Para el PP, todo el poder y... la deuda

De confirmarse las encuestas, habrá un cambio rotundo en el Gobierno de España. Después del 20-N, el PP podría concentrar más poder que ningún otro partido en la historia de la democracia española y una hegemonía política superior, incluso, a la del PSOE en 1982.

Grandes expectativas y riesgos mayores. La euforia del PP debería moderarse. Su idea de que la confianza que generará el nuevo gobierno será la base para la solución de todos los males parece sacada de un libro de autoayuda. La realidad económica es la más adversa que ha tenido un gobierno en muchas décadas y no hay apenas margen de maniobra La autonomía política real de España es escasa. Estamos atados de pies y manos por Merkel (el BCE y Sarkozy), como afirmó Mariano Rajoy el pasado 14 de septiembre en un encuentro con empresarios. Así las cosas, el efecto de la confianza será limitado. Dependemos, y mucho, de factores externos para superar la crisis.

Con todo, si el PP gobierna España, será a ojos de los ciudadanos el principal responsable de la gestión de la segunda fase de la crisis. En el horizonte, el peligro de la recesión y del retroceso social en los países occidentales, sobre todo en el sur europeo. Además estará obligado a reducir la deuda y a tomar decisiones difíciles, algunas de ellas sin precedentes en la memoria reciente del país y para las que la ciudadanía está poco preparada.

Existe el riesgo de que, como ha ocurrido históricamente en todas las crisis económicas largas y profundas, el malestar social aumente, sobre todo en las debilitadas clases medias, y acabe por alterar el sistema político, además de precipitar el desgaste del gobierno y del partido que lo sustenta en España y en la Comunidad Valenciana.

EL PODER Y LA DEUDA

En la Comunidad Valenciana, el PP gobierna la Generalitat, las diputaciones y, en los ayuntamientos, al 79,6% de la población. Una enorme concentración de poder que debería corresponderse con políticas activas y coordinadas contra la actual realidad económica. Por desgracia, no ha sido así hasta ahora. En los últimos años, las administraciones valencianas no han estado a la altura de las circunstancias.

El inicio de la crisis en la Comunidad Valenciana coincide en el tiempo con un Camps exultante, preocupado por su posición en el PP estatal y dedicado a hacer posible el triunfo de Rajoy en el Congreso de Valencia. Era junio de 2008. Poco después, Camps cayó en los infiernos del caso Gürtel hasta su dimisión y la acción de gobierno pasó a un segundo plano. La mayor parte de la legislatura pasada fue un tiempo perdido, sin liderazgo ni iniciativa del gobierno y del PP para hacer frente a la crisis. Mientras tanto, el endeudamiento de todas las administraciones valencianas no dejó de aumentar.

Sin contar la parte proporcional de deuda del Gobierno central que nos corresponde en función de la población (en torno a 40.000 millones de euros), el problema de la deuda en las instituciones valencianas es grave. En parte por una inadecuada financiación de la Generalitat y los ayuntamientos, pero también por errores en la gestión, despilfarro y una inadecuada y tardía respuesta a la crisis. La Generalitat debe 20.547 millones (Banco de España, junio de 2011). Más que el resto de comunidades autónomas en términos de PIB regional. Mientras los ayuntamientos adeudan 3.011,5 millones, las diputaciones provinciales, 449,8, y las mancomunidades y entes locales un total de 42,5, según los informes, ya desfasados, del Ministerio de Hacienda para diciembre de 2010.

La deuda global de las administraciones valencianas es de 24.041,8 millones, el 23,3% del PIB. Teniendo en cuenta la distribución del poder político en la Comunidad Valenciana, el 97,71% de la gestión de la deuda (23.491 millones) corresponde al PP, por el 1,65% (396,9 millones) de los ayuntamientos del PSPV-PSOE, el 0,28% (63,9 millones de los de Compromís, el 0,02% (4,4 millones) de EU y el 0,34% (85,6 millones) de las agrupaciones electorales locales.

LA LUCHA INTERNA EN EL PP VALENCIANO FRENTE A LA ACCIÓN DE GOBIERNO

Esta semana han acabado las comparecencias de los consellers en las Corts Valencianes para explicar las políticas de sus departamentos. Verdeguer y Vela acapararon la atención, hablaron de nuevos recortes del gasto y volvieron a mostrar que sus propósitos son razonables y que tienen un buen conocimiento de la situación. Sin embargo, sus intervenciones fueron un tanto decepcionantes. Todos los miembros del Consell repitieron el mantra de la austeridad, pero quedó la sensación de que cada consellería actúa con un criterio propio. Se echa en falta un plan que implique, en serio, a todo el Consell. Y, además, se intuyen dificultades para aplicar medidas más rigurosas, especialmente en los organismos y fundaciones públicos.

Hay otra impresión de fondo. A un gobierno eminentemente técnico y con algunos de sus componentes marcados por la provisionalidad, la batalla por la jerarquía en el PP valenciano de las últimas semanas le afecta negativamente.

La nueva agenda de Alberto Fabra trata de romper tabúes y prejuicios del campismo, pero se abre paso con dificultad, y no cuenta todavía con una estrategia y unos apoyos claros en su partido. Al presidente Fabra le costará ser el referente principal e indiscutible del PP valenciano. En río revuelto, todos quieren ser pescadores. Barberá se propone aumentar su poder orgánico, Rus también intenta incrementar su influencia. En Alicante el PP busca, sin líderes claros, rehacer las redes de poder tras el final de la guerra entre zaplanistas y campistas. En Castellón, Carlos Fabra trata de mantener cuotas de poder y dificulta que surjan nuevos referentes provinciales.

Alberto Fabra sufre el acoso de todos aquellos que quieren tutelarle, condicionarle o ganar a su lado. Necesita tiempo. Su liderazgo está construyéndose, pero el partido anda inquieto y los movimientos se multiplican. Son conflictos menores. Ni de lejos recuerdan a lo que vivió su compañero de partido Cristòfor Soler, presidente de Baleares durante 370 días (de junio de 1995 a junio de 1996), después de que Aznar obligara a dimitir a Gabriel Cañellas por estar acusado de prevaricación y antes de que el PP balear, encabezado por Jaume Matas, forzase su abandono. No estamos ahí; pero el ruido interno del PP bloquea y entorpece la acción de gobierno. Y eso no es bueno.

SIN UN PLAN GENERAL

La necesidad de ganar tiempo del presidente Fabra, el avispero interno del PP valenciano, la provisionalidad de parte del Consell y la proximidad de las elecciones generales pueden explicar, pero no justifican, que no exista un plan general para racionalizar y disminuir el gasto de la Generalitat. Más aún, el temor a tomar medidas drásticas en las empresas y fundaciones públicas, como ha hecho Cospedal en Castilla-La Mancha, se entendería también, pero no se justificaría, por la prudencia de Fabra a la hora de poner orden en el ámbito del gobierno menos trasparente y en el que el clientelismo político y los intereses de las familias internas del PP están más extendidos.

Pero el tiempo se agota y la deuda no deja de crecer. La Generalitat tiene dos obligaciones básicas ante el cambio de Gobierno en España. Deberá ser firme frente a Rajoy en la exigencia de una financiación que tenga en cuenta nuestra realidad demográfica y que evite, como hasta ahora, que los servicios públicos valencianos tengan una financiación inferior en más de un 15% a la que les correspondería. Y, del mismo modo, tendrá que controlar el gasto y reducir la deuda, eliminando todo lo superfluo, incluidos instituciones estatutarias innecesarias.

No basta con medidas parciales, por muy adecuadas que estas sean, ni con el recurso a la retórica de la austeridad. Es necesario un plan general, coherente y ambicioso para todo el Gobierno Valenciano que tenga bien definidas las prioridades y sea socialmente equitativo. Es más, habida cuenta que el PP tendrá la responsabilidad de gestionar el 97,7% de la deuda pública valenciana y el 100% de la central debería impulsar planes similares en todas y cada una de las administraciones.

Las distintas administraciones públicas, aunque las gobierne la misma fuerza política, siguen lógicas distintas, muchas de ellas contradictorias y superficiales. El propio Consell da la impresión de estar inmerso en dinámicas diferentes según las consellerías. Es urgente que Alberto Fabra asiente un liderazgo sólido en su partido y en el gobierno. De no ser así, quizás no se cuestione su presidencia de la Generalitat y del PP valenciano, pero las interferencias de su partido actuarán como un elemento de bloqueo de la acción de gobierno y del mismo Partido Popular. Si el PP va a tener todo el poder, también debe asumir toda la responsabilidad y la deuda.

article publicat a Valencia Plaza el 25 de setembre de 2011 http://www.valenciaplaza.com/ver/32877/-Para-el-PP--todo-el-poder-y----la-deuda-.html

Rita Barberá, más allá del tango

Desde que en 1840 se pusieran las bases de los ayuntamientos contemporáneos, sólo cuatro alcaldes han gobernado Valencia más de cuatro años. En el franquismo, Adolfo Rincón de Arellano (1958-1969) y Miguel Ramón Izquierdo (1973-1979). En democracia, Ricard Pérez Casado (1979-1989). Nadie, como Rita Barberá, lo ha hecho durante veinte años y dando la impresión de ser inmune al desgaste político. Tres factores explicarían su éxito: la fortaleza electoral, la proyección de la ciudad, y la ausencia de oposición significativa.

Fortaleza electoral

Rita Barberá se convirtió en alcaldesa en 1991, con el apoyo de UV y teniendo su partido sólo el 27,5% de los votos. Sin embargo, en las elecciones posteriores, el PP ha conseguido mayorías absolutas, con más del 50% de los votos en las cuatro últimas.

Partiendo de este hecho, se afirma que Barberá es un valor electoral indiscutible de su partido. La aseveración es cierta, pero debe ser ponderada. Lidera con eficacia y sin disensiones una amplia coalición social conservadora, se ha convertido en un icono más de la ciudad, es un ninot habitual en las fallas lo que supone una magnífica promoción de su imagen, es sin duda la figura política valenciana más reconocible dentro y fuera de la Comunidad Valenciana, y su campechanía le permite un contacto empático con muchos ciudadanos, aunque no la voten. Todo eso son activos electorales.

Ahora bien, a diferencia de políticos como José Bono -por poner un ejemplo paradigmático, no se puede afirmar que Barberá tenga un voto propio relevante. Bono, en sus tres últimas elecciones autonómicas (1995, 1999 y 2003), consiguió vincular a su persona entre 15.000 y 30.000 votantes que, el mismo día, votaban PP en las elecciones locales y PSOE en las autonómicas. Un hecho que le permitió vencer, ajustadamente, en 1995 por sólo 14.761 votos.

Barberá aglutina sin fisuras el voto de su partido, pero no parece haber conseguido nunca votos izquierdistas a su persona. Así, la cifra de votantes al PP en Valencia en las elecciones locales ha sido similar a la de las autonómicas del mismo día. Comparados los resultados sobre censo electoral, ha obtenido menos votos que el candidato  del PP a las autonómicas en tres ocasiones (1991, 1999 y 2007) y lo ha superado en otras tres (1995, 2003 y 2011). Las diferencias nunca han sido significativas.

Proyección de la ciudad

Dos ideas se han asentado bajo el mandato de Rita Barberá y apenas han sido cuestionadas en lo básico: Valencia está más bonita y la ciudad es un centro de atracción turística creciente. Ambas cosas son ciertas, con todas las salvedades que se quiera. El centro histórico y la Valencia decimonónica han mejorado su imagen, como el cauce del río o la línea de costa. Se ha difundido la marca Valencia. La ciudad ha mejorado sus infraestructuras. El Metro, el Paseo Marítimo, la ampliación del Puerto, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, las rondas, el AVE o el Palacio de Congresos son logros evidentes.

Se puede afirmar que las principales inversiones han sido por iniciativa y con recursos del Gobierno de España y de la Generalitat, pero eso no niega el tesón de Rita Barberá para acelerar la materialización, ni su habilidad para capitalizarlas y hacerlas suyas. Tampoco escapará a este destino el futuro Parque Central si alguna vez se hace realidad.

Se ha criticado que su modelo de gestión ha impulsado un crecimiento de la ciudad desestructurado, donde los intereses urbanísticos han tenido un peso excesivo. O que ha faltado un proyecto de futuro que potencie los sectores productivos más innovadores y el empleo cualificado, y también que ha habido desequilibrios importantes en las inversiones por barrios o que ha carecido de capacidad de diálogo en conflictos como el de El Cabanyal. Se la responsabiliza, además, de una deuda municipal creciente y descontrolada, que ya es de 890 millones de euros y supone un lastre para Valencia.

Con todo, muchas de estas críticas, siendo fundamentadas, han venido del ámbito académico o civil, y, cuando las ha utilizado la oposición, lo ha hecho de forma dispersa. De manera que el PP y Barberá no se han enfrentado a un contramodelo estructurado, estable en el tiempo y políticamente alternativo. La oposición siempre ha sido débil.

Ausencia de oposición

Los socialistas han presentado un candidato distinto en cada elección (Clementina Ródenas en 1991, Aurelio Martínez en 1995, Ana Noguera en 1999, Rafael Rubio en 2003, Carmen Alborch en 2007 y Joan Calabuig en 2011). No han consolidado líderes, equipos, discurso ni estrategia. A menudo, sus preocupaciones se han limitado a los asuntos internos del partido y a luchas por los sueldos de concejal o asesor. Barberá apenas se ha zafado en el día a día con ellos. Esa función la han protagonizado otros concejales populares. Ella se ha situado por encima de los problemas cotidianos del ayuntamiento, buscando ser identificada como la representante única y exclusiva de los intereses de Valencia.

Los socialistas, salvo contadas excepciones, han limitado su actuación política a una sucesión de denuncias de expedientes administrativos concretos y a declaraciones públicas convencionales. En todos estos años, no han estructurado un proyecto de Valencia diferente al que Rita Barberá representa. Todo el esfuerzo realizado, cuando ha existido, ha sido baldío y frustrante hasta ahora.

Respecto a los pequeños partidos, UV fue un socio molesto entre 1991 y 1995 con Vicente González Lizondo, luego acabó fagocitada por los populares. EU ha acostumbrado a realizar una oposición ideologizada, dirigida a sectores izquierdistas de la sociedad, pero de vocación minoritaria. Está por ver si Compromís, a pesar de su escasa militancia y poca presencia en la sociedad civil, será capaz de dinamizar a la oposición o reproducirá lo hecho por las otras fuerzas de izquierda durante dos décadas.

¿Final de etapa, rebelión o llamada de atención?

El 13 de septiembre, José Antonio Monago, presidente de Extremadura, ironizaba sobre la creación de una 'Secretaría del Amor' en el PP, comentando las declaraciones de Barberá sobre la falta de atención de Génova a Camps y al PPCV. ¿Cómo es posible que una persona que acaba de llegar a un cargo institucional de relevancia estatal ironice sobre Rita Barberá, promotora y cofundadora de AP en 1976, diputada de las Corts Valencianes desde 1983, alcaldesa de Valencia durante 20 años, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias entre 1995 y 2003, y miembro del Comité Nacional del PP desde 1983 de manera ininterrumpida, además de referente del PP en toda España?

La impertinencia de Monago hubiese sido impensable hace un tiempo y, en lo esencial, pone de manifiesto que el PPCV ha perdido prestigio, poder e influencia en el PP español. Por tres razones. En primer lugar, porque, desde el congreso de Valencia, en 2008, en el que el PPCV fue decisivo para evitar la caída de Mariano Rajoy, las encuestas no han dejado de ser favorables al PP y eso ha permitido a Rajoy controlar su partido sin necesidad de apoyos específicos. Pero también, porque el caso Gürtel y las mentiras y contradicciones de Camps han afectado negativamente a la imagen de la Comunidad Valenciana y del PPCV en el conjunto de España, dentro y fuera de su partido. Y, finalmente, a consecuencia de que el valor electoral de la Comunidad Valenciana ha disminuido en términos relativos. El PP puede aumentar el número de votos y ganar algún diputado más aquí; pero el beneficio será proporcionalmente menor al que se espera obtener en Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón o Cataluña.

Los motivos de la inaudita queja de Barberá contra Génova son difíciles de entender. Hay algo de rebelión primaria en defensa de Camps y de quienes en el PP de la provincia de Valencia no simpatizan con los modos de Alfonso Rus. Quizás una primera muestra de cansancio por tanto tiempo en el ayuntamiento y el deseo de orientar el final de su carrera política hacia una responsabilidad en Madrid.

En cualquier caso, se ha hecho oír por Fabra y Rajoy. Ha sido un modo de conseguir atención política y pedir un trato de favor. Vienen años que estarán dominados por recortes impopulares. El Ayuntamiento de Valencia tiene una deuda demasiado elevada y deberá reducir gastos y servicios. No será posible, como hasta ahora, echar la culpa al Gobierno central de los errores propios.

Quienes están al frente de los ayuntamientos lo tendrán más difícil por ser las instituciones con peor sistema de financiación, tener deudas excesivas y ser las de mayor proximidad con una ciudadanía cada vez más cansada, más irritada y más imprevisible. Barberá no podrá escapar a las dificultades si la crisis arrecia, por mucho que, durante veinte años, no haya sufrido apenas desgaste electoral y haya carecido de una oposición política sólida. Históricamente, las crisis profundas, y ésta lo es, acaban arrasando mucho de lo que parece más inamovible y estable. 

article publicat a Valencia Plaza el 18 de setembre de 2011 http://www.valenciaplaza.com/ver/32480/-Rita-Barber%C3%A1--m%C3%A1s-all%C3%A1-del-tango-.html

Esperando a Fabra

Después de las elecciones autonómicas, parecía que se iba a poner fin a la ausencia de gobierno de los últimos años. Sin embargo, en el último mes se ha detenido, de nuevo, el tiempo de las decisiones y las iniciativas políticas concretas. Ocurre en el Gobierno y, más aún, en la oposición. Camps es un recuerdo del pasado. Las propuestas de Vela y Verdeguer han pasado a un segundo plano después de haber concentrado la atención en el mes de julio y el resto de miembros del Consell son poco relevantes de momento. El nuevo presidente acapara toda la atención. De Fabra llegan buenas palabras y un discurso sensato. Sin solución de continuidad hemos pasado del mundo feliz de Camps a mostrar una realidad cada vez más cruda y cierta. Es un avance importante, aunque insuficiente. 

Berlín, Madrid, Valencia

Contrasta la relativa quietud de la política valenciana con las tensiones vividas en España y en Europa, donde en las últimas semanas se han tomado decisiones de consecuencias poco predecibles. Berlín (y París) evidenciaron, una vez más, que las instituciones europeas no tienen capacidad suficiente para hacer frente a la crisis y que ellos son el poder europeo real. Decidieron socorrer a la deuda soberana española, que durante unos días vivió al borde del desastre. España, país tutelado desde el 10 de mayo de 2010, está ahora semiintervenido.

En Madrid también ha sido un verano difícil y extraño. Por un lado, desde que a mediados de julio Alfredo Pérez Rubalcaba abandonó el Gobierno y se convirtió en candidato oficial del PSOE, Zapatero ha empezado a actuar como expresidente y quizás por eso se ha reunido discretamente en La Moncloa con Aznar para hablar de España, de Europa y de Rajoy. Por otro lado, como contrapartida al apoyo de Berlín para salvar a la deuda española, Zapatero impulsa una reforma substancial de la Constitución, mediante un procedimiento de urgencia que, independientemente de su contenido, está siendo aprobada con poco entusiasmo y un consenso preocupantemente inferior al de 1978.

Mientras tanto, en la periferia valenciana, la realidad financiera de la Generalitat es cada día que pasa un poco más difícil. Las malas noticias se multiplican. Hay problemas para pagar a los proveedores. La deuda de las fundaciones y organismos públicos aumenta. RTVV es una ruina. Lo que se paga por los intereses de la deuda no deja de crecer. Lo perdido por las reducciones de impuestos de la última década se echa en falta en estos momentos. El Consell tiene dificultades para conseguir crédito. Las facturas de los alegres años de Zaplana, Olivas y Camps vencen ahora y no hay dinero. Mal momento para ser conseller de Hacienda o de Economía.

Fuera de la Administración pública, la realidad no es mejor. La crisis está afectando con especial intensidad a la sociedad valenciana. Se ha llevado ya por delante a miles de empresas, tejido industrial, emprendedores e inversiones. Tenemos cerca de 600.000 parados, casi uno de cada cuatro trabajadores potenciales. Hemos perdido las principales entidades financieras valencianas (Bancaja y la CAM). Se ha reducido el nivel de riqueza general. El estallido de la burbuja urbanística ha generado miles de residencias vacías. El sistema productivo está desestructurado y carece de políticas públicas de la Generalitat que ayuden a reactivarlo. Además, no hay que olvidar que la crisis está en la base de un malestar social y político cada vez más intenso. El deterioro de unos servicios públicos del Estado del Bienestar empieza a debilitar su función de cohesión social, mientras las encuestas señalan un incremento de la desafección democrática y el populismo se abre paso.

Los recortes de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana

El pasado 1 de septiembre el presidente Fabra habló de un futuro plan para reorganizar la Administración que generaría un ahorro anual de 400 millones de euros. Pero este plan, como otros que se han sugerido, está por concretar y habrá que esperar a que se conozcan los detalles. De momento, cabe recordar que la reducción de altos cargos del pasado mes de junio se anunció del 30% y luego fue inferior a lo publicitado: se quedó en el 21% en los miembros del Consell, un 17% en los altos cargos del gobierno y en el 20% en los asesores políticos.

En cualquier caso, lo que propone la Generalitat Valenciana no se parece todavía a las decisiones y debates en torno a la deuda autonómica de Cataluña y, sobre todo, de Castilla-La Mancha, las dos comunidades con las que compartimos el dudoso honor de ser los más endeudados con respecto al PIB regional, según los informes del Banco de España para el primer trimestre de 2011. La Comunidad Valenciana tiene una deuda de 17.895 millones, el 17,4% del PIB valenciano y un 130,5% del presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2011. La deuda de Cataluña es de 34.323 millones, el 17,2% del PIB catalán y un 106,1% de su presupuesto para 2011. Mientras que Castilla-La Mancha tiene una deuda oficial de 6.106 millones (el nuevo Gobierno del PP la eleva a cifras de momento inconcretas entre los 7.000 y los 10.000 millones), el 16,9% del PIB castellano-manchego y un 70,9% de presupuesto regional para 2011.

En Castilla-La Mancha, Cospedal ha anunciado el plan de recortes más general y proporcionalmente más grande de todas las comunidades autónomas. Pretende conseguir un ahorro de 1.800 millones hasta diciembre de 2012. Cerca de 200 millones con cargo a los presupuestos de 2011 y el resto en los de 2012. Se pasaría de 8.600 millones de presupuesto en 2011 a unos 7.000 para el próximo año. Una recorte cercano al 20%. Según el plan anunciado, se aumentarán los ingresos de la Junta de Castilla-La Mancha en 100 millones de euros por venta de patrimonio, y habrá reducciones de 300 millones en gasto de personal, 400 en subvenciones a empresas, 250 en infraestructuras, 400 en sanidad o 150 para empresas agrícolas. Se suprimen 19 organismos públicos e instituciones como el defensor de pueblo autonómico. Se persigue, además, la reducción en un 40% del número de asesores políticos y habrá 500 liberados sindicales menos.

Si se hiciera algo parecido en la Comunidad Valenciana, aplicando los mismos porcentajes que en Castilla-La Mancha, el recorte con respecto a los presupuestos de 2011 tendría que ser cercano a los 2.750 millones, mientras si el cálculo se hiciese en función del peso de la deuda en el PIB valenciano, llegaría a superar los 4.500 millones en 2012. Cifras considerablemente superiores a las que de momento utiliza públicamente el Consell a falta de un plan global, detallado y concreto.

Se dice que María Dolores de Cospedal debía actuar rápidamente y con energía para marcar diferencias claras con el anterior gobierno, teniendo en cuenta que ha accedido a una institución gobernada por el PSOE durante décadas. Por eso, muchas de las medidas que ha tomado, además de reducir la deuda, debilitan las redes de favores del partido anteriormente en el gobierno. Puede que sea así, pero es una explicación insuficiente.

El tiempo no es igual para el presidente Fabra y para la Comunidad Valenciana

Alberto Fabra, en el mes y medio al frente de la Generalitat, ofrece la sensación de ser una persona con voluntad de gobernar sin el autoritarismo de su antecesor y de hacer frente a los problemas con una perspectiva nueva. Hay que desear que no sea una impresión equivocada. Salimos de la agotadora y, en demasiados aspectos, improductiva época de Camps, que en los últimos años sólo ha generado crispación, incapacidad para ver la realidad y tiempo perdido.

A diferencia de Cospedal, el presidente Fabra lleva menos semanas en el cargo, su equipo de gobierno fue nombrado por su antecesor y el partido gobernante es el mismo y tiene asentadas unas redes de favores sólidas. Son diferencias importantes con Castilla-La Mancha. Quizás por eso da la impresión de querer ganar tiempo hasta el 20 de noviembre y evitar, entre tanto, decisiones contundentes en el entramado de los organismos públicos que funcionan en paralelo a la Administración general de la Generalitat y que han generado el grueso de la deuda valenciana. De momento, se mueve con pies de plomo para no herir sensibilidades ni dentro ni fuera de su partido.

Quiere ganar aliados y hacerse fuerte. Luego podrá contar con equipos propios y definir sus objetivos de gobierno. Necesita tiempo. Por desgracia para él, ni las finanzas de la Generalitat, ni la realidad económica y social de la Comunidad Valenciana pueden concederle demasiado. No es momento de planes y proyectos genéricos que nunca se ejecutan, como en la etapa de Camps. Ahora hacen falta decisiones concretas, iniciativas bien definidas y voluntad de llevarlas adelante. Es necesario recuperar el tejido productivo y social valenciano. No se puede esperar más. Es tiempo de decisiones.

Article publicat a VALENCIA PLAZA el 4 de setembre de 2011. http://www.valenciaplaza.com/ver/31731/Esperando-a-Fabra.html

Las edades de la Presidencia

El próximo presidente del Gobierno de España tendrá más de 55 años. Este hecho, aparentemente secundario, es extraordinario en nuestra democracia. Desde las primeras elecciones, el 15 de junio de 1977, hemos tenido cinco presidentes. Sólo uno, Leopoldo Calvo-Sotelo, contaba al ser nombrado con 55 años, aunque ocupó el cargo después de que su predecesor dimitiera y sin haber sido antes líder electoral de su partido. El resto coincidía en tres características al acceder al poder: eran hombres, líderes y cabezas de cartel electoral de sus partidos, y tenían poco más de 40 años.

Muy jóvenes dentro, muy jóvenes fuera

Adolfo Suárez fue presidente elegido democráticamente con 45 años; Felipe González sólo tenía 40; José María Aznar 43 y José Luis Rodríguez Zapatero, 44. La media de edad no supera los 43 años. Es muy baja. Considerablemente más baja que la de las democracias de nuestro ámbito de referencia en las últimas tres décadas y media. En Gran Bretaña, por ejemplo, la edad media de los últimos primeros ministros al formar su primer gobierno ronda los 52 años. La de los cancilleres alemanes es de 53. La de los presidentes de Francia y de Estados Unidos llega a los 57 años. Siendo mayor aún la de los presidentes del Gobierno de Italia o Japón: 62 años.

En España, el tiempo medio de permanencia en el cargo ha sido largo, de casi 9 años. Una cifra similar a la de los líderes británicos, franceses, alemanes o estadounidenses. El problema es que nuestros presidentes siguen siendo muy jóvenes al abandonar el poder. Suárez apenas tenía 49 años, González 54, Aznar 51 y Zapatero tendrá 52. Es decir, dejan de ser presidentes a edades en las que, en los principales países de nuestro entorno, por regla general, no se ha llegado a una responsabilidad similar. 

Presidentes de triste final 

Como si de un bucle repetitivo se tratase, todos los presidentes que lo han sido liderando su partido en unas elecciones han seguido una dinámica similar: generaron grandes expectativas en buena parte de la sociedad al principio de su mandato, tuvieron unos años centrales en los que parecía que todo iría bien siempre y vivieron una etapa final más bien triste, teniendo que salir, en ocasiones, por la puerta de atrás.

Ocurrió con Suárez, abandonado por su partido, forzado a dimitir precipitadamente y sustituido, el mismo día del intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, por Calvo-Sotelo. También con González, el presidente con más carisma, derrotado por la mínima después de años de resistencia, en medio de una crisis económica, mientras se le multiplicaban las denuncias por casos de corrupción y el GAL. Pasó con Aznar y su alianza de las Azores para participar en la segunda guerra de Irak. Pasa con Zapatero que no vio la llegada de la crisis y que no ha sido capaz de explicar porqué modificó radicalmente su política a partir del 10 de mayo de 2010.

La sombra de los expresidentes es alargada

En Gran Bretaña la media de edad de quienes han dejado de ser primeros ministros ha sido de 60 años desde que España es una democracia, en Alemania y Estados Unidos se sitúa en los 65 años y en Francia casi en los 70. Entre 10 y 20 años más que en España.

Cuando alguien ocupa un cargo como el de presidente de Gobierno conserva, al finalizar su mandato, un poder muy elevado producto del respeto que genera, de su agenda de contactos, redes y equipos de colaboradores, y de la información y los conocimientos adquiridos en el cargo. Cuanto menor es la edad que se tenga al abandonar la presidencia, mayores serán las posibilidades de que se aproveche ese poder en beneficio propio o para intervenir, cuestionar o desestabilizar a sus sucesores en el cargo y, especialmente, aunque parezca paradójico, en su partido.

Suárez, tras ser obligado a dimitir, abandonó UCD y fundó el CDS. Formación con la que fue diputado en tres elecciones generales y desde donde trató de dificultar la unificación política de la derecha española de ámbito estatal en torno al PP hasta 1991. González, a pesar de su discreción formal, después de perder la presidencia en 1996, favoreció el nombramiento de Joaquín Almunia como secretario general del PSOE, se opuso a que Josep Borrell fuera el candidato en las primarias de 1998, apostó por José Bono en el congreso socialista del año 2000 y, durante los últimos años, no ha dejado de marcar distancias con la política de Zapatero hasta el punto de afirmar, hace apenas un mes, que "sigue siendo militante del PSOE, pero se siente cada vez menos simpatizante". Aznar, como en el caso de González, guarda una discreción formal, pero a la vez impulsa ideológicamente desde la Fundación FAES a los sectores neoconservadores españoles y dentro del partido ha venido alentando a las posiciones más derechistas y duras del PP.

¿Qué pasará con Zapatero? Es difícil predecirlo. Su forma personalista de gobernar y de construir equipos llevaría a pensar que su sombra será corta. Zapatero, junto con Blanco y Trinidad Jiménez, es prácticamente el único superviviente de Nueva Vía, el grupo que lo aupó a la secretaria general del PSOE en 2004. Jordi Sevilla, Jesús Caldera o Juan Fernando López Aguilar, por citar sólo algunos de los nombres más relevantes, fueron dilapidados políticamente muy pronto por Zapatero. Sus equipos posteriores han sido políticamente (y a veces técnicamente) muy débiles, salvo contadas excepciones. Cuando Zapatero deje de ser presidente no parece que vaya a contar con el carisma y ascendente sobre su partido que tuvo González; pero, seguramente, tratará de influir.

Con todo, la voluntad de estar presente, decidir, influir y, a veces, desestabilizar a sus sucesores en el Gobierno y en el partido de los jóvenes expresidentes españoles es similar a la que se observa también en otros países cuando, de manera extraordinaria, han tenido expresidentes de edad temprana, como Bill Clinton o Tony Blair.

El sexto presidente

Sin negar las diferencias que existen entre Rajoy y Rubalcaba y entre sus partidos, vale la pena destacar algunas similitudes genéricas entre los dos aspirantes a ser el sexto presidente del Gobierno de España. Primera, los dos tienen una profesión al margen de la política. Profesor universitario de Químicas, Rubalcaba. Registrador de la propiedad, Rajoy. En consecuencia, no necesitan perentoriamente la política para vivir.

Segunda, ambos cuentan con una experiencia en los espacios de poder y Gobierno de la que carecían cualquiera de sus predecesores. Rajoy comenzó a ocupar cargos en la política gallega en 1981, con 26 años, pasó luego a la estatal, ha sido ministro y vicepresidente del gobierno. Rubalcaba, en 1982, con 31 años, comienza a trabajar en el entorno del Gobierno socialista de González y desde 1988, con 37 años, ocupa cargos ministeriales y políticos, llegando a ser ministro y vicepresidente del gobierno. Además, independientemente de las críticas de sus adversarios, ambos cuentan con una imagen de eficiencia y buena gestión en su paso por el gobierno.

Tercera, al acceder a la presidencia del Gobierno tendrán o 56 años (Rajoy) o 60 (Rubalcaba), una edad similar, o incluso superior, a la que suele ser habitual en las últimas décadas en las democracias más relevantes. Esto parece positivo, al menos por un motivo. Cuando abandonen el poder lo harán a una edad suficientemente elevada como para retirarse definitivamente de la política y sin el deseo de incidir activamente de manera sesgada en la vida política de su país y de su propio partido.

Los expresidentes valencianos

Los presidentes de la Generalitat Valenciana han seguido, acentuadas, las características de los presidentes del Gobierno de España. Desde 1983, también han sido cinco: tres elegidos después de ganar su partido las elecciones y siendo cabeza de cartel electoral (Lerma, Zaplana y Camps) y dos nombrados tras la dimisión del presidente anterior (Olivas y Fabra). Todos eran hombres y todos los elegidos encabezando las candidaturas electorales eran considerablemente jóvenes: Joan Lerma 31 años, Eduardo Zaplana 39 y Francisco Camps 41.

Del mismo modo, dejando a un lado a Olivas, incluso habiendo gobernado durante largos períodos de tiempo, los presidentes de la Generalitat dejan de serlo muy jóvenes (Lerma 43 años, Zaplana 46 y Camps 49) y su sombra ha sido muy alargada en sus respectivos partidos hasta ahora. Lerma, tras su derrota electoral de 1995, fue ministro de González durante un año y, quince años después, continúa ocupando cargos institucionales de representación de su partido y es el líder del grupo de presión más antiguo y con mayor capacidad de bloqueo y de ocupación de cargos públicos del PSPV-PSOE. Zaplana también fue ministro y ha mantenido un largo conflicto con Camps por el control del PP valenciano, que ha durado 8 años y que ha paralizado la iniciativa del Consell de la Generalitat en más de una ocasión, contribuyendo a la derrota del PP, el pasado 22 de mayo, en ayuntamientos de la provincia de Alicante tan importantes como Benidorm, Alcoi, Villena u Orihuela.

Está por ver qué ocurre con Camps. Alberto Fabra debe marcar distancias con su antecesor. De momento, son discursivas y de expectativas. Con el tiempo, tendrán que ser también materiales y concretarse en hechos. Se está a la espera de que pasen las elecciones generales y el juicio por los trajes. Después, Camps podría ser rescatado por su partido y se correría el riesgo de que el expresidente quisiera reivindicar su figura y seguir teniendo voz y capacidad de incidir decisivamente en la vida política de su partido. Esto generaría, como ocurrió con Zaplana, problemas en el PP valenciano y en la acción de gobierno del Consell de la Generalitat. Tiempo de espera. 

Article publicat a Valencia Plaza el 21 d'agost de 2011. http://www.valenciaplaza.com/ver/31071/Las-edades-de-la-Presidencia.html

Mensajes desde Cataluña

Desde la Comunidad Valenciana se mira poco hacia Cataluña. Existe desconfianza. El anticatalanismo y el pancatalanismo hicieron y hacen mucho daño. Ambos desvirtúan la realidad y crean estereotipos ideologizados y quiméricos. Distorsiones de lo que de común, similar y diferente tienen las realidades valenciana y catalana.

En juego, el corredor valenciano

Lo peor de estas imágenes falsas es que tienen consecuencias negativas para la Comunidad Valenciana. Dificultan relaciones normales y la asunción y defensa de los intereses propios. El corredor mediterráneo es un ejemplo.

Hay datos elocuentes. Cataluña es la comunidad española que más productos valencianos compra y nuestra principal proveedora. Las comunicaciones terrestres por y carretera son y serán las predominantes en el transporte de bienes y personas. Para llegar de la manera más rápida, desde la Comunidad Valenciana, al resto de Europa (excepto Portugal) hay que pasar por Cataluña. Y, más aún, nuestro principal eje de comunicaciones es el que recorre la Comunidad Valenciana de sur a norte. Así de simple. El corredor mediterráneo es el eje valenciano básico de comunicaciones.

Quizás, de haber mirado la geografía mejor o de haber estado menos acomplejados ante el poder central, no se habría perdido una década y el corredor mediterráneo de las redes transeuropeas de transporte sería prioritario desde 2003, como lo es el eje central. Quizás tendríamos, desde hace años, alianzas con otras comunidades y regiones europeas y podríamos, ahora, hacer frente con más fuerza al lobby central (Cospedal, Rudi y Aguirre) que recrudece sus presiones al ministro Blanco. Pero nos falta sentido del poder y de sumar alianzas. Quedan pocas semanas para que la UE tome una decisión. El PP valenciano da síntomas de temer enfrentarse a la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Los empresarios valencianos consiguen del presidente catalán, Artur Mas, un apoyo explícito para el corredor. Es un paso adelante; pero sólo eso. Para Cataluña el proyecto es importante. Para la Comunidad Valenciana es esencial. Nosotros nos jugamos mucho más.

Estructura del poder territorial en España

La estructura del poder territorial en España tiene disfunciones desde sus inicios. Nació para integrar a los nacionalismos vasco y catalán, pero pronto se convirtió en un sistema generalizado de distribución territorial del poder estatal. Se quedó a medio camino entre un federalismo con asimetrías y una elevada descentralización política. Siempre irritó al nacionalismo español más uniformista. Siempre fue insuficiente para los soberanismos periféricos. Superados los órdagos de la antigua Loapa o del Pacto de Lizarra/Estella y el Plan Ibarretxe, durante 30 años ha funcionado sin grandes sobresaltos y ha contado con un consenso y una fortaleza envidiables.

Ahora la crisis la pone seriamente en cuestión. En las encuestas, en sólo cinco años, se ha reducido del 68% al 48% quienes creen que el estado autonómico es positivo y ha aumentado la valoración negativa desde el 15% al 26%. Se multiplican las voces que hablan del despilfarro y déficit autonómicos, y se propone como solución la recentralización del estado, siguiendo la estela ideológica de la Fundación FAES. La propuesta goza de defensores en la derecha valenciana.

La alternativa de reformar el modelo autonómico, profundizando en el espíritu federal de la Constitución, parece haber decaído después del fiasco de la España Plural de Zapatero. Pero avanzar hacia un sistema similar a la estructura federal alemana es una solución mucho más efectiva para España que cualquier recentralización. Separar la distribución territorial del poder del estado de los debates identitarios, establecer un sistema de competencias bien delimitado siguiendo criterios de eficiencia y clara separación de funciones entre administraciones, convertir al Senado en una verdadera cámara territorial, fijar mecanismos rigurosos de responsabilidad en la gestión y garantizar la autonomía y la solvencia financiera de las comunidades autónomas, serían soluciones eficaces a los problemas del actual estado autonómico. Sin embargo, de momento, la financiación y la deuda son los debates dominantes.

Insuficiente financiación

Las comunidades autónomas concentran el porcentaje más elevado del gasto público en España (cerca del 40%), por delante de la Seguridad Social (30%), la administración central (20%) y la administración local (algo más del 10%). El grueso del gasto corresponde a las políticas de bienestar social (Sanidad, Educación, Dependencia y servicios sociales generales). De hecho, menos en la Seguridad Social, la gestión básica del Estado del Bienestar español es autonómica. Sin embargo, dejando aparte a Navarra y Euskadi, las comunidades autónomas tienen un nivel de autofinanciación relativamente bajo y casi dos terceras partes de sus recursos son transferencias del gobierno central. En otras palabras, la autonomía del gasto es más elevada que la de países federales como Alemania o Austria, y, sin embargo, en los ingresos el mecanismo es dominantemente centralista, a diferencia de los países centroeuropeos.

En 2008, el Ministerio de Economía y Hacienda publicó las balanzas fiscales a petición de Cataluña. No son el único instrumento para determinar los flujos económicos interregionales; pero ponían de manifiesto que tanto la Comunidad Valenciana como Cataluña tenían saldos negativos, aportaban más que recibían. Eso sería lo normal en un sistema de solidaridad interautonómica. Lo que se denunció, entonces, es que la Comunidad Valenciana tenía un saldo negativo cuando comunidades con un PIB superior al nuestro presentaban un saldo positivo. Un hecho que no parecía razonable y que reforzaba la idea de que la financiación actual es injusta tanto para la Comunidad Valenciana como para Cataluña.

La reforma del estatuto catalán de 2006, más allá de lo que tuvo de error de cálculo y estrategia política, pretendía blindar las competencias catalanas y garantizarse una financiación más adecuada. Pero, a pesar del nuevo Estatuto, el problema sigue abierto. Ahora, CiU espera que, tras las elecciones generales, haya un gobierno en minoría en Madrid. Su apoyo parlamentario sería a cambio de un pacto fiscal y una financiación suficiente de los servicios públicos catalanes. Según parece, su propuesta se orienta a un sistema de casi soberanía fiscal como el vasconavarro.

La Comunidad Valenciana tampoco tiene una financiación justa de sus servicios. Pero hay serias dudas de que contemos con una propuesta propia y fuerza suficiente para conseguirla. El Consell lleva años protestando porque la Comunidad Valenciana norecibe lo que le corresponde. Pero el argumento es oportunista. Las denuncias por la mala financiación únicamente se retrotraen en el tiempo a la llegada de Zapatero a La Moncloa. El problema es anterior, tiene su origen en los primeros momentos de la autonomía y no ha dejado de aumentar. No depende de quien gobierne en Madrid, sino del sistema de financiación que ha predominado hasta ahora. Por eso, está por ver, si, en el caso de que Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno de España, el Consell va a ser capaz de reclamar una financiación suficiente y adecuada. La actual debilidad del PP valenciano frente a la dirección central de su partido, no permite esperar grandes alardes.

Sin dinero, recortes

Mientras tanto, Cataluña aparece en los informes del Banco de España como la comunidad autónoma más endeudada (34.323 millones de euros) y la Comunidad Valenciana como la segunda (17.895 millones). Insuficiente financiación. Pero también mala gestión. La situación es grave y sólo hay dos vías para mantener los servicios y reducir la deuda. O aumentan los ingresos o disminuye el gasto. Pero mientras no se recupere la actividad económica no habrá ingresos por tributos asociados a la economía y tampoco habrá mayores transferencias del gobierno central. Sólo queda aumentar tasas e impuestos. Eso explicaría que miembros significados del Consell, como Vela o Cabré, apunten nuevas figuras impositivas en Justicia o Sanidad. El president Fabra dice que es prematuro. La propuesta se aplaza en el tiempo, pero no se abandona.

En Cataluña, a la espera del pacto fiscal, no se propone el incremento de la presión impositiva. Al contrario, se ha suprimido el impuesto de sucesiones. Todas las medidas para reducir la deuda se orientan a recortar el gasto corriente, suprimir organismos, frenar inversiones y reducir las prestaciones en servicios de seguridad, educación y, sobre todo, sanidad. Son los primeros pasos. Si no hay pacto fiscal, vendrán más.

Son mensajes desde Cataluña. Después del 20-N, la Generalitat Valenciana tendrá que enfrentarse al problema. Hasta ahora, el Consell sólo anuncia reducciones del gasto corriente y supresión de organismos y altos cargos. Algo positivo. Más pronto que tarde, habrá de eliminar grandes eventos, parques temáticos ruinosos e iniciativas sin rentabilidad social y económica por muy vistosas que parezcan. Después, deberá recortar las inversiones en infraestructuras, algunas tan inexplicables como el Aeropuerto de Castellón. Y, finalmente, tendrá que entrar en los servicios de un Estado del Bienestar ya bastante debilitado en la Comunidad Valenciana. Ahí empezarán los problemas serios y la deslegitimación social de la propia Generalitat Valenciana.

Article publicat a VALENCIA PLAZA el 14 d'agost de 2011. http://www.valenciaplaza.com/ver/30866/Mensajes-desde-Catalu%C3%B1a.html

Madrid nos mata

Madrid es una ciudad de poder. Ministerios, instituciones, embajadas, universidades, fundaciones, centros de análisis, bancos y empresas privadas, partidos políticos, sindicatos o principales medios de comunicación. El número de personas que, en un sentido amplio, trabajan en los espacios madrileños del poder tomando decisiones o produciendo opinión e ideología resulta abrumador. Como es abrumador el peso de la tradición y de la visión radial y centralista de España. Madrid, villa y corte. Centro, modelo y referencia. Es un sueño antiguo. Omnipresente en el Madrid oficial y del poder. 

Si se habla del desastre de las cajas de ahorro (las valencianas han demostrado un nivel vergonzoso), los compradores vendrán del centro salvador. Si lo que está en juego es el modelo de Estado o el déficit público, de nuevo el centro es ejemplar y las autonomías son derrochadoras. Si se dibuja el mapa del AVE o las comunicaciones, ahí está el centro, punto de origen y destino de todos los caminos, exactamente como dispuso Felipe V por real decreto hace tres siglos.

Madrid contra la Comunidad Valenciana: eje central y eje mediterráneo

Los valencianos contamos poco en Madrid. Pasó en la época de Lerma y sus ministros valencianos, con el poder valenciano de Zaplana y con la combinación de victimismo y capacidad para salvar a Rajoy de Camps. Flores de un día. En unas semanas, la UE decidirá cual será el eje ferroviario prioritario en España y al que se destinarán recursos europeos. La batalla es entre el eje central, con Madrid como punto nuclear, o el mediterráneo, con Valencia y Alicante como referentes. Esta semana las presidentas del eje central (Rudí, Aguirre y Cospedal) han hecho una demostración de fuerza. La consellera Bonig ha reaccionado correctamente. Mas, Fabra y Valcárcel han callado. Deberíamos preocuparnos. En España, si Madrid juega, casi siempre gana. Sentido del poder.

Hace 10 años, Zaplana se distraía hablando de un hipotético eje ibérico (Valencia-Madrid-Lisboa) mientras en España gobernaba Aznar y Loyola de Palacio era comisaria europea. Ninguno de los tres trabajó para que el eje mediterráneo estuviera en los planes de la UE sobre sistemas de comunicación transeuropea en su parte española. Entonces, Madrid empezó a ganar. Casi nadie en la Comunidad Valenciana dijo nada. Se repitieron los silencios cuando Camps decía impulsar un supuesto eje de la prosperidad con Aguirre o Matas.

Todo menos buscar alianzas con Cataluña. Tuvo que ser la sociedad civil, a través de grupos de empresarios, quien sumara voluntades a favor del eje mediterráneo con una década de retraso. Los errores políticos, la pobreza de miras y el anticatalanismo se pagan. Ahora, si no se consigue financiación para el eje mediterráneo, la Comunidad Valenciana será una zona más periférica y con menos oportunidades dentro de Europa.

El 15-M, centralista

Está tan arraigada la idea centralista, que hasta las recientes marchas de los indignados han seguido las vías de la España radial, reforzando la lógica de concentración geográfica de poder de quienes dicen combatir. Siete rutas desde la periferia al centro. Marchas del Norte, Noroeste, Noreste, Este, Sur, Oeste y Sureste. Un nacionalista español radicalmente uniformista no se habría atrevido a eliminar de manera tan taxativa toda referencia a los nombres de las molestas nacionalidades y regiones para convertirlos en meras referencias geográficas que sólo tienen sentido si se miran desde el centro. Madrid, lugar también del contrapoder de los indignados.

Seguramente no es un accidente. El 15-M es la manifestación de un malestar de fondo en la sociedad, plantea problemas importantes. Pero, en este movimiento, además de una deriva asambleísta, un gusto por el anonimato y un discurso, a menudo, redentorista y populista, cosas todas ellas poco democráticas; late un alma jacobina y centralista. Recordemos que su primera reivindicación concreta, la reforma de la ley electoral, apunta a la creación de un distrito único español y que, en sus debates, las comunidades autónomas y la diversidad española son ignoradas o consideradas hechos secundarios por los indignados.

Las elecciones generales, en noviembre

En Madrid, siempre hay algún debate obsesivo. Uno de los últimos ha sido el que pretendía el adelanto de las elecciones generales. Empezó a mediados de 2009. El PP comenzaba a superar en las encuestas al PSOE. La prensa de derechas y el propio PP alegaban que adelantar las elecciones y cambiar el partido en el Gobierno facilitaría la salida de la crisis. Las sucesivas crisis del euro, la caída del prestigio de Zapatero o el nombramiento de Rubalcaba como candidato socialista lo han avivado. En las últimas semanas, hasta los medios cercanos al PSOE, como El País, pedían el adelanto electoral. Zapatero, al final, ha cedido y habrá elecciones el 20 de noviembre.

Probablemente, serán las elecciones generales del actual período democrático con menor competencia entre programas políticos diferenciados y mayor componente de mera batalla por el poder. Un panorama desconcertante habida cuenta del grado de crispación entre los dos principales partidos. El PP cuenta con una posición favorable, las encuestas le dan una ventaja clara y tiene a su electorado galvanizado; pero ni su líder genera suficiente confianza ni el partido ofrece la sensación de ser alternativa y se desconoce lo que pretende hacer en el gobierno. Cuenta, además, como todo partido en la oposición, con tres facciones definidas en función de su forma de entender el poder: quienes tienen ganas de revancha, quienes desean un cargo, y quienes, con sentido de la responsabilidad, temen lo que se les viene encima. Si llega al gobierno, Rajoy debería apoyarse en éstos últimos.

Más singular es el caso del PSOE, que afronta las elecciones con una realidad esquizofrénica. Por un lado, el PSOE de Zapatero. Por otro, el del candidato Rubalcaba, hasta ayer vicepresidente, obligado a redefinir a marchas forzadas al PSOE como fuerza de izquierdas diferenciada de las políticas del Gobierno en los últimos años. Una apuesta endiablada y desesperada, pero con posibilidades. Si el PSOE obtiene el 20-N un resultado digno o incluso bueno, podría intentar formar una nueva dirección del PSOE que llevase a cabo una reestructuración controlada del partido en todas partes, tratando de incorporar al PSOE algo más que profesionales de la política formados en las Juventudes Socialistas. Pero si los socialistas sufren un nuevo batacazo electoral, todo puede saltar por los aires: el zapaterismo, los restos de la vieja guardia de la época de Felipe González que encarna Rubalcaba y las estructuras de poder de las distintas federaciones. La zozobra socialista sería profunda.

Las elecciones y los partidos valencianos

Los partidos valencianos cuentan poco en estas elecciones. Los posibles beneficios electorales, en términos de escaños, de PP y PSOE respecto al 2008 son escasos comparados con los que se pueden obtener en otras comunidades. Con todo, si el PP gana, asistiremos al cambio del actual discurso victimista por otro que destaque la colaboración y buena sintonía entre la Generalitat y el Gobierno de España. Y poco más. Mientras dure la crisis, no llegarán recursos. Además, para el PP, ahora que gobierna en casi todas partes, la Comunidad Valenciana tiene menos valor político que en el pasado y se asocia a problemas y corrupción. Madrid, las dos Castillas, Cataluña, Galicia o Andalucía son más importantes. Fabra tiene mucho trabajo que hacer para sacar el PP valenciano del agujero y lavar su imagen.

Para la actual dirección socialista valenciana, los escenarios después de las elecciones son difíciles. Malos si los resultados son catastróficos para su partido y complicados si son dignos y se promueve una regeneración interna. Su mejor baza es que el PSOE central ignore a la Comunidad Valenciana. Al fin y al cabo, el PSPV-PSOE siempre ha contado poco en el universo socialista español, y no parece que eso vaya a cambiar en un futuro inmediato.

Los otros partidos valencianos simplemente no existen en Madrid y no será fácil que tengan un lugar en las Cortes Generales después del 20-N.

Article publicat a VALENCIA PLAZA http://www.valenciaplaza.com/ver/30372/Madrid-nos-mata.html

Después de la caída

Camps, antisistema

El discurso de Francisco Camps la tarde de su dimisión fue políticamente pobre. Se puede disculpar porque lo hacía una persona herida y que había tomado una decisión muy dura. Pero demasiadas cosas sonaban equivocadas en su despedida. Sorprendía, incluso, que el eje central del discurso tuviera una lógica antisistema. En su intento de argumentar porqué dimitía, sin explicar las causas reales, reiteró que todo lo que ocurría se debía a que él era víctima de un sistema brutal que lo había perseguido durante más de dos años de una manera infame. Todo era producto de una enorme conspiración en su contra.

La contracultura americana de los años sesenta del siglo XX dejó en sectores importantes de nuestra sociedad la idea mágica de que existe un sistema que trata de controlarlo todo y condiciona nuestras vidas. El sistema es una abstracción, algo inconcreto, la imagen de nuestros odios y la explicación simplista de nuestros problemas. No es comprensible que Camps combinara en su discurso final como president de la Generalitat la idea del sistema opresor que le persigue y una visión conspirativa de los motivos que mueven a quienes le han criticado. Son formas de ver el mundo propias de grupúsculos antisistema, no de un demócrata.

El sujeto del sistema para Camps es el PSOE y sus colaboradores, mientras que para los antisistema, extremistas e integristas suele ser el capitalismo, los mercados, el materialismo u Occidente; pero la lógica del discurso en esencia es la misma: lo que nos ocurre no es culpa de nuestros errores o circunstancias, sino porque padecemos el ataque conspirativo de un sistema brutal. En tal caso, quizás fuera el Sistema quien presentó Álvaro Pérez, el Bigotes, a Camps, y fue el Sistema quien hizo que su gobierno contratara por cifras millonarias y procedimientos no siempre claros a Orange Market, o que el mismo Álvaro Pérez le ofreciera trajes y regalos, y fue el Sistema quien hizo que Camps negara conocer a Pérez y no recordara cómo consiguió los trajes. La dimisión de un president de la Generalitat es un hecho triste, pero la causa se encuentra en los errores del expresidente y no en la conspiración de ningún sistema.

Aclaremos una cosa, Camps puede ser inocente del delito de cohecho impropio por haber recibido el regalo de unos trajes. Además, no hay ningún indicio de que personalmente se haya enriquecido de manera espúrea. En unos meses, cuando se celebre el juicio, no es impensable que sea absuelto, y que su partido reivindique su figura y lo recupere para alguna responsabilidad. Eso puede pasar. Pero, la cuestión de los trajes es un tema relativamente menor, que no le hubiera ocurrido a un político con más cintura y desparpajo. Lo esencial y por lo que Camps debería haber dimitido hace tiempo es que mintió reiteradamente a los ciudadanos y que tiene la responsabilidad política de que bajo su gobierno y gracias a su persona Orange Market hizo negocio de manera oscura a costa del dinero público de todos los valencianos.

Euforia en la cuarta planta

En la cuarta planta del número 4 de la calle Blanqueries, centro de la dirección del PSPV, fue una tarde larga y feliz. De la sorpresa inicial se pasó a la euforia. Se celebraba la salida del president de la Generalitat del cargo. Pronto se asentó la idea de que este hecho allanaba el camino para los socialistas y ayudada a asentar el liderazgo de su secretario general. Quien discutía estas aseveraciones era un agorero o, peor aún, un derrotista. El lugar se llenó de gente, todo eran parabienes, y, al final, hasta se abrieron botellas de cava. Era el 24 de julio de 2002. Aznar acababa de nombrar a Eduardo Zaplana ministro de Trabajo, José Luis Olivas era el nuevo presidente de la Generalitat y Francisco Camps pasaba a ser el candidato del PP a las elecciones autonómicas de 2003. La izquierda y, especialmente el PSPV, consideraron una buena noticia la candidatura de Camps, lo veían con poca energía y sin la cintura y desparpajo de Zaplana. Era un candidato más débil. Después, con Camps al frente, el PP derrotó en tres ocasiones a la izquierda y al PSPV-PSOE. En 2007 y, sobre todo, en 2011 de manera humillante. 

El 20 de julio de 2011 se han vivido escenas parecidas en la sede socialista. Los protagonistas eran otros. Las conclusiones similares: la caída de Camps es un triunfo propio, Alberto Fabra es una persona con menos energía, apoyos y capacidad política que Camps, y su nombramiento facilita el camino al PSPV, mejora la posición socialista y refuerza el liderazgo de su secretario general. El mantra puede funcionar. Los partidos son organizaciones con más consignas que pensamiento. Pero, acabado el tema de los trajes (lo único de lo que han hablado los socialistas en los últimos años), el PSPV deberá encontrar una nueva estrategia de oposición más allá del recurso monotemático a la corrupción. Tendrán que hacer oposición de verdad, fortalecer a su partido y ofrecer alternativas. Y no será fácil. Salvo excepciones, no están acostumbrados, y muchos, simplemente, no saben. Además, el calendario político socialista de los próximos meses es duro y no está claro quien sobrevivirá a los vaivenes que se avecinan. Finalmente, deberían aprender de lo ocurrido en 2002 y evitar infravalorar a Alberto Fabra y al PP valenciano.

Compromís, la oposición

Desde que ha empezado esta legislatura, Compromís parece tener como objetivo marcar la agenda política, cuanto menos por lo que a la oposición se refiere. De momento, demuestran mayor capacidad de iniciativa que EU y el PSPV. Su desafío es serio. Quizás por eso amagan con presentar candidato en la investidura de Fabra. Un gesto para marcar territorio. Compromís entiende, con parte de razón, que actualmente es una formación más dinámica, con mejor presencia en las redes sociales y con más potencial de atracción que el resto de las fuerzas de oposición al PP. Consideran que EU carece de espacio definido y que el PSPV vive una crisis estructural, se encuentra paralizado y la principal preocupación socialista es hacer frente a las próximas elecciones generales y los subsiguientes congresos internos en el ámbito estatal y valenciano.

Retos excesivos para la actual dirección socialista y que pueden conducir, en su opinión, a una crisis socialista aún mayor. Saben que el éxito relativo de las últimas elecciones autonómicas tiene mucho de coyuntural y demérito socialista. Intuyen que las tensiones entre los distintos sectores del BNV, Els Verds e IPV pueden generarles problemas internos, a menos que su espacio político siga creciendo. Pero, como les ocurre a los socialistas, sin Camps de presidente, parte de su discurso y acción política, junto con las camisetas de Oltra, pierden valor. También tendrán que aprender a hacer oposición, si aspiran a liderarla, y eso es algo más que ir a la contra. Significa tener alternativas, presencia social, voluntad de gobierno y, por lo tanto, propuestas realistas y globales.

Manda Madrid

Desde que en junio de 2004, apenas unas semanas después de que Zapatero fuese elegido presidente del Gobierno de España, Camps pusiera en marcha un discurso victimista que se ha mantenido machaconamente en el tiempo, el sentido de la autonomía valenciana y del autogobierno se ha ido degradando progresivamente. En demasiadas ocasiones, el Consell, con su presidente al frente, ha renunciado a ser un órgano de liderazgo social y afirmación de políticas públicas propias y ha preferido comportarse como un altavoz de quejas contra el perverso gobierno central socialista. El discurso ha sido maniqueo y falso, pero ha funcionado socialmente y, por eso, se ha mantenido hasta ahora. Sin embargo, de ese modo, el sentido de tener un gobierno propio y autónomo se desvanecía, de ese modo el Gobierno Valenciano dejaba de gobernar en muchas ocasiones y subordinaba la iniciativa política del Consell al interés y las lógicas del PP estatal. De ese modo, la Comunidad Valenciana salía perdiendo.

No sorprende, por lo tanto, que desde la calle Génova de Madrid se enviase a Federico Trillo de emisario para solucionar el problema de los trajes en Valencia, que se impusiera una solución deshonrosa para el president de la Generalitat como era la de aceptar su culpabilidad y pagar una multa, o, lo que es peor, que Camps dijera en su dimisión como presidente de los valencianos que lo hacia para ayudar al PP estatal y a Mariano Rajoy a ganar las elecciones. Poco importaba que de ese modo se degradase el sentido del autogobierno valenciano. El PP central ya había forzado la dimisión de Camps al no garantizarle su apoyo y había decidido el nombramiento de Alberto Fabra como nuevo president de la Generalitat y del PP valenciano, sin consultar a los órganos internos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Madrid manda, sobre todo en los partidos con vocación centralista, y las autonomías son consideradas como un asunto secundario o un problema.

De nuevo, un Consell provisional

En lo inmediato, lo más significativo de la dimisión de Camps, es que el Consell nombrado hace menos de un mes pasa a tener un carácter provisional. Nombrado el pasado 22 de junio por Camps con un perfil tecnocrático y con personas de su absoluta confianza, el equipo se ha envejecido de repente y se encuentra en estos momentos descolocado. Cuando los nuevos objetivos y lógicas de decisión estaban empezando a establecerse, se cambia al presidente. En consecuencia, el Consell tiene que volver a confirmar sus prioridades políticas, y debe reconsiderar la posición, jerarquía y autoridad de cada miembro del Consell, sobre todo de Sánchez de León o de Johnson. Eso requiere tiempo y no hay mucho margen. De hecho, desde que estalla el asunto de los trajes, mientras la crisis económica va a más y la deuda de la Generalitat no deja de crecer, el Consell ha estado en un estado de semiparálisis. Y ya son dos años y medio.

Vela y Verdeguer parecían dispuestos a encabezar una nueva agenda política hacia la austeridad, el control de la deuda y el apoyo a los sectores productivos. Está por ver como se adecuará esta agenda incipiente al cambio de presidente. Hay que pensar que, aunque de momento Madrid haya impuesto un respeto escrupuloso de Fabra hacia el equipo de su antecesor, en los próximos meses se vayan produciendo cambios. Primero, en los equipos de asesores de Presidencia y en alguna dirección general. Después, cuando pasen las elecciones generales, Fabra ajustará el Consell y nombrará un equipo propio. Mientras tanto, seguiremos con una incierta provisionalidad.

Article publicat a VALENCIA PLAZA http://www.valenciaplaza.com/ver/30083/Despu%C3%A9s-de-la-ca%C3%ADda.html

Pequeñas mentiras con importancia

Los primeros pasos del conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela, son positivos y merecen ser elogiados, a la espera de su evolución posterior. En las pocas semanas que lleva en su cargo ha expresado su voluntad para controlar la desbocada deuda de la Generalitat, para que el Consell pague regularmente a sus proveedores, para reducir el gasto público manteniendo los servicios básicos, para revisar la sobredimensión de empresas y organismos, frenar el descontrol de personal al servicio de la Generalitat y ajustar a lo imprescindible el gasto más ordinario de los altos cargos y de las dependencias públicas. Una declaración de intenciones seria y difícil. El futuro dirá si se queda en eso, meras intenciones, o si estas primeras iniciativas estructuran la gestión de la hacienda de la Generalitat en los próximos años. 

Llama la atención que, entre las medidas para reducir el gasto ordinario de los altos cargos y de las dependencias públicas, el conseller Vela haya establecido limitar a tres el número de comidas oficiales en una semana con cargo a la caja pública, o concrete los restaurantes a donde ir y los precios (entre 20 y 25 euros por persona) de los menús, a la vez que impulsa medidas para controlar el gasto en coches oficiales, y en luz y teléfono de los servios públicos de su conselleria. Se ha dicho que el ahorro que producirán estas medidas será como el chocolate del loro, algo ínfimo dentro del gasto total de la Generalitat. Incluso hay quien considera que son medidas de cara a la galería.

Ciertamente, si las iniciativas quedan restringidas a una conselleria y a un puñado de cargos públicos, el ahorro será escaso e irrelevante. Quedarán como una anécdota o una excentricidad de un responsable público. Algo parecido a lo que, en su día, le ocurrió al exministro Jesús Caldera y su obsesión personal por reducir a la mínima expresión los gastos superfluos del Ministerio, que acabó por ser un hecho aislado y sin la menor transcendencia. Ahora bien, si las medidas de Vela van en serio y acaban por extenderse a todos los organismos vinculados al Consell, las cifras se multiplicarían y supondrían una reducción del gasto que no puede ser despreciada.

Hagamos un esfuerzo. Sumemos lo que se gasta innecesariamente en teléfonos móviles, teléfono convencional, luz, alquileres, coches oficiales usados en exceso, edición de libros por los organismos públicos sin un criterio y sentido definidos, publicidad fatua, merchandising de lo más diverso y curioso (desde la producción de relojes hasta toallas, anoraks, chubasqueros y prendas de ropa de todo tipo con logos oficiales sin venir a cuento, en esto las Corts son emblemáticas), o la financiación de espectáculos sin público y el regalo, a veces generalizado, de entradas. Sumémoslo y añadamos algunas otras cosas superfluas, como los 3 millones de euros que cuesta mantener al año el Consell Valencià de Cultura. Con el ahorro obtenido no nos llega para solucionar la deuda de la Generalitat, pero seguro que se consiguen recursos para que puedan funcionar con normalidad algunos servicios básicos que ahora tienen dificultades o para poder pagar a parte de los proveedores y evitar el cierre de alguna empresa.

No está de más recordar que los responsables públicos tienen dos sueldos por su cargo. El que reciben por su trabajo y que es conocido públicamente, y aquel que se deriva de la suma de todo lo que dejan de pagar (desplazamientos, asistencia a espectáculos y, por encima de todo, teléfono móvil y restaurantes; por no hablar de regalos institucionales). No son infrecuentes los políticos dados a hablar profusamente por teléfono que gastan más de 400 euros al mes (cerca de 5.000 euros al año) y una parte importante del gasto no se justifica por su responsabilidad pública.

También son muy comunes quienes comen y cenan con cargo a la caja pública, y habitualmente no lo hacen solos. Una comida o cena de trabajo puede costar unos 40 o 50 euros por persona, como mínimo; pongamos que un responsable público hace sólo unas cuatro ingestas a la semana con cargo al presupuesto público, todas con únicamente una persona más, tendríamos en total unos 300 o 400 euros a la semana, 1.300-1.600 al mes y entre 16.000 y 19.000 al año.

Sumemos y multipliquemos y obtendremos cifras más que respetables. Piénsese que hablamos sólo de altos cargos de la Generalitat; pero la contención del gasto se podría ampliar a diputados en las Corts, en las diputaciones provinciales o a los concejales y asesores del generoso Ayuntamiento de Valencia, tanto del partido en el Gobierno como de la oposición. Cierto que no todos los políticos gastan tanto y que se conocen casos que prácticamente no gastan nada en este tipo de actividades, pero los hay que sobrepasan con creces las cifras indicadas. Si se redujeran estos gastos de representación a lo mínimo, siguiendo las recomendaciones y limitaciones que ha establecido Vela en su conselleria, el ahorro sería notable y el ejemplo también.

Porque, con ser importante suprimir todos los denominados chocolates del loro que gastan las administraciones, organismos e instituciones públicas, lo principal de la reducción del gasto de representación y suntuoso a la mínima expresión no es el ahorro que generaría. Lo esencial, si se consolidaran estos mecanismos para limitar gastos superfluos, sería empezar a cambiar la actitud y la forma de trabajar y afrontar la administración de los recursos públicos. Pasar de la alegría, en ocasiones desmedida, a la austeridad y el rigor como valores en la gestión. Llevar a cabo un cambio ético que ponga fin al descontrol de los años en que todo parecía una fiesta, el crédito fluía y se despilfarraba dinero público.

La crisis económica, en la que estamos y de la que nos costará salir, tiene, entre otras causas, como recuerda el estudio dirigido por Anton Costas (La crisis del 2008. De la economía a la política y más allá), una intangible: el hundimiento del valor de la ética del esfuerzo y el control del capitalismo tradicional que fue substituida por un comportamiento amoral basado en el todo vale para conseguir dinero, lo que condujo a una gestión irresponsable y obscena de los recursos financieros y públicos -que además no eran de quienes los gestionaban- con el único fin de enriquecerse personalmente y de la manera más rápida posible. Recuperar esa dimensión ética, austera y responsable en la gestión pública, también es algo urgente en nuestras administraciones, en la dimensión más pequeña del gasto y en las grandes inversiones.

La semana se cierra con las consecuencias provocadas por un hecho relacionado con el segundo sueldo de los políticos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana juzgará al president de la Generalitat, Francisco Camps, para determinar si el regalo de unos trajes por valor de 12.783 euros por parte de Álvaro Pérez, 'el Bigotes', es cohecho impropio por parte del president. La oposición pide que Camps dimita, como si ser juzgado fuera sinónimo de estar condenado. Si la Comunidad Valenciana fuera un país anglosajón, Camps ya hace tiempo que habría dimitido, no porque vaya a ser juzgado, sino porque negó conocer a Álvaro Pérez y afirmó haber pagado personalmente los trajes. Pequeñas mentiras con importancia.

Quizás el error de Camps deriva de que el sistema político español ha asimilado que ese segundo sueldo descontrolado de los políticos es algo normal. Y no lo es, ni puede serlo. Seguramente ahí, en una concepción equivocada, no consciente y bastante generalizada de lo que es el segundo sueldo de los políticos, empezó el largo vía crucis particular del president de la Generalitat, que ya dura tres años y que contribuye a paralizar la acción política y económica del Consell. 

Article publicat a VALENCIA PLAZA http://www.valenciaplaza.com/ver/29754/Peque%C3%B1as-mentiras-con-importancia.html