Técnicos, inexpertos y otros riesgos del nuevo Consell

El debate entre lo técnico y lo político en los ámbitos de gobierno tiene, al menos, un siglo en nuestras democracias. Cuanto más compleja se ha hecho la acción de gobierno, más poder han acumulado técnicos y expertos, y más han debido especializarse los políticos puros. Para añadir confusión al debate, desde la irrupción del neoliberalismo en los años ochenta del pasado siglo, los políticos tratan de vestir de técnicas e inevitables decisiones que son exclusivamente políticas y eludibles. 

De manera convencional, calificamos de técnicos a los miembros de un gobierno con escasa trayectoria política, influencia limitada o nula en los partidos que apoyan al gobierno y a quienes se les supone conocimiento técnico en determinadas materias. Se diferenciarían de aquellos que forman parte del Gobierno por su trayectoria política dilatada, su capacidad para ocupar responsabilidades en los ámbitos de gestión más diversos y su voluntad de articular apoyos en la sociedad y en el interior de los partidos.

De acuerdo con estos parámetros, el nuevo Consell de Camps es eminentemente técnico. Salen políticos como Cotino, Rambla, Gerardo Camps, Font de Mora o Blasco, y entran personas de perfil técnico en la mayoría de los casos. Cabe entender que Camps ha decidido ser el único referente político y espera que la solvencia técnica y la ausencia de filias políticas permita a los consellers una ejecución más enérgica y fría de unas decisiones que, en ocasiones, deberán ser impopulares.

Aire de rectificación. El nuevo Consell puede interpretarse como una valoración negativa del anterior. Ocurre con frecuencia que las decisiones de los gobiernos o líderes en un momento dado suponen la crítica más profunda que se puede hacer a las decisiones del pasado reciente. Era sabido que el equipo de Gobierno anterior no funcionaba, salvo honrosas excepciones, que los sectores sociales y económicos no encontraban interlocutores estables, y que a Rajoy y Cospedal no les gustaba la imagen del PP valenciano y el elevado número de implicados en las Corts y en el gobierno. Camps con su decisión parece reconocer que el Consell no funcionaba y estaba lastrado en su imagen.

El PP más fuera que dentro. Es curioso que un partido con más de 130.000 afiliados apenas tenga en el Gobierno a personas con relevancia en el partido o que algunos de sus miembros no sean afiliados. Que haya consellers que no militan en el PP es un hecho normal. Sin embargo, los modelos de gobierno con nula presencia de políticos del partido, suelen generar un distanciamiento crítico de dirigentes y cuadros del partido, que acostumbran a esperar su momento para exigir responsabilidades.

Con Fabra en retirada, Ripoll derrotado, Barberá y Rus con síntomas de cansancio personal y electoral, Camps tiene una situación de dominio de su partido mayor que nunca; pero su imagen en la calle Génova está debilitada. Además, en las últimas elecciones, perdió 66.000 votos y algunos analistas del PP consideran que dejó de sumar 60.000 votos que el PP valenciano debería haber conseguido de haberse comportado en los niveles medios de aumento de votos del PP en España.

Presidencialismo. Por encima de todo, el nuevo Consell es un gobierno presidencialista. Lo ha decidido personalmente el presidente, ha excluido a personas de altura política que podían pararle golpes, ha optado por gente sólo conocida por él mismo o por sus círculos más íntimos. Por lo que ha transcendido, en su elaboración, ha habido más tensión de la habitual y muchas decisiones en el último instante. Eso suele ser habitual en la formación de los gobiernos, pero muestran improvisación e indeterminación sobre lo que se pretende hacer. En consecuencia, es un gobierno del que deberá tirar, asumiendo toda la responsabilidad casi en solitario, el presidente Camps.

Tres niveles de gobierno. Con todo, en el gobierno hay tres niveles de relevancia por debajo de Camps. En primer lugar, la vicepresidenta, Paula Sánchez de León, persona que ha demostrado una sobriedad, buen hacer formal y lealtad absoluta a Camps. Está llamada a dirigir el día a día y a coordinar toda la acción de gobierno. Se le presupone capacidad de trabajo, tendrá que demostrar que tiene también altura y voluntad política, aunque sea ligada al devenir político de Camps.

El segundo nivel, se refiere al área económica y a los consellers implicados en su gestión, fundamentalmente, Verdaguer, pero también Vela, Císcar e, incluso, Jonhson. La falta de experiencia política de todos ellos y la reordenación de las materias económicas (Educación-Formación-Empleo, Cultura-Turismo, Economía-Industria-Comercio, Hacienda-Administraciones Públicas) genera interrogantes, obligará a hacer muchos esfuerzos de coordinación y ganarse la confianza de los interlocutores socioeconómicos. El resto de áreas del Consell ocupa una posición secundaria en el nuevo gobierno y son las áreas que van a padecer y tener que gestionar los recortes que se avecinan.

Distribución de competencias arriesgada. Una de las apuestas más arriesgadas del nuevo Consell es la ordenación de competencias de gestión de las consellerías. Tanto las competencias económicas, como las medioambientales, o las de cultura, bienestar social, política lingüística, agua o la propia portavocía. Hay consideraciones a favor de esta nueva organización, pero una distribución disfuncional de las competencias suele provocar disfunciones y parálisis en la acción de gobierno. 

Viejos retos. Finalmente, el nuevo Consell deberá hacer frente a retos que la crudeza de la crisis ha envejecido, pero no ha hecho desaparecer. Deberá definir, defender y asumir un sistema de financiación de la Comunidad Valenciana claro, algo que está ligado a una definición precisa de qué modelo de Estado Autonómico defiende el principal partido valenciano, dejando atrás los discursos ambiguos y victimistas. 

Tendrá, igualmente, que mejorar sensiblemente los niveles de transparencia en la gestión, algo imprescindible si se quiere aumentar la confianza en el Consell, en la política y en la Comunidad Valenciana. Habrá de hacer frente a la deuda de la Generalitat y eso conlleva una mejor gestión, recortes y mayor financiación, pero de manera inmediata recortes: la cuestión es a qué partidas, contra qué sectores sociales y qué beneficios colectivos a largo plazo pueden generar.

La prioridad primera es la recuperación económica y generar empleo; pero, el problema principal es determinar la capacidad que tenemos los valencianos para cambiar a fondo nuestro modelo productivo y la calidad del empleo, de manera real y efectiva. Y, finalmente, deberá plantearse si en una época de recortes, el sistema del Estado de Bienestar en la Comunidad Valenciana seguirá debilitándose o si mejoraremos nuestros niveles de atención sanitaria, de eficiencia educativa, de atención a la dependencia y de bienestar y seguridad vital.

Si el nuevo Gobierno acierta en sus políticas, impulsará un proyecto de futuro para la Comunidad Valenciana. Si las dudas que generan los nombramientos se consolidan, seguiremos empantanados y perdiendo oportunidades, tardaremos más en salir de la crisis y lo haremos peor.

Article publicat a VALENCIA PLAZA http://www.valenciaplaza.com/ver/28570/-T%C3%A9cnicos--inexpertos-y-otros-riesgos-del-nuevo-Consell-.html

Como no somos ángeles, control y transparencia

"Si los hombres fueran ángeles no serían necesarios ni los controles externos ni los internos sobre el gobierno". La afirmación es de James Madison, cuarto presidente de los Estados Unidos. La hizo en The Federalist Papers, a finales del siglo XVIII, y, con ella, se establecía una de las bases más sólidas de los sistemas democráticos. Después se afirmaron el gobierno representativo y responsable, la obligación de que las mayorías respeten a las minorías, y la necesidad de garantizar la mayor igualdad posible de derechos y oportunidades a todos ciudadanos, sin conculcar las libertades individuales y la autonomía personal. Son las premisas democráticas básicas. Están en permanente tensión y son de difícil armonía. De ellas derivan las democracias reales que tenemos, unos sistemas imperfectos, siempre amenazados y siempre mejorables, como la condición humana. 

Es curioso que en los debates que ha abierto en España la irrupción del 15-M no se hable casi del control del poder. La atención se concentra en la representatividad de los políticos y su alejamiento de la sociedad. En paralelo, se multiplican las propuestas de reformas electorales. El 15-M pide un cambio de la Ley Electoral General para aumentar la proporcionalidad del Congreso de los Diputados. Camps anuncia que la ley electoral valenciana establecerá circunscripciones unipersonales. Esperanza Aguirre quiere regular para Madrid las listas abiertas.

En principio, las listas abiertas pueden reducir el poder de los aparatos internos de los partidos a favor de los ciudadanos, pero su utilidad para regenerar a fondo la vida política es limitada. Aumentar la proporcionalidad de los parlamentos es algo lógico si creemos en el valor igual de cada voto, IU y UPyD tendrían más diputados, el PP y el PSOE menos; pero no alteraría el poder de los aparatos de los partidos y podría reducir la estabilidad de los gobiernos, lo que acostumbra a empeorar la percepción ciudadana de los políticos.

La iniciativa de Camps parece ir a contracorriente. Es criticable y con difícil apoyo estatutario si lo que se pretende es generalizar el sistema unipersonal a una vuelta para la elección de todos los diputados. Una reforma de estas características eliminaría la representación de las minorías políticas y, en estos momentos, daría un poder casi total al PP (posiblemente más de 85 diputados del total de 99). El poder de los aparatos partidistas permanecería intacto, mientras se expulsaría a demasiados ciudadanos del sistema democrático al no sentirse representados, justo lo contrario de lo se está pidiendo.

Distinto sería que la propuesta pretendiese limitar las circunscripciones unipersonales a la elección en doble vuelta de, por ejemplo, la tercera parte de los diputados sobre una base comarcal y dejar la elección del resto para un sistema proporcional y con una barrera electoral provincial del 3%. Se favorecería, así, la existencia de gobiernos fuertes y la presencia parlamentaria estable de la pluralidad política existente en la sociedad. Pero, también en este caso, el poder de la partitocracia permanecería intacto.

Hay que considerar que, aunque sean positivas las reformas electorales, algunos de los puntos más débiles y preocupantes de la democracia en España no se encuentran ahí, sino en los mecanismos de selección y mantenimiento de las élites políticas, en la substitución del debate abierto por la repetición crispada de argumentarios partidistas, y, sobre todo, en la falta de instrumentos y cultura sólida de control y exigencia de transparencia al poder político.

En España no votamos directamente a nuestros representantes en ningún tipo de elección. Votamos a partidos. Para ir en la lista que un partido propone, los aspirantes compiten en su interior. Las formas democráticas y abiertas son poco comunes en los partidos, el peso de las dinámicas de adhesión y fidelidad al líder es muy superior a la valoración del mérito y la capacidad. El resultado es una selección de políticos con escasa trayectoria profesional, académica y política fuera de los partidos. Buena parte de los diputados de todos los grupos de las Corts Valencianes y de los concejales de los principales ayuntamientos responden a este patrón selectivo. El problema es grave, pero no se aborda.

Con todo, hay que recordar que no existe democracia sin control de los gobiernos. Fiscalizar al poder es siempre necesario, mucho más en época de crisis, de transferencia de dinero público al sector financiero y de recortes de servicios e inversiones. No es bueno dejar las manos libres al poder, por muy legítimo que sea y muchos votos que tenga. No se trata de que creer que los políticos son gente especialmente corrupta o perversa. Se trata de no olvidar que el dinero que gestionan es nuestro y que lo que hacen con él siempre afecta directa o indirectamente a nuestras vidas. Las decisiones políticas nunca son neutras ni acostumbran a favorecer a todos los grupos sociales y personas con la misma intensidad. Por eso es imprescindible conocer qué es lo que hacen los gobiernos.

Sería una auténtica revolución que el futuro Gobierno valenciano hiciese anualmente balances de gestión. Que ministerios, ayuntamientos y comunidades autónomas diesen información detallada en sus web de las líneas de gobierno, de sus compromisos y de cómo están llevando a cabo su ejecución. Que existiese una agencia de control presupuestario en las Corts donde fuera mayoritaria la oposición política. Que los parlamentos no tuviesen que enfrentarse al obstruccionismo del gobierno a la hora de fiscalizar y revisar sin demagogia la gestión pública. Y, finalmente, que se contase con sistemas de evaluación de las políticas públicas que se platearan rigurosamente el impacto global de las políticas y el gasto público. Eso mejoraría la calidad y el rendimiento de nuestra democracia. Buena parte de nuestro déficit democrático tiene que ver con la falta de transparencia y de control profundo de la acción de gobierno.

Esta legislatura empieza con un ambiente general enrarecido. Un momento para políticos y personas con altura de miras, valentía y voluntad de liderazgo. Por lo visto hasta el momento, la peor crisis mundial desde 1929, nos coge con políticos preparados para gobernar en tiempos de crecimiento económico fácil, poco dados al control exhaustivo de su acción de gobierno y con nula capacidad de liderazgo ante las dificultades. El resultado de una pobre selección de elites.

Quizás, por ello, el G-30 está desaparecido, el todopoderoso y hace tres años rutilante Obama carece de capacidad de maniobra. En Europa ni Merkel ni Sarkozy ni Cameron, por citar los dirigentes de las principales economías, parecen tener interés o ideas para encabezar un proyecto europeo que vaya más allá de salir del paso ante cada sobresalto que sufre el euro. En España, los líderes ni están ni se les espera, salvo milagros. Algo similar ocurre en la Comunidad Valenciana. Tiempo de transición.

Inglés, castellano... y ¡valencià, no!

A finales del año 1994, cuando los socialistas valencianos agotaban sus últimos meses de gobierno en la Generalitat, tuvieron lugar en el Palacio de Pineda de Valencia, sede de la UIMP, una serie de reuniones entre dirigentes socialistas y el líder del partido anticatalanista Unió Valenciana, Vicente González-Lizondo. El objeto de las conversaciones era conocer si UV apoyaría puntualmente o de manera estable a un gobierno del PSPV-PSOE en caso de perder los socialistas la mayoría absoluta. 

No fue necesario. Los resultados de 1995 fueron un desastre para los socialistas. UV llegó a un acuerdo de gobierno con el PP; Zaplana fue elegido presidente de la Generalitat; el PP acabó devorando a UV y los socialistas iniciaron una larga travesía en el desierto en la que parecen querer seguir durante mucho tiempo.

En aquellos encuentros, el líder de UV afirmó con su singular estilo que él tenía claro que el valenciano y el catalán son la misma lengua, pero que el valencianismo debía ser anticatalanista. La anécdota recuerda que apelar al anticatalanismo y a una visión distorsionada de lo valenciano han sido instrumentos esenciales para conseguir la hegemonía ideológica conservadora en la sociedad valenciana en las últimas décadas, mucho antes incluso de que el PP conquistase su actual dominio político e institucional.

Zaplana no modificó las tímidas políticas socialistas sobre el valenciano, incluso impulsó la creación de la AVL para disminuir el ruido sobre la identidad de la lengua. Durante dos legislaturas, Camps tampoco lo hizo. Ahora, Font de Mora, en su despedida como conseller, propone un cambio radical. Aclaremos una cosa, en el actual modelo, no hay líneas en castellano y líneas en valenciano. Las llamadas líneas en valenciano (33% del total de Primaria y 27% de ESO), están formadas por los programas de enseñanza en valenciano y los programas de inmersión lingüística y tienen en torno a un 10% del tiempo de enseñanza en castellano (asignatura de lengua castellana) y otro 10% en inglés (asignatura de lengua inglesa). En el resto de la enseñanza, no hay líneas en castellano, sino programas de incorporación progresiva, donde el valenciano es lengua vehicular de un 25-35% de las asignaturas (dos o más asignaturas), el inglés lo es de un 10% y el resto es en castellano. El nuevo modelo que se pretende impulsar se anunció primero de educación trilingüe y, posteriormente, se ha dicho que sería un modelo bilingüe con asignatura de inglés y que el sistema trilingüe sería voluntario.

Cuatro observaciones al respecto. Primera. La forma, sin consenso ni discusión previa con los agentes políticos y educativos; el momento, durante la campaña electoral y con un Consell en funciones, y el fondo, sin estudios pedagógicos que avalen la medida y desconociendo las habilidades en inglés del profesorado, evidencia un estilo de hacer política autoritario en exceso y con fuertes componentes ideológicos antivalencianistas.

Segunda. La retórica del trilingüismo ha sido una cortina de humo. En nuestro país, la enseñanza de las lenguas extranjeras siempre ha tenido un rendimiento pobre. Ni políticos, ni empresarios, ni sindicalistas, ni educadores tienen un buen conocimiento del inglés por regla general. Es irreal pensar que tenemos un tercio del profesorado en condiciones de enseñar correctamente en inglés, cuando en muchos casos se hace aguas en valenciano y en castellano. Además, por lo que se ha ido publicando, la enseñanza en inglés quedaría limitada a la asignatura de lengua inglesa y a las unidades escolares que voluntariamente quieran y puedan acceder a este modelo, prácticamente como pasa ahora. El objetivo no es, por tanto, que el inglés sea lengua vehicular de un tercio de la enseñanza. Se pretende otra cosa.

Tercera. La medida solo sirve para desmantelar las líneas en valenciano, que se han demostrado el sistema más eficaz para garantizar el conocimiento de esta lengua, y, de paso, debilitar aún más a la escuela pública. En los últimos años, la escuela privada ha aumentado el número de alumnos y los recursos públicos que recibe. Paralelamente, la escuela pública ha concentrado la inmensa mayoría de los alumnos con dificultades educativas, con problemas sociales y los alumnos de origen inmigrante (cerca del 20% de la población escolar, que en un 85% estudia en centros públicos).

Este hecho, y la ausencia de aulas de acogida para inmigrantes y de servicios pedagógicos de atención especializada en número suficiente, ha generado un aumento de las tensiones a las que debe hacer frente la escuela pública. Se ha contribuido, así, a la creciente huida de las clases medias del sistema público hacia el privado. Las líneas en valenciano, en la medida en que atraen a grupos sociales con mayor formación y que la lengua supone una barrera para los inmigrantes, han sido tradicionalmente un espacio con menos tensiones educativas y superior rendimiento escolar dentro de la escuela pública. Sin ellas, es previsible un incremento de alumnos en los centros privados, y un aumento de los, ya fuertes, impulsos segregacionistas y desigualadores del sistema educativo valenciano.

Cuarta. A falta de que el futuro conseller de Educación ratifique la iniciativa, el PP debería ponderar, además de las consecuencias sociales y lingüísticas, los costes políticos. El anticatalanismo como componente de una sesgada definición de lo valenciano tiene su origen en la virulenta transición política a la democracia y en la dura salida de la anterior crisis económica de carácter sistémico, a finales de los años setenta del pasado siglo. Actualmente, vivimos una nueva crisis sistémica en la economía y ésta genera tensiones sociales que están dando lugar a nuevas formas de socialización política. Mucho de lo que ha caracterizado la política desde la transición hasta nuestros días puede ser radicalmente modificado. La desafección política hacia los grandes partidos está aumentando, el malestar social y político también. Hoy lo sufre el partido en el gobierno de España; pero el PP se equivocaría si se creyera inmune.

Las últimas elecciones apuntan a un cambio en el sistema de partidos. Compromís ha entrado, por méritos propios, en el parlamento y, si no comete errores, puede crecer a costa del resto de formaciones. De hecho, el 22-M mostró que ni EU ni el PSPV-PSOE han tocado suelo y que el PP puede crecer pero la capacidad de aumentar su penetración electoral da síntomas de agotamiento; algo que no ocurre con Compromís, con UPyD y, quizás, con la extrema derecha externa al PP. La legislatura que viene será dura. Abrir frentes de desgaste sin beneficio claro será negativo para quien gobierne. Además, puede ocurrir que lo valenciano ya no sea definido exclusivamente con los parámetros de hace más de treinta años. El campo de juego está transformándose y las formas de acción política también lo harán. Históricamente, quien no ve los cambios, acostumbra a sufrir las consecuencias.

Article publicat a Valencia Plaza el 12 de juny de 2011 http://www.valenciaplaza.com/ver/27616/Ingl%C3%A9s--castellano----y-%A1valenci%C3--no.html

Merkel, los pepinos y el fantasma del populismo

No hay nada más peligroso en política que invocar al pueblo. Todos los autoritarismos, ideologías colectivistas y totalitarismos cantan las excelencias del pueblo y afirman que sus gobiernos descansan en la aquiescencia del pueblo y están a su servicio. Un pueblo armonioso y siempre amenazado por los traidores de dentro y los enemigos exteriores. El populismo como análisis y solución simple frente a una realidad compleja. El populismo  contra el pluralismo y la sociedad abierta.

Los nazis exaltaron al buen pueblo alemán mientras le mostraban chivos expiatorios a los que acusaban de ser la causa de todos los males. La propaganda comunista siempre ha tenido enemigos del pueblo a los que perseguir. La Venezuela de Chávez o las satrapías de Oriente Próximo y del resto del mundo están llenas de discursos inflamados en defensa del pueblo y de persecuciones a sus enemigos internos y externos. El populismo siempre es un insulto a la inteligencia y un instrumento para controlar a una sociedad que se quiere acrítica.

Pero la tentación del populista no es exclusiva de los regímenes autoritarios y totalitarios, también está en las democracias. Partidos particularistas y con tintes xenófobos en Europa, Tea Party en Estados Unidos, y un creciente número de grupos reivindicativos particulares que se autoconsideran el pueblo en su totalidad y niegan la representatividad de los políticos democráticamente elegidos. Incluso los partidos que dicen rechazar este tipo de prácticas recurren, cada vez más, a las formas populistas. En estos momentos, el populismo es la principal amenaza de la democracia y de una Unión Europea sólida, con una economía moderna, presencia internacional relevante y que refuerce el Estado del Bienestar.

El 18 de mayo pasado, Angela Merkel afirmó en un acto de su partido (CDU) que en Grecia, España y Portugal la gente no debe jubilarse antes que los alemanes y amenazó con que Alemania sólo iba a ayudar a quienes se esfuerzan y no a quienes tienen muchas vacaciones y trabajan poco. Lo grave de esta afirmación es que procede de la persona políticamente más influyente de Europa. De sus palabras parecería deducirse que las cualidades genéticas o culturales de los habitantes del Sur de Europa están en el origen de la crisis económica que padecemos y no el desastre, la inmoralidad y la avidez del sistema financiero.

Lo peor es que, como suele ocurrir con las afirmaciones populistas, lo que dijo es falso. Como recuerda Rafael Poch, la media de horas anuales de trabajo por empleado en España es de 1.654. En Alemania de 1.390 horas. Aquí, las vacaciones y festivos suman una media de 36 días. En Alemania quienes cuentan con empleo tienen 39,6 días de vacaciones. La jubilación media española y alemana están en cifras similares: 62,0 y 62,6 años, respectivamente.

Y, finalmente, si Alemania es quien más aporta al Fondo de Rescate de la eurozona (17 países) en cifras absolutas, lo es por su condición de país con más población y por ser la principal economía; pero luego ocupa el sexto lugar en aportaciones por habitante y el décimo según el porcentaje de su PIB destinado al fondo, por detrás de Portugal, Italia y España. Merkel, como muchos líderes políticos en esta época de crisis, prefiere buscar culpables fáciles a asumir responsabilidades, aunque su política tenga mucho que ver con la deficiente respuesta europea a la crisis y el auge del populismo alemán.

Una semana después, el 27 de mayo, la ministra de Salud de la ciudad-estado de Hamburgo, Cornelia Preafer-Storcks, del SPD, declaraba que los pepinos españoles eran la causa de un brote infeccioso que había acabado con la vida de varias personas. El problema es distinto al derivado del exabrupto de Merkel. Ahora se trata de una alarma sanitaria y hay muertos. El exceso en la prevención está momentáneamente justificado. La irresponsabilidad populista, no. Dicho de otro modo, hubiese sido normal alertar sobre el consumo de verduras; pero, con la información que se poseía, no tenía sentido ni acusar a los pepinos ni precisar su procedencia española. No es imaginable que una autoridad sanitaria, por muy alemana que fuese, actuara de la misma manera si los pepinos sospechosos hubieran sido alemanes, franceses, ingleses, suecos o noruegos.

Después, los informes técnicos han ido mostrando no sólo que los pepinos españoles no son la causa de la infección, sino que el origen del problema puede estar en Hamburgo. Paralelamente, el comportamiento de las administraciones alemanas ha dejado maltrecho el mito de la eficiencia alemana, vista la falta de coordinación y el descontrol en la información, además de la no asunción de responsabilidad por sus errores.

En nuestro país, el Gobierno de España, pasado el desconcierto inicial, ha actuado de manera básicamente correcta: ha seguido la crisis puntualmente, se puso en contacto inmediatamente con las autoridades europeas y alemanas para colaborar en la solución del problema, ha destacado que España es un país con unos controles sanitarios exigentes en sus frutas y verduras, y, tan pronto ha tenido información, ha negado que los pepinos españoles sean el origen de la infección, y, ahora, estudia exigir indemnizaciones a Alemania o la UE por las pérdidas sufridas por los agricultores. Quizás su actuación podría haber sido más histriónica en los medios de comunicación, pero, con ello, no hubiera solucionado nada y habría alimentado el populismo hispano.

El PP, por el contrario, obsesionado por no soltar la presa de un PSOE moribundo, no ha tenido reparos, con Rajoy a la cabeza, de cargar contra el Gobierno español por, en su opinión, haber actuado en esta crisis sin firmeza, mal y tarde. Incluso la habitualmente ponderada y sensata responsable de política social del PP, Ana Pastor, ha repetido la posición oficial de su partido sin indicar qué y cómo se deberían haber hecho cosas en modo alternativo.

En el corto plazo, la actitud del PP puede tener alguna lógica; pero parece pobre y refuerza las críticas que se hacen a este partido sobre su ausencia de sentido de Estado cada vez que España tiene un conflicto dentro de la Unión Europea. Más aún, algunos gestos del PP en esta crisis apuntan a que sectores de este partido tienen una querencia fácil por las formas populistas.

Ciertamente, el populismo no es algo exclusivo de un partido, pero tanto algunas actuaciones del PP en la crisis de los pepinos, como el reciente experimento de construir un discurso xenófobo con el candidato del PP en Badalona, Xavier García-Albiol, o el exagerado victimismo de Francisco Camps desde 2004 insistiendo en la idea de una ignominiosa conspiración socialista contra la Comunidad Valenciana, apuntan a que una parte de la derecha española, como le ocurre a parte de la derecha europea, se siente atraída por el populismo. Y eso es jugar con fuego.

Article publicat a Valencia Plaza el 5 de juny de 2011 http://www.valenciaplaza.com/ver/27229/-Merkel--los-pepinos-y-el-fantasma-del-populismo--.html