoy es tan clamoroso que el semanario The Economist, en el reportaje que dedicaba a la política española el 6 de agosto, lo calificaba crudamente como "el hombre que no tiene nada que decir". 

El segundo, Rubalcaba, sin espacio propio, parece obligado a generar titulares y debates para captar la atención de los medios de comunicación bien sea a cuenta de la reforma de la ley electoral, del escaño 351, la supresión de las diputaciones, la elección de Elena Valenciano como número dos por Madrid o las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Todo ello, mientras aparecen voces en el PSOE que critican la reforma constitucional emprendida y aumenta el ruido por las listas electorales socialistas. Mucho trabajo por delante para reconstruir el relato y la estrategia socialista, tras el final del zapaterismo.

Article publicat a Valencia Plaza el 28 d'agost de 2011.http://www.valenciaplaza.com/ver/31376/-%C3%9Altimo-verano-con-el-presidente-Zapatero-.html

Las edades de la Presidencia

El próximo presidente del Gobierno de España tendrá más de 55 años. Este hecho, aparentemente secundario, es extraordinario en nuestra democracia. Desde las primeras elecciones, el 15 de junio de 1977, hemos tenido cinco presidentes. Sólo uno, Leopoldo Calvo-Sotelo, contaba al ser nombrado con 55 años, aunque ocupó el cargo después de que su predecesor dimitiera y sin haber sido antes líder electoral de su partido. El resto coincidía en tres características al acceder al poder: eran hombres, líderes y cabezas de cartel electoral de sus partidos, y tenían poco más de 40 años.

Muy jóvenes dentro, muy jóvenes fuera

Adolfo Suárez fue presidente elegido democráticamente con 45 años; Felipe González sólo tenía 40; José María Aznar 43 y José Luis Rodríguez Zapatero, 44. La media de edad no supera los 43 años. Es muy baja. Considerablemente más baja que la de las democracias de nuestro ámbito de referencia en las últimas tres décadas y media. En Gran Bretaña, por ejemplo, la edad media de los últimos primeros ministros al formar su primer gobierno ronda los 52 años. La de los cancilleres alemanes es de 53. La de los presidentes de Francia y de Estados Unidos llega a los 57 años. Siendo mayor aún la de los presidentes del Gobierno de Italia o Japón: 62 años.

En España, el tiempo medio de permanencia en el cargo ha sido largo, de casi 9 años. Una cifra similar a la de los líderes británicos, franceses, alemanes o estadounidenses. El problema es que nuestros presidentes siguen siendo muy jóvenes al abandonar el poder. Suárez apenas tenía 49 años, González 54, Aznar 51 y Zapatero tendrá 52. Es decir, dejan de ser presidentes a edades en las que, en los principales países de nuestro entorno, por regla general, no se ha llegado a una responsabilidad similar. 

Presidentes de triste final 

Como si de un bucle repetitivo se tratase, todos los presidentes que lo han sido liderando su partido en unas elecciones han seguido una dinámica similar: generaron grandes expectativas en buena parte de la sociedad al principio de su mandato, tuvieron unos años centrales en los que parecía que todo iría bien siempre y vivieron una etapa final más bien triste, teniendo que salir, en ocasiones, por la puerta de atrás.

Ocurrió con Suárez, abandonado por su partido, forzado a dimitir precipitadamente y sustituido, el mismo día del intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, por Calvo-Sotelo. También con González, el presidente con más carisma, derrotado por la mínima después de años de resistencia, en medio de una crisis económica, mientras se le multiplicaban las denuncias por casos de corrupción y el GAL. Pasó con Aznar y su alianza de las Azores para participar en la segunda guerra de Irak. Pasa con Zapatero que no vio la llegada de la crisis y que no ha sido capaz de explicar porqué modificó radicalmente su política a partir del 10 de mayo de 2010.

La sombra de los expresidentes es alargada

En Gran Bretaña la media de edad de quienes han dejado de ser primeros ministros ha sido de 60 años desde que España es una democracia, en Alemania y Estados Unidos se sitúa en los 65 años y en Francia casi en los 70. Entre 10 y 20 años más que en España.

Cuando alguien ocupa un cargo como el de presidente de Gobierno conserva, al finalizar su mandato, un poder muy elevado producto del respeto que genera, de su agenda de contactos, redes y equipos de colaboradores, y de la información y los conocimientos adquiridos en el cargo. Cuanto menor es la edad que se tenga al abandonar la presidencia, mayores serán las posibilidades de que se aproveche ese poder en beneficio propio o para intervenir, cuestionar o desestabilizar a sus sucesores en el cargo y, especialmente, aunque parezca paradójico, en su partido.

Suárez, tras ser obligado a dimitir, abandonó UCD y fundó el CDS. Formación con la que fue diputado en tres elecciones generales y desde donde trató de dificultar la unificación política de la derecha española de ámbito estatal en torno al PP hasta 1991. González, a pesar de su discreción formal, después de perder la presidencia en 1996, favoreció el nombramiento de Joaquín Almunia como secretario general del PSOE, se opuso a que Josep Borrell fuera el candidato en las primarias de 1998, apostó por José Bono en el congreso socialista del año 2000 y, durante los últimos años, no ha dejado de marcar distancias con la política de Zapatero hasta el punto de afirmar, hace apenas un mes, que "sigue siendo militante del PSOE, pero se siente cada vez menos simpatizante". Aznar, como en el caso de González, guarda una discreción formal, pero a la vez impulsa ideológicamente desde la Fundación FAES a los sectores neoconservadores españoles y dentro del partido ha venido alentando a las posiciones más derechistas y duras del PP.

¿Qué pasará con Zapatero? Es difícil predecirlo. Su forma personalista de gobernar y de construir equipos llevaría a pensar que su sombra será corta. Zapatero, junto con Blanco y Trinidad Jiménez, es prácticamente el único superviviente de Nueva Vía, el grupo que lo aupó a la secretaria general del PSOE en 2004. Jordi Sevilla, Jesús Caldera o Juan Fernando López Aguilar, por citar sólo algunos de los nombres más relevantes, fueron dilapidados políticamente muy pronto por Zapatero. Sus equipos posteriores han sido políticamente (y a veces técnicamente) muy débiles, salvo contadas excepciones. Cuando Zapatero deje de ser presidente no parece que vaya a contar con el carisma y ascendente sobre su partido que tuvo González; pero, seguramente, tratará de influir.

Con todo, la voluntad de estar presente, decidir, influir y, a veces, desestabilizar a sus sucesores en el Gobierno y en el partido de los jóvenes expresidentes españoles es similar a la que se observa también en otros países cuando, de manera extraordinaria, han tenido expresidentes de edad temprana, como Bill Clinton o Tony Blair.

El sexto presidente

Sin negar las diferencias que existen entre Rajoy y Rubalcaba y entre sus partidos, vale la pena destacar algunas similitudes genéricas entre los dos aspirantes a ser el sexto presidente del Gobierno de España. Primera, los dos tienen una profesión al margen de la política. Profesor universitario de Químicas, Rubalcaba. Registrador de la propiedad, Rajoy. En consecuencia, no necesitan perentoriamente la política para vivir.

Segunda, ambos cuentan con una experiencia en los espacios de poder y Gobierno de la que carecían cualquiera de sus predecesores. Rajoy comenzó a ocupar cargos en la política gallega en 1981, con 26 años, pasó luego a la estatal, ha sido ministro y vicepresidente del gobierno. Rubalcaba, en 1982, con 31 años, comienza a trabajar en el entorno del Gobierno socialista de González y desde 1988, con 37 años, ocupa cargos ministeriales y políticos, llegando a ser ministro y vicepresidente del gobierno. Además, independientemente de las críticas de sus adversarios, ambos cuentan con una imagen de eficiencia y buena gestión en su paso por el gobierno.

Tercera, al acceder a la presidencia del Gobierno tendrán o 56 años (Rajoy) o 60 (Rubalcaba), una edad similar, o incluso superior, a la que suele ser habitual en las últimas décadas en las democracias más relevantes. Esto parece positivo, al menos por un motivo. Cuando abandonen el poder lo harán a una edad suficientemente elevada como para retirarse definitivamente de la política y sin el deseo de incidir activamente de manera sesgada en la vida política de su país y de su propio partido.

Los expresidentes valencianos

Los presidentes de la Generalitat Valenciana han seguido, acentuadas, las características de los presidentes del Gobierno de España. Desde 1983, también han sido cinco: tres elegidos después de ganar su partido las elecciones y siendo cabeza de cartel electoral (Lerma, Zaplana y Camps) y dos nombrados tras la dimisión del presidente anterior (Olivas y Fabra). Todos eran hombres y todos los elegidos encabezando las candidaturas electorales eran considerablemente jóvenes: Joan Lerma 31 años, Eduardo Zaplana 39 y Francisco Camps 41.

Del mismo modo, dejando a un lado a Olivas, incluso habiendo gobernado durante largos períodos de tiempo, los presidentes de la Generalitat dejan de serlo muy jóvenes (Lerma 43 años, Zaplana 46 y Camps 49) y su sombra ha sido muy alargada en sus respectivos partidos hasta ahora. Lerma, tras su derrota electoral de 1995, fue ministro de González durante un año y, quince años después, continúa ocupando cargos institucionales de representación de su partido y es el líder del grupo de presión más antiguo y con mayor capacidad de bloqueo y de ocupación de cargos públicos del PSPV-PSOE. Zaplana también fue ministro y ha mantenido un largo conflicto con Camps por el control del PP valenciano, que ha durado 8 años y que ha paralizado la iniciativa del Consell de la Generalitat en más de una ocasión, contribuyendo a la derrota del PP, el pasado 22 de mayo, en ayuntamientos de la provincia de Alicante tan importantes como Benidorm, Alcoi, Villena u Orihuela.

Está por ver qué ocurre con Camps. Alberto Fabra debe marcar distancias con su antecesor. De momento, son discursivas y de expectativas. Con el tiempo, tendrán que ser también materiales y concretarse en hechos. Se está a la espera de que pasen las elecciones generales y el juicio por los trajes. Después, Camps podría ser rescatado por su partido y se correría el riesgo de que el expresidente quisiera reivindicar su figura y seguir teniendo voz y capacidad de incidir decisivamente en la vida política de su partido. Esto generaría, como ocurrió con Zaplana, problemas en el PP valenciano y en la acción de gobierno del Consell de la Generalitat. Tiempo de espera. 

Article publicat a Valencia Plaza el 21 d'agost de 2011. http://www.valenciaplaza.com/ver/31071/Las-edades-de-la-Presidencia.html

Mensajes desde Cataluña

Desde la Comunidad Valenciana se mira poco hacia Cataluña. Existe desconfianza. El anticatalanismo y el pancatalanismo hicieron y hacen mucho daño. Ambos desvirtúan la realidad y crean estereotipos ideologizados y quiméricos. Distorsiones de lo que de común, similar y diferente tienen las realidades valenciana y catalana.

En juego, el corredor valenciano

Lo peor de estas imágenes falsas es que tienen consecuencias negativas para la Comunidad Valenciana. Dificultan relaciones normales y la asunción y defensa de los intereses propios. El corredor mediterráneo es un ejemplo.

Hay datos elocuentes. Cataluña es la comunidad española que más productos valencianos compra y nuestra principal proveedora. Las comunicaciones terrestres por y carretera son y serán las predominantes en el transporte de bienes y personas. Para llegar de la manera más rápida, desde la Comunidad Valenciana, al resto de Europa (excepto Portugal) hay que pasar por Cataluña. Y, más aún, nuestro principal eje de comunicaciones es el que recorre la Comunidad Valenciana de sur a norte. Así de simple. El corredor mediterráneo es el eje valenciano básico de comunicaciones.

Quizás, de haber mirado la geografía mejor o de haber estado menos acomplejados ante el poder central, no se habría perdido una década y el corredor mediterráneo de las redes transeuropeas de transporte sería prioritario desde 2003, como lo es el eje central. Quizás tendríamos, desde hace años, alianzas con otras comunidades y regiones europeas y podríamos, ahora, hacer frente con más fuerza al lobby central (Cospedal, Rudi y Aguirre) que recrudece sus presiones al ministro Blanco. Pero nos falta sentido del poder y de sumar alianzas. Quedan pocas semanas para que la UE tome una decisión. El PP valenciano da síntomas de temer enfrentarse a la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Los empresarios valencianos consiguen del presidente catalán, Artur Mas, un apoyo explícito para el corredor. Es un paso adelante; pero sólo eso. Para Cataluña el proyecto es importante. Para la Comunidad Valenciana es esencial. Nosotros nos jugamos mucho más.

Estructura del poder territorial en España

La estructura del poder territorial en España tiene disfunciones desde sus inicios. Nació para integrar a los nacionalismos vasco y catalán, pero pronto se convirtió en un sistema generalizado de distribución territorial del poder estatal. Se quedó a medio camino entre un federalismo con asimetrías y una elevada descentralización política. Siempre irritó al nacionalismo español más uniformista. Siempre fue insuficiente para los soberanismos periféricos. Superados los órdagos de la antigua Loapa o del Pacto de Lizarra/Estella y el Plan Ibarretxe, durante 30 años ha funcionado sin grandes sobresaltos y ha contado con un consenso y una fortaleza envidiables.

Ahora la crisis la pone seriamente en cuestión. En las encuestas, en sólo cinco años, se ha reducido del 68% al 48% quienes creen que el estado autonómico es positivo y ha aumentado la valoración negativa desde el 15% al 26%. Se multiplican las voces que hablan del despilfarro y déficit autonómicos, y se propone como solución la recentralización del estado, siguiendo la estela ideológica de la Fundación FAES. La propuesta goza de defensores en la derecha valenciana.

La alternativa de reformar el modelo autonómico, profundizando en el espíritu federal de la Constitución, parece haber decaído después del fiasco de la España Plural de Zapatero. Pero avanzar hacia un sistema similar a la estructura federal alemana es una solución mucho más efectiva para España que cualquier recentralización. Separar la distribución territorial del poder del estado de los debates identitarios, establecer un sistema de competencias bien delimitado siguiendo criterios de eficiencia y clara separación de funciones entre administraciones, convertir al Senado en una verdadera cámara territorial, fijar mecanismos rigurosos de responsabilidad en la gestión y garantizar la autonomía y la solvencia financiera de las comunidades autónomas, serían soluciones eficaces a los problemas del actual estado autonómico. Sin embargo, de momento, la financiación y la deuda son los debates dominantes.

Insuficiente financiación

Las comunidades autónomas concentran el porcentaje más elevado del gasto público en España (cerca del 40%), por delante de la Seguridad Social (30%), la administración central (20%) y la administración local (algo más del 10%). El grueso del gasto corresponde a las políticas de bienestar social (Sanidad, Educación, Dependencia y servicios sociales generales). De hecho, menos en la Seguridad Social, la gestión básica del Estado del Bienestar español es autonómica. Sin embargo, dejando aparte a Navarra y Euskadi, las comunidades autónomas tienen un nivel de autofinanciación relativamente bajo y casi dos terceras partes de sus recursos son transferencias del gobierno central. En otras palabras, la autonomía del gasto es más elevada que la de países federales como Alemania o Austria, y, sin embargo, en los ingresos el mecanismo es dominantemente centralista, a diferencia de los países centroeuropeos.

En 2008, el Ministerio de Economía y Hacienda publicó las balanzas fiscales a petición de Cataluña. No son el único instrumento para determinar los flujos económicos interregionales; pero ponían de manifiesto que tanto la Comunidad Valenciana como Cataluña tenían saldos negativos, aportaban más que recibían. Eso sería lo normal en un sistema de solidaridad interautonómica. Lo que se denunció, entonces, es que la Comunidad Valenciana tenía un saldo negativo cuando comunidades con un PIB superior al nuestro presentaban un saldo positivo. Un hecho que no parecía razonable y que reforzaba la idea de que la financiación actual es injusta tanto para la Comunidad Valenciana como para Cataluña.

La reforma del estatuto catalán de 2006, más allá de lo que tuvo de error de cálculo y estrategia política, pretendía blindar las competencias catalanas y garantizarse una financiación más adecuada. Pero, a pesar del nuevo Estatuto, el problema sigue abierto. Ahora, CiU espera que, tras las elecciones generales, haya un gobierno en minoría en Madrid. Su apoyo parlamentario sería a cambio de un pacto fiscal y una financiación suficiente de los servicios públicos catalanes. Según parece, su propuesta se orienta a un sistema de casi soberanía fiscal como el vasconavarro.

La Comunidad Valenciana tampoco tiene una financiación justa de sus servicios. Pero hay serias dudas de que contemos con una propuesta propia y fuerza suficiente para conseguirla. El Consell lleva años protestando porque la Comunidad Valenciana norecibe lo que le corresponde. Pero el argumento es oportunista. Las denuncias por la mala financiación únicamente se retrotraen en el tiempo a la llegada de Zapatero a La Moncloa. El problema es anterior, tiene su origen en los primeros momentos de la autonomía y no ha dejado de aumentar. No depende de quien gobierne en Madrid, sino del sistema de financiación que ha predominado hasta ahora. Por eso, está por ver, si, en el caso de que Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno de España, el Consell va a ser capaz de reclamar una financiación suficiente y adecuada. La actual debilidad del PP valenciano frente a la dirección central de su partido, no permite esperar grandes alardes.

Sin dinero, recortes

Mientras tanto, Cataluña aparece en los informes del Banco de España como la comunidad autónoma más endeudada (34.323 millones de euros) y la Comunidad Valenciana como la segunda (17.895 millones). Insuficiente financiación. Pero también mala gestión. La situación es grave y sólo hay dos vías para mantener los servicios y reducir la deuda. O aumentan los ingresos o disminuye el gasto. Pero mientras no se recupere la actividad económica no habrá ingresos por tributos asociados a la economía y tampoco habrá mayores transferencias del gobierno central. Sólo queda aumentar tasas e impuestos. Eso explicaría que miembros significados del Consell, como Vela o Cabré, apunten nuevas figuras impositivas en Justicia o Sanidad. El president Fabra dice que es prematuro. La propuesta se aplaza en el tiempo, pero no se abandona.

En Cataluña, a la espera del pacto fiscal, no se propone el incremento de la presión impositiva. Al contrario, se ha suprimido el impuesto de sucesiones. Todas las medidas para reducir la deuda se orientan a recortar el gasto corriente, suprimir organismos, frenar inversiones y reducir las prestaciones en servicios de seguridad, educación y, sobre todo, sanidad. Son los primeros pasos. Si no hay pacto fiscal, vendrán más.

Son mensajes desde Cataluña. Después del 20-N, la Generalitat Valenciana tendrá que enfrentarse al problema. Hasta ahora, el Consell sólo anuncia reducciones del gasto corriente y supresión de organismos y altos cargos. Algo positivo. Más pronto que tarde, habrá de eliminar grandes eventos, parques temáticos ruinosos e iniciativas sin rentabilidad social y económica por muy vistosas que parezcan. Después, deberá recortar las inversiones en infraestructuras, algunas tan inexplicables como el Aeropuerto de Castellón. Y, finalmente, tendrá que entrar en los servicios de un Estado del Bienestar ya bastante debilitado en la Comunidad Valenciana. Ahí empezarán los problemas serios y la deslegitimación social de la propia Generalitat Valenciana.

Article publicat a VALENCIA PLAZA el 14 d'agost de 2011. http://www.valenciaplaza.com/ver/30866/Mensajes-desde-Catalu%C3%B1a.html

"Nosotros, el pueblo"

We the People, o lo que es lo mismo, "Nosotros, el Pueblo", son las tres primeras palabras de la Constitución de los Estados Unidos de América y el lema con el que se manifiestan los seguidores del Tea Party. Este movimiento populista e intransigente echaba a andar hace apenas dos años y medio contra la clase política, el exceso de gasto público y a favor de la disminución de la presencia del Estado en la sociedad. Entonces, seguramente, ni sus activistas más entusiastas imaginaban la fuerza de su motín y su capacidad para convertirse en un grupo que, ahora, condiciona directamente la política del Partido Republicano e, indirectamente, la de todo el sistema político estadounidense.

El acuerdo del pasado 1 de agosto en la Cámara de Representantes salvó a Estados Unidos de la suspensión de pagos. Eso parece ser lo único bueno de un compromiso que no gusta a nadie. Los congresistas que lo han apoyado (174 republicanos y 95 demócratas), Obama, los expertos y los mercados lo consideran un mal acuerdo para salir del paso. La izquierda demócrata (95 congresistas) y la derecha republicana, vinculada al Tea Party (66 congresistas), han votado en contra.

Todo quedaría en una cuestión interna estadounidense, si no fuera porque la decisión frena la 

recuperación de la principal economía mundial y la nuestra. Las bolsas del mundo occidental la han recibido mal y eso ha debilitado, aún más, la confianza en las economías mediterráneas de la zona euro, que vienen sufriendo la falta de liderazgo alemán y la pasividad europea. En nuestro país, ha significado caídas históricas del IBEX 35 y una prima de riesgo por las nubes. Más dificultades para salir de la crisis.

Lo ocurrido en Estados Unidos es grave. Constituye el mayor éxito reciente de una fuerza populista en una democracia desarrollada y pone de manifiesto que, actualmente, el populismo es una de las principales amenazas de las democracias. Se dirá que el acuerdo cuenta con la oposición de los representantes del Tea Party; pero si eso es así es porque este movimiento no negocia, no reconoce las otras posiciones, no busca aproximaciones, sigue una lógica de todo o nada, y sólo entiende que ha conseguido un triunfo político cuando ha obtenido todos y cada uno de sus objetivos.

Como todo movimiento populista, el Tea Party se caracteriza por agrupar el malestar difuso de múltiples grupos sociales, por tener un discurso contrario a las elites políticas, económicas e intelectuales, y por proponer soluciones simplistas a problemas complejos. A todo eso se añade el aislacionismo, el gusto por los chivos expiatorios y la creencia mágica de que una vuelta a supuestos orígenes políticos y religiosos del pueblo o la nación son la forma de superar las contrariedades del presente.

El contexto es propicio. Una crisis con carácter estructural y sistémico, de larga duración y que cuestiona los fundamentos en los que se ha basado el sistema capitalista de los países occidentales en los últimos 30 años. Quienes la sufren, con más intensidad, son unas clases medias y bajas cada vez más empobrecidas y crispadas. Mientras las elites económicas, políticas e intelectuales no parecen dar respuestas adecuadas. Es un caldo de cultivo idóneo para este tipo de movimientos. Sólo hay que ver lo que ocurre en Europa.

Entre nosotros, las pulsiones populistas tienen tres manifestaciones, por el momento, contradictorias. Por un lado, la rabia contra las elites económicas y los grandes partidos de buena parte del 15-M; por otro, el avance, sobre todo en Cataluña, de los partidos xenófobos y contrarios a los inmigrantes negros, gitanos e islámicos; y, finalmente, el antielitismo chabacano de la televisión basura.

Hasta ahora, el 15-M tiene un discurso, una estética y una lógica que recuerda la tradición izquierdista. Quizás eso explica la oposición radical que ha recibido de la derecha más dura, el desconcierto que ha generado en el PSOE, los intentos de conseguir réditos políticos inmediatos de IU o el entusiasmo de viejos sesentaiochistas, desde hace años más que acomodados, y que, con discutible impostura, han tratado de reverdecer sus anhelos revolucionarios juveniles.

Sin embargo, hasta el momento, el 15-M sólo ha dado muestras de ser un movimiento difuso, producto del malestar social existente, impulsado mayoritariamente por jóvenes de clases medias con estudios superiores y futuro incierto, con una capacidad de movilización y de captación de la atención mediática notable y tics centralistas. Cuestiona el rendimiento social y político de nuestra democracia, se dice contrario al poder de los dos principales partidos y de la banca, y pretende la reforma electoral, limitar los privilegios de las elites políticas y económicas y fortalecer las políticas sociales. Muchas de sus críticas son razonables, las soluciones no tanto.

Pero, el movimiento puesto en marcha por el 15-M no es estático, está cambiando y, si la crisis sigue y llegan las primeras decepciones por lo poco conseguido con las movilizaciones, modificará sus formas, objetivos y las críticas a la partitocracia y a las elites de poder será más inclemente. En su seno, en una proporción difícil de delimitar, se desarrolla una lógica de acción populista que tiene elementos para seguir creciendo. No es casualidad que, en las manifestaciones del 15-M, como en las del Tea Party americano, sean tan frecuentes las pancartas en las que los manifestantes se autodefinen como Nosotros el Pueblo contra unos representantes políticos a los que no se les considera representativos.

El segundo foco populista es radicalmente distinto. Se da en fuerzas políticas constituidas y es todavía minoritaria. La expresión más significativa es el populismo xenófobo de Plataforma per Catalunya o España 2000. Son fenómenos con una capacidad política aún limitada, pero seducen a un porcentaje de ciudadanos cada vez mayor. Además, se corre el riesgo de que sea un discurso que pueda ser asumido por sectores del PP si tácticamente consideran que pueden ganar el apoyo electoral de sectores de clases bajas y medias-bajas, muchos de ellos antiguos votantes socialistas, que ven la inmigración como una amenaza, como acaba de ocurrir en Badalona, la tercera ciudad más poblada de Cataluña, ahora con el popular Xavier García Albiol como alcalde, después de una campaña electoral marcada por un discurso xenófobo.

El último de los espacios de los que se nutre el populismo en España está en las televisiones. No en el denominado el TDT Party, formado por las televisiones digitales de la extrema derecha española. Esas televisiones son, hasta el momento, deficitarias, minoritarias y elitistas en su discurso, concepción y personajes, y su único objetivo es demonizar a la izquierda, alimentar el discurso de la extrema derecha y elevar a los altares a los dirigentes de los sectores más duros del PP.

El foco populista y antielitista está en la televisión basura. Los Sálvame de turno que ensalzan las universidades de la vida y la incultura, que critican por los motivos más peregrinos a los políticos y aplauden que una concejala de Bienestar Social con dedicación exclusiva del Ayuntamiento de Manises, Noemí Martínez, abandone un aburrido Pleno municipal, en palabras de la presentadora, para acudir al programa en cuestión. Ni que decir tiene que la televisión se solidarizó con la concejala herida por las críticas recibidas por su iniciativa y el público del programa y los colaboradores la aplaudieron entusiasmados. Es una anécdota. Pero también es un síntoma de la fuerza de un tipo de televisión que consumen esencialmente los segmentos más bajos de la sociedad y que contribuye a exaltar la vulgaridad, las emociones más primarias y banales, y la idea de la separación creciente entre el pueblo y sus elites. Éste es, por el momento, un populismo cultural y social. Apenas si tiene características políticas, pero crea discurso.

Las tres expresiones populistas son muy distintas. Pero todas ellas alimentan críticas en la misma dirección. Todas inciden en la falta de capacidad de las elites políticas, económicas e intelectuales para escuchar al Pueblo y entender sus necesidades. Todas ellas tienden a hacer del Pueblo una abstracción uniforme y homogénea, no pluralista. Todas ellas apuntan soluciones fáciles y taumatúrgicas a los problemas.

De momento, son fenómenos nacientes y dispares. Puede que no lleguen a consolidarse. Pero, se puede dar una tormenta perfecta; es decir la continuidad de la crisis, la inhibición europea, un PP en el Gobierno central con mayoría absoluta y corriendo detrás de los mercados como toda Europa y Estados Unidos hacen actualmente, las comunidades autónomas (donde se gestiona el Estado de Bienestar en España) haciendo recortes en servicios básicos para el bienestar colectivo, y el PSOE en una situación de extrema debilidad tras las elecciones generales. Entonces, es muy probable que los populismos latentes estallasen y dieran lugar a formaciones izquierdistas y de extrema derecha con el Pueblo como bandera. Caricaturas del pasado, más que anuncios de futuro. Pero caricaturas peligrosas.

La fórmula Nosotros el pueblo es adecuada para los textos de las constituciones democráticas, pero fuera de ellas y en manos de grupos que tratan de apropiársela es contraria al pluralismo y, por tanto, peligrosa. Lo acabamos de ver en Estados Unidos, donde por tratar de imponer sus soluciones salvadoras un grupo de integristas ha estado a punto de asestar un golpe demoledor a la economía del mundo occidental y a las condiciones de vida de millones de personas en todo el mundo. 

Article publicat a VALENCIA PLAZA el 7 d'agost de 2011. http://www.valenciaplaza.com/ver/30632/Nosotros--el-Pueblo.html