17 escaños en un 'parque jurásico'

Hay un viejo chiste, que recoge Woody Allen en Annie Hall. Dos mujeres comiendo en un hotel de montaña, una de ellas dice: "La comida de este restaurante es horrible", a lo que la otra responde: "Sí, y las raciones son poco abundantes". Así es el Senado español. Una institución prescindible, donde los valencianos están poco representados. 

El Senado tiene su origen en el siglo XIX. Segunda asamblea parlamentaria, de carácter conservador y aristocrático, cuya función era frenar los "excesos" democratizadores del Congreso. La Constitución de 1978 lo define como cámara de representación territorial, pero limita sus competencias y funcionamiento a repetir el trabajo del Congreso de los Diputados. Una especie de parque jurásico institucional, un recuerdo decimonónico.

Hay 264 senadores. 208 elegidos en las elecciones generales y 56 por los parlamentos autonómicos. La representación valenciana se limita a 17; aunque, por población, deberían ser 29. Volviendo al chiste, nuestra ración de Senado es escasa. Los valencianos eligen cuatro senadores en cada provincia por el sistema de listas abiertas, sin que ningún partido pueda presentar más de tres candidatos. Mientras que los otros cinco son designados por las Corts Valencianes. En la última legislatura, el PP tenía 12 senadores (tres electos en cada una de las provincias y otros tres por las Corts) y el PSOE cinco (uno por cada provincia y dos por las Corts). Como ha habido cuatro renuncias, los políticos que han ocupado los escaños valencianos han sido 21.

Ex, segundas filas y sagas familiares

La mayor parte de los senadores tienen la categoría de ex o son cuadros secundarios de sus partidos para los que el Senado constituye un lugar institucionalmente relevante, políticamente poco exigente y bien remunerado. Entre los valencianos, durante la última legislatura, 12 tenían la categoría de ex. Expresidentes de la Generalitat (Joan Lerma, PSOE), del PP valenciano (Pedro Agramunt), de las Corts Valencianes (Julio de España, PP) o de UV (José María Chiquillo, PP), exministras (Carmen Alborch, PSOE), exconsellers (Gerardo Camps, PP), exalcaldes (Pascual Azorín de Elda, PSOE; Miguel Ortiz de Altea, PP; Gustavo Ferrada de Burriana, PP, y Andrés Perelló de Buñol, PSOE), exdirigentes de UCD (Juan Antonio Rodríguez, PP) e, incluso, una exjudoca (Miriam Blasco, PP).

Además, dos alcaldes (María Ángeles Crespo de Carlet, PP, y José María Ángel de L'Eliana, PSOE), tres personas leales a Carlos Fabra (el juez Manuel Altava, el agente de la propiedad inmobiliaria Juan José Ortiz y la concejala de L'Alcora Araceli Peris, PP) y Juan Bautista Cardona, cuadro del PSOE castellonense.

Atención especial merece la presencia de dos de las sagas políticas de Benidorm. Los Barceló y los Pajín. Miguel Barceló, suegro de Eduardo Zaplana, renunció al acta de senador en octubre de 2008, después de 22 años, y fue reemplazado por Agustín Almodóbar Barceló, dirigente de Nuevas Generaciones, su nieto e hijo de la diputada en las Corts Valencianes, Ángeles Barceló.

Leire Pajín es hija del dirigente del socialismo alicantino, José María Pajín, y de la exconcejala de Benidorm, Maite Iraola. Se convirtió en senadora después de un largo proceso. Elegida diputada en marzo de 2008; renuncia, un mes después, al ser nombrada secretaria de estado. En julio de 2008, es elegida secretaria de Organización del PSOE, dimite como secretaría de estado e intenta recuperar la condición de aforada, ahora como senadora de designación territorial. En mayo de 2009, Andrés Perelló cesa como senador elegido por las Corts para ser eurodiputado y el PSPV propone que Pajín ocupe su escaño. El PP dificulta su elección hasta noviembre de ese año. En junio de 2011, tras las Elecciones Autonómicas, cesa como senadora y es substituida por José María Ángel, el mismo día que Gerardo Camps reemplazaba a Juan Antonio Rodríguez.

Tras el 20-N, más ex y nuevos dirigentes secundarios

Si no hay cambios de última hora en las listas y en las encuestas, habrá siete cambios con respecto a los 17 senadores que acabaron la pasada legislatura. En el PP, Miriam Blasco pasa al Congreso y su lugar es ocupado por la secretaria general del PP de Elda y concejala, Virginia Romero. También en Alicante, Miguel Campoy, expresidente de la Autoridad Portuaria, substituye a Miguel Ortiz. En Castellón, Vicente Aparicio, exalcalde de La Vall d'Uixò, ocupa el lugar de Juan José Ortiz, y en Valencia María Ángeles Crespo cede su puesto a Carla Ripoll, portavoz del Ayuntamiento de Gandia. En el PSOE, salen Pascual Azorín en Alicante y Juan Bautista Cardona en Castellón, y son substituidos por la exsubdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, y por el exalcalde de Onda, Enrique Navarro.

A falta de saber quien ocupará el escaño de Gerardo Camps, futuro diputado en el Congreso por Alicante, entre los 16 políticos valencianos que serán senadores la noche del próximo 20-N habrá diez ex responsables institucionales, y seis cuadros y dirigentes de significación comarcal o provincial en el PP y el PSOE.

Ni Irlanda, ni Alemania: Partitocracia

Volvamos al principio. El Senado, en su configuración actual, carece de sentido y los más de 55 millones de euros que cuesta anualmente tendrían mejor uso destinados a otra actividad. Las alternativas lógicas son dos. O se suprime o se reforma. O se sigue el camino que ha iniciado Irlanda o nos acercamos al modelo alemán.

Si se cumplen las previsiones del Gobierno de Irlanda, en 2012, los irlandeses votarán en referéndum la supresión o el mantenimiento de su Senado. De acuerdo con los sondeos, lo más probable es que sea abolido.

En Alemania, el Bundesrat, lo más parecido a nuestro Senado, está formado por 69 representantes de los 16 estados federales. Cada estado tiene un número de representantes proporcional a su población, que suelen ser miembros de sus gobiernos. La función del Bundesrat no es hacer una segunda lectura de lo que ya ha aprobado el Parlamento, sino analizar, aprobar o rechazar la legislación que pueda afectar a las competencias de los estados federados. El Bundesrat es un instrumento eficaz para la gobernación federal de Alemania sin generar grandes gastos ni instituciones redundantes.

En España, todos los partidos, en algún momento, han hablado de la necesidad de reformar el Senado para que sea realmente una cámara de representación territorial, acercándolo al modelo alemán. Pero las declaraciones nunca se han concretado en nada. En el fondo, nadie quiere su reforma. Los principales partidos estatales tienen alma centralista y no desean cámaras territoriales que consoliden formas de participación de las comunidades autónomas en la gobernación de España. Los partidos nacionalistas prefieren el diálogo singular de sus gobiernos autónomos con el poder central. Además, en su configuración actual, aunque caro e inútil, es un cómodo alimento para la partitocracia.

article publicat a Valencia Plaza el 16 d'octubre de 2011 http://www.valenciaplaza.com/ver/37220/17-esca%C3%B1os-en-un-parque-jur%C3%A1sico.html

Ni California, ni Florida

9 de Octubre. Día de la Comunidad Valenciana. Rituales cívicos e institucionales. Discursos gubernamentales, críticas de la oposición, manifiestos en la calle y cierta indiferencia ciudadana. Escaparate de líderes políticos y de la sociedad civil. Una oportunidad para evaluar el liderazgo en el seno de la sociedad valenciana y su proyección exterior.

La Comunidad Valenciana no se ha caracterizado por su capacidad de influencia en los centros de poder españoles o, desde 1986, europeos. Pocos políticos, intelectuales, empresarios, sindicalistas u otros miembros de las elites, en sentido amplio, han tenido una posición influyente. Tampoco hay tradición de lobbies propios estables y eficaces. Históricamente, los valencianos que han hecho carrera en Madrid se han comportado como madrileños de origen valenciano y de su posición política, económica o intelectual no se ha generado ningún beneficio singular para la Comunidad Valenciana.

La constatación de este hecho, junto con una cierta idealización del autogobierno foral y la reacción contra el proceso de despersonalización de la sociedad valenciana, llevó a que, en los ambientes intelectuales valencianistas, durante los años sesenta del siglo pasado, se abriese un debate sobre las características de la burguesía valenciana como grupo socialmente dominante y su capacidad para liderar y estructurar la sociedad.

En un primer momento, se afirmó que la sociedad valenciana carecía de liderazgo y de política propia por no tener una burguesía propiamente dicha. Los estudios posteriores evidenciaron la existencia histórica de una burguesía que, obviamente, además de querer defender y conservar su posición social, no vacilaba a la hora de controlar los instrumentos locales del poder político para impulsar lo que entendían políticas favorables a sus intereses y a su modelo de sociedad.

No obstante, se dudaba, y la duda en cierto modo llega hasta el momento presente, de que su dominio social se correspondiera con una capacidad moderna de liderazgo y de proponer proyectos avanzados para la sociedad valenciana. Se concluía, en consecuencia, que la modernización de la sociedad comportaba tener autonomía política y que estaría protagonizada por la izquierda y los sectores más progresistas y abiertos de la burguesía.

Durante la transición, buena parte de la izquierda valenciana asumió este análisis y consideró que los grupos predominantes en la burguesía valenciana tenían un carácter inmovilista. Reforzaba esta idea, el hecho de que, tras la caída del franquismo, la derecha política valenciana vivió un proceso de fragmentación y acabó marginando a los grupos más liberales y apoyándose en los más conservadores y menos proclives a que la Comunidad Valenciana tuviera una autonomía amplia. El empresariado valenciano, que en aquellos años hacia frente a una profunda crisis económica y estaba poco organizado, asumía la democracia y veía en el horizonte la entrada en la UE como una gran oportunidad, pero en su mayor parte desconfiaba de la izquierda emergente y del control que ésta podía tener del nuevo poder político autonómico. 

Los gobiernos autonómicos: ni California, ni Florida

Con la constitución del gobierno autonómico, en 1983, el PSPV-PSOE, dirigido por Joan Lerma y con una mayoría política indiscutible, impulsó un proceso de modernización social y económica, asentó las instituciones autonómicas y puso las bases del Estado del Bienestar. Sin embargo, no fue capaz de establecer un liderazgo nuevo en la sociedad valenciana, en parte porque no contó con apoyos suficientes en el mundo empresarial.

Como modelo de desarrollo económico, el sueño socialista afirmaba la voluntad de hacer de la Comunidad Valenciana la California europea. Se trataba de aprovechar la capacidad emprendedora valenciana para, con apoyo público, crear empresas innovadoras, vinculadas a las nuevas tecnologías, exportadoras y con empleos de calidad. Su proyecto trató de modernizar y dinamizar los sectores industriales tradicionales y el turismo. La creciente globalización económica y la crisis de 1993 evidenciaron las limitaciones de este sueño. Con todo, la colaboración socialista con sectores del empresariado valenciano fue continua y normal; aunque sus relaciones con las organizaciones y parte de las elites empresariales fueran siempre difíciles y, a menudo, tensas, sobre todo, en los últimos años de gobierno de Lerma.

La derecha valenciana, liderada por un PP presidido por Eduardo Zaplana, llegó al poder de la Generalitat en 1995. Quedaban atrás casi dos décadas en la oposición, divisiones internas y sus reticencias contra las nuevas instituciones autonómicas. El pacto político entre UV y el PP, que permitió la llegada de Zaplana a la presidencia del Consell, fue favorecido por las organizaciones empresariales y se cerró en el despacho de Federico Félix, presidente de AVE.

Zaplana demostró, muy pronto, una notable capacidad para liderar a la mayor parte del empresariado valenciano. El proyecto económico del PP marcó muy pronto diferencias notables con el que habían tratado de impulsar de un modo un tanto voluntarista los socialistas y embarcó a la práctica totalidad del empresariado, sin reticencias importantes, a diferencia de lo que había ocurrido con las políticas socialistas.

El análisis zaplanista de la realidad valenciana concluía que era inviable hacer de la Comunidad Valenciana un centro de innovación empresarial y económica en los términos que apuntaban los socialistas en los años ochenta. Nunca íbamos a ser la California europea. Sin embargo, podíamos convertirnos en la Florida de Europa, el lugar donde millones de personas quisieran pasar sus vacaciones. Una tierra de servicios y negocios vinculados al desarrollo turístico y al ocio. A partir de ahí, se desarrolla una política de crecimiento urbanístico, parques temáticos y grandes eventos, que avanza en paralelo a una coyuntura internacional favorable, con un flujo constante de crédito fácil por parte de los bancos y cajas, especialmente de Bancaja y la CAM, y un endeudamiento creciente de la Generalitat tanto en los ocho años de mandato de Zaplana, como, sobre todo, durante el gobierno de Camps.

El espejo del presente

Si la globalización y la crisis de 1993 señalaron los límites del modelo económico de desarrollo del PSPV-PSOE, la crisis de 2008 ha puesto fin al sueño del PP y muestra muchas de las limitaciones del proyecto político conservador y de la apuesta política del grueso del empresariado valenciano en las dos últimas décadas.

Ahora, si somos capaces de mirarnos en el espejo para comprobar qué es lo que realmente somos, cuáles son nuestras debilidades y qué fortalezas tenemos, no deberíamos evitar una mirada autocrítica para entender porqué estamos donde estamos y tratar de no volver a repetir los errores cometidos. Sin embargo, si entre la clase política la autocrítica es escasa, aún parece menor en las organizaciones empresariales (y del resto de la sociedad civil).

Pero alguna cosa habremos hecho mal cuando las viviendas de nueva construcción por vender en la Comunidad Valenciana, puestas juntas y en un mismo lugar, darían forma a una ciudad más grande que Alicante completamente desierta, o cuando la deuda privada imprudente es enorme y la deuda de la Generalitat es de las más altas de España.

Alguna responsabilidad tendrán el partido en el gobierno y los grupos sociales y empresariales que le han apoyado sin fisuras durante años cuando hemos perdido las dos cajas de ahorro valencianas por culpa de una gestión irresponsable y recompensada con sueldos millonarios. O cuando la productividad de nuestra economía es baja, y el valor añadido de mucho de lo que producimos escaso, mientras los sectores económicos industriales y más innovadores de nuestra economía han perdido fuerza, tenemos unas tasas de paro más elevadas que la media española y un nivel de economía sumergida y de fraude fiscal insoportable. No se trata de ser catastrofista, pero es evidente que algo hemos hecho mal. La autocrítica y el análisis de los errores son ejercicios necesarios si queremos afrontar el futuro con garantías.

Retos de futuro

Los años de crisis que tenemos por delante van a ser largos y decisivos. Si tienen razón los historiadores de la economía, nos espera una década de dificultades. Teniendo en cuenta que la izquierda valenciana es débil, tiene un nivel de gobierno marginal en una minoría de ayuntamientos, está fragmentada, carece de líderes y de relato para constituirse en alternativa política y social en los próximos años, al PP le corresponde el liderazgo político, social y ético de la sociedad valenciana. La responsabilidad de la gestión de la crisis es de la derecha política valenciana y, por extensión, del sector que se reclama más dinámico de la sociedad civil, el empresariado valenciano.

La agenda política es urgente. El PP valenciano y el presidente Alberto Fabra deberán hacer frente, en los próximos meses, retos básicos para determinar el futuro de la sociedad valenciana y su fortaleza en España y en Europa. Desde la reducción de la deuda hasta determinar qué Estado de Bienestar público se quiere desarrollar y definir un modelo de crecimiento económico que deje atrás los sueños de californias y floridas imaginarias, permita un desarrollo económico con bases sólidas y reduzca la lacra de la economía sumergida y el fraude.

Paralelamente tendrá que defender con claridad un modelo valenciano de financiación autonómica que sea justo con la Comunidad Valenciana y no ahogue nuestra economía. Dentro de unas semanas, ya no bastará con acusar al PSOE de todos los males de la Comunidad Valenciana, incluida la insuficiente financiación valenciana, como acaba de hacer el presidente Fabra, e ignorar, a la vez, que la mala financiación es producto de un sistema aprobado en 2002 y reformado en 2009 con la aquiescencia, cuando no el protagonismo, de Zaplana y de Camps.

La colaboración entre los gobiernos y los empresarios, como con los agentes sociales, es esencial para el éxito de las políticas económicas y la cohesión social, pero la adhesión acrítica es contraproducente. Resulta paradójico que sectores industriales, financieros y de servicios del empresariado valenciano, no siempre minoritarios, hayan resultado más perjudicados que beneficiados por las políticas del PP valenciano y que, sin embargo, no hayan expresado críticas de ningún tipo a las políticas económicas valencianas de los últimos 16 años.

Es posible que parte de ese apoyo se deba a la cercanía social e ideológica o al hecho más prosaico de que el PP controlaba los mecanismos de financiación de la mayor parte de las empresas valencianas a través de las cajas de ahorro y de las subvenciones y contrataciones públicas. Con todo, sorprende la impotencia política y la subordinación de sectores importantes del empresariado valenciano hacia políticas que eran contradictorias con sus intereses inmediatos.

Hay que superar las lógicas de los últimos años. El PP tendría que comprender que, con todo el poder en sus manos, es el momento de un nuevo liderazgo, de políticas menos sectarias y con más sentido de la proporción y la responsabilidad. Al empresariado valenciano le corresponde asumir que no es un grupo social homogéneo y que su realidad es demasiado compleja, plural y dinámica como para subordinarse de manera acrítica al poder político. 

article publicat a  Valencia Plaza el 9 d'octubre de 2011 http://www.valenciaplaza.com/ver/33699/-Ni-California--ni-Florida--28-a%C3%B1os-de-liderazgo-social-y-autonom%C3%ADa.html

Recortes en el Estado del Bienestar vs clientelisme

Como Hamlet en su monólogo, el Consell parece paralizado ante un dilema al que no da respuesta: o pone fin a buena parte de lo que han sido sus políticas en los últimos años y desmantela tramas clientelares, o lleva a cabo una socialización asimétrica y no equitativa de la deuda. Las consecuencias son imprevisibles. En ambos casos.

La forma en la que las distintas administraciones afrontan las políticas de recortes es poco ejemplar y alimentan algunas de las visiones más pesimitas sobre la clase política. Afirmaciones contradictorias, anuncios y rectificaciones, argumentos oportunistas y mezquinos contra el adversario, demagogia contra los trabajadores públicos, sistemas de prioridades confusos y cambiantes, decisiones improvisadas. Y, sobre todo, la impresión de que cada Administración, en los distintos niveles de gobierno (ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y Gobierno central), aunque esté dirigida por un mismo partido, toma sus decisiones con una lógica propia, una intensidad distinta y unas prioridades diferentes. No existe una hoja de ruta común.

¿El debate político al margen de la realidad?

Se toman las decisiones de manera reactiva, obligados por la necesidad, pero ni en la Comunidad Valenciana ni en España, nadie, ningún partido ni institución política, ha hecho un análisis detallado y público de la realidad. Nadie ha hecho una evaluación profunda de todas las áreas de gasto y ha propuesto su racionalización y una priorización ordenada de lo que se debe recortar de forma definitiva o transitoria. Lejos del debate político que sería necesario, los principales partidos siguen funcionando con la inercia de unas formas convencionales y poco constructivas de confrontación política, aunque no se correspondan con la gravedad de la situación social y económica de nuestro país en estos momentos. Ritos del pasado.

Esta semana, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba se han prodigado en promesas a pensionistas y funcionarios y sus partidos han competido en acusaciones al rival sobre quien desmantela con más intensidad el Estado del Bienestar. Y, mientras ocurría esto, en Europa, Jean Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, afirmaba que no duda que "la formación política que dirigirá España dentro de unas semanas continuará los esfuerzos de consolidación en marcha".

En otras palabras, gobierne quien gobierne, y prometa lo que prometa en la campaña electoral, deberá aplicar la receta europea para combatir la crisis: recortes y austeridad. Paradójicamente, aunque el marco general de nuestra política lo marca Europa, ningún partido discute políticamente el sentido y la bondad de las decisiones europeas. Es más, ni tan siquiera hay debate sobre las estrategias para la aplicación, sin discutir, de las recomendaciones europeas.

Del mismo modo, en la Comunidad Valenciana, el tiempo pasa y cada vez es más desesperante la falta de decisión del Consell. Alberto Fabra fue saludado como un soplo de aire nuevo después de unos años políticamente agónicos, pero hasta el momento sólo parece querer ganar tiempo y hacerse fuerte. Para ello, explota su principal capital político: la debilidad de la oposición y que, con su llegada, el PP valenciano ha salido del desgaste y la deriva personalista de Camps. Su oferta de diálogo con la oposición es genérica en todos los aspectos propuestos y está más cerca de ser un juego de distracción que una iniciativa hecha para llegar a acuerdos. Entre tanto, se sigue sin saber cómo plasmará su gobierno en medidas concretas las cada vez más numerosas (y contradictorias) declaraciones de sus consellers. Más ruido que nueces.

Tampoco la oposición reacciona. Jorge Alarte, privado del recurso fácil y de nulo rendimiento electoral del caso Gürtel, recurre al argumentario oficial de su partido sobre los recortes al Estado del Bienestar del PP, pero ni encuentra el tono de expresión adecuado ni crece como líder de una alternativa política. Morera y Sanz se acomodan en una oposición de recorrido secundario y sin aspiraciones a tener responsabilidades de gobierno.

Sin explicación ni sistema de prioridades

En un ambiente social dominado por la preocupación y el miedo a que lo que pueda venir sea peor que lo que estamos viviendo, se echa en falta que nuestros responsables políticos expliquen porqué hacen lo que hacen. Porqué se toman unas medidas y se ignoran otras. Porqué, por ejemplo, en estos momentos, Lola Johnson anuncia que se mantendrá la Fórmula 1, o porqué los altos cargos de la Generalitat no se han reducido en las cifras anunciadas y muchos de ellos cobran bastante más que el president de la Generalitat, mientras no se puede pagar a los proveedores. El recurso al eslogan y a los lugares comunes ya no vale. Hace falta altura política, capacidad pedagógica, transparencia y explicación clara de lo que se hace y su porqué.

En todos los partidos y niveles de gobierno de España, se dice que no tocarán los servicios sociales básicos (pensiones, dependencia, educación y sanidad) y que antes se recortará en otras cosas. Gastos superfluos, infraestructuras, eventos... Pero los servicios públicos básicos ya se han visto afectados por las primeras medidas y lo serán aún más si los recortes se multiplican. Sólo hay que ver lo hecho en el último año por Zapatero, Esperanza Aguirre o Artur Mas, por poner sólo unos ejemplos. Lo cierto es que no existe un programa general que ordene qué recortes son los primeros y cuáles deben ser evitados a toda costa. Y tampoco nadie ha considerado que para reducir la deuda, además de controlar el gasto, se deben aumentar los ingresos y que es urgente una reforma que haga más equitativo nuestro sistema fiscal o perseguir el fraude.

Debilitar el clientelismo o socializar de manera asimétrica y no equitativa el pago de la deuda

Aún más, de momento, en las comunidades autónomas, la lógica de comportamiento que parece dominar es que, donde el partido en el gobierno es el mismo de los últimos años, los intereses del partido frenan las decisiones más ambiciosas del gobierno. Por el contrario, donde un partido acaba de llegar al poder, no le tiembla la mano para desmantelar empresas, instituciones y todo lo considere innecesario.

Eso explica que el PP actúe de manera diferente en Castilla-La Mancha, Baleares y la Comunidad Valenciana. O que el conseller José Manuel Vela diga que tiene que convencer, aunque no será fácil, a los políticos del PP de la necesidad de dejar de financiar tantos grandes eventos y proyectos de dudosa rentabilidad. Vela, sin duda, es un buen conocedor de la situación de las arcas de la Generalitat, fue alto cargo del Consell y corresponsable en los años de alegría en el gasto y endeudamiento fácil. Sabe porqué estamos como estamos y ahora vive las dificultades para encontrar ingresos y pagar las facturas. Quizás por eso es consciente de que decisiones coherentes y drásticas para recortar el gasto afectarían negativamente a los intereses y las clientelas que alimentan al PP valenciano. Algo que también teme Fabra.

Pero más pronto que tarde habrá que actuar y responder al dilema de cómo reducir la deuda. No hay muchas alternativas. O se establecen unos criterios claros y socialmente equitativos sobre el orden de prioridades para reducir el gasto y aumentar los ingresos, aunque eso implique romper redes clientelares o se socializa la reducción de la deuda entre los sectores social o políticamente más frágiles. Las dos opciones tienen costes políticos, pero no tienen el mismo coste social.

Dicho de otro modo, es necesario saber si el Consell optará, cuando algún día tome medidas de calado, por replantearse -radicalmente y sin que le tiemble la mano- RTVV, la Fórmula 1, los eventos, los edificios caros y poco rentables, las infraestructuras e instalaciones social y económicamente deficitarias, las fundaciones y las empresas públicas de utilidad discutible, los centenares de asesores políticos, los sueldos millonarios de directivos amigos y todos los privilegios asociados a los cargos públicos (teléfonos móviles, coches oficiales, comidas, dietas, viajes y demás prebendas).

O, por el contrario, sus prioridades se orientarán hacia lo más fácil: socializar la deuda. Reducir el sueldo y el número de funcionarios (médicos, profesores, policías, trabajadores en oficinas oficiales, bomberos), retrasar los pagos a las empresas suministradoras de bienes a la Administración pública, y recortar los servicios públicos de Bienestar, reforzando indirecta o directamente a los privados.

¿Qué más tiene que pasar en la Comunidad Valenciana para que el Consell (y la oposición) entiendan que no se puede seguir perdiendo tiempo? Hay que dejar de responder a esta crisis con lógicas del pasado porque la realidad está cambiando y las ideas, instituciones, políticas, sistemas de intereses y formas de actuación que hasta ahora han funcionado están también en crisis. Todos, Gobierno y oposición, parecen ignorar que nadie ha vivido una situación como ésta. Cuanto más tiempo perdamos y más nos condicionen los intereses partidistas y las ideas del pasado más tardaremos en salir de la crisis y peor lo haremos.

article publicat a Valencia Plaza el 2 d'octubre de 2011http://www.valenciaplaza.com/ver/33279/-Qu%C3%A9-m%C3%A1s-debe-pasar-para-que-dejen-de-perder-el-tiempo-.html