Desde la Comunidad Valenciana se mira poco hacia Cataluña. Existe desconfianza. El anticatalanismo y el pancatalanismo hicieron y hacen mucho daño. Ambos desvirtúan la realidad y crean estereotipos ideologizados y quiméricos. Distorsiones de lo que de común, similar y diferente tienen las realidades valenciana y catalana.
En juego, el corredor valenciano
Lo peor de estas imágenes falsas es que tienen consecuencias negativas para la Comunidad Valenciana. Dificultan relaciones normales y la asunción y defensa de los intereses propios. El corredor mediterráneo es un ejemplo.
Hay datos elocuentes. Cataluña es la comunidad española que más productos valencianos compra y nuestra principal proveedora. Las comunicaciones terrestres por y carretera son y serán las predominantes en el transporte de bienes y personas. Para llegar de la manera más rápida, desde la Comunidad Valenciana, al resto de Europa (excepto Portugal) hay que pasar por Cataluña. Y, más aún, nuestro principal eje de comunicaciones es el que recorre la Comunidad Valenciana de sur a norte. Así de simple. El corredor mediterráneo es el eje valenciano básico de comunicaciones.
Quizás, de haber mirado la geografía mejor o de haber estado menos acomplejados ante el poder central, no se habría perdido una década y el corredor mediterráneo de las redes transeuropeas de transporte sería prioritario desde 2003, como lo es el eje central. Quizás tendríamos, desde hace años, alianzas con otras comunidades y regiones europeas y podríamos, ahora, hacer frente con más fuerza al lobby central (Cospedal, Rudi y Aguirre) que recrudece sus presiones al ministro Blanco. Pero nos falta sentido del poder y de sumar alianzas. Quedan pocas semanas para que la UE tome una decisión. El PP valenciano da síntomas de temer enfrentarse a la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Los empresarios valencianos consiguen del presidente catalán, Artur Mas, un apoyo explícito para el corredor. Es un paso adelante; pero sólo eso. Para Cataluña el proyecto es importante. Para la Comunidad Valenciana es esencial. Nosotros nos jugamos mucho más.
Estructura del poder territorial en España
La estructura del poder territorial en España tiene disfunciones desde sus inicios. Nació para integrar a los nacionalismos vasco y catalán, pero pronto se convirtió en un sistema generalizado de distribución territorial del poder estatal. Se quedó a medio camino entre un federalismo con asimetrías y una elevada descentralización política. Siempre irritó al nacionalismo español más uniformista. Siempre fue insuficiente para los soberanismos periféricos. Superados los órdagos de la antigua Loapa o del Pacto de Lizarra/Estella y el Plan Ibarretxe, durante 30 años ha funcionado sin grandes sobresaltos y ha contado con un consenso y una fortaleza envidiables.
Ahora la crisis la pone seriamente en cuestión. En las encuestas, en sólo cinco años, se ha reducido del 68% al 48% quienes creen que el estado autonómico es positivo y ha aumentado la valoración negativa desde el 15% al 26%. Se multiplican las voces que hablan del despilfarro y déficit autonómicos, y se propone como solución la recentralización del estado, siguiendo la estela ideológica de la Fundación FAES. La propuesta goza de defensores en la derecha valenciana.
La alternativa de reformar el modelo autonómico, profundizando en el espíritu federal de la Constitución, parece haber decaído después del fiasco de la España Plural de Zapatero. Pero avanzar hacia un sistema similar a la estructura federal alemana es una solución mucho más efectiva para España que cualquier recentralización. Separar la distribución territorial del poder del estado de los debates identitarios, establecer un sistema de competencias bien delimitado siguiendo criterios de eficiencia y clara separación de funciones entre administraciones, convertir al Senado en una verdadera cámara territorial, fijar mecanismos rigurosos de responsabilidad en la gestión y garantizar la autonomía y la solvencia financiera de las comunidades autónomas, serían soluciones eficaces a los problemas del actual estado autonómico. Sin embargo, de momento, la financiación y la deuda son los debates dominantes.
Insuficiente financiación
Las comunidades autónomas concentran el porcentaje más elevado del gasto público en España (cerca del 40%), por delante de la Seguridad Social (30%), la administración central (20%) y la administración local (algo más del 10%). El grueso del gasto corresponde a las políticas de bienestar social (Sanidad, Educación, Dependencia y servicios sociales generales). De hecho, menos en la Seguridad Social, la gestión básica del Estado del Bienestar español es autonómica. Sin embargo, dejando aparte a Navarra y Euskadi, las comunidades autónomas tienen un nivel de autofinanciación relativamente bajo y casi dos terceras partes de sus recursos son transferencias del gobierno central. En otras palabras, la autonomía del gasto es más elevada que la de países federales como Alemania o Austria, y, sin embargo, en los ingresos el mecanismo es dominantemente centralista, a diferencia de los países centroeuropeos.
En 2008, el Ministerio de Economía y Hacienda publicó las balanzas fiscales a petición de Cataluña. No son el único instrumento para determinar los flujos económicos interregionales; pero ponían de manifiesto que tanto la Comunidad Valenciana como Cataluña tenían saldos negativos, aportaban más que recibían. Eso sería lo normal en un sistema de solidaridad interautonómica. Lo que se denunció, entonces, es que la Comunidad Valenciana tenía un saldo negativo cuando comunidades con un PIB superior al nuestro presentaban un saldo positivo. Un hecho que no parecía razonable y que reforzaba la idea de que la financiación actual es injusta tanto para la Comunidad Valenciana como para Cataluña.
La reforma del estatuto catalán de 2006, más allá de lo que tuvo de error de cálculo y estrategia política, pretendía blindar las competencias catalanas y garantizarse una financiación más adecuada. Pero, a pesar del nuevo Estatuto, el problema sigue abierto. Ahora, CiU espera que, tras las elecciones generales, haya un gobierno en minoría en Madrid. Su apoyo parlamentario sería a cambio de un pacto fiscal y una financiación suficiente de los servicios públicos catalanes. Según parece, su propuesta se orienta a un sistema de casi soberanía fiscal como el vasconavarro.
La Comunidad Valenciana tampoco tiene una financiación justa de sus servicios. Pero hay serias dudas de que contemos con una propuesta propia y fuerza suficiente para conseguirla. El Consell lleva años protestando porque la Comunidad Valenciana norecibe lo que le corresponde. Pero el argumento es oportunista. Las denuncias por la mala financiación únicamente se retrotraen en el tiempo a la llegada de Zapatero a La Moncloa. El problema es anterior, tiene su origen en los primeros momentos de la autonomía y no ha dejado de aumentar. No depende de quien gobierne en Madrid, sino del sistema de financiación que ha predominado hasta ahora. Por eso, está por ver, si, en el caso de que Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno de España, el Consell va a ser capaz de reclamar una financiación suficiente y adecuada. La actual debilidad del PP valenciano frente a la dirección central de su partido, no permite esperar grandes alardes.
Sin dinero, recortes
Mientras tanto, Cataluña aparece en los informes del Banco de España como la comunidad autónoma más endeudada (34.323 millones de euros) y la Comunidad Valenciana como la segunda (17.895 millones). Insuficiente financiación. Pero también mala gestión. La situación es grave y sólo hay dos vías para mantener los servicios y reducir la deuda. O aumentan los ingresos o disminuye el gasto. Pero mientras no se recupere la actividad económica no habrá ingresos por tributos asociados a la economía y tampoco habrá mayores transferencias del gobierno central. Sólo queda aumentar tasas e impuestos. Eso explicaría que miembros significados del Consell, como Vela o Cabré, apunten nuevas figuras impositivas en Justicia o Sanidad. El president Fabra dice que es prematuro. La propuesta se aplaza en el tiempo, pero no se abandona.
En Cataluña, a la espera del pacto fiscal, no se propone el incremento de la presión impositiva. Al contrario, se ha suprimido el impuesto de sucesiones. Todas las medidas para reducir la deuda se orientan a recortar el gasto corriente, suprimir organismos, frenar inversiones y reducir las prestaciones en servicios de seguridad, educación y, sobre todo, sanidad. Son los primeros pasos. Si no hay pacto fiscal, vendrán más.
Son mensajes desde Cataluña. Después del 20-N, la Generalitat Valenciana tendrá que enfrentarse al problema. Hasta ahora, el Consell sólo anuncia reducciones del gasto corriente y supresión de organismos y altos cargos. Algo positivo. Más pronto que tarde, habrá de eliminar grandes eventos, parques temáticos ruinosos e iniciativas sin rentabilidad social y económica por muy vistosas que parezcan. Después, deberá recortar las inversiones en infraestructuras, algunas tan inexplicables como el Aeropuerto de Castellón. Y, finalmente, tendrá que entrar en los servicios de un Estado del Bienestar ya bastante debilitado en la Comunidad Valenciana. Ahí empezarán los problemas serios y la deslegitimación social de la propia Generalitat Valenciana.
